Indice Volumen I

Colombia Nunca Más


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El paso de las brigadas móviles...muerte y desolación

Tercera Etapa - 1989-1993

Capitulo IX

1. La Explotación Minera y el paso del Oleoducto Colombia

Dos fueron los factores preponderantes en el ámbito económico que le imprimieron al Bajo Nordeste Antioqueño una nueva dinámica, pues esta región es una de las más ricas en recursos naturales no renovables en el país, y además su localización geoestratégica hace apremiante su participación en proyectos económicos de gran envergadura, como es el paso del Oleoducto Colombia.

Es así como durante este período la explotación minera y el paso del oleoducto van a estar ligados a las relaciones de poder y a la comisión de crímenes de lesa humanidad, de un lado, al igual que a las respuestas organizativas y a las formas de resistencia del movimiento social y popular, de otro.

1.1. La resolución que empeoró la solución

El Nordeste Antioqueño, como gran parte del territorio nacional, desde siempre ha sido una zona rica en recursos naturales. Durante la Asamblea Mundial que reunió a 136 productores de oro y diamantes de todo el mundo en 1993, la región que abarca los municipios mineros del Nordeste fue considerada como una de las zonas auríferas más ricas del planeta.

En el mes de septiembre de 1991 el histórico conflicto entre la empresa Frontino Gold Mines y los mineros independientes tomó una nueva dimensión tras la firma de la Resolución N 1518, del 15 de Agosto de 1991, por parte del saliente Ministro de Minas y Energía, Luis Fernando Vergara, "por medio de la cual se ordena el cierre de unas explotaciones ilícitas", las cuales estaban siendo trabajadas por mineros independientes que durante toda su vida habían laborado en los alrededores de los terrenos que aún no eran de propiedad de la Frontino. Con ello se le estaban entregando nuevamente a la empresa las minas que explotaban los pequeños mineros y que significan el sustento del 90% de la población, tanto de Segovia como de Remedios, pues la Resolución abarcaba terrenos de estos dos municipios.

Algunos medios reseñaron así el problema:

"Cerca de 10.000 personas de la población minera de Segovia queda rían sin trabajo y sin sustento económico, a raíz de una resolución expedida recientemente por el Ministerio de Minas y Energía, en la que se autoriza el cierre inmediato de unas 40 minas que operan en esta municipalidad del Nordeste Antioqueño" (1)

La situación fue denunciada igualmente por la Cooperativa Integral de Tra bajo Asociado "Mineros el Tierrero", en el mes de noviembre de 1991, en los siguientes términos:

"Como es de público conocimiento de la ciudadanía de Segovia y en general de la región que comprende el eje minero del Nordeste Antioqueño, los mineros independientes que trabajan permanentemente en la jurisdicción del Municipio de Segovia y parte de los límites de la población de Remedios, fueron asaltados por los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, con la valiosa, sagaz y malintencionada colaboración de los empleados de la Frontino Gold Mines a través de la Resolución 1518 del 15 de agosto de 1991, 'por medio de la cual se ordena el cierre de unas explotaciones ilícitas" (2)

Con esta resolución del Gobierno Nacional, quedaba el campo expedito para que las minas municipales y otras de la Frontino, que estaban siendo explotadas por mineros independientes, pudieran ser adquiridas definitivamente por la compañía extranjera para satisfacer su voraz apetito expansionista. Así mismo, el cierre que se hizo efectivo de algunas minas ocasionó una situación de recesión económica significativa que comenzó a agravarse en el momento en que se complementó con la expedición de algunas medidas que prohibían la tenencia de dinamita por parte de particulares, so pretexto de que quienes lo hicieran serían sospechosos de pertenecer o colaborar con la subversión.

Este nuevo mecanismo utilizado para explotar en su totalidad el subsuelo del eje minero del Nordeste estuvo avalado nuevamente por los intereses de César Augusto Pérez García en alianza con empleados de la Frontino y que a su vez son militantes del Partido Liberal.

A raíz de toda la problemática generada a partir de esta descarada expropiación del subsuelo a los cientos de familias que vivían de la explotación de estas minas, se realizaron reuniones con los alcaldes, secretarios del Ministerio de Minas y Energía de Antioquia y visitas al Ministro de Minas a Bogotá. Para este período la empresa Frontino Gold Mines poseía 2.800 hectáreas de tierra en esta región, en las cuales existían alrededor de 150 minas de invasión.

Los argumentos del Comité de Mineros del Nordeste, que se creó como un mecanismo de reclamar conjuntamente los derechos que estaban siendo vulnerados, eran los siguientes:

Que de aplicarse la resolución en mención, cerca de 15.000 personas quedarían directamente o indirectamente sin empleo, con las gravísimas consecuencias para sus familias y el impacto socio económico para toda la región del Nordeste Antioqueño.

Que para nadie es desconocido que nuestra región es una de las más afectadas por la violencia en nuestro país, por la conjugación de distintos fenómenos, entre los principales el paramilitarismo y la guerrilla y la decisión del cierre de minas no era más que otro aspecto nuevo que se le antepone al deteriorado estado social y de orden público de la región.

Que es cierto que a la fecha ninguna de las minas tiene un título o escritura propia por quienes las trabajan y todas en su mayoría se encuentran ubicadas en terrenos que ya han sido comprados por la Frontino; pero la mayoría de los mineros llevan allí trabajando ya hace varios años y nunca se les ha dado la posibilidad de tener derecho sobre ellas; ya que son consideradas como reservas para la explotación de la Empresa. Por eso la tramitación de legalización ha sido tendenciosa y sujeta a los compromisos de la multinacional con el Ministerio de Minas y Energía porque estos funcionarios llegaron engañando a los mineros, diciéndoles que se trataba de una visita de estudio para prestarles apoyo técnico a tan peligroso oficio y el cual tienen que realizarlo de una forma rudimentaria.

También rechazaron la utilización de la fuerza pública (ejército) que para garantizar que los mineros desocuparan sus minas, se acantonaron en las entradas de las minas y hasta los sacaron por la fuerza y amenazas.

Como consecuencia del cierre de algunas minas, se ha presentado desde 1991 una recesión económica que ha traído consigo otros problemas sociales, donde no sólo se les aplicó dicha resolución, sino, que por otra parte se implementaron mecanismos para que los mineros no obtuvieran la dinamita, y al mismo tiempo a la persona que le encontraran algún pedazo de este material, el Ejército se lo decomisaba y lo detenía aduciendo que era utilizada para atentar contra el Oleoducto Colombia que atraviesa la geografía de varios municipios del Nordeste Antioqueño, entre ellos Segovia y Remedios. Así varios mineros fueron a parar a la cárcel sindicados por los delitos de rebelión, básicamente.

