¡Atención, nos vigilan!

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Junio, 1999.

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Hace unos días entró en vigor el reglamento que desarrolla la ley 4/1997, que faculta a los cuerpos de seguridad del estado a grabar imágenes y sonidos en espacios públicos. Será potestad del delegado y subdelegado del gobierno central el autorizar el montje de cámaras de video en dichos espacios, que grabarán a los/as ciudadanos/as en un radio de 500 metros a la redonda.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entendemos que medidas como ésta no vienen sino a reafirmar nuestro sentimiento de que, en estos últimos tiempos, se viene produciendo un atentado contra las libertades mismas en nuesrto pretendido estado democrático y de derecho. Con medidas como la descrita, vamos encaminados a convertir nuestra sociedad en una permanente "zona de vigilancia". Las libertades públicas conseguidas y ganadas a pulso tras la dictadura anterior, son, hoy en día, vulneradas y violadas.

Y es que esta medida no es la primera que se ha adoptado estos últimos años. Queremos hacer aquí un breve recorrido por algunas de estas medidas que se han implantado no sólo en nuetsro estado, sino también en otros países de la Unión Europea.

En Alemania, el Parlamento aprobó en 1998 la ley de escuchas electrónicas, que permite a la policía poner microfónos y espiar a sectores profesionales que, como periodistas, abogados/as o médicos/as, gozan del derecho legal a negarse a prestar testimonio.

En el Reino Unido, el Ministerio del Interior británicoestá estudiando la posibilidad de crear patrullas, de civiles y vecinos para mejorar la seguridad en las calles. Estos "guardias vecinales" serán entrenados por la policía, y sus salarios estarán a cargo de los Ayuntamientos y de patrocinadores privados. La creación de estas patrullas parapoliciales es ya un hecho en algunos Ayuntamientos británicos.

En lo que se refiere al estado español, queremos recordar aquí que ya en 1997, los medios de comunicación se hacían eco de la Circular Nº 1/97, que trataba sobre el almacenamiento en ficheros policiales de meras sospechas de unos ciudadanos sobre otros. Entre otras actitudes "sospechosas", encontramos las de "anuncios sobre alquiler de viviendas; actitudes de personas no habietuales en la zona, por su comportamiento o su espera prolongada; vecinos nuevos en el inmueble que de alguna forma han levantado cierto recelo por su actitud o simplemente por su presencia", etc. La propia Agencia de Protección de Datos advirtió de la ilegalidad de dicha circular.

En ese mismo año, ya algunos Ayuntamientos andaluces tenían informes personales que desconocía la citada Agencia de Protección de Datos. Este es el caso del Ayuntamiento de Jaén. El fichero de la policía local jienense establecía que se recogerían datos relativos a "circunstancias sociales, datos de carácter identificativo y características personales". Uno de los hechos más significativos de este caso es que, según la concejal responsable de la policía local en aquellos momentos, Joseja Lombardo, del PP, declaraba que "la falta de denuncias ciudadanas sobre este fichero es el mejor argumento para asegurar que es totalmente regular y no implica abusos". ¿Es así como se legitima un acto de estas características?

En Granada, y desde el año 1997, la policía nacional pasó a vigilar a los menores de 16 años del barrio del Zaidin que se encontrasen en la calle durante el horario (...) Ahora había sido una labor encomendada a profesionales de la educación y a trabajadores sociales y educadores, pasaba, de pronto, a convertirse en vigilancia policial.

Desde hace unos años, la policía investiga a todos los estudiantes de origen vasco que residen en Andalucía. El sólo hecho de haber nacido en un determinado lugar, ya nos puede hacer sospechosos.

Desde el pasado mes de Octubre de 1998, al menos que se sepa, agentes uniformados de la guardia civil se personan en los lugares de trabajo para recabar información sobre la participación de trabajadores en las huelgas. Esto fue lo que ocurrió en Canarias, donde agentes de este cuerpo realizaron visitas a 14 institutos para averiguar la posible participación del profesorado en la huelga de Enseñanzas Medias.

Todas estas medidas, así como la clara regresión sufrida en nuestra sociedad, ha tenido ya una preocupante respuesta por parte de ciertos colectivos sociales y ciudadanos. Así, según una encuesta realizada en Málaga por el gremio de hosteleros y comerciantes, el 57% de la población malagueña estaba de acuerdo con la instalación de cámaras en las calles. En Córdoba, un grupo de colectivos ciudadanos, no contentos con la petición de más presencia policial en los barrios, se ha ofrecido para pasar a ser auténticos "agentes de información", cuya labor consistiría en ofrecer a la policía datos e información de cuáles deberían ser las zonas a vigilar por parte de ésta, y las actitudes objeto de vigilancia.

Las medidas aquí descritas, y empleadas en el estado español, vulneran derechos reconocidos en la propia constitución, así como en pactos internacionales y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, en la constitución (art. 18) se recoge y garantiza el derecho a la intimidad personal de todo ciudadano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entrado en vigor desde el 213 de marzo de 1976, y ratificado por el estado español, recoge en su art. 17 este mismo dercho a la intimidad y la vida privada. Por último, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, recoge, en los mismos términos, este mismo derecho.

Nos resulta muy preocupante el escaso tratamiento informativo dado a la noticia que encabezaba este artículo (reglamento de videovigilancia), y la poca repercusión que ésta ha tenido entre la ciudadanía. Nos preguntamos si no estamos perdiendo nuestra capacidad de reacción ante medidas como éstas, que sin lugar a dudas habrían tenido respuesta inmediata en tiempos pasados. Como decíamos al comienzo, entendemos que, en estos últimos tiempos, se viene produciendo un atentado contra las libertades mismas en nuestro pretendido estado democrático y de derecho. Alertamos sobre los pasos hacia atrás dados en nuestra sociedad, que, de continuar con medidas como las descritas, nos harían volver a tiempos ya pasados de dictadura y represión. La vuelta al estado policial, que ya pensábamos felizmente superado, puede sumirnos en una nueva pesadilla.

Desde la APDH-A queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía y a las ONG y colectivos ciudadanos, para que hagan públicas sus denuncias ante este nuevo atropello, y a que nos unamos en cuantas acciones y/o medidas creamos convenientes para garantizar un verdadero estado de derecho y democrático.

Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía.

Delegación Sevilla

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Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor. Madrid, 09jul99.

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