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26nov13


Repsol pide garantías reales de pago y se reserva la última palabra en el pacto de YPF


El principio de acuerdo alcanzado anoche, hora española, entre los Gobiernos de España y Argentina tiene todos los visos para cerrar de manera definitiva el pleito internacional provocado a raíz de la expropiación de YPF a Repsol. No obstante, la decisión final tendrá que ser ratificada en el consejo de administración que presidiría Antonio Brufau mañana miércoles en Madrid. La petrolera quiere atar todos los cabos para evitar malos entendidos que luego puedan derivar en nuevas frustraciones políticas en las relaciones entre ambos países.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha apuntado en cualquier caso un tanto de indudable valor como 'pacificador' de un conflicto que se prolonga durante más de año y medio. El representante del Gobierno decidió el pasado viernes asumir el protagonismo en las negociaciones a instancias del propio presidente de Repsol. Brufau prefirió quedarse en la retaguardia para no crear una atmósfera que hiciera imposible el acuerdo, pero definió una hoja de ruta para que la delegación ministerial en Buenos Aires tuviera muy claro el camino de una salida digna para la compañía petrolera y para España.

El planteamiento que llevaba el ministro en cartera estaba respaldado por el séquito de acompañantes en la capital argentina, incluyendo un equipo técnico de Repsol dirigido por su director general de Negocio, Nemesio Fernández Cuesta. Isidro Fainé acompañó también a José Manuel Soria en su calidad de vicepresidente de Repsol y con el reclamo del propio Gobierno Kirchner, que siempre ha visto en el presidente de La Caixa a un 'hombre bueno' capaz de llegar a un mejor entendimiento con Argentina.

La reunión, que empezó a las tres de la tarde hora española, estuvo dirigida por el nuevo ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, como anfitrión en la ciudad de Buenos Aires. Junto a él participaron también en el encuentro los máximos ejecutivos de YPF, Miguel Galuccio, y de Pemex, Emilio Lozoya, así como el secretario legal y técnico de la Presidencia de Argentina, Carlos Zannini, y el embajador en España, Carlos Bettini.

El pacto alcanzado al cabo de cinco largas horas de deliberaciones tiene todavía un carácter preliminar e incorpora lo que se entiende como una noticia buena y otra mala para Repsol. La buena consiste en que Argentina reconoce por fin un justiprecio de 5.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. La mala reside en que dicho importe será abonado en títulos de deuda del Tesoro argentino, que lógicamente tienen un importante descuento en los mercados de capitales.

O acuerdo o dimisión

Precisamente por esta última razón, la dirección de la empresa española ha preferido, de momento, tentarse la ropa hasta conocer el alcance real de las garantías que aporta el Estado argentino a este reconocimiento de deuda. Repsol condicionaba previamente el acuerdo a la obtención de dicha cuantía en efectivo, a través de divisa convertible y libremente disponible y neto de impuestos. La empresa española aceptaba otros instrumentos financieros cotizados siempre que no implicasen riesgos de negocios ni compromisos adicionales.

A tal efecto, Repsol había propuesto la conveniencia de apelar a dos bancos de inversión, uno por cada parte en conflicto, a fin de determinar el valor de la participación expropiada, que equivale al 51% de YPF. El ministro Soria se vuelve de Buenos Aires con una oferta razonable, pero cuyos flecos pueden ser determinantes para calificar la calidad del acuerdo. Una vez más se puede aplicar el viejo adagio en virtud del cual "el diablo siempre está en los detalles", aunque más de uno espera ver el cielo abierto si Repsol termina asumiendo lo que ya se anticipa como el principio de una nueva amistad con Argentina.

La posibilidad de que el consejo de administración de la petrolera rechace la propuesta implicaría la dimisión de Antonio Brufau como presidente de Repsol. El máximo ejecutivo de la compañía se ha enfrentado al Gobierno argentino y más recientemente a los emisarios de Pemex, que se la tienen jurada en España. Lo último sería ahora dar la espalda a un acuerdo que viene firmado con el sello del Gobierno de España en la persona del ministro de Industria y que, por si fuera poco, ha sido convenientemente refrendado por La Caixa en calidad de máximo accionista de Repsol.

[Fuente: Por José Antonio Navas, El Confidencial, Madrid, 26nov13]

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