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03ene08
El lucrativo negocio hidroeéctrico y el retraso de la estrategia nacional de cuencas
Chile es una anomalía en una infinidad de cosas. Si actualmente ostentamos pomposos títulos como ser el único país del mundo donde la universidad pública se paga; estamos ad portas de entrar nuevamente al mundo de los records, con la línea de transmisión eléctrica más extensa del planeta. Los datos son los siguientes: 2.200 kms de largo; 8 regiones y 200 comunas atravesadas; 15.645 hectáreas directamente intervenidas, incluidas doce áreas silvestres protegidas: el tendido de alta tensión "mais grande do mundo".
Aquella gigantesca línea de transmisión está asociada a una serie de proyectos de megacentrales hidroeléctricas –de número aun indeterminado-, y sus embalses respectivos, en las cuencas hídricas de la región de Aysén. Los titulares de los primeros proyectos presentados corresponden a una alianza entre Colbún y Endesa España, que actualmente concentran cerca de un 70% del mercado de generación eléctrica en Chile. La línea de transmisión estaría en manos de otra empresa que no respeta fronteras: Transelec.
Ante la avalancha de proyectos y solicitudes de "mercedes" de aguas constatamos una vez más la ausencia de política energética, que actualmente se haya en manos de empresas transnacionales, cuyo interés por el beneficio económico dista mucho de las necesidades energéticas del país. Junto a ello, los blindajes jurídicos que nos legó la dictadura, otorgan cuantiosos beneficios al sector privado, luego de enajenar gran parte del patrimonio público y recursos estratégicos, como las "mercedes" de agua: sólida soberanía.
Cifras esquizoides dan cuenta de la magnitud de los proyectos pretendidos para Aysén y las determinantes geográficas de esta larga y angosta faja podrían hacer de Chile, una vez más algo único en el mundo: una larga y angosta faja de cables de alta tensión.
La oposición de la sociedad civil
Repleto de personalidades se encuentra el aristocrático Castillo Hidalgo del cerro Santa Lucia en pleno centro de Santiago. Entre tanta celebridad faltaba sólo Pedro de Valdivia, pues junto al pre-pre candidato presidencial Marcelo Trivelli, aparecía Beto Cuevas en una pantalla gigante dando su apoyo, mientras Douglas Tomkins, citando a Albert Einstein nos alertó, "la única cosa que crece ilimitadamente, es el cáncer". En un gran escenario iluminado por miles de watts, los oradores se sucedían uno tras otro junto a Juan Pablo Orrego que oficiaba como maestro de ceremonias.
Parecía el gran lanzamiento de un libro, pero Santiago se percataría después que en rigor se lanzaba una mediática campaña: Patagonia Chilena ¡Sin Represas! Junto al libro, la ciudad amaneció repleta de afiches, adhesivos y publicidad estática con fotomontajes que ubican una gran torre de alta tensión justo enfrente de las Torres del Paine. El objetivo: sensibilizar al santiaguino sobre la imperiosa necesidad de detener las mega hidroeléctricas proyectadas para Aysén, que impactarían irreversiblemente su patrimonio cultural y amiental. "Aysén está bajo amenaza de muerte", sentenció Orrego.
La campaña Patagonia Chilena ¡Sin Represas! está orientada principalmente a la defensa del valor socioecológico de Aysén, y de paso de la propiedad privada de grandes propietarios que se verían afectados por las mega centrales. Considerando la capacidad mediática de la campaña, se extraña una propuesta discursiva con mayor capacidad de convocatoria, sobre todo en tiempos en que la histeria energética se combina con un alza sostenida en el costo de la electricidad para usuarios domésticos, con el descontento que esto conlleva. Hoy, junto con defender el medio ambiente, es prioritario recuperar el patrimonio público expoliado por la dictadura y la dinastía concertacional, la propiedad de los recursos naturales, y en este caso, del agua de "nuestros" ríos.
