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14ago15


La ley de amnistía que presentó el gobierno no beneficia a presos políticos: abogado


La ley de amnistía que presentó el gobierno no es la opción para sacar a los presos políticos de la cárcel porque no contempla ninguno de los delitos graves por los que se les acusa, y como consecuencia, una vez que se apruebe quedará demostrado que saldrán en libertad otras personas pero ninguno de los presos políticos, señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Puso como ejemplo el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, quien está preso acusado de robo; y los 13 policías comunitarios de la Coordinadora (Crac), que están presos acusados de secuestro.

"No creemos que vaya a ayudar por el carácter estricto y limitado que tienen las leyes de amnistía, por otro lado estamos ante una administración de gobierno y legislativa que está terminando el período y no va a alcanzar para que puedan sacar estos pendientes de la ley", dijo.

El tema de la Ley de Amnistía fue planteado originalmente cuando comenzó el gobierno de Ángel Aguirre, pero tuvo muchas dilaciones y no se concretó nada. Es casi a la salida del gobierno interino de Rogelio Ortega cuando se plantea prácticamente como prioridad aprobar una iniciativa. Algunos luchadores sociales han expuesto su rechazo al proyecto precisamente porque consideran que no incluirá a los verdaderos presos políticos.

"Nosotros -dijo Rosales Sierra- creemos que la opción (para que salgan en libertad) tiene que ser las rutas jurídicas lógicas que cada proceso lleva. Por ejemplo, Marco Antonio Suástegui, tiene apelación; los compañeros de la Crac, entre ellos Gonzalo Molina, tienen apelación; los otros han planteado incidentes de libertad por desvanecimiento de datos. En este caso hay un elemento que un juez federal dice que los secuestros no están acreditados, que la Crac no está llevando a cabo secuestros, que lo que está haciendo es aplicar su sistema de justicia en ese caso, y que puede haber irregularidades pero no son secuestros, y eso se toma de base para que muchos compañeros estén pidiendo libertad por desvanecimiento de datos; otra puede ser la apelación, y otra sería el desistimiento de la acción penal".

Finalmente, explicó que las autoridades políticas deben trabajar en apoyar a los presos en esta variante si de veras quieren verlos fuera y si quieren quitar "una chispa a la estabilidad política en el estado".

[Fuente: Por Roberto Ramírez Bravo, La Jornada de Guerrero, 14ago15]

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