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20mar12


Kirchner calienta la posible nacionalización de YPF por el riesgo de desabastecimiento


El invierno austral está a las puertas. Hasta su inminente llegada, el Gobierno de Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, sigue enarbolando el discurso del autoabastecimiento para alimentar el debate sobre el futuro de YPF, la petrolera argentina controlada por Repsol, accionista de referencia con un 57%. La semana pasada, las provincias de Santa Cruz y Chubut procedieron a la retirada de varias concesiones en poder YPF bajo el argumento de que no se cumplieron las inversiones comprometidas. Ha sido el primer paso. Ahora, otra provincia como Neuquén ha hecho lo mismo, mientras Mendoza y La Pampa sopesan estas acciones.

Más allá de estas medidas, que afectan a poco más del 3% de la capacidad de producción de Repsol en Argentina, el debate gira en torno a la deriva que puede seguir el pulso de Kirchner. Según el ministro de Planificación, el antes poderoso Julio de Vido, "eso se está decidiendo". Según publicó el diario Clarín la semana pasada, existe un proyecto de ley para declarar la producción de YPF como de "interés público", decisión que habilitaría al Ejecutivo a participar en la gestión de la petrolera, la principal empresa del país, con una facturación de 63.500 millones de dólares, que se vendió bajo mandato del presidente Carlos Menem en 1999.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Axel Kicillof, el viceministro de Economía. Apodado como "el buen chico", este joven economista (41 años), académico marxista, amigo personal y camarada de Máximo Kirchner, hijo de la presidenta, se ha convertido en uno de los asesores de referencia de Cristina. "Lo escucha y le hace preguntas, le presta atención y lo respeta", según recoge la prensa argentina, que explica cómo tiene hilo directo con con el sillón de mando de la Casa Rosada. Según su proyecto, el Estado podría plantear las inversiones necesarias de YPF, que si no afronta pasarían a ser financiadas con dinero público a cambio de una participación.

De momento, Kirchner sigue apretando en el juego del tira y afloja. A las recientes pérdidas de concesiones petrolíferas en varias provincias, hay que sumar la decisión del Gobierno de obligar a YPF a congelar el pago de los 1.200 millones de dólares en dividendo correspondientes al ejercicio de 2011. El primer desembolso de 600 millones de dólares previsto para abril está ya bloqueado. Falta por saber si el Gobierno argentino se dará por satisfecho con estas decisiones o si optará por la medida más radical, hasta el punto de precipitar el cambio accionarial al frente de la petrolera controlada por Repsol.

En este sentido, el proyecto de Kicillof es la opción más extrema de cuantas existen en la agenda presidencial. Esta detalla la necesidad de un cambio para que el país deje de importar combustible, vía por la que salieron casi 10.000 millones de dólares en 2011, debido a que desde 2003, según la versión oficial, la producción de gas ha caído un 40% y la de petrolero, un 36%. Para atajar esa sangría, el viceministro argumenta que sólo se puede llegar con un cambio "de rumbo", ya sea a través de una ley para declarar a YPF como una empresa que necesita gestión estatal o un nuevo accionista privado.

Nueva relación de poderes

Pero la entrada en YPF de una nueva empresa tampoco cuenta con pleno consenso. De hecho, el propio Gobierno argentino avaló en 2007 la entrada de la familia Eskenazi en el capital de YPF, que compró un 25% del capital con financiación de la propia petrolera y con la garantía del cobro de los dividendos. El socio local contaba entonces con la bendición de Néstor y Cristina, no en vano los Eskenazi controlan el principal banco de Santa Cruz, la provincia de la que fue gobernador el difunto presidente, a pesar de que su conocimiento de la industria petrolera se limitaba a su expertise en "mercados regulados".

Las relaciones del pasado han quedado en el olvido. A Cristina Kirchner le pueden más las urgencias presupuestarias del presente, sobre todo el déficit energético del país, más aún con el precio del petróleo en máximos. Quizá por eso ha optado por sacudir fantasmas como el de Malvinas o el de YPF para reforzar su liderazgo al frente del pueblo argentino. El último en tensar el discurso sobre la petrolera ha sido el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que ha recurrido al argumento del autoabastecimiento de combustibles como "una meta irrenunciable" del Gobierno para mantener viva la amenaza de la nacionalización.

La reacción de Repsol ha sido obligada. A pesar del reciente viaje del ministro español de Industria, José Manuel Soria, en permanente contacto con la petrolera, para reunirse con representantes del Gobierno argentino, la deriva sigue siendo adversa para los intereses de la multinacional española. Mientras el presidente de Repsol, Antonio Brufau, bautizado en la capital porteña como el financista catalán, se desdobla entre Madrid y Buenos Aires (tres viajes en lo que va de año), la diplomacia al más alto nivel ha entrado en juego con una supuesta llamada en persona del Rey Juan Carlos para intermediar en la solución del conflicto en ciernes.

Todo por evitar la posible nacionalización de YPF, que aún representa la mitad de las reservas de crudo de Repsol (cada vez menos gracias a Brasil) y cuya participación tiene un valor en bolsa de 4.000 millones de euros. Mientras tanto, a la espera de nuevas noticias en los próximos días, la compañía ha recurrido ante los tribunales locales la rescisión de las concesiones de Chubut y Santa Cruz, aunque todavía no ha recibido las notificaciones efectivas. Con el frío del invierno austral llamando a la puerta, lo peor para Repsol y su filial YPF puede estar aún por llegar.

[Fuente: Por Carlos Hernanz, El Confidencial, Madrid, 20mar12]

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