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01may13

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Walter Ferrufino y el diario "El País" de Tarija faltan a la verdad sobre lo reclamado por la APG IG en el proyecto de carretera Entre Ríos - Palos Blancos


Roberto Ruiz Bass Werner
Walter Ferrufino Gaite

El diario "El País" de Tarija publicó en el día de la fecha un artículo que reproducimos más abajo donde acusa al Equipo Nizkor y a la APG IG de comportamientos ilegales, la mayoría de los cuales se soportan en declaraciones de los protervos funcionarios Walter Ferrufino y Roberto Ruiz.

La única verdad recogida en el mismo es la contenida en las declaraciones del Director departamental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Tarija, con relación a dos hechos jurídicamente incontestables:

a) Que el derecho a consulta es una obligación legal en cualquier proyecto, y que, en este caso, fue dejado de lado, según el Director departamental de ABC, porque SEDECA ocultó que la carretera en cuestión transcurre por la TCO Itika Guasu.

b) Que el día 26 de marzo pasado la APG IG envió una carta notarial al Director departamental de ABC recordándole las obligaciones legales que son inherentes a su cargo y que, por lo tanto, el proyecto debería pasar por la consulta previa a la APG IG, dado que ésta es la propietaria legal y legítima de la TCO Itika Guasu.

Esperamos que la ABC cumpla con la legalidad en relación con el derecho indígena, algo que ni Walter Ferrufino, ni la Gobernación, representada en este artículo por el funcionario Roberto Ruiz, han hecho nunca.

Las informaciones que son falsas de pura falsedad son las siguientes:

1) El secretario Ejecutivo de la Gobernación Roberto Ruiz miente cuando afirma que la APG IG "habrían estado recibiendo por cada uno de los tramos, más de cuatro millones de bolivianos".

La APG IG firmó un Convenio que afecta a la variante del Chaco firmado con el Prefecto Cossío en base a la aplicación del derecho a consulta y las cantidades a pagar, aproximadamente 2 millones de bolivianos, a la organización indígena estaban a cargo de la empresas adjudicatarias a través de SEDECA, importes que, a la fecha del presente comunicado, han resultado impagados.

El secretario Ejecutivo de la Gobernación sabe perfectamente que la actual Gobernación ha incumplido sistemáticamente el Convenio que afecta a la variante del Chaco y ha procedido a la anulación ilegal de dicho proyecto, desconociendo la propiedad de la TCO Itika Guasu y, por tanto, sus propias obligaciones en cuanto funcionario público, así como el derecho indígena que nos asiste.

2) El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando afirma que hemos bloqueado proyectos. Hasta la fecha el único que ha faltado a sus obligaciones como funcionario público ha sido él quien, como es conocido, está incurso en un procedimiento donde ha sido formalmente imputado por Incumplimiento de Deberes, ilícito previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P., precisamente por no ejecutar la sentencia constitucional 2003/2010.

3) El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando afirma que el "Directorio" es el que entorpece los proyectos. El Directorio tiene la representación legal y legítima de la APG IG y, por tanto, ejerce los derechos de propiedad de la TCO Itika Guasu. Consecuentemente, el ejercicio del derecho a consulta se debe realizar a través de su representación, tal cual establece la legislación vigente en Bolivia.

4) El protervo funcionario Walter Ferrufino violenta el derecho cuando dice que "que las instituciones que aglutina el Comité Cívico sean las que traten este tema y se pronuncien al respecto", dado que no es esto lo previsto en la ley. Por honorable que sea el Comité Cívico, no puede opinar sobre el derecho a consulta toda vez que es un derecho que sólo pueden ejercer los pueblos indígenas originarios y que, en el caso de la TCO Itika Guasu, se trata de los guaranís que llevan más de 400 años en dicho lugar.

5) El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando dice que el Equipo Nizkor es el "supuesto responsable de frenar la ejecución de la obra caminera Entre Ríos-Palos Blancos, oponiéndose al proyecto, situación que ha puesto temerosa a la Gobernación de que puedan haber exigencias millonarias dentro de la consulta al pueblo indígena", dado que si bien son nuestros asesores jurídicos, las decisiones las toma nuestra organización en forma directa y bajo nuestro mandato actúa todo el equipo jurídico de nuestra organización, tanto en territorio boliviano como fuera de el.

