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10ene16


Juicio a la ejemplaridad de la Corona: las claves del caso


Mañana comienza en Palma de Mallorca el juicio por el caso Nóos, que afecta de lleno a la credibilidad del vértice del entramado institucional diseñado por la Constitución, la Corona, porque resulta asombroso que bastara invocar su ascendencia para que la Administración abdicase de plano de sus obligaciones de control sobre los recursos públicos con los que se enriqueció la trama.

La investigación ha concluido que cargos políticos de primer nivel aceptaron plegarse a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey Juan Carlos y cuñado de Felipe VI, a quien adjudicaron a dedo contratos por valor de más de seis millones de euros sólo con que él se acogiera a su posición en la Casa Real y su matrimonio con la Infanta Cristina. Los encuentros desengrasantes con los dirigentes que dieron luz verde a los proyectos -Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá- tuvieron lugar en las residencias oficiales de Marivent y Zarzuela. Dos terceras partes del dinero -cuatro millones- acabaron malversados en los bolsillos de Urdangarin y de su socio, Diego Torres, como quiera que los respectivos gobiernos hicieron abandono consciente de su responsabilidad de fiscalizar la utilización de esos fondos por parte de un familiar del Monarca.

Sobre el juicio sobrevolará desde el primer día la duda cáustica, alimentada por Torres con abundante documentación, de hasta dónde llegaba el amparo o al menos la tolerancia del Rey Juan Carlos hacia las actividades del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. El tribunal de la Audiencia de Baleares tendrá, además, que hacer frente a la pretendida convicción ciudadana de que la Justicia no es igual para todos: el primer momento de la verdad llegará cuando las jueces tengan que resolver si Cristina de Borbón, imputada por cooperar en dos delitos fiscales de su marido bajo la única acusación de la acción popular, se sienta finalmente en el banquillo o se le exonera en aplicación de la doctrina Botín.

¿Cómo surge el caso?

El 17 de febrero de 2006, este periódico publicó en portada que un diputado balear del PSOE, Antonio Diéguez, había denunciado «un caso de pésima administración de recursos públicos». Se refería a un pago de 1,2 millones por parte de una fundación del Gobierno de las Islas al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin por un foro sobre turismo y deporte -Illes Balears Forum- que duró dos días: «La hora de evento sale a 75.000 euros, una cifra que no recibe ni el mismísimo Ronaldinho», decía.

El escándalo tardó cinco años en concretarse y fue de nuevo en las páginas de EL MUNDO: en septiembre de 2011, este diario publicó que el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach habían encontrado casualmente durante la instrucción referida al velódromo Palma Arena documentación que indicaba una adjudicación irregular de dos foros en Baleares por la que ya estaba imputado el socio de Urdangarin, Diego Torres. El 8 de noviembre de aquel año se registraron las oficinas de Nóos.

¿Qué era NÓOS?

Se trata de una entidad de fachada altruista fundada por Diego Torres en 1999, pero que no tuvo actividad real hasta 2003, cuando se incorporó Iñaki Urdangarin, antiguo alumno de aquél en la escuela de negocios Esade. Uno y otro habían discurrido aprovecharse de la condición de miembro de la Casa Real del duque de Palma para, con su sola invocación, obtener contratos con entidades públicas y privadas. De estas últimas, entre los mayores pagadores estuvieron algunos de la muy expresiva altura de Volkswagen, Telefónica, BBVA o Repsol. Los dos socios aludían a la aparente ausencia de ánimo de lucro del instituto -«paraguas de bondad y de ayuda al prójimo», en la elocuente y heterodoxa prosa del juez Castro- y exhibían un folleto en el que figuraban como parte de la Junta Directiva de Nóos Cristina de Borbón y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, a quien se presentaba como «asesor de la Casa de S. M. el Rey».

Mediante este método, Nóos facturó en el tiempo récord de tres años (de 2004 a 2006) la fabulosa cifra de 17 millones de euros, de los que más de seis procedieron de las administraciones públicas. Había trampa: los servicios, muchas veces de consultoría o asesoría, no se correspondían casi nunca con una prestación efectiva o su precio era disparatado, sin que nadie pidiese cuentas por ello.

Urdangarin y Torres habían ideado además una trama de empresas que a su vez facturaba servicios falsos a Nóos para vaciar el instituto sin ánimo de lucro y destinar sus ganancias a sociedades familiares instrumentales que sí lo tenían. El siguiente paso era que ese entramado se cruzase facturas entre sí para disminuir la base imponible del Impuesto de Sociedades y, en una última etapa, se derivaron fondos al paraíso fiscal de Belice a través de las tapaderas De Goes Center for Stakeholder Management y Blossom Hill Assets.

¿Qué papel jugó Cristina?

La ciudadana Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI e Infanta de España, era propietaria a medias con su marido de la sociedad instrumental Aizoon, que fue utilizada para desviar los fondos obtenidos ilícitamente por Nóos. Urdangarin, según el notario que les asistió, usó a su esposa de «escudo fiscal» para procurarse impunidad, creyendo que nadie actuaría contra la Familia Real.