1.2. Las venas del oro negro

A partir de la construcción del oleoducto Colombia durante los años 1989 - 1992 (Oleoducto Vasconia Coveñas el cual cuenta con una capacidad de bombeo de 150.000 barriles diarios, un diámetro de 0.6 metros y una ex tensión de 480 kilómetros que van desde el municipio de Puerto Boyacá la costa atlántica), se comienza con rigor la militarización de la región y se incrementan las violaciones a los derechos humanos, en especial contra los habitantes de la franja que rodea el oleoducto. En esa franja que cubría 62 kilómetros fueron establecidos 8 retenes militares permanentes. El accionar del Batallón Bomboná y de las Brigadas Móviles N 1 y 2 se centra en desalojar a las comunidades ubicadas sobre el trazado del oleoducto, desarticulándolas mediante detenciones, amenazas y estigmatizaciones. Sin fundamento se incoaban procesos judiciales que daban pié para presionar detenciones preventivas por 30 meses.

A partir de 1990 se incrementó en Segovia la explotación minera a través de retroexcavadoras en los ríos y en las tierras bajas, casualmente por donde se construía el oleoducto, lo que ocasionó la destrucción ambiental de las aguas por la contaminación con mercurio y la sedimentación; se incrementó la malaria, pues las retroexcavadoras hacían huecos profundos que se llenaban de agua la cual al descomponerse producía diversas enfermedades. La explotación irracional y desordenada del oro causó problemas de deterioro y contaminación del medio ambiente.

Con las retroexcavadoras y la nueva bonanza aurífera se dio un repoblamiento temporal de las zonas del trazado del oleoducto. La ma quinaria provenía de Caucasia y Anorí, y con ella llegaron mineros que se conocen como los mazamorreros, los cuales buscaban el metal precioso en los huecos dejados por la retroexcavadoras. Esta técnica se extendió a los municipios de Remedios, el Bagre y Zaragoza. Con la llegada de esta forma de explotación minera se incrementó igualmente la delincuencia común y la prostitución en la región. Al lado de los mazamorreros llegaron infiltrados que tenían la misión de identificara los líderes comunitarios de dichas zonas, para ser sometidos después a diversas tipos de atentados.

Las explotaciones 1991 permitieron aumentar las reservas petrolíferas del país en 60 millones de barriles, contra sólo 17 millones descubiertos en 1990. Ese mismo año, 1991, se firmaron 22 nuevos contratos de asociación con empresas extranjeras, lo que elevó a 92 el número de contratos vigentes. Los ingresos de Ecopetrol tuvieron un ligero incremento y las utilidades superaron los 140 mil millones de pesos, siendo de lejos las más altas del país. (3)

2. La Vida y la Dignidad Persisten

Los procesos organizativos en el Bajo Nordeste Antioqueño han persistido a pesar del ataque frontal de las fuerzas militares en su estrategia de guerra sucia.

Dichos procesos han atravesado por las crisis propias que acarrea el ser objetivo directo del terrorismo de Estado, situación por la que han atravesado con fortaleza, y que si bien no permitió que las organizaciones se mantuvieran con la misma vitalidad, sí les permitió mantenerse en la defensa de lo esencial: la vida y la dignidad.

En este período encontramos en la región tres formas principales de organización comunitaria: las nacientes Juntas Cívicas, las cuales logran canalizar el descontento tanto de los sectores organizados como del pueblo en general; La formación y consolidación de los Comités de Derechos Humanos, los cuales surgieron tras la urgente necesidad de defender la vida, en especial la de los habitantes de las zonas rurales de estos municipios, que se habían convertido en blanco de las agresiones militares y paramilitares; y la tenacidad de la U.P para mantenerse en el escenario político, así fuera a través de coaliciones.

Los mineros independientes, de igual forma, se vieron urgidos a organizarse y pronunciarse frente a las determinaciones gubernamentales para acabar con sus formas propias de sustento y sobrevivencia.

Se debe resaltar el exterminio de las formas organizativas propias de los campesinos que otrora sobresalieron por su empuje y tenacidad a la hora de defender y luchar por sus derechos; durante este período se asiste a la culminación del aniquilamiento del Movimiento 27 de Febrero, que se extinguió en 1991.

2.1. Las Juntas Cívicas: opción tenaz de resistencia

Las Juntas Cívicas nacieron como respuesta a la urgente necesidad de unidad popular que se sentía en Remedios y Segovia. En sus comienzos caminaron de la mano con el Movimiento Campesino 27 de Febrero, ya que muchos de sus integrantes eran habitantes de los barrios marginados que se conformaron luego del desplazamiento de las zonas rurales de estos municipios.

Dicha expresión organizativa aglutinaba a diferentes sectores organiza dos de estas poblaciones y sumaba sus distintas reivindicaciones haciéndolas propias bajo una sola lucha: vida digna para todos.

Entre las reivindicaciones que se fueron formulando y convirtiendo en plataforma común, estaban: venta directa de dinamita, como elemento esencial para la realización del trabajo de los mineros independientes; mayor y mejor cobertura de servicios públicos en los barrios marginales; reconocimiento y respeto a las convenciones colectivas de los sindicatos; dotación de escuelas e incremento de la planta de profesores para cubrir las veredas y los barrios; regulación a la proliferación de rifas (tras éstas llegaron a la región vendedores infiltrados que trabajaban para los milita res); y el establecimiento de zonas para la ubicación de los vendedores ambulantes, entre otras.

El Comité de Derechos Humanos participó en el proceso de las Juntas Cívicas; éste tramitaba las denuncias y estaba atento a las agresiones en aras de proteger y defender los derechos básicos de la población. A su vez varias organizaciones de las Juntas Cívicas tenían un delegado en dicho Comité

En las Juntas Cívicas se veían reflejados los intereses de los mineros independientes, de las Juntas de Acción Comunal, de los sindicatos, del magisterio, de los chanceros y de los vendedores ambulantes. Todos ellos daban vitalidad a la Junta Cívica. Sus acciones reivindicativas eran los paros cívicos, los cuales contaban con el apoyo de la población, incluyen do el comercio; en el desarrollo de dichas manifestaciones se realizaban asambleas populares en el parque central.

En un extracto de un comunicado a la opinión pública, luego de la negocia ción del pliego de marzo de 1993, se puede evidenciar el sentido de la Junta Cívica: en dicha ocasión se logró comprometer al gobierno departa mental, destinando al desarrollo de la región las regalías pertenecientes a dichos municipios y mejorando las condiciones básicas para el trabajo de los mineros independientes, como la venta de dinamita y su no judicialización:

"La Junta Cívica de Segovia, La Cruzada y Remedios, nombrada en Asamblea Popular, agradece al pueblo en general el respaldo solidario prestado en el Paro Cívico realizado en esta región del Nordeste; debido a su apoyo y decisión logramos sacar adelante nuestro objetivo..." (4)

2.2. Una esperanza en la desolación: los Comités de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos de Segovia nació en 1989, como una necesidad de la comunidad de defenderse de las acciones violentas que anegaban en lágrimas, luto y terror al municipio. El antecedente más cerca no que dio origen al Comité fue la masacre de 43 pobladores y las heridas causadas a 50 más, el 11 de Noviembre de 1988, en las calles del poblado.