Como ya dijimos en nuestro comunicado de 22 de noviembre de 2011 "Con relación a nuestros asesores es obvio que está dentro de nuestro poder de autonomía como asociación indígena el contar con asesores legales, económicos, notariales, medioambientales y de otras especialidades, que se corresponden a nuestra estrategia jurídica a largo plazo, contando además con el asesoramiento de organizaciones de derechos humanos, universidades y especialistas en derecho penal internacional, mercantil internacional y medioambiental internacional, para lo cual no tenemos que pedir autorización, ni dar explicaciones a ninguna empresa y tampoco al Gobierno nacional o departamental".

6) Walter Ferrufino tiene que responder por su actuación ante la justicia y estas declaraciones no hacen más que confirmar que actúa con mendacidad y con manifiesta mala fe en contra de los derechos indígenas, incumpliendo en forma flagrante sus responsabilidades como funcionario público.

7) Es evidente que tanto Walter Ferrufino como el secretario Ejecutivo de la Gobernación Roberto Ruiz tienen un problema de aprehensión del principio de legalidad así como del respeto a los derechos indígenas y a las libertades civiles propios de un estado de derecho. Su comportamiento sólo puede explicarse si se analiza el mismo desde el punto de vista del racismo, es decir, entendiendo que actúan movidos por prejuicios raciales en contra de los pueblos indígenas (y no sólo de la APG IG).

8) El diario "El País" de Tarija utiliza un documento de trabajo interno de la APG IG al cual accedió ilegalmente, como fue denunciado oportunamente en nuestros comunicados de 15 y 22 de noviembre de 2011. Es totalmente falso que se esté exigiendo cantidad alguna por el proyecto GVT, toda vez que se llegó a un acuerdo provisional con la empresa YPFB Transporte S.A. el 12 de febrero de 2012, acuerdo en el que no se hace referencia alguna al documento mencionado por el diario "El País". Por lo tanto, falta a la verdad en cuanto al fondo y la forma de la negociación que llevamos adelante en defensa de nuestro intereses legítimos y legales.

Guaye (Entre Ríos), 1 de mayo de 2013

Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu

Equipo Nizkor


Comunicado original de la APG IG

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Comunicado APG IG
 
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Comunicado APG IG


Nizkor frena tramo Entre Ríos-Palos Blancos y Gobernación teme exigencias millonarias

Una denuncia del ejecutivo seccional de O'Connor, Walter Ferrufino, apunta a la ONG Nizkor, que asesora a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) de ser el supuesto responsable de frenar la ejecución de la obra caminera Entre Ríos-Palos Blancos, oponiéndose al proyectos, situación que ha puesto temerosa a la Gobernación de que puedan haber exigencias millonarias dentro de la consulta al pueblo indígena.

La autoridad aclaró que no son las comunidades indígenas de la provincia O'Connor, sino el directorio de la APG IG, asesorado por la ONG Nizkor, la que se estaría oponiendo a un emprendimiento de vinculación caminera entre la capital y la provincia Gran Chaco. "La ONG Nizkor, que tiene intereses transnacionales, siempre oponiéndose a cualquier emprendimiento que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente y el desarrollo del departamento, está poniendo trabas y está poniendo como excusa y derecho legítimo que tienen los pueblos, como es el de la consulta, pero esto orientado netamente a direccionar en un sentido de beneficio de un sector y de enriquecimiento a la ONG", cuestionó.

Ante esta situación, planteó que las instituciones que aglutina el Comité Cívico sean las que traten este tema y se pronuncien al respecto. "Son 76 kilómetros del tramo Entre Ríos - Palos Blancos que se los va hacer netamente con recursos del Gobierno a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); esta obra estaría demandando unos 87 millones de dólares, pero aquello se tendrá una vez que se actualice el estudio a diseño final", enfatizó.

Consulta previa

El secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, hizo referencia a la consulta previa para el pueblo indígena y las posibles exigencias económicas indicando que "el problema es la ONG Nizkor que busca aprovechar cualquier resquicio para sacar plata so pretexto de darle a los indígenas y en realidad va a enriquecer sus propias arcas. La Nizkor es la que se oponía y se opone y alecciona a la APG para que se oponga mientras no se le conceda pagos multimillonarios por la construcción de la carretera".