Aunque el juez pretendió investigarla inicialmente por tráfico de influencias -por haber consentido la utilización de su nombre en Nóos para obtener un «trato privilegiado» de empresas y administraciones-, la Audiencia concluyó que no existían «indicios vehementes» de que hubiera tomado parte con ese destacado papel en la trama. Cristina se sentará en el banquillo imputada por dos delitos fiscales, que habría cometido al cooperar con su marido para, según el juez, «vaciar las cuentas» de Nóos a través de Aizoon, librando facturas contra el instituto por servicios falsos, y haciendo pasar gastos personales como deducibles al Impuesto de Sociedades: así, habría participado en la «contratación ficticia de personal para obtener beneficios fiscales» o en el «autoalquiler ficticio de su vivienda», por un lado, y, por otro, en el cargo a la sociedad de «servicios de asesoramiento y coaching», «fiestas infantiles» de sus hijos, un safari en África y hasta el catering de su cumpleaños.

Sólo la acción popular que ejerce Manos Limpias acusa a la hermana del Rey, circunstancia que abre una posibilidad de que, tras el trámite de cuestiones previas, el tribunal evite que sea juzgada en aplicación de la doctrina jurisprudencial inaugurada en 2007 para el banquero Emilio Botín. Según la misma, debe acordarse el sobreseimiento cuando así lo solicitan el perjudicado por el supuesto delito -en este caso, la Abogacía del Estado- y la Fiscalía, que sostiene que, «tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico pudo conocer que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión».

¿Qué se juzga?

Además de esos delitos fiscales y de blanqueo, el juicio se focalizará en acreditar los contratos irregulares celebrados por Nóos con las administraciones. La primera adjudicación se produjo después de que el campeón olímpico de vela Pepote Ballester, que en 2003 era director de Deportes del Ejecutivo de las Islas y amigo de Urdangarin, concertase una partida de pádel en la que jugaron los dos y el presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas, en el Palacio de Marivent, residencia estival de los Reyes.

Ése fue el comienzo de una relación que cristalizó en el patrocinio de un equipo ciclista por 18 millones de euros, beneficiándose el duque y su socio de 293.660 euros del Gobierno balear producto de una contratación a dedo a cambio de la promoción y el seguimiento de prensa.

Tras ese episodio, tuvieron lugar dos mucho más importantes: la adjudicación irregular, bajo la forma de convenios, de sendos congresos en 2005 y 2006 sobre turismo y deporte -Illes Balears Forum- que duraron dos días. El coste fue de 2,3 millones, pero la investigación estima que 1,5 acabaron en las arcas del duque y su socio porque o no fueron justificados o lo fueron con facturas falsas.

A finales de 2003 se iniciaron también los contactos de Urdangarin con los máximos dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana. El 29 de enero de 2004, según el fiscal, el duque y Torres se reunieron con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el Palacio de La Zarzuela, residencia privada de los Reyes Juan Carlos y Sofía. Allí les propusieron la celebración de un congreso sobre eventos deportivos. Los Valencia Summit tuvieron efectivamente lugar, de nuevo bajo la fórmula ilegal del convenio, en 2004, 2005 y 2006. Costaron al erario 3,1 millones, de los que más de dos acabaron en los bolsillos de los dos socios. El beneficio es todavía mayor si se cuentan los proveedores privados y habría sido escandaloso si la Administración hubiera aceptado las facturas falsas por 1,9 millones que presentaron los responsables de Nóos.

Urdangarin y Torres concertaron además otro contrato con la Generalitat -firmado por el entonces consejero Esteban González Pons- por el que recibieron una subvención de 382.203 euros que no justificaron a cambio de promocionar la candidatura de Valencia a unos juegos europeos que nunca se celebraron.

Por último, en 2007, siendo alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, el duque se puso en contacto con Mercedes Coghen, la consejera delegada de la sociedad pública municipal dedicada a promocionar la candidatura de la capital a los Juegos Olímpicos de 2016. Coghen, medalla de oro en hockey en Barcelona 92, concertó con Urdangarin un contrato verbal por el que la fundación con la que camufló su salida de Nóos percibió a través de donaciones ilegales 120.000 euros hasta 2009 a cambio de llevar a cabo lobby en favor de Madrid 2016, lo que durante el último año ni siquiera hizo.

¿Qué papel jugó el Rey?

La Casa Real emitió en diciembre de 2011, cinco días después de apartar al duque de su agenda, una información oficial en la que argumentaba que en 2006, tras conocer a través de EL MUNDO las elevadas remuneraciones que percibía Urdangarin por sus trabajos, encargó al asesor de Zarzuela José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que indagase en los negocios de Urdangarin, tras lo que se ordenó su salida de Nóos.

El duque habría burlado el cerco de Zarzuela. Primero lo intentó con la Fundación Areté, pero no superó las exigencias del conde de Fontao, así que los socios constituyeron en diciembre de 2006 la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social cuidando de que el nombre de Urdangarin no apareciera. En su lugar pusieron a un vecino. La Casa Real asegura que no tuvo noticia de esta institución hasta que EL MUNDO la descubrió en 2011. Dos años antes, Telefónica había contratado al duque como alto ejecutivo en Washington y facilitado que se trasladase allí junto a su esposa. Felipe VI revocó el Ducado al matrimonio en 2015.

Diego Torres ha fundamentado su defensa en que Nóos habría estado supervisada por la Casa del Rey. No hay prueba concluyente, aunque sus correos, por ejemplo, sugieren la intercesión de Don Juan Carlos ante Camps para favorecer a un proveedor de Nóos -Pedro Perelló, promotor del equipo de vela Ayre- y de ellos se trasluce el permanente contacto con García Revenga. Muy significativos son los correos electrónicos que desvelan la cercana relación de Urdangarin con la princesa Corinna, públicamente conocida por el eufemismo amiga del Rey, que apoyó al duque en el Valencia Summit.

[Fuente: Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 10ene16]

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