La situación de violencia, expresada en una grave situación de marginamiénto social, de pobreza, de desplazamiento forzado del campo hacia el área urbana, la impunidad, las detenciones arbitrarias, los asesinatos selectivos, los bombardeos y el abandono estatal en materia de obras de infraestructura y desarrollo social, hicieron que el Comité de Derechos Humanos fuera conformado por diferentes sectores socia les : la Iglesia, los sindicatos, las Juntas de Acción Comunal, los educa dores, partidos de oposición como la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, así como personalidades democráticas reconocidas en el municipio.

Dentro de los objetivos que se propuso el Comité desde sus orígenes estaban:

Denuncia de los problemas sociales que estaban afectando a la comunidad.

Asistencia social a las comunidades que llegaban del campo por los enfrentamientos entre ejército y guerrilla y que se ubicaban en barrios de invasión en las zonas periféricas del municipio en condiciones infrahumanas.

Capacitación y formación en derechos humanos a las organizaciones sociales y populares existentes en el municipio.

Denunciar las violaciones a los derechos humanos ante instancias locales, nacionales e internacionales.

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la necesidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos.

Acompañar a las comunidades y organizaciones en sus luchas reivindicativas.

En 1991 se denuncian en el municipio una serie de atropellos sistemáticos contra las comunidades campesinas de la zona de influencia de construcción del oleoducto. Dichas comunidades comenzaron a ser objeto de hostigamientos, amenazas y señalamientos, debido a lo cual muchos tuvieron que abandonar sus parcelas por temor a ser asesinados o encarcelados arbitrariamente. El Comité inició una labor permanente de denuncia contra los atropellos que estaban cometiendo las Brigadas Móviles N 1 y 2.

La exigencia ante las autoridades civiles, como personeros y administradores locales, y la insistencia en el cumplimiento de sus funciones, hicieron que la labor del Comité fuera importante y reconocida. El Personero dejó de ser de escritorio y se volvió más activo: comenzó a recepcionar las denuncias, a averiguar por detenidos, a acompaña a las comunidades en sus movilizaciones, a inspeccionar los lugares donde se perpetraban violaciones, como instalaciones militares, para comprobar el estado de los detenidos, a servir de garante en acuerdos entre las comunidades, el municipio y el departamento. Estas eran algunas de las actividades que se le exigieron a los Personeros.

El Comité, desarrolló actividades de acompañamiento a las comunidades rurales, y a las organizaciones sociales, organizando talleres de formación y educación en derechos humanos. La cobertura del trabajo de denuncia fue abierta a todas las personas que lo soliciten y encaminada a saber qué son los derechos humanos, cómo defenderlos y ante qué instancias exigir su defensa.

En 1992 la labor de derechos humanos desarrollada por el Comité se proyectó a los municipios vecinos de Remedios, Vegachí, Yolombó, Zaragoza y Amalfi. Allí se conformaron comités municipales, dando los primeros pasos para lo que sería el Comité de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño.

El fortalecimiento de una coordinación regional en materia de Derechos Humanos comenzó a preocupar mucho más a las autoridades militares y policiales, quienes solicitaron a la Personería y a la Administración Municipal que se definiera el status legal del Comité. En ese momento se escuchaban comentarios permanentes hechos por los militares como; "ese comité se ha vuelto una piedra en el zapato" "Esos cuatro o cinco mechudos nos están causando problemas".

Esta situación llevó a que se citara a una reunión, la cual fue convocada por el Alcalde, los comandantes del Ejército y de Policía, el Personero y dos representantes del Concejo Municipal, con el objetivo de "democratizar" el Comité. El único objetivo del Comandante de Policía era el de que se integrara un agente al Comité. Ante la negativa del Comité, los señalamientos y amenazas se fueron incrementando.

Se inician entonces gestiones para solicitar al Alcalde y al Personero del municipio de Segovia que presentaran un proyecto de Acuerdo al Concejo municipal sobre el reconocimiento legal del Comité de Derechos Humanos en el municipio de Segovia y se le asignaran los correspondientes recursos para su funcionamiento. Efectivamente, en agosto de 1992, por Acuerdo 022 del Concejo municipal, el Comité fue reconocido.

2.3. Acompañar a las comunidades...sentencia de muerte al Comité

Para el 12 de octubre de 1992 se realizaban preparativos por parte de las organizaciones sociales, populares y sindicales, con miras a la "Conmemoración de los 500 años de Resistencia". El Comité acompañó el proceso iniciado por la una comunidad indígena, la cual venía exigiendo de las autoridades locales tierra, medicinas y escuelas, entre otras reivindicaciones.

El Ejército impidió que los 150 indígenas llegaran a la cabecera municipal. Fueron detenidos arbitrariamente el Personero Municipal y el Coordinador del Comité de Derechos Humanos, Jesús Ramiro Zapata, recibiendo de los militares acusaciones como: "ustedes también son guerrilleros'.

El mismo 12 de octubre de 1992, en un Consejo de Seguridad, el Mayor Murillo amenazó a los miembros del Comité mediante la incriminación de que detrás de estas actividades estaba la guerrilla. El Comité sirvió de garante de los acuerdos firmados en ese tiempo y cuatro años después, en 1996, los indígenas Emberá Chamí, de la comunidad Tagual 'La Po', recibían los títulos de propiedad de sus tierras.

A comienzos de 1993 se realizó en el municipio de Amalfi un encuentro de líderes. El entonces Alcalde de ese municipio, Jairo Alberto Llano, hizo la propuesta a los asistentes de fortalecer el Comité Regional de Derechos Humanos, dada la similitud de hechos que padecían los municipios de esta importante región del departamento. En abril de ese mismo año, los comités de Segovia y Remedios convocaron a las organizaciones sociales del Nordeste al Primer Foro Regional de Derechos Humanos

2.4. La oposición política

Tras la frontal arremetida contra la U.P en 1988, este proyecto político pasó casi desapercibido en las elecciones de 1990 en estos dos municipios. Además a esto se le sumó el asesinato, en 1989, de varios de sus dirigentes en la región y la renuncia, ese mismo año, de la Alcaldesa de Segovia, tras las permanentes amenazas de muerte a que venía siendo sometida.

