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08sep15
Exigen castigo a todos los funcionarios que fabricaron la "verdad histórica" sobre Ayotzinapa
Padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y defensores de derechos humanos, preparan una propuesta para que la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre se replantee, sin que esté a cargo del gobierno, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Dijo que es preocupante que las instancias "artífices de la verdad histórica", desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sigan a cargo del proceso penal.
Hizo un llamado enérgico para sancionar a todos los funcionarios que participaron en la fabricación de rutas y líneas inadecuadas de investigación con el fin de cerrar el caso de la desaparición forzada, con la versión de que fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Denunció que desperdiciaron mucho tiempo y recursos en forma inadecuada, siguiendo información falsa que provocó más dolor, confusión e incertidumbre en los padres de familia.
Agregó que los padres perdieron tiempo considerable en explorar caminos que no llevarían al paraderos de sus hijos, pero están dispuestos a que el gobierno federal enmiende los errores de la investigación y encauce la investigación en las lineas que señaló el GIEI, de manera exhaustiva.
Sin embargo, denunció que el mensaje de la procuradora Arely Gómez no es de aceptación del informe. Ella dijo que analizará y posteriormente verá qué partes del informe incorpora o no a la averiguación previa.
Rosales Sierra consideró que nada tiene que analizar porque la investigación de los expertos es técnica, se basa en las pruebas señaladas en los expedientes de la PGR, en los testimonios de las víctimas y de los detenidos que son actores en el expediente judicial.
El trabajo de los expertos "se constriñe y enmarca en las diligencias oficiales, no hay razón técnica ni jurídica que impida su incorporación a la averiguación previa", insistió.
Cuestionó que la procuradora dijo que volverá a hacer pruebas periciales de fuego en el basurero de Cocula, como si los peritajes del especialista extranjero que llamaron los expertos no fueran contundentes.
El especialista peruano en seguridad del fuego de la universidad de Queensland, Australia, José Torero descartó científicamente que 43 cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como describen los implicados en el delito.
El perito confirmó que el fuego necesario para reducir a cenizas 43 cuerpos, sin dejar rastro orgánico, como en los restos humanos hallados en el lugar, habría ocasionado un incendio forestal en la zona, del que no hay rastros.
Rosales advirtió que los padres no van a permitir que nuevas pruebas para distraer recursos y tiempo, si ya hay peritajes contundentes.
De los restos rescatados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, que presuntamente corresponde a los normalistas y que fueron enviados a la universidad de Innsburg, Australia, aclaró que van a esperar los resultados, pero saben de antemano que no corresponden a los desaparecidos.
Durante meses los padres sostuvieron que el gobierno sabía donde estaban sus hijos, y Vidulfo Rosales explicó que esas afirmaciones son producto de las investigaciones de los propios familiares.
Explicó que recibieron testimonios de buena fe, que les permitieron ir construyendo una ruta de los hechos, que corroboró el grupo de expertos. Entre estos, la presencia de militares, policías federales y estatales en las distintas escenas del crimen.
"El Grupo con toda contundencia señaló que desde que los normalistas agredidos salieron de la Normal Rural, fueron monitoreados por las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno y por el Ejército", resaltó.
Añadió que todas las corporaciones policiacas y los militares tienen responsabilidad como partícipes o cómplices porque observaron y nada hicieron para evitar las agresiones o evitar las desapariciones forzadas.
Subrayó que si la Policía Ministerial, Federal y los militares no dispararon contra los estudiantes, al menos fueron omisos y eso los hace culpables.
Confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto aceptó reunirse con los padres de los desaparecidos, pero pidió que estén en el encuentro los cinco integrantes del GIEI.
Rosales explicó que uno de los expertos no está en el país, y una vez que estén todos se llevará a cabo la reunión, y ahí se firmaría el convenio del gobierno de México con la CIDH para la continuidad de las asesorías para la investigación de los hechos, y sobre políticas públicas sobre desaparición forzada.
En la reunión van a insistir en la restructuración de la investigación en su totalidad, con todas las líneas de investigación que se desprenden del informe de los expertos, determinar qué instancia se va a encargar de la investigación y el rediseño de un nuevo plan de búsqueda de inmediato.
[Fuente: Por Lourdes Chávez, El Sur de Acapulco, Tixtla, 08sep15]
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