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20sep15
Alguien protegía a El Gil y eso debe ser investigado, dice el gobernador
*También se debe indagar a los alcaldes mencionados por el jefe del cártel de Guerreros Unidos en Iguala, plantea Rogelio Ortega en referencia a la detención de Gildardo López Astudillo en una zona exclusiva de Taxco y a que "se haya prolongado tanto" su captura.
El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo ayer en esta ciudad que la detención de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil o El Gil, en la vecina ciudad de Taxco y a casi un año del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, "significa que alguien lo protege", por lo que pidió que ésta sea una línea de investigación.
También pidió que se investigue "a profundidad" a los funcionarios señalados por una narcomanta firmada por el capo, en la que evidenció supuestos nexos con el grupo Guerreros Unidos, responsable del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El gobernador Rogelio Ortega fue entrevistado la noche de ayer, al término del informe de labores del alcalde interino de Iguala, Silviano Mendiola Pérez, en el auditorio del Ayuntamiento.
A pregunta de este reportero sobre la detención de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil o El Gil, el pasado jueves, el mandatario dijo que la detención habrá de darle más "luz" e información a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.
El Gil es señalado por las autoridades federales de autor material del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y uno de los principales mandos del grupo delictivo Guerreros Unidos en Iguala y Taxco.
Su captura ocurrió diez días antes del aniversario de los hechos del 26 y 27 de septiembre, en una zona exclusiva de la ciudad platera.
"Siempre en toda investigación se van atando cabos, el rompecabezas se va cubriendo con cada pieza, y El Cabo Gil, como se le llama, era una pieza incompleta en el rompecabezas y ahora, seguramente con su detención e interrogatorios a los que habrá de procesársele, habrá de darse más luz y más información, y más datos que nos ayuden a profundizar el tema de la tragedia de Iguala y la investigación de los 43 normalistas desaparecidos", dijo Rogelio Ortega.
Sobre la detención del jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Taxco, a sólo unos kilómetros de Iguala donde fue la tragedia y desaparición de los estudiantes, dijo que "esto habla de que muchos delincuentes tienen espacios en el territorio del estado de Guerrero, en los municipios donde se refugian, algunos salen fuera, como Víctor Aguirre, el líder del Cida de Acapulco, que lo agarraron en Yucatán, y el que haya estado tan cerca (El Cabo Gil) y que se haya prolongado tanto su detención, significa que alguien lo protege, ya apareció en las primeras declaraciones y esto ayuda para que se trabaje en una línea de investigación".
A pregunta sobre la narcomanta firmada supuestamente por El Gil, en octubre de 2014, donde dio a conocer los nombres de alcaldes de la zona Norte y otros funcionarios y personas con nexos con el grupo Guerreros Unidos, Ortega dijo que "conviene ahora que se profundice en la investigación sobre estos nombres que esta persona (El Cabo Gil) aporta para que sean investigados".
Dijo que la detención de El Cabo Gil en una zona exclusiva de Taxco, ayudará en mucho porque permitirá que "esa impunidad y esa acción de protección de delincuentes y su vínculo con algunas personas quede al descubierto".
Ayer en Iguala se conoció la versión de que El Cabo Gil, vivía en un departamento de la exclusiva zona del hotel Monte Taxco que pertenece a un funcionario local de ese municipio.
Ortega Martínez insistió, a pregunta expresa, que se debe investigar "a profundidad" a todos los señalados en la narcomanta hallada en esta ciudad el 30 de octubre de 2014, en la que se mencionan, entre otros, a los ex alcaldes priistas de Taxco, Salomón Majúl González, ahora diputado federal; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, y de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, así como a los perredistas de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; de Iguala, José Luis Abarca, y de Apaxtla, Efraín Peña Damasio, y al panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, todos con sus directores de la policía municipal.
En la manta también se mencionó al ahora diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y al empresario ganadero Federico Fi-gueroa, hermano del recientemente fallecido cantante Joan Sebastian.
"Deben de ser investigados, cuando se aportan nombres en proceso de investigación, deben ser llamados por las autoridades por lo menos a declarar y a ser investigados", sostuvo.
Sobre la postura de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y las organizaciones que los apoyan, de que no aceptan los resultados de las pruebas de genética de la universidad de Innsbruck, que señalan que los restos analizados coinciden con el normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, el mandatario estatal dijo que "yo respeto el dolor que ocasiona a los padres esa tragedia y hay que estar siempre del lado de ellos, hay que acompañarlos y si se hace necesario que sigan haciendo otras pruebas para llegar a la verdad, hacer todo lo que esté de parte del Estado y sus instituciones para ponerlo al servicio de los familiares de los jóvenes desaparecidos".
Sobre las acciones de protesta programadas en el contexto del primer aniversario de los hechos del 26 y 27 de septiembre, el gobernador señaló que "no le conviene a nadie ni la destrucción de edificios, ni los bloqueos, porque es atentar en contra de nosotros mismos, la violencia engendra y genera más violencia, no le conviene a nadie".
Señaló que para el 26 y 27 todas la personas que quieran realizar actos públicos están en su absoluta libertad de hacerlo, "pero nuestro derecho termina donde empieza el derecho de otros, y nuestro derecho de libre manifestación termina donde se vulnera la legalidad, mientras todo sea crítica, cuestionamientos, exigencias, peticiones y libres manifestaciones, no hay ningún problema, el problema es cuando se transgrede la legalidad, violando el derecho de terceros, como es el del libre tránsito".
Llamó a las organizaciones que apoyan el movimiento por Ayotzinapa a conducirse en el ámbito de la absoluta legalidad, "respetando los derechos de terceros".
[Fuente: Por Alejandro Guerrero, El Sur de Acapulco, Iguala, 20sep15]
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