La propiedad de las cuencas y la estrategia ausente
Como relata el abogado Manuel Prieto, la actual configuración de la propiedad de los ríos chilenos, debemos agradecerla una vez más a la dictadura. Serían el Código de Aguas de 1981, la Ley General de Servicios Eléctricos, y por cierto, la Constitución de 1980, los componentes de "esta trilogía jurídica, unida al proceso de privatización del sector eléctrico, que han determinado la existencia de un modelo de desarrollo energético en donde el Estado de Chile subsidia al sector privado –y dentro de este a las empresas hidroeléctricas- para que desarrollen libremente megaproyectos hidroeléctricos a un bajo costo para ellos, pero a un alto costo socioecológico". En este contexto, el sector privado, además de definir la política energética, es propietario de los ríos de Chile: bendita soberanía.
La configuración de la propiedad hídrica en Aysén nos muestra que la torta está más que repartida, y los dueños son obviamente las grandes empresas. Según la cantidad de "mercedes" de derechos de agua no consuntivos –que no se beben- es la española Endesa la que lidera la lista. El gigante, líder del duopolio energético, es dueño de los ríos Futaleufú, Puelo, Pascua y Baker. Además de poseer derechos compartidos con otra gran empresa, la norteamericana AES Corporation, que lleva poco en Chile, pero llegó para quedarse; y de paso, quedarse con varios ríos chilenos. Entre los que comparte con Endesa contamos los ríos Figueroa y Manso, mientras que es propietario exclusivo –o con derechos en trámite- de los ríos Bravo, Palena, Chacabuco y Cisnes. Un operador más "pequeño", sería la empresa Suiza Xstrata, que tiene a su haber los ríos Cuervo y Blanco.
Bien podría ser esta una guía hidrológica de la región de Aysén, pero en rigor es un mapa de la propiedad de los derechos de agua. Con ello es discutible la noción de soberanía nacional, cuyos recursos son explotados bajo un modelo de desarrollo económico primario-exportador. La instalación de dicho modelo, para Manuel Prieto, se consigue "mediante un código de Aguas que amparó la propiedad exclusiva del aprovechamiento de los recursos hídricos, la gratuidad de su uso y una destinación única para el desarrollo de actividades supuestamente productivas, dentro de las cuales destaca especialmente la generación eléctrica". Usen el agua para lo que quieran, sin pagar nada, e incluso lucren con ella construyendo gigantescos embalses con enormes costos socioecológicos.
Asoma entonces la idea de "subvaloración institucional de los recursos hídricos" como política estatal instalada desde la dictadura y conservada por los gobiernos de la Concertación, al menos hasta la era del capitán planeta, pues la Presidenta Michelle Bachelet incluyó en su programa de gobierno, elementos inéditos para la política ambiental que venía desarrollando el país. Su programa dice: "Definiremos una Estrategia Nacional de Cuencas que permita identificar, en base a la mejor información científica, aquellas cuencas que se podrán intervenir, así como las que es de interés nacional preservar. Tomaremos en cuenta los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad y las comunidades de los pueblos originarios. Condicionaremos la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a los resultados de la Estrategia…"
Si bien la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte reveló a El Ciudadano que la Estrategia Nacional de Cuencas fue diseñada por la Dirección General de Aguas –DGA-y actualmente se encuentra en manos de la Presidenta en espera de ser aprobada; dicha espera se ha extendido fatalmente para muchas cuencas. Si analizamos en detalle la cita al programa de gobierno, descubrimos en primer término que, hasta hoy no existe ninguna protección especial a ninguna cuenca en Chile. Los Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad tampoco generan un criterio de protección, bastando mencionar el proyecto "Alto Maipo" de la norteamericana AES CORPORATION, actualmente en proceso en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA-, proyectado sobre uno de estos Sitios "Prioritarios": el Cajón del Maipo. Cabe mencionar que, a pesar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular adolece de una serie de inconsistencias, tan graves como no establecer "líneas de base", lo que ante la Ley 19.300 lo harían inadmisible, no fue rechazado en primera instancia y continúa el proceso regular del SEIA. Un dato interesante, es que el proyecto "Alto Maipo" acumula el record histórico de 2700 observaciones ciudadanas en el SEIA, sumando más de 7 mil firmas de oposición.
