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10oct14


Detenido el jefe narco que habría ordenado matar a estudiantes en México


El jefe del grupo Guerreros Unidos que habría ordenado una masacre de decenas de estudiantes hace 15 días en el estado mexicano de Guerrero, fue detenido por agentes federales, confirmó el viernes el Procurador General de la República, Jesús Murillo.

Salomón Pineda, cuñado del alcalde de Iguala (200 km al oeste de la Ciudad de México), donde ocurrió la matanza, es acusado de estar al frente del grupo Guerreros Unidos, que disputa la herencia del mermado cartel de los hermanos Beltrán Leyva, en ese montañoso estado del occidente de México, con costas frente al Pacífico.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es buscado por la justicia -confirmó el Procurador-, por presunta delincuencia organizada.

Policías municipales de Iguala y civiles armados -bajo el mando de narcotraficantes, según las primeras confesiones de uniformados detenidos- atacaron a unos 80 estudiantes la noche del 26 de septiembre, cuando fueron asesinadas 6 personas, 20 resultaron heridas y 43 aspirantes a maestros fueron secuestrados y son buscados.

Los jóvenes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, habían ocupado tres autobuses en Iguala para viajar la Ciudad de México -a la conmemoración anual de la masacre de unos 200 estudiantes universitarios cometida el 2 de octubre de 1968-, cuando comenzaron los ataques que duraron toda la noche.

El Procurador federal precisó, en entrevista con la radio MVS, que desde el domingo a la fecha se han encontrado nueve fosas, dado que las seis primeras donde se encontraron 28 cuerpos calcinados el domingo, se redujeron a cinco.

Las autoridades temen que en las fosas encontradas el jueves estén otros 15 cuerpos y sean de los 43 desaparecidos, pero las pruebas genéticas estarán disponibles en unos 15 días, debido a que los restos fueron quemados con leña.

Vínculos con narcos desde 2013

Tras la masacre, el alcalde ha sido expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha pedido "perdón" a los ciudadanos. Uno de los dirigentes nacionales de ese partido de centroizquierda, René Bejarano, afirma que el 2 de julio de este año informó al Procurador federal Murillo de los presuntos vínculos del alcalde con narcotraficantes.

El procurador lo confirmó este viernes a la periodista Carmen Aristegui, en el noticiario MVS de cobertura nacional: "René Bejarano me platicó que en un homicidio en Guerrero -cometido en mayo de 2013- habría elementos de la delincuencia organizada; que tenía pruebas y testigos, pero nunca me los dio. Mencionó al alcalde (de Iguala) pero nunca me dio datos".

En una segunda conversación con Murillo, Bejarano dijo que la denuncia estaba en la fiscalía de Guerrero, y el Procurador federal decidió dejarlo en manos del procurador de Guerrero. "Pedí formación a la Procuraduría de Guerrero, pero no puedo invadir responsabilidades", argumentó el fiscal.

"No estaba claro que fuera un asunto federal. Era homicidio del fuero común (los asuntos del narco son federales en México). Nunca me imaginé que se cometería una barbaridad del tamaño que se hizo. Desde luego que se pudo haber evitado", dijo Murillo.

El Procurador confirmó que el organismo de inteligencia federal (CISEN) tenía informes preliminares de los vínculos del alcalde con los hermanos Beltrán Leyva, que la semana pasada fue golpeado por la caída del último miembro del clan, Héctor, apodado El H.

El caso de mayo de 2003 fue un secuestro de siete militantes del PRD, tres de ellos fueron asesinados; y los sobrevivientes hicieron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Procurador dijo que hasta este viernes hay casi 40 detenciones -una veintena de policías y civiles- ligadas al caso de los estudiantes. "No me satisface la detención de autores materiales. Buscamos a los autores intelectuales, tope donde tope", puntualizó.

El presidente de la República, Enrique Peña, reiteró el jueves que no permitirá la impunidad en este caso, mientras México recibe presiones desde EEUU, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos humanitarios y organizaciones civiles mexicanas para que acelere la investigación y castigue a los culpables.

[Fuente: Ria Novosti, Ciudad de México, 10oct14]

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