Para 1992, esta área tenía registradas 67,047 cédulas correspondientes al 36.4% de la población total de la región. (5) En ese año se presentó una abstención del 60.1%; fueron elegidos para el período 1992 - 1994, siete liberales y tres conservadores en esta región. Ese mismo año la U.P recuperaría la alcaldía de Remedios en coalición con la Junta Cívica, mientras que en Segovia primaría una coalición de liberales y conservadores.

Fueron elegidos para ese período: en Remedios Carlos Enrique Rojo Uribe, por una coalición entre la U.P y el movimiento cívico; en Segovia Martín Alberto Cuassi Cifientes, por una coalición liberal-conservadora. El primero sería asesinado en agosto de 1997, mientras que el segundo volvería a ocupar dicho cargo para el período 1998 - 2000, el cual no logró culminar, pues se vio obligado a exilarse por las continuas amenazas de muerte y los dos atentados de que fue objeto a manos de los paramilitares de la región.

En consecuencia, los gobiernos municipales para este período serían:

PERIODO SEGOVIA REMEDIOS
1988-1990 Rita Ivonne Pabón, U.P.(6) JoséAlberto Restrepo Pérez, Gobierno EIkin de Jesús Martínez Alvarez (7), UP
Carlos Mario Restrepo Molina, Encargado
1990-1992 Gilberto Barrada Agudelo, Liberal Guillermo Duque, Liberal
1992-1994 Martín Alberto Cuassi Cifuentes (8), Coalición liberal-conservador Carlos Enrique Rojo Uribe, U.P. Movimiento Cívico

3. La Confrontación Armada y sus Actores

3.1. Las Brigadas móviles en acción... Autodefensas del Nordeste Antioqueño -ANA-

Como antesala al agotamiento de la sigla que utilizaron los militares y paramilitares para desarrollar la guerra sucia en el Bajo Nordeste Antioqueño, específicamente el MRN realizó, entre 1989 y 1990, varias acciones con miras a reafirmar el poderío político alcanzado con la masacre de 43 personas en 1988. Estas se concretaron en el asesinato de líderes campesinos y militantes de la U.P En algunas ocasiones los victimarios reivindicarían sus crímenes bajo el paraguas de Los Blancos. (9)

"Los nexos entre estas siglas paramilitares y las tropas acantonadas en la región se harían nuevamente evidentes en 1990. El 22 de febrero, varios ciudadanos de Segovia habían retenido a un hombre que introducía un panfleto del MRN por debajo de la puerta de la alcaldía. Se amenazaba al burgomaestre de la población. El paramilitar resultaría ser el soldado Diego León García Porras, del Batallón Bomboná. Momentos antes de tratar de introducir la amenaza, el soldado García Porras había sido visto con un grupo de hombres que habían pintado letreros en las paredes de Segovia amenazando a la población con una nueva masacre. Varios de ellos fueron vistos ingresando a las instalaciones del Batallón Bomboná". (10)

Como consecuencia de los bajos resultados electorales logrados en 1990 por la U.P, se presentó durante 1991 una disminución en los asesinatos a sus integrantes, con relación a lo ocurrido en 1988 y 1989. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los atentados contra los campesinos de la región que eran víctimas de la campaña contrainsurgente adelantada por los militares y policías que hacían presencia en la zona. Con la entrada en funcionamiento de la Brigada Móvil N 1 a finales de 1990, y la N 2 a finales de 1991, se agudizó la represión a los campesinos. Apoyados por el Batallón Bomboná adscrito a la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío, el Batallón Contraguerrilla No. 47 "Héroes de Tacines" y "Palagua"; se reforzó la región del El Bagre con el Comando Operativo N 9. En la zona también opera el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

Para este período se redujeron casi por completo los atentados de la banda paramilitar denominada Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Entre 1990 y 1991 se presentó nuevamente un aumento de asesinatos por motivos políticos, siendo la parte rural la mas afectada, debido a los operativos contrainsurgentes realizados por miembros del ejército, especialmente por los soldados adscritos a las brigadas móviles. La situación se tornó mas crítica a finales de 1990 cuando inició operaciones la Brigada Móvil N 1 y se acentuó más a finales de 1991, al iniciar operaciones la Brigada Móvil N 2. Por esos mismos días, "el grupo paramilitar 'Autodefensas del Nordeste Antioqueño - ANA' hizo su aparición en la región, instalando un retén en la vía Zaragoza - Segovia, a escasos 400 metros de un puesto de control del Ejército. Según un testigo presencial, momentos antes, varios de los integrantes de ese comando paramilitar habían sido vistos descendiendo de un helicóptero del Ejército. En algunas de sus posteriores incursiones, miembros de ANA reivindicarían al MRN y afirmarían estar respaldados por compañías mineras de la región, por el Ejército y por la Policía, así como también por el MAS de Puerto Boyacá". (11)

Los integrantes del ANA amenazaron a los ciudadanos que habían votado en las pasadas elecciones por la Unión Patriótica y los exhortaban bajo amenazas de muerte a que no votaran en las próximas elecciones por los candidatos de esta fuerza política.

La Brigada Móvil no solo cumplió la misión de combatir a la insurgencia armada, y de asegurar el trazado del oleoducto y la maquinaria, sino también la de generar terror psicológico y físico en las comunidades y levantar información tendiente a identificar a los líderes de las diferentes Acciones Comunales. El método utilizado en este caso fue sencillo: obsequiar a los niños dulces para apropiarse de su información. Así, de esta manera obtuvieron la información supuestamente necesaria para ir deteniendo y judicializando a los principales líderes populares.

La población rural ha sido de las más afectadas en la actividad criminal. El Ejército, en su actividad contrainsurgente, ha realizado acciones violentas contra esta población: asesinatos, torturas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, obligación de servir como guías. Los lideres populares han aportado una gran cuota de muertos, al ser considerados por las organizaciones castrenses como colaboradores de la subversión o poco amigos del Ejército.

3.2. Petróleo, soberanía e insurgencia

Desde el trazado del Oleoducto Colombia se presentaron constantes confrontaciones armadas en la región, ya que la insurgencia armada consideraba el modelo vigente de explotación de los hidrocarburos como una expropiación de las riquezas nacionales por parte de empresas transnacionales; de allí que se opusiera rotundamente a la construcción del oleoducto y manifestara esa oposición en acciones de destrucción de maquinaria, quema de camiones transportadores y voladura de tramos del mismo oleoducto.

En la región seguían haciendo presencia las FARC, con los frentes IV y XXXVII, y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, con los frentes "José Antonio Galán" y "María Cano" y con sus compañías "Cimarrón" y "Cuatro de Julio".

La estrategia de los militares consistió en dirigir la represión contra el campesinado, involucrando directamente a los pobladores de la región, frente a lo cual las juntas veredales y barriales exigían: a) No comprometer al campesino en el cuidado del tubo; b) Acabar con las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos cometidos por los militares y sus paramilitares; c) Que el oleoducto no pasara cerca de sus viviendas, sino por lo menos a 200 metros de distancia; d) Controlar los efectos ambientales; y e) Dejar claro cuáles serían los beneficios que traería el oleoducto a la región.