Siguiendo con el programa de gobierno, podemos mencionar el respeto que el SEIA tuvo por las comunidades Pehuenches de Ralco Lepoy en el Alto Bio-Bío, quienes debieron escapar antes de ahogarse en la gigantesca represa de Endesa, lo que por cierto manifiesta un dudoso respeto por el patrimonio de los pueblos originarios. Sin embargo, no debemos responsabilizar a la actual administración, sino puntualizar que el proyecto Ralco fue aprobado por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que por lo demás estaba vinculado a la empresa Sigdo Koppers, uno de los principales contratistas de Endesa.
Así, la ausencia de la Estrategia Nacional de Cuencas en los anteriores gobiernos, y la demora en el actual, junto a la enajenación del patrimonio chileno, han permitido un continuo e irreversible deterioro de los ecosistemas hídricos, en manos de los ávidos intereses de las grandes empresas productoras de energía.
Histeria energética
Como ha propuesto El Ciudadano desde hace un tiempo, es muy discutible la noción de "crisis energética", y nos inclinamos más por la idea de una ausencia de política energética, que junto a la presión mediática provocada por los intereses de las empresas generadoras, han devenido en lo que definimos como "histeria energética". Diferentes argumentos respaldan tal afirmación, como la voz de John Wilson, un experto en la materia, quien nos dice que "según las proyecciones de Endesa, basadas en datos que no son transparentes para el público, el año 2020 Chile tendría un consumo de electricidad per cápita superior al de California, y el 2030, al de Estados Unidos. ¡Un consumo superior al país que más consume electricidad per cápita en el mundo!". Pareciera ser entonces, que la "histeria energética" es producto de una estrategia de propaganda desarrollada por las empresas generadoras para obtener del estado chileno la aprobación de sus megalómanos proyectos con la menor tramitación posible, y así apropiarse en forma definitiva de todas las cuencas de Chile aun no intervenidas.
La incapacidad técnica de la Comisión Nacional de Energía –CNE- para definir una política energética sustentable, unida a "una legislación eléctrica que consagra el derecho para que particulares, interesados en desarrollar los proyectos hidroeléctricos; accedan privilegiadamente a concesiones que les permiten ejercer gravámenes y servidumbres en suelo privado y público", en palabras de Prieto, provocan una confusión entre los intereses del negocio energético, y las necesidades energéticas del país; intereses motivados por el afán de lucro, y necesidades que ningún organismo técnico estatal ha sido capaz de identificar con precisión.
Como plantea Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, para el desarrollo de una política energética se "requiere un activo rol del estado", que por designio de la ideología monetarista ha dejado aquel diseño en manos del sector privado. Rafael Mateo, Gerente General de Endesa, respaldó esto en la junta de accionista de abril del 2007, "Estamos colaborando con el ente regulador para que se establezcan normas de acorde con nuestros intereses", es decir apoyamos al Estado para que dicte normas que nos favorezcan; así se diseña la política energética chilena
La pregunta que ronda entonces, además de la necesidad que el aparato público asuma su rol, se refiere a ¿qué entendemos por desarrollo energético? El economista, Miguel Márquez, nos entrega una interesante aproximación: "En un lapso de 20 a 30 años, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- , han reducido el consumo de energía en más de un tercio. El patrón de consumo energético chileno no es sustentable ni en el corto ni en el largo plazo". Por ello, más que crecimiento energético ad-infinitum, Chile necesita un plan de eficiencia energética, que considere por cierto que cerca del 60% de la electricidad es consumida por la industria y la minería, mientras que el sector residencial sólo ronda un 16%, según el Balance Energía de la CNE, 2005. ¿Cómo seremos más eficientes; apagando ampolletas en las casas, o exigiendo pagos proporcionales a las cantidades consumidas per cápita? ¿Si con el nuevo plan de eficiencia energética se "premiará" a los usuarios domésticos que reduzcan su consumo, por qué no se "castiga" a la gran minería por consumir cerca del 30% del total de la energía producida, con tarifas adecuadas a sus millonarias tasas de ganancia?
Finalmente, como define insistentemente el defensor del patrimonio ambiental Jaime Urrutia, la pregunta que debemos hacernos todos corresponde a un tema de posiciones políticas: "¿Quieres ser rico, o quieres ser feliz?".
[Fuente: Por Juan Pablo Caldichoury, El Ciudadano, Santiago de Chile, 03ene08]
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