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17ago15

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CIDH condena asesinato de defensor de derechos Miguel Ángel Jiménez Blanco


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Miguel Ángel Jiménez Blanco. La Comisión manifiesta su preocupación por estos hechos e insta a las autoridades mexicanas a actuar de forma urgente para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad y la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.

Según información de público conocimiento, el 8 de agosto de 2015, Miguel Ángel Jiménez Blanco fue hallado muerto en un taxi colectivo, en el poblado de Xaltianguis, Estado de Guerrero, México. Miguel Ángel Jiménez era integrante de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), fundador en 2013 de la policía comunitaria de Xaltianguis, y habría estado activamente involucrado en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa. De acuerdo con la UPOEG, Jiménez Blanco había sido víctima de múltiples amenazas y seguimientos por parte de desconocidos.

La Comisión urge al Estado a investigar de oficio este asesinato con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables. En este sentido, la Comisión insta a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el asesinato haya estado motivado por las actividades de Miguel Ángel Jiménez Blanco como defensor de derechos humanos.

Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. La Comisión Interamericana insta al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, en contextos seguros y libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida y su seguridad. Asimismo, la CIDH reitera que los Estados tienen la obligación ineludible de adoptar, en congruencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todas aquellas medidas necesarias para proteger la vida y prevenir vulneraciones a la integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúa realizando sus trabajos.

[Fuente: CIDH, Washington, 17ago15]

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