Ferrufino ratificó sus denuncias indicando: "esta ONG se ha ocupado de, primero, oponerse y luego de la oposición ellos argumentan la sentencia de que se tiene que hacer una consulta previa a las comunidades que estamos plenamente de acuerdo, ellos interpretan que la consulta no hay que hacerla a las comunidades de manera directa, sino al directorio, y el directorio lo manejan ellos, lo asesoran bajo supuesto aspecto filantrópico, es decir, sin ningún interés económico, pero por lo que asesoran logran importantes recursos económicos de muchas empresas y con eso se pagan todo su manejo, salarios; no podemos permitir que esta gente siga interfiriendo en temas que son de beneficio para todo el departamento", declaró.

El director regional de la ABC, Marcelo Sosa, hizo conocer que no se la realizó antes la consulta porque no se conocía que la carretera atravesaba un territorio indígena, ya que "la Gobernación no hizo referencia al respecto".

Sosa comprometió la realización de la consulta previa, aunque esto significa paralizar el lanzamiento de la convocatoria a licitación para la supervisión del proyecto caminero Entre Ríos-Palos Blancos.

Ruiz espera que no se genere un conflicto en las negociaciones sobre las compensaciones y que se pueda llegar a un acuerdo para ejecutar el proyecto a la brevedad posible.

Carta de la APG

Sosa indicó que la ABC recibió una carta de la APG IG, en la que se exige la consulta previa, siendo que la carretera pasa por territorio indígena. "La APG directorio nos ha hecho llegar una carta notariada justamente para que no licitemos el proyecto previa a la consulta con ellos, eso fue una novedad para la ABC Tarija porque el Sedeca (Servicio Departamental de Caminos) que lo estuvo viendo antes, no nos había advertido del tema y toca el camino a la APG, la consulta y demás están establecidos en la CPE y no nos queda más que cumplir aquello, simplemente es que desconocíamos que el camino era bajo esas normas y vamos a proceder a consultar previo a la licitación del tramo", dijo.

Viaje comisión

Para analizar la situación del proyecto y la realización de la consulta, Sosa y Ferrufino viajaron hasta la ciudad de La Paz para procurar establecer cómo se continuará con la construcción del tramo caminero.

Ruiz dijo que "por esas y otras razones es que actualmente se encuentran en La Paz las representaciones de la ABC y de O'Connor". "No pude viajar con ellos porque muy a destiempo me comunicaron, pero es ahí donde este impasse se solucionará al más alto nivel del Estado", manifestó.

Variantes al Chaco

El secretario Ejecutivo de la Gobernación puso como antecedente lo ocurrido con la construcción de las variantes hacia el Chaco señalando que, supuestamente, en ese proyecto habrían estado recibiendo por cada uno de los tramos, más de cuatro millones de bolivianos, por lo que este aspecto se reflejaría como una antecedente y la razón del temor de que existan solicitudes millonarias, situación en la que la ONG habría tenido influencia.

APG Itika Guasu

El presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, César Aguilar, manifestó que el lunes pasado tuvieron una reunión en la oficina del pueblo indígena, aunque aseveró que no se habló del proyecto caminero, pero ya con anterioridad se conocía de la carretera parte del corredor bioceánico y mencionó que se firmó un acuerdo hace dos años o quizás más con el gobernador suspendido, Mario Cossío, pero que ahora se hablan de otras carreteras, por lo que no se conoce qué están haciendo en la zona de Timboy, además de otros proyectos. "A la autoridad indígena le pedimos detalles sobre la situación del proyecto caminero y la consulta previa," dijo.

"No sé, pero al menos creo que como ellos tienen su equipo de abogados, por ello es que quienes saben mejor que yo son los compañeros porque yo recién es el primer día que me estoy informando sobre este problema", agregó.

Inmediatamente nos comunicamos vía telefónica con Florentino Zeballos, vicepresidente de la APG IG, pero éste señaló que no se encuentra autorizado para hablar de este tema y que además se encontraba con permiso ya hace tres días.

Le pedimos que nos pudiera dar referencias del número de celular del capitán grande de la zona y tampoco quiso hacerlo, haciendo nuevamente referencia a que no se encontraba autorizado.

Cuadro de dato

Según se detalla en las cláusulas décima y décima primera del proyecto de documento enviado a YPFB, la APG IG pretende cobrar compensaciones por las obras realizadas el año 2007 en la primera ampliación del Gasoducto Villa Montes - Tarija (GVT), por un monto de $us 1.988.000, que equivalen al 10% del monto invertido en esa primera ampliación, así como el 5% del monto de la inversión que se hará en la segunda ampliación.

[Fuente: El País, Tarija, 01may13]

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