Ninguna de estas exigencias se logró, ya que los campesinos siguieron siendo señalados como colaboradores de las guerrillas y por tanto responsables de la voladura de la tubería. Continuó, pues, la represión estatal y paraestatal, y en muchos casos el oleoducto pasó por el patio de las viviendas. Los efectos ambientales fueron devastadores, por ejemplo, en el río Pocuné se acabó la pesca. Finalmente, la población no logró aprovechar ningún beneficio del paso del oleoducto: algunos se quedaron en promesas, pero ninguno fue disfrutado por la población que tuvo que emigrar, acosada por el terror.

4. Los Crímenes de Lesa Humanidad

El 10 y 11 de noviembre de 1989, justo un año después de la cruel masacre, los pobladores de la región realizaron algunas actividades en recuerdo de las víctimas de ese brutal crimen: en un foro denunciaron que "la represión ha continuado. En lo que va corrido del año han sido asesinados varios militantes de la Unión Patriótica, mientras muchos más continúan recibiendo amenazas, como el caso de la alcaldesa, Rita Ivonne Tobón". (12) La Alcaldesa tuvo que abandonar el país una semana después del foro ante las apremiantes amenazas contra su vida. El 12 de noviembre, un grupo paramilitar realizó un operativo contra los organizadores de dicho foro: un reten de 30 hombres apostado en la vía a El Bagre esperaba a los dirigentes del Movimiento 27 de Febrero. Afortunadamente esto habían tomado otra ruta de regreso a su sitio de trabajo. En 1989 se lograron esclarecer los siguientes casos:

El 12 de marzo de 1989, en el municipio de Remedios, fueron asesinaos los mineros Arsenio Zapata, Jorge Juan Sepulveda Gómez, Arcesio Zapata Gómez de 60 años de edad, y los hermanos Gerardo y Jorge Zapata, por el grupo paramilitar MRN, esta vez denominado Los Blancos, que llegó hacia las 8 de la noche a la Inspección Departamental Santa Isabel; a esa hora asesinaron a los dos primeros; dos horas después, 3 mineros más fueron asesinados en el mismo lugar, por los mismos sujetos.

El 18 de junio de 1989, en el municipio de Segovia, fue asesinado u hombre sin identificar, por un policía de civil y armado en un establecimiento público ubicado en el perímetro urbano. La denuncia fue hecha por el dueño del establecimiento y con testigos presenciales. Según ellos, El policía empezó discutiendo con un civil, para luego sacar el arma y disparar, asesinando a una persona e hiriendo a tres más. El martes siguiente el Capitán de la Policía procedió a sellar el establecimiento por siete días, medida ésta considerada arbitraria por el propietario, quien esperaba se le ofrecieran disculpas y se le cubrieran los daños causados, ya que el responsable había sido un agente de esa institución.

El 8 de agosto de 1989, en el mismo municipio, el joven José Alberto Gallego, quien se desempeñaba como ayudante de ganadería, fue tirado por policías desde un helicóptero en marcha. La víctima se encontraba arriando unas reses en la vereda El Río, cuando aterrizó el helicóptero con soldados y un individuo de civil, lo obligaron a subir en el aparato y le hicieron reconocer en Cañaveral algunos lugares donde supuestamente estaba la guerrilla. Luego abrieron la portezuela y le dijeron que saltara, como no lo hizo, el hombre de civil lo empujó, cayendo y maltratándose gravemente.

El primero de diciembre de 1989 el obrero Elkin de Jesús Pérez fue detenido y torturado por el agente de la Policía Gabriel González. El hecho se presentó en la estación de Policía de Segovia.

En 1990 se presentaron varios casos de abuso de autoridad, incluyendo la detención y tortura de Jairo Antonio Ochoa el 7 de marzo, quien fue acusado por la fuerza pública de ser un guerrillero; al momento de denunciar los hechos en Remedios la víctima mostró varias cicatrices y señales de tortura. Por lo demás se estableció que el Ejército maltrató el 5 de julio a Blanca Nancy Laverde quien se encontraba embarazada y a su pequeña hija; las víctimas denunciaron que el Mayor Acosta allanaba la vivienda con frecuencia, ubicada en el municipio de Segovia, acusándolos de ser guerrilleros. Que en esta última vez, el citado oficial la estrujó a ella y a su hija de siete años, causándole problemas en su embarazo, además su esposo fue detenido. El mismo día el homosexual Duvan Adolfo Rodríguez fue violado por un policía, quien lo amenazó con revólver; el hecho sucedió cuando varios policías entraron al Bar Astral, ubicado en Segovia, el cual es frecuentado por homosexuales y trabajadoras sexuales; uno de los policías hizo subir a una pieza al denunciante y con revólver en mano lo obligó contra su voluntad a practicar actividades sexuales; luego lo amenazó de muerte si contaba lo sucedido. El 11 de noviembre sería detenido y golpeado por varios policías Gabriel Jaime Palacio López, quien se encontraba ebrio en el momento de los hechos.

4.1. "Limpiar" para controlar

Otro sector golpeado por la ola de asesinatos fue el de los marginados y en particular la población ubicada en las zonas de tolerancia del municipio Segovia. La zona de tolerancia que mayor impacto ha sufrido a sido La Montañita. Esta zona tuvo que soportar la muerte de 45 personas durante 16 días; en estos hechos la población logró reconocer a varios de los agresores como integrantes de la Policía; incluso en algunos casos utilizaron carros de la institución para realizar los desplazamientos. Lo sorprendente es que estos hechos no han originado investigación alguna y las autoridades civiles no han realizado ningún tipo de manifestación. Hechos como estos muestran la complicidad entre autoridades militares, judiciales y civiles con la horda de criminales asentados en esta golpeada zona del departamento de Antioquia.

