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27may09


El gobierno español aumenta la impunidad fiscal de los paraísos fiscales


El Gobierno ha caído en una flagrante contradicción en su actitud respecto a los paraísos fiscales. El Grupo Socialista presentó ayer una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita un endurecimiento de la normativa que afecta a esos refugios opacos a Hacienda. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está tramitando un Decreto Ley que exime de cualquier obligación de información a las compras de deuda pública desde paraísos fiscales, lo cual les permite ser totalmente opacos impunemente.

La proposición de ayer, que fue aprobada con enmiendas de CiU y BNG, insta al Gobierno a "promover todas las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo". Dentro de esas medidas, se detallan "la introducción de desincentivos fiscales para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal", la "supresión del secreto bancario y establecimiento de un mecanismo de vigilancia y sanciones efectivo para protegernos de los riesgos que plantean las jurisdicciones no cooperativas" o "requerir el intercambio automático de información fiscal en paraísos fiscales y promover la armonización de regulación y estándares contra el blanqueo de dinero".

Estas loables intenciones se inspiran en la declaración de la Cumbre del G-20, donde se decidió -entre otras muchas cosas- la publicación por la OCDE de una lista unificada de paraísos fiscales. Además, esta vez parece que la ofensiva internacional contra los paraísos va en serio, puesto que Obama lo considera una prioridad; y todos los expertos coinciden en que la clave del éxito en esta lucha reside en la actitud de EEUU, que ha sido el inspirador de estos refugios.

Impunidad y opacidad efectivas

Por tanto, sumarse a esta iniciativa por parte de nuestro Gobierno queda muy bien... sobre el papel. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y ahí es donde el Ejecutivo queda en evidencia. Ya el año pasado aprobó un decreto que permite a los residentes en paraísos fiscales adquirir deuda pública española sin retención fiscal; dicho de otro modo, las compras de bonos del Estado desde estos países están completamente libres de impuestos desde entonces.

Pero no contento con eso, ha elaborado otro Real Decreto que va más allá y suprime la obligación de declarar la identidad de los compradores de deuda, así como su país de origen y el importe de las rentabilidades obtenidas. De esta forma, la adquisición de bonos del Estado desde paraísos no sólo estará libre de impuestos, sino que será totalmente opaca para Hacienda. Este decreto consagra la opacidad y la impunidad de los paraísos fiscales, lo cual supone un agravio comparativo para los residentes en España, que deben tributar por estos rendimiento (y con retención a cuenta, además).

De hecho, el diputado de ICV, Joan Herrera, subrayó ayer en el Congreso esta contradicción y presentó una enmienda en la que pedía la anulación de este Real Decreto y también del que deja exentos de impuestos los rendimientos de la deuda pública, pero fue rechazada.

Hay que vender la deuda como sea

Esta incoherencia se explica principalmente por la necesidad de dar todas las facilidades posibles a los inversores en deuda pública española ante la necesidad de emitir ingentes cantidades para financiar el galopante déficit público, que llegará al 11,5% del PIB en 2010, según Funcas. El Tesoro lleva emitidos casi 100.000 millones de euros (en torno al 10% del PIB) en lo que va de año. Ayer mismo, colocó 7.000 millones de euros de golpe en bonos a 10 años, con un interés del 4,415% (0,67 puntos por encima del tipo de referencia, midswap, a ese plazo, y 0,78 puntos por encima del Bund alemán). Hay que recordar que la inmensa mayoría de los hedge funds y numerosos vehículos privados de inversión están domiciliados en paraísos fiscales.

El portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, subraya esta incoherencia: "Es de esperar que, lamentablemente y a corto plazo, nos encontremos no sólo con un marco fiscal más favorable para la inversión procedente de paraísos fiscales, sino también con una preocupante reducción de la información sobre los pagos efectuados desde España a estas jurisdicciones opacas, mientras se continúa "abogando" por la "desaparición de esta lacra que suponen los Paraísos Fiscales"".

Esta organización ha presentado alegaciones al Real Decreto, que va a entrar ahora en el Consejo de Estado para que emita su informe preceptivo, en las que pide a Zapatero que retire este Real decreto y que tome de una vez medidas efectivas para la lucha contra los paraísos fiscales.

[Fuente: Cotizalia, Madrid, 27may09]

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