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28abr13


Un 'hacker' contratado por su abogado robó toda la contabilidad interna de Urdangarin y Nóos


Cuando Mario Pascual, abogado de Iñaki Urdangarin, contrató, a comienzos del año pasado a un "forense informático" para recuperar los 30.000 correos electrónicos que su cliente había enviado en los últimos años, no se imaginó la que se le venía encima. El encargado de recuperar esos correos fue Matías Bevilacqua, un experto informático que, a pesar de su juventud, tenía un curriculum impresionante, con una intensa trayectoria como directivo en varias empresas de investigación, el asesoramiento de un sistema de escuchas para el Gobierno venezolano y su intervención en varios proyectos del CNI. Pero Bevilacqua recuperó algo más que los correos.

Cuando fue detenido, en su poder se encontraron más de 143.000 euros en efectivo, varios discos duros de ordenador y CDs con información sensible del Ministerio de Defensa, una lista de 30.000 correos electrónicos del Duque (de ellos, 10.000 habían sido borrados, pero logró recuperarlos) y, lo más importante, la contabilidad interna del Instituto Nóos.

Los documentos de Defensa, según ha podido conocer este diario, estaban encriptados, aunque los investigadores pudieron acceder, finalmente, a su contenido. En el momento de su detención, Bevilacqua se encontraba en su despacho, a donde se desplazó su esposa (hermana de un conocido abogado barcelonés) para entregar un ordenador personal, en el que también se encontró información sensible.

Gracias a los documentos que tenía en su poder, el juez José Castro, que investiga el escándalo de Nóos, tuvo indicios más que evidentes de los movimientos de dinero dentro de la fundación del Duque de Palma. Tras ese hallazgo, las investigaciones se aceleraron, aunque luego llegaron los correos electrónicos que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, guardaba en la manga.

Los números secretos del Duque de Palma

Pero lo importante ya había llegado a manos del juzgado: las millonarias transacciones que el Instituto había realizado durante los últimos años. Lo curioso del caso es que la información llegó de la forma más fortuita: a raíz de la investigación sobre la extensa red de espionaje que se enmarcaba bajo el nombre de Operación Pitiusa.

En términos estrictamente jurídicos, lo más interesante que descubrió esta operación policial no fue que Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, había sido espiado. O que a Carlos Estévez, exconsejero delegado de Minas Río Tinto, le habían pinchado el ordenador; o que la cúpula de las multinacionales Unilever y DuPont habían ordenado espiar a directivos y trabajadores; o que altos cargos de varias empresas utilizasen métodos dudosos para espiar a sus empleados; o que una conocida actriz no está casada en realidad ni vive donde dice que vive, por lo que puede tener problemas con la custodia de su hijo. En realidad, lo más importante fue descubrir los números secretos del Duque de Palma y su emporio "sin ánimo de lucro".

Y, junto a ello, descubrir también a uno de los hombres que el CNI ha utilizado puntualmente para culminar algunas de sus operaciones. Cuando fue detenido, Matías Bevilacqua justificó la posesión de los 143.000 euros diciendo que provenían del Ministerio de Defensa. Además, afirmó que estaba a las órdenes de un mando operativo que responde al exótico nombre de "Don Aquiles". El teléfono que facilitó de éste estaba registrado a nombre del CNI, pero al otro lado de las ondas nadie ha respondido todavía al juez.

Los servicios de inteligencia, como han hecho tradicionalmente, no quieren verse mezclados en asuntos judiciales. Y menos si quien aparece implicado es sólo un colaborador ocasional y no un agente operativo. Porque en el sumario judicial sobre la amplia red de espionaje de la Operación Pitiusa hay claras evidencias de la intervención de Bevilacqua en distintas operaciones de hackeo de ordenadores.

Se ha probado, al menos, su participación en distintas incursiones de los ordenadores de directivos y empleados de Unilever, Minas Río Tinto y Du Pont. Un asunto demasiado escabroso como para asociarlo al CNI y poner a las cloacas del Estado bajo la lupa de la opinión pública. Pero su implicación con al menos dos despachos de detectives (hay otro bufete de Barcelona para el que también había realizado trabajos sensibles, pero el asunto se está investigando aún) le han jugado una mala pasada, aunque no tanto como al abogado del Duque de Palma, que le contrató y, al final, le salió rana. Y es que a los hackers, como a las armas, los carga el diablo.

[Fuente: Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 28abr13]

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