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17dic19


Podemos pagó sobresueldos y despidió a trabajadores sin las cuentas de 2019 cerradas


Podemos lleva casi todo este año sin tener aprobadas sus cuentas. El partido de Pablo Iglesias acordó supuestas pagas extras a sus trabajadores y cargos electos sin tener cerrado el presupuesto de 2019. La cuestión, en apariencia baladí, estuvo en el origen de la polémica que involucró al abogado José Manuel Calvente, quien vio en ese extremo un hecho presuntamente delictivo y pidió investigarlo, hasta que el secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez, lo despidió.

Clemente vio cómo varios cuadros el partido, en concreto el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val, se beneficiaban de extras que podían haber sido inflados. Era el caso, por ejemplo, de tickets de taxi de 40 euros, como adelantóEl Mundo, que de por sí es un dato de escaso valor pero que en ausencia de un borrador presupuestario asume relevancia.

Según Calvente y su mano derecha, Mónica Carmona, esos extras y pagas sin tener las cuentas cerradas incumplirían con la normativa vigente. Avisaron pues a la dirección del partido, que tras negarse a ofrecerle la documentación acabó con un despido fulminante y acusaciones de "irregularidades" --entre ellas financieras-- que podría modificar para siempre el rumbo de Podemos.

Despidos por razones económicas

La existencia de supuestos sobresueldos se sumaría a una falta absoluta de transparencia financiera, que se junta al hecho de que desde 2017 el partido no publica los gastos de los dirigentes de la formación. En ese sentido, también se produjeron despidos alegando la mala situación financiera del partido, pero sin que en ningún momento el Consejo Ciudadano del partido pusiera las cifras en negro sobre blanco. Tampoco cuando tuvo que afrontar tres ciclos electorales a lo largo de 2019 (dos generales, unos comicios autonómicos y unos europeos).

En la carta de despido de al menos 11 trabajadores en el pasado mes de marzo, el partido morado mencionó la existencia de "causas objetivas" --entre ellas las "económicas"-- para pagar la indemnización mínima de acuerdo con la reforma laboral de Mariano Rajoy. La carta que recibieron esos trabajadores, como adelantó eldiario.es, miraba a los ciclos electorales de abril y mayo y alegaba "la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por causas organizativas y económicas, y con el propósito de contribuir a una mejor distribución de los recursos humanos y materiales".

Iglesias: "Que diriman los tribunales"

Pablo Iglesias, en todas sus declaraciones públicas, ha echado balones fuera y ha desafiado a los denunciantes a elevar la cuestión a los tribunales. "Todo aquel que acuse a Podemos de algún delito, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman", ha reiterado desde el pasado 6 de diciembre. Más allá de esas palabras, varias fuentes internas al partido asumen que existe "preocupación" respecto a la documentación que pueden tener los abogados.

Calvente, que está preparando su querella contra Marta Flor, abogada del partido que le ha acusado de acoso sexual, no ha aclarado hasta dónde quiere llegar con su denuncia. Lo que sí se sabe es que desde al menos desde 2016 formaba parte del gabinete legal del partido y que tuvo acceso a información privilegiada durante muchos años. Hasta que las guerras internas le han apartado en el marco de un enfrentamiento entre Gloria Elizo y el resto de la cúpula de Podemos.

Financiación bajo sospecha

El temor en el partido morado es que empiecen a salir datos de sobresueldos que afectan a los políticos de la cúpula. El coste a nivel de imagen sería importante, aunque otra derivada, la más relevante del caso, atañe a la financiación, como adelantó en varias exclusivasVozpópuli.

"Eso de los tickets del taxi son pura morralla", repiten los dirigentes de Podemos. Lo "gordo" es la financiación, añaden, que pasa por el papel jugado por algunas consultoras, entre ellas Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, y el supuesto nexo con la recaudación de donaciones.

La sospecha es que existan facturas irregulares, y que los abogados despedidos tengan pruebas de ello. Todas coinciden en que, de destaparse sobresueldos y financiación irregular, la cuestión golpeará desde los cimientos del partido hasta su cúpula.

[Fuente: Por Luca Costantini, Vozpópuli, Madrid, 17duc19]

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