En 1991 hubo dos masacres en el casco urbano de Segovia, dirigidas contra drogadictos básicamente. En total 15 personas fueron asesinadas. Se sabe que es "limpieza social" perpetuada por el Comando de la Policía. Se logró precisar estos casos:

El 19 de agosto de 1991 fueron asesinados en Segovia los mineros Fabián Giraldo Rúa, de 24 años, Leonardo de Jesús Lopera Blandón, de 33 años y Rodrigo Antonio Valencia Rodríguez, de 37 años, la empleada del servicio doméstico Girlesa de Jesus Yarce Cadavid, de 30 años, Marta Ligia Vasquez Echavarria, de 43 años y Rafael NN., de 30 años. Al parecer las víctimas eran drogadictos, por lo que las autoridades sindicaron del hecho a grupos de limpieza social. Según otra fuente, las víctimas habían recibido amenazas de muerte por desconocidos que llegaron a la población y luego desaparecieron. El crimen ocurrió en la calle Nariño, del barrio Montañita, zona de tolerancia de esa población. Los asesinos iban encapuchados y vestidos con sudaderas; se movilizaban a píe mientras "al otro extremo de la calle los esperaba una patrulla de la Policía". (13)

El 2 de septiembre, en horas de la madrugada, un grupo de hombres encapuchados que vestían sudaderas asesinaron a dos personas; "un sobreviviente del atentado logró descubrirle el rostro a uno de los agresores, quitarle los documentos de identificación y huir. Dichos documentos pertenecían a Diego De la Roche Hernández, agente de Policía Nacional asignado al comando de Segovia-. Una de las personas que declaró sobre ese hecho aseguró que se había logrado reconocer a otro agente de la Policía de apellido Gómez". (14)

El día 30 de septiembre, en la misma zona de tolerancia fueron asesinados por un grupo de hombres encapuchados y vestidos con sudaderas, quienes portaban armas de corto alcance y se desplazaban a pie, el minero independiente Euclides Tapacua, de 35 años, el trabajador de la Frontino Gold Mines José Guillermo Restrepo Gutiérrez, de 36 años, el artista John Jairo Ceballos Villa, de 30 años, el albañil Gabriel Januario Jiménez Sierra, de 28 años, el mesero Ramiro de Jesús Agudelo Ramírez, de 27 años y el relojero Jorge Alirio Ríos Marín, de 40 años. En el mismo hecho resultó herida una mujer quien murió días después; esta mujer logró forcejear con uno de los victimarios y en su disputa éste perdió sus documentos de identificación, documentos que fueron recogidos y entregados al Ejército de Liberación Nacional, quienes días después, en un boletín, los divulgó. Allí se encontraba la tarjeta de un cabo de la Policía perteneciente a la subestación. Dicho suboficial sería trasladado al poco tiempo.

Los asesinos, "luego de cometer los homicidios, abordaron una camioneta de la Policía. La tarde anterior, la Policía había realizado en el sector intensos operativos de registro y control". (15)

4.2. La ronda de la muerte de las Brigadas Móviles... y otros demonios

La población rural fue la más afectada por la actividad criminal de las brigadas móviles que llegaron a la región desde finales de 1990. Primero lo hizo la N 1, y un año después la reemplazó la N 2. Ha sido una constan- te de la actividad del Ejército considerar a la población civil de las áreas de conflicto como el blanco principal de su lucha contrainsurgente, siguiendo el principio de que esa población es la razón de la presencia de la guerrilla, y por lo tanto, golpeándola, se golpea indirectamente a la guerrilla. Por eso los campesinos han sido objeto de todo tipo de atropellos.

Los campesinos se han quejado de la forma como el Ejército les aplica todo tipo de maltrato buscando que den información sobre la ubicación de los grupos guerrilleros o confiesen su participación en actividades subversivas. Es muy común que los militares obliguen a los campesinos a que les sirvan de guías; para esto los uniforman y les entregan un fusil sin munición, colocándolos en la cabeza de la marcha, con el fin de que en caso de ataque sean los primeros en caer; luego les hacen firmar documentos en que manifiestan que su labor fue "voluntaria". En ocasiones los obligan a realizar estas labores bajo amenazas de ser judicializados a través de "testigos con reserva de identidad" o "informes de inteligencia militar", acusándolos de ser terroristas. Los casos referenciados hasta ahora son:

El 29 de enero de 1991 en la vereda Juan Tereso, del municipio de Segovia, fueron detenidos legalmente y torturados por militares de la Brigada Móvil N 1, Ariel Pérez, su esposa Aracelly Osorio y Francisco León Londoño. Momentos antes de su detención guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional habían incinerado dos vehículos tipo tractomula que transportaban tubería para el Oleoducto Colombia. En la reacción de los militares se presentó un enfrentamiento con los guerrilleros; en apoyo de la operación militar hizo presencia un helicóptero artillado en el que murió su copiloto.

Cuando se desarrollaban estos hechos, Ariel se encontraba barequeando en el río Pocuné, en compañía de otros mineros, quedando todos en medio de la confrontación. Cuando se escuchaban menos disparos, las personas que se encontraban con él se refugiaron en el caserío ubicado a orillas de la vía, mientras Ariel se fue para su casa, ubicada en una pequeña parcela un poco distante del caserío.

Estando Ariel dentro de la casa, arreció nuevamente el enfrentamiento en los alrededores y escuchó sobrevolar el helicóptero, el cual bombardeo parte de su casa destruyendo totalmente la cocina; milagrosamente Ariel, su esposa y sus hijos lograron escapar de la honda explosiva.

Pasado el enfrentamiento, hicieron presencia los militares quienes detuvieron a Ariel y a otros mineros y los condujeron a la base militar del Batallón Bomboná. De allí fueron trasladados en helicóptero hasta Caucasia donde fueron recluidos. Los demás mineros recobraron su libertad pocos días después, mientras que Ariel y Aracelly fueron acusados de "terrorismo".

La detención preventiva de este campesino, miembro de la Acción Comunal de su vereda, duró treinta y un meses. Durante este tiempo pasó por las cárceles de Caucasia, Montería y Bellavista en Medellín.

El primero de marzo de 1991, en la vereda Gorgona, del municipio de Remedios, fue asesinado por varios hombres el militante del Partido Comunista Carlos Alberto Montoya.

El 12 de junio de 1991 en el municipio de Segovia fue detenido y golpeado en el Comando de Policía, por el agente identificado con la placa N 4364, el trabajador de este municipio y miembro del sindicato del mismo, John Kennedy Agudelo Gallo. Fue encerrado en un baño mal oliente y expuesto a escuchar torturas infligidas a otro detenido; posteriormente fue maltratado y golpeado por policías, quienes al día siguiente, al tener conocimiento de la existencia de testigos, los buscaron y lo amenazaron con el fin de que no denunciara lo ocurrido, de lo cual también hubo testigos. Días antes se había llevado a cabo un paro de los trabajadores municipales promovido por el sindicato que duró 18 días, pues se había violado la convención colectiva; dicha acción popular contó con la solidaridad y apoyo de los comerciantes y la población en general.

El 3 de septiembre de 1991, en la cárcel municipal de Remedios, fue sometida a malos tratos por miembros de la Policía la señora María Leonila Guisad de Carvajal, quien se hallaba detenida en dicho lugar. Como responsable del hecho se señaló al agente de Policía de apellido Rúa. La Personería de Remedios inició la investigación y se enviaron copias a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional pero no se conocen los resultados. (16)

El 10 de septiembre de 1991, en el sitio denominado Alto los Ahorcados, ubicado en el municipio de Remedios, fueron hallados asesinados Edwin Enrique Medina y Edivier, quienes habían sido llevados por cinco encapuchados de un estadero de la zona horas antes; se encontraban maniatados y con señales de tortura. En el mismo lugar fue encontrado un minero herido, quien también había sido llevado por los mismos desconocidos.

