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DERECHOS


13ago02


Continúan las amenazas contra integrantes de Justicia y Paz y reiteran solicitud de medidas cautelares de protección.


Bogotá, agosto 13 del 2002.
Señora HINA HILANI
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de Defensores de Derechos Humanos.

Reciba un respetuoso saludo.

El 7 de agosto del presente año, remitimos a su oficina un informe sobre la Situación de Riesgo de uno de los miembros de nuestra Comisión. Hoy nuevamente nos dirigimos a su oficina debido a que se han dado nuevamente amenazas dirigidas contra el integrante de nuestra Comisión DANILO RUEDA.

El viernes 9 de agosto a las 17:15 hora local se recibió en nuestras oficinas en Bogotá nuevamente una comunicación que dice: "SUFRAGIO: LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE DANILO RUEDA....EN SEPTIEMBRE. MUERTE DEFENSOR DE GUERRILLEROS. NO MÁS. La nota va acompañada con una cruz y una virgen como la que normalmente llevan los sufragios.

El martes 30 de julio, aproximadamente a las 9:30 hora local llegó a nuestra sede en Bogotá, una carta dirigida al integrante de nuestra Comisión en la que se expresa: "LE SOLISITAMOS RESPONDER A LA INVITACION DEL DIALOGO NO HUYA CUANDO LO VOLVAMOS A ABORDAR MANTENGA LA CALMA QUEREMOS ACLARAR SU SITUACION LE RECORDAMOS QUE USTED ES TODAVIA OBJETIVO MILITAR EL CARGO SER INTEGRANTE DE LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC O AUXILIAR LA PROXIMA VES NOS PODEMOS RESPONDER NO SE ESCONDA ES PEOR O NOS VEREMOS OBLIGADOS A OTROS METODOS ESTE ATENTO RECUERDE A ALMARALES EVITEMOS MAS PROBLEMAS"

El lunes 22 de julio a eso de las 21:30 hora local, el integrante de nuestra Comisión fue seguido durante cerca de 10 minutos cuando se dirigía al Terminal Puente Aéreo de Bogotá, a la altura de la avenida Boyacá desde la calle 63 aproximadamente, por dos hombres que se movilizaban en un automóvil de color vino tinto, marca Renault 19, en la que se transportaban dos hombres, uno de ellos con un arma, al parecer metralleta, quiénes intentaron cerrar en dos ocasiones el vehículo de servicio público en el que se transportaba el integrante de nuestra Comisión.

El lunes 8 de julio, alrededor de las 9:00 hora local, llego a nuestra oficinas en Bogotá una comunicación en la que se expresa: "DANILO RUEDA RODRÍGUEZ USTED FUE DECLARADO OBJETIVO MILITAR POR NUESTRA ORGANIZACIÓN. ESTA DECISIÓN NO ESTA MODIFICADA. DE ACUERDO CON NUESTRAS NUEVAS DIRECTRICES ANTES DE ACTUAR LA DECISIÓN DEL ESTADO MAYOR ES REALIZAR UNA GESTIÓN HUMANITARIA PARA CONVOCARLO A UNA REUNIÓN ACLARATORIA SOBRE SU RELACIÓN CON LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC A TRAVÉS DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ESTE ATENTO. AUC"

Solicitamos nuevamente que la medidas que sean exigidas al Estado colombiano sean adoptadas en el marco de los principios de las comunidades campesinas, basadas en el Derecho Internacional, en la legitimidad de las iniciativas de la población civil que libremente han decidido en medio de

la confrontación militar que vive la región, no ser involucradas directamente en el conflicto armado, lo que supone la adopción de medidas diferentes a la presencia militar en los asentamientos donde habitan las comunidades.

Reiteramos las solicitudes elevadas en marzo de este año y hace unos días, al nuevo gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez, tales como:

a) Al Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares que sostenga en su despacho y ante personalidades de las más altas calidades morales nacionales e internacionales, y ante nuestro Comité Ejecutivo, las pruebas que demuestren que los integrantes de nuestra Comisión estamos ejerciendo el derecho a la defensa de los derechos humanos articulados a una estrategia insurgente o como parte de la insurgencia o que nuestro ejercicio de defensa de los derechos de los afrocolombianos, mestizos e indígenas son un obstáculo en la confrontación militar con las FARC EP, así como, la adopción de las medidas tendientes a asegurar los medios de prevención diseñados por las comunidades.

b) Intervención administrativa del Presidente de la República frente a la Brigada XVII, sus responsabilidades por OMISIÓN, POR COMISION, PARTICIPACION O COMPLICIDAD en el desarrollo de los bloqueos económicos que desarrollan militarmente dentro de una estrategia encubierta en la que participan unidades de la Fuerza Pública

c) Pronunciamiento público del poder ejecutivo en respaldo a las iniciativas de ejercicio de derechos de la población civil y de los defensores de derechos humanos y organismos humanitarios internacionales, en estas regiones, a través de una directiva presidencial

d) Medidas políticas, administrativas y jurídicas para el congelamiento de las tierras de las comunidades campesinas y afrocolombianas, cese a la explotación ilegal por parte de empresas madereras y producción agroindustrial de Palma Africana y de coca, mientras persista el conflicto armado.

e) Respuesta a las medidas cautelares y provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con las comunidades.

Agradeciendo su atención,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ



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Este documento ha sido publicado el 14ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights