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04oct19


Los Franco se agarran al prior del Valle para dilatar la exhumación


Cuando la exhumación de Francisco Franco parecía ya cosa hecha, aparece un epílogo. La familia del dictador está cumpliendo su promesa de pelear hasta el final en los tribunales y su último movimiento indica que a los nietos les queda un último resquicio de esperanza para oponerse a los planes del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. Se llama Santiago Cantera y es prior del Valle de los Caídos. Fuentes cercanas a su entorno indican a El Confidencial que la familia tiene la esperanza de que este se niegue, como ya ha hecho en una ocasión, a autorizar la entrada en la basílica donde se encuentra la tumba, salvo orden directa de Roma.

En un movimiento que dilata la exhumación unos días, los Franco solicitaron este jueves al Tribunal Supremo aclaraciones sobre el contenido de la sentencia que se notificó hace unos días y que avalaba al cien por cien el plan del Ejecutivo de exhumar el cuerpo del Valle para trasladarlo al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Los nietos pedían saber, en concreto, si una autorización judicial sería suficiente para sacar los restos si se mantiene la oposición del prior.

Tras la solicitud subyace una doble motivación. Por una parte, indica a las claras que los Franco confían en la negativa del padre Cantera pese a que admiten que el prior debe obediencia a Roma y no desobedecería una orden directa del Vaticano. Por otra, los nietos consideran que si el Supremo responde que basta con que un juez apruebe el acceso, la decisión sentaría un precedente contra la inviolabilidad eclesiástica y, por ello, de los términos del acuerdo que suscribió España con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos en 1979.

En el último de los acuerdos del Gobierno, ahora avalado por el alto tribunal, se especifica que el Ejecutivo procederá a reclamar nuevo permiso eclesiástico o, en su defecto, autorización judicial para sacar los restos. Y es sobre esto por lo que preguntan los Franco, al considerar que la sentencia no deja claro este extremo. Su defensa considera que la basílica --iglesia abacial del Valle de los Caídos-- es un lugar de culto edificado, eso sí, en un recinto perteneciente a Patrimonio Nacional. Inviolabilidad debe entenderse como una inmunidad frente al poder estatal y que saltaría por los aires si el TS indica que un juez puede dar su visto bueno en sustitución de la autoridad eclesiástica competente.

En enero de 2019 el prior ya dijo no. El benedictino Cantera rechazó la preceptiva autorización con la argumentación de que faltaba el consenso de la familia Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales. Fuentes del Arzobispado de Madrid consultadas por este diario recuerdan que no tienen capacidad de dar orden alguna al padre, que ya en varias ocasiones se ha negado a acatar indicaciones de las autoridades eclesiásticas españolas, y que depende directamente de Roma. Parte de su congregación le apoya.

La Santa Sede ya ha dicho en múltiples ocasiones que no se "opone" a la exhumación. Se lo trasladó en octubre pasado el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin, en una audiencia con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y se lo reiteró por carta en febrero. Ya entonces el prelado apuntó que se "seguirá recordando" a los monjes de la abadía "su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles". Reconocía que había una "controversia" que era "objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo". Controversia que "es competencia del Estado español y está sometida al Derecho y a la Justicia española". Tras conocerse el fallo del TS, el Vaticano apuntó que mantiene su postura y que no tiene "más que añadir". Es decir, que no se opone a la salida de la basílica del dictador. Directriz que debería ser observada por el prior.

El otro escollo a los planes es el titular del Juzgado Contencioso 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche. Este último se resiste a archivar la causa por el momento pese a la valoración del TS sobre la licencia urbanística que él mantiene suspendida. Considera que el procedimiento sigue "vivo" y se niega a mover ficha hasta recibir una copia certificada de la sentencia del alto tribunal en la que se asegura que tal permiso no es necesario por tratarse de una obra menor. Ahora la Abogacía, en respuesta, le ha solicitado que asuma el criterio del Supremo y archive.

La sentencia

En su sentencia, a lo largo de 54 páginas, los seis jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo apoyaron sin aristas el plan de Pedro Sánchez desestimando en su totalidad el recurso de la familia del dictador. Cargaban, además, contra los principales escollos a los que se enfrenta el Gobierno para poder cumplir su promesa de forma inmediata. "Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original", sostienen los magistrados.

Primaron en su resolución el interés general sobre el particular de la familia. Catorce meses después de que Sánchez presentara su plan para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, levantaron la suspensión cautelar del mismo. No pudo ser en julio de 2018, no pudo ser en agosto, no pudo ser en septiembre, no pudo ser en octubre... Pero el Gobierno ha conseguido que el alto tribunal le dé el visto bueno a falta de menos de dos meses para las elecciones. La duda pasa ahora por ver si el PSOE logra cumplir su promesa antes de la cita con las urnas.

Con la decisión, parecía acabar un larguísimo proceso que arrancó solo unas semanas después de la llegada a la presidencia de Sánchez. El aval del Supremo, que se produce a las puertas de la campaña, constituye un espaldarazo al proyecto pese a las trabas legales que aún subsisten. La batalla legal continúa en cualquier caso ya que, además del cruce de escritos mencionado, la familia tiene la intención de acudir al Tribunal Constitucional para solicitar amparo.

Por lo pronto, el Gobierno no podrá mover el cuerpo hasta que la Sala responda a la petición de aclaración formulada. Aunque fuentes jurídicas apuntan a que la dilación será mínima, si se calculan al menos unos días para contestar. En una entrevista concedida a El Confidencial, el presidente del Gobierno aseguraba que su intención es proceder a sacar el cuerpo "cuanto antes". "El TS ha sido claro, no hay ninguna duda y por tanto la obligación y la responsabilidad del Gobierno es proceder a ejecutar este expediente administrativo, y lo vamos a hacer", indicaba.

[Fuente: Por Beatriz Parera y Juana Romero, El Confidencial, Madrid, 04oct19]

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