El 16 de octubre del mismo año, el minero, dirigente de la U.P y dirigente del Comité Regional del Partido Comunista, Juan Carlos Alvarez, fue asesinado en Segovia. Este hecho "fue denunciado por la U.P como acción ejecutada por la Brigada Móvil del Ejército y por miembros de la Inteligencia Militar". (17)

A finales del mes de octubre de 1991 llegó a la región la Brigada Móvil N 2, en reemplazo de la Brigada Móvil N 1; este hecho agudizó la represión. Poco tiempo después aparecería el grupo paramilitar Autodefensas del Nordeste Antioqueño - ANA - como una prolongación de la misma. Dicho contubernio sería el responsable de execrables crímenes contra los pobladores del Bajo Nordeste Antioqueño. Se tienen datos de la presencia de la Brigada Móvil N 2 hasta 1993. Los casos que se lograron precisar fueron:

El 22 de noviembre de 1991, en la vereda La Alondra, de Remedios, Nain Jaramillo, administrador de la tienda comunitaria, fue asesinado por la Brigada Móvil N 2. "Después del hecho los soldados vistieron a su víctima con un uniforme camuflado y lo reportaron como 'guerrillero dado de baja en combate'. Testigos del lugar manifestaron que el cadáver fue amarrado con alambre de púas e izado en un helicóptero y exhibido en la vereda" (18)

El 26 de noviembre de 1991 en el Hospital Municipal de Segovia, murió el minero Sergio Velasquez Zapata luego de que varios hombres armados al parecer paramilitares le dispararan, cuando se encontraba en el barrio Marquetalia.

En noviembre de 1991 fue torturado por militares de la Brigada Móvil N 2, en Segovia, el militante de la U.P Albeiro Orozco. Los militares lo detuvieron ilegalmente luego de ser allanada su vivienda ubicada en la vereda El Aporriado. Tras interponer el recurso de Habeas Corpus fue dejado en libertad, pero a los pocos metros del lugar de reclusión, fue de nuevo detenido por los mismos militares.

A finales de noviembre de 1991, en la Escuela de la vereda Gorgona, de Remedios, su profesora Gloria Gallego (quien hacia parte de la Junta Cívica) fue amenazada de muerte por efectivos de la Brigada Móvil N 2 quienes después torturaron a dos niños, de siete y ocho años de edad, sumergiéndolos en las aguas de una quebrada con el fin de obtener de ellos información sobre desplazamientos y ubicación de la guerrilla. Según fuentes consultadas en varios municipios, este proceder de los soldados de las brigadas móviles y de los batallones destacados en la región era frecuente. Cuando los soldados llegaban a las fincas, separaban a los niños del grupo familiar y los someten a intensos interrogatorios para obtener de ellos información sobre las actividades de sus padres, de las personas que los visitaban y de los movimientos de la guerrilla en la región. (19)

El primero de diciembre de 1991 fueron detenidos y torturados por un suboficial y varios soldados de la Brigada Móvil N 2, los campesinos Raúl Mario Alvear y Elkin Darío Mejia. Los militares los acusaron de saber donde estaba la guerrilla; "Recibieron golpes en todo el cuerpo, especialmente en los genitales y, según sus propias declaraciones, se les obligó a tenderse en el suelo y los soldados se les pararon en la cabeza, luego les dispararon con los fusiles en medio de las piernas, simulando fusilamientos". (20) También fueron amenazados de muerte varias veces y luego conducidos al comando del Ejército junto con otras personas. El hecho se presentó en la vereda Puna, del municipio de Remedios.

El 5 de diciembre de 1991 fue detenido ilegalmente un joven de apellido CEBALLOS quien fue obligado a servir como guía de la Brigada Móvil N 2 por las veredas Cuturú, El Pescado y El Brillante, producto de lo cual murió días después. Los militares le acusaron de haber sido guerrillero y que por tanto tenía que saber donde se encontraban los campamentos insurgentes. Tuvo que soportar varios días de maltratos y amenazas de muerte.

El joven Ceballos se había retirado del Ejército de Liberación Nacional- ELN - por problemas de salud relacionados con su corazón, ya que no podía realizar jornadas ni trabajos físicos exigentes.

Debido a la denuncia de su padre ante la Personería Municipal de Segovia, el joven fue dejado en libertad, pero afectado en su salud. Días después murió de un infarto del miocardio cuando se encontraba en el corregimiento de Fraguas; las extremas jornadas, el maltrato físico y psicológico y el peso del morral que tuvo que cargar durante varios días, fueron los causas de su muerte.

Días antes de su detención ilegal los miembros del Ejército le habían pedido a su padre trabajar para ellos, ante la negativa del campesino, se dirigieron a la mina donde trabajaba el joven y, después de separarlo del grupo de trabajadores, le pidieron sus documentos de identificación para posteriormente llevárselo.

El día 9 de diciembre, en la vereda Puna de Remedios, fueron retenidos los integrantes de la familia Meza Palacio y tendidos en el suelo desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde; "en varias ocasiones les dispararon en medio de las piernas y golpearon a Luis Alberto Palacio, hijo mayor de la familia". (21) Los militares del la Brigada Móvil N 2 buscaban información sobre la guerrilla.

Al día siguiente, 10 de diciembre, los campesinos Gloria Patricia Fernandez Cano, Nicolás Alberto Pamplona, Ricardo Obando, Argemiro Fernandez, Jorge Peña y Ángel de Dios Giraldo, fueron torturados por el grupo paramilitar denominado Autodefensas del Nordeste Antioqueño -ANA-, quien opera en la región con el apoyo de militares de la Brigada Móvil N 2. Los campesinos fueron arbitrariamente detenidos en una tienda comunal de la vereda Laureles, ubicada en el municipio de Segovia, aproximadamente a las 4 de la tarde.

Los campesinos fueron obligados a ir a la casa de Nicolás Alberto a quien junto con los demás les hicieron abrir una bodega donde se guardaban 100 bultos de maíz. "En medio de maltratos, de palabras y golpes nos obligaron a sacar y vaciar el maíz ya que dizque ahí en la finca había una caleta de armas de la guerrilla. Nos dijeron que nos iban a matar y nos trataban de subversivos". A otro de ellos,"... se lo llevaron para el tanque del agua y le metían la cabeza en el agua y le decían que dijera dónde estaban las armas; creí que lo iban a ahogar; luego lo hicieron a un lado y le dieron unas patadas'

La casa de la finca fue saqueada y la ropa regada en el patio. Antes de abandonar el lugar, a eso de las 7:30 de la noche, encerraron a todas la personas en una pieza y se identificaron como paramilitares que pertenecían a las Autodefensas de Nordeste Antioqueño - ANA -. Los hombres vestían blue jeens y camisetas verdes y portaban fusiles G3 y galil.

