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21feb22


Pablo Casado se ha suicidado


Lo primero de todo: ¿dónde está ese documento, o dossier, o lo que sea, que ha servido de base a Pablo Casado y a Teodoro García Egea para extorsionar a Isabel Díaz Ayuso con la intención de que renunciara a su pretensión de celebrar cuanto antes el congreso del partido de Madrid, y presentar su candidatura a la presidencia del PP madrileño, bajo la amenaza de que estallase un escándalo político que la dañaría irremisiblemente a ella y muy gravemente al partido?

Porque eso fue lo que el presidente del PP le dijo a Carlos Herrera. "A mí me llega una información a finales de verano con datos fiscales y bancarios. Por tanto se podía inferir que venía de una institución pública. […] Me imagino que esto tendrá información de entidades públicas por cuanto que la información que tiene […] no obra en poder de cualquier persona".

No, no sólo no obra en poder de cualquiera sino que ese tipo de información sólo se puede obtener a instancias judiciales o de la Administración Tributaria. Todo lo que se haga fuera de estas dos instancias es delito.

Por lo tanto, si es que existe ese famoso documento de cuya existencia dudamos muchos, si es que existe, digo, lo primero que tendrían que haber hecho Casado y Egea es darse cuenta de que estaban ante la acción delictiva de un desconocido y haber actuado con la desconfianza, la prudencia y la cautela que han estado completamente ausentes de su comportamiento.

Pero el periodista no logra, y mira que lo intenta, que Pablo Casado le diga de quién o de dónde procede esa información tan relevante. El señor Casado no puede decir en la radio que "dedujo que venía de alguna entidad pública". Eso no era posible porque, insisto, es un delito y porque la misma inconcreción de la identidad de la tal entidad pública ya debería haber sido suficiente como para desconfiar muy mucho de la información recibida y de su origen.

Pero no reaccionan así. Al contrario, con ese sospechosísimo papel en las manos -habría que preguntarle a Isabel Díaz Ayuso si ella lo vio físicamente o si únicamente le contaron lo que decía- la pareja Casado-Egea no solo no lo transmiten a la Fiscalía previa comprobación de la solvencia de la fuente sino que, al contrario, lo utilizan para amarrar definitivamente la estrategia de derribo interno de la presidenta madrileña que, como nos recordaba ayer Casimiro García-Abadillo, había comenzado mucho tiempo antes de ese preciso momento.

Lo que hacen los dos altos dirigentes del PP es utilizar esa información pirata para chantajear a Ayuso y poner en marcha -Casado lo ha desmentido rotundamente y puede ser entonces que él desconociera este hecho y que fuera exclusivamente idea de su secretario general- una operación de espionaje para ver si se sacaban datos jugosos que apuntalaran definitivamente su estrategia contra ella.

El propio director de la agencia de detectives con la que alguien todavía desconocido -pero cuya identidad acabará saliendo a la luz- contactó, ha relatado públicamente que él se negó a realizar la actividad que se le proponía porque "era ilegal".

Esto es lo que la presidenta de Madrid denunció el jueves pasado. Pero el líder del PP, además de negar tajantemente que se le hubiera investigado a ella y a su familia, se lanzó a sugerir que el detective pudiera haber sido contratado para que dijera lo que dijo. Pero, claro, eso es tanto como dar por hecho que el director de la agencia de detectives, una empresa muy conocida, estaba dispuesto a hundir el prestigio de su compañía por haber mentido a cambio de un beneficio económico pequeño o grande, da lo mismo. Demencial.

Para entonces, Teodoro García Egea ya había sugerido públicamente que estábamos ante un caso de corrupción y de tráfico de influencias a cargo de la familia de la presidenta en la que estaría involucrada ella misma, la líder más y mejor valorada del PP junto al gallego Núñez Feijóo.

Lo mismo que sugirió al día siguiente, viernes, el propio Casado en su entrevista con Carlos Herrera en una estrategia que se ha demostrado suicida para ambos dirigentes y en la que el presidente del PP llegó incluso a sugerir que el hermano de Díaz Ayuso podría haber utilizado como testaferro al titular de la empresa con la que la Comunidad había contratado, «con la intención de no figurar como adjudicatario».

De estos barros hemos llegado a estos lodos. Isabel Díaz Ayuso comunicó públicamente que su hermano había cobrado por su trabajo algo más de 55.000 euros, no los casi 300.000, cantidad que Casado había dado por buena en su entrevista con Carlos Herrera únicamente en base a ese documento fantasma que nadie ha visto todavía.

A continuación, convocada por Casado, se entrevistó con el presidente de su partido y éste se dio por satisfecho tras la conversación. Visto y no visto. El expediente informativo abierto a Ayuso se va a cerrar. Ha sido una marcha atrás en toda regla, una claudicación sin paliativos.

Pero ya es demasiado tarde para cerrar esa herida. Todas las miradas y todos los reproches se dirigen en primer lugar a Teodoro García Egea como el auténtico responsable de la estrategia diseñada para parar el auge creciente entre las bases del partido de la presidenta de Madrid que, por cierto, se negó a suscribir un comunicado en el que se pretendía que ella dijera que "confiaba en que la dirección del PP no hubiera ordenado espiarla».

Ella no se ha apeado de sus posiciones y reta una y otra vez a cualquiera a que pruebe que no ha actuado con absoluta limpieza. «Que prueben que he movido un dedo para beneficiar a mi familia. Que prueben que no soy honrada». Para mantener así la posición hay que estar muy seguro de lo que se afirma. Y ella lo está, sin duda.

Lo que ha sucedido ha destrozado al PP por dentro y por fuera. La manifestación espontánea de ayer frente a la sede del partido lo demuestra. Ya no basta con cerrar el expediente a Isabel Díaz Ayuso. Ahora la mayoría de los barones y los cargos intermedios del Partido Popular -a los que se ha pedido, sin éxito, que se pronunciaran a favor de la dirección nacional- reclaman en privado la destitución de su secretario general, lo cual llevaría a dejar a Pablo Casado en una situación de debilidad incompatible con el papel de líder del partido.

Porque Casado, que no estaba precisamente en su mejor momento en lo que se refiere al apoyo popular, ha perdido en este lance también el apoyo orgánico de su formación política.

Por eso no se descarta que los movimientos dentro del PP acaben produciendo una crisis aún mayor en la que Casado sea sometido a un rápido proceso de desautorización interna que acabe desembocando en la convocatoria de un congreso extraordinario. Algo que de todos modos encierra una gran dificultad porque eso exige una mayoría de dos tercios de la Junta Directiva Nacional y muchos de sus componentes son casadistas acérrimos, que para conseguir eso ha trabajado García Egea desde que asumió su cargo.

Sea como sea, la autoridad moral la encarna ahora en términos indiscutibles el gallego Núñez Feijóo quien, en las condiciones de sensación de desgobierno y de ausencia de liderazgo en que está sumido ahora mismo el Partido Popular, podría verse obligado finalmente a asumir la dirección de su partido.

Esto no ha acabado todavía. Ni mucho menos. Pero se ha hecho evidente que quien administra de este tan desastroso modo un problema interno de su partido y que ha generado por ello tan amplio rechazo social entre sus militantes y entre sus votantes no puede estar capacitado para asumir la dirección de todo un país con su carga interminable de dificultades.

El líder del PP se ha infligido con esto un daño irreversible, condensado en una afirmación que se repite constantemente en los últimos días: «Pablo Casado se ha suicidado».

[Fuente: Por Victoria Prego, El Independiente, Madrid, 21feb22]

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