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15may19
Fiscalía acusa a Villarejo de cobrar un millón a los Pérez-Maura para pagar a Garzón
La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario José Villarejo de haber cobrado a los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura 1,2 millones de euros como provisión de fondos para la supuesta contratación del juez inhabilitado Baltasar Garzón dentro del encargo que desarrolló el policía jubilado para los dos hermanos propietarios del Grupo Pérez y Cía SL, destinado a frenar una investigación judicial abierta en Guatemala y su extradición a este país.
Así consta en la querella del Ministerio Público por estos hechos, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Anticorrupción ya ha acreditado que esa cantidad superior al millón llegó a las cuentas del comisario, pero aún está investigando si los fondos fueron efectivamente trasvasados al antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. La investigación, que se enmarca dentro de la pieza del caso Villarejo bautizada como Pit, desembocó la pasada semana en la detención de dos empresarios y otras tres personas, entre ellas el industrial Adrián de la Joya. Todos ellos quedaron libres tras declarar durante más de 14 horas ante el juez Manuel García-Castellón.
Los vínculos comerciales entre los navieros multimillonarios y el comisario jubilado arrancaron en abril de 2016 después de que las autoridades guatemaltecas implicaran a los Pérez-Maura en un escándalo empresarial. La Fiscalía especial contra la corrupción del país (Cicig) lanzó un operativo tras descubrir que la naviera había pagado presuntamente 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del Gobierno Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para asegurarse la adjudicación del contrato de construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal, un punto clave en la costa del Pacífico.
La posibilidad de acabar encarcelados en el país sudamericano les empujó a contratar al comisario, con el que firmaron un primer contrato el 28 de abril de 2016. En nombre de Villarejo, su principal socio Rafael Redondo representaba a Cenyt, una de las compañías instrumentales del policía. El concepto no dejaba lugar a dudas: "Prestación de servicios de análisis de información e inteligencia de España, Estados Unidos y Guatemala" por la "crisis reputacional" de Pérez y Cía SL. Ese mismo 28 de abril, Álvaro Pérez-Maura y Redondo firmaron un segundo contrato en que figura como pantalla otra de las empresas del comisario, Stuart & Mckenzie. En este caso, el encargo era la "defensa de los derechos jurisdiccionales" de la compañía.
El contrato fue el resultado de una reunión que fue grabada y que consta en el procedimiento, que se celebró solo ocho días antes, el 20 de abril. En ella participó, junto a De la Joya y Villarejo, otro de los detenidos: el abogado Enrique Maestre Caravana. El letrado, que mantenía amistad con la pareja de navieros, ofrece en el encuentro una elevada cantidad de "milloncitos" de los Pérez-Maura a cambio de que se evitara su detención y extradición a Guatemala, "a sabiendas de la condición policial de Villarejo y de la capacidad de influencia de este y de De la Joya en el ámbito de la Audiencia Nacional", reza el escrito fiscal.
Un total de 24 horas después hubo una segunda cita para cerrar flecos. Ya en presencia de Ángel Pérez-Maura, Villarejo, De la Joya y Redondo comenzaron a "articular la estrategia". "Con el fin de ocultar el carácter delictivo del encargo, Ángel Pérez-Maura convinieron [sic] en la emisión de facturas bajo la cobertura legal de los supuestos servicios jurídicos de carácter lícito", destaca Anticorrupción.
Las cantidades exactas pactadas quedaron reflejadas en un contrato formal que ambas partes firmaron el 28 de abril de 2016. En él, se destinaba una provisión de fondos de 1,8 millones más IVA y se establecía una prestación mensual de 72.000 euros más IVA hasta la finalización del contrato, de duración estimada en dos años, pero vinculada a la resolución de la crisis provocada por las acusaciones vertidas por la Cicig y otros organismos y entidades contra el principal directivo de Pérez y Cía y contra su actuación con relación con la sociedad Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ). Había una jugosa prima adicional, consistente en completar los honorarios adicionales hasta un total de seis millones cuando se cumplieran cuatro objetivos: evitar la detención, el ingreso en prisión y la extradición del empresario y lograr que quedara limpio de polvo y paja mediante su desimputación o absolución.
La Fiscalía menciona una segunda hoja de encargo con la misma fecha del contrato original en la que se incluyen cantidades diferentes. Una adición sustanciosa. En esta, se establecía una provisión de fondos de 1,2 millones de euros más IVA (la misma supuestamente comprometida para el exjuez), una cantidad mensual de 48.000 euros y una segunda prima que llevaría los honorarios totales a percibir hasta los cuatro millones suplementarios cuando se evitara el procedimiento judicial guatemalteco.
El contrato sufrió, no obstante, una variación. En dos adendas fechadas el 25 de enero y el 20 febrero de 2017, se pactaba que los clientes de Villarejo incurrirían "en una serie de gastos relacionados con mediación y 'lobby' necesarios para la mejor consecución del contrato". La segunda modificación establecía que, en esa fecha, la estrategia desplegada por el comisario había obtenido un éxito parcial, por lo que se giró una factura por un millón de euros al considerar alcanzado el primer y principal objetivo: "Evitar la detención y prisión provisional extradicional de Ángel Pérez-Maura".
El inicio de los pagos
Los pagos se iniciaron el 29 de abril, conforme a lo pactado. "Sendos pagos mediante una transferencia, a sendas sociedades del grupo Cenyt por importe total de 2.130.000 euros y, a partir de ese momento, fueron pagando los 120.000 euros mensuales a los que se alude en las conversaciones grabadas a través de las correspondientes cuotas mensuales desde mayo de 2016 hasta noviembre de 2017, pactados por el precio suscrito de Cenyt de 72.000 euros y de Stuart de 48.000, así como el pago el día 23 de febrero de 1,2 millones de euros que se corresponde con la adenda del contrato inicial de fecha 20 de febrero de 2017, como provisión de fondos para la supuesta contratación de Baltasar Garzón Real, si bien no consta que este llegara a recibir dicha cantidad", indica el escrito.
Fuentes cercanas al entorno de los Pérez-Maura destacan que ninguno de los dos hermanos tuvo nunca conocimiento de la hipotética participación de Garzón en ese encargo, destinado a centrar esfuerzos en Guatemala. No obstante, durante los interrogatorios practicados este viernes, los dos representantes del Ministerio Público que se encargan del procedimiento preguntaron a los acusados por la participación del antiguo magistrado en los hechos, informan fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.
El Juzgado Central de Instrucción 6 tiene intención de continuar con nuevas declaraciones una vez practicado el operativo. El siguiente en desfilar por la Audiencia Nacional para ser interrogado como imputado por estos hechos será el propio Villarejo, en prisión en el marco de la operación Tándem desde noviembre de 2017. También lo hará su socio Rafael Redondo, apuntan las fuentes consultadas.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 15may19]
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