En la vereda Gorgona del municipio de Remedios, el 12 de diciembre de 1991, Bernardo Jaramillo Silva, fue asesinado por miembros de la Brigada Móvil N 2, en momentos en que trasladaba a su esposa a un centro de asistencia médica. "Primero fue retenido y obligado a regresar a su casa pero ante el estado de salud de su esposa insistió en salir y cuando estaba ensillando un caballo fue asesinado por los soldados, en presencia de numerosos testigos de la vereda, quienes denunciaron el hecho en la Personería municipal". (22)

Ese mismo día, en otra zona rural de Remedios, miembros de la Brigada Móvil N 2, golpearon y amenazaron de muerte a Alberto Posada y a cuatro personas más que se encontraban con éste en su vivienda. Los torturadores los acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla.

Durante el transcurso del mes de enero los miembros de la Brigada Móvil N 2 detuvieron arbitrariamente a varios campesinos de la región y los obligaron a servir de guías de las escuadras de soldados. Los campesinos eran sacados a la fuerza de sus viviendas, uniformados con prendas militares y portando un fusil sin proveedor, obligados a marchar al frente del pelotón.

El 9 de enero de 1992, en el municipio de Segovia, fueron detenidos y amenazados por el Ejército Cruz Noheila Sánchez y sus dos hijos. Los militares, quienes llegaron preguntando por el jefe de hogar, al no encontrarlo, procedieron a llevarse a los hijos en presencia de la madre. Retuvieron a los niños durante 3 horas hasta que encontraron al padre. Todos fueron insultados y amenazados. Acompañaba a los soldados un joven conocido en la población, de nombre Hugo Ramírez, quien iba señalando viviendas y personas. La madre denuncia tortura psicológica a ella; a sus hijos, y amenazas e insultos por parte del Ejército.

El 9 de enero de 1992, en la vereda Belén, ubicada en Remedios, fueror detenidos tras un allanamiento, el presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda y minero Gonzalo Tamayo Fernandez, Jesús Ivan Palacio Restrepo, Sergio Zapata, Luis Enrique Caro Jorge Edison Viana y Roberto Viana, por miembros de la Briga da Móvil N 2 del Ejército. Las víctimas recibieron maltrato físico y verbal así como también amenazas de muerte. Durante el desarrollo del allanamiento fue introducido en sus viviendas material bélico por parte de los militares, lo cual fue utilizado como "prueba" para su detención.

Un mes después, el 3 de febrero, en la vereda Martaná, ubicada en el municipio de Remedios, fue torturado por el policía de apellido Argos, John Albeiro Vasquez López. Dicho agente lo detuvo ilegalmente luego de ser allanada su vivienda ubicada en la vereda antes mencionada. El 25 de diciembre del mismo año 1992, John Albeiro fue víctima de un atentado contra su vida, al serle lanzada una granada por el agente de la policía Eduardo Donado Díaz. A los 2 días, el 5 del mismo mes, en la vereda La Cruz, ubicada en Remedios fue detenida ilegalmente, torturada y amenazada de muerte por el Ejército la profesora Bernarda Monsalve Valencia. Bernarda se vio obligada a desplazarse de la región.

El 19 de febrero de 1992, efectivos de la Brigada Móvil N 2, "estando de servicio y con sus armas de dotación, irrumpieron en un bár de la zona de tolerancia de Remedios, maltrataron y violaron a varias mujeres y al retirarse de lugar olvidaron en el establecimiento dos granadas; de fragmentación". (23)

El 8 de marzo de 1992 el campesino Porfidio Ivan Magias Ortiz fue detenido y desaparecido por miembros del Ejército en la vereda El Llano del municipio de Remedios.

El 21 de marzo de 1992 en el municipio de Segovia fue detenido y torturado por cinco soldados José Rogelio Cañizales. Los militares lo mantuvieron desnudo y atado en la base militar. Permaneció en esa guarnición militar durante 3 días en los cuales sufrió toda clase de insultos y vejámenes. Después de reseñarlo y amenazarlo fue dejado libre.

El día 28 de ese mismo mes, en el municipio de Remedios, fue igualmente' detenido y torturado por el agente Bobadilla, Julio Cesar Arbelaez, quien le ocasionó varias heridas, las cuales fueron comprobadas posteriormente mediante examen médico.

El 2 de abril de 1992, la joven campesina Alba Irían Hincapié, fue violada por tres soldados ebrios. Su esposo fue a quejarse ante los oficiales del Ejército, quienes inicialmente le dijeron que los violadores eran guerrilleros de las FARC, pero la joven alcanzó a oír que a uno de los violadores le decían Dulman. Ante esta y otras evidencias, los soldados aceptaron el hecho, sosteniendo que ellos "no la habían obligado". Finalmente le ofrecieron dinero y mercado para que las cosas quedaran ahí, lo cual aceptó.

Ese mismo día fue detenido y torturado por miembros de la Brigada Móvil N 2, Ed1nson De Jesús Ruiz Mora. Los militares le hicieron firmar una hoja en blanco y le ofrecieron dinero si trabajaba para ellos. Fue detenido sin orden judicial en el municipio de Segovia, llevado a la base donde lo vendaron, le quitaron la camisa y lo golpearon en el estómago y la cabeza. Le metieron la cabeza en una bolsa plástica amenazando con dejarlo ahogar; lo dejaron varias horas bajo el sol. La carta en blanco se la hizo firmar un Coronel de cierta edad y de bigotes blancos.

El 25 de agosto de 1992, miembros de la Policía torturaron a Miguel Lorza y a Gonzalo de Jesús Cadavid, luego de allanar la casa de Gonzalo, ubicada en el barrio Colombia, en donde se encontraba únicamente Miguel. Posteriormente cuando Gonzalo llegó a su casa lo detuvieron y amenazaron de muerte con un revólver. Después de registrar la casa, de causar algunos daños materiales y de hurtar 200.000 pesos, los victimarios se marcharon llevándose detenido a Gonzalo. El hecho se presentó en el municipio de Remedios

El 5 de septiembre de 1992, fue torturado José Nabor Bran por militares de la Brigada Móvil N 2 en la finca La Ilusión, ubicada en la vereda El Salado del municipio Remedios.

El 16 de octubre de 1992, fueron asesinadas por un grupo de pistoleros en el perímetro urbano de Remedios María Ivonne Zuluaga, de 39 años de edad, Jeaneth NN., de 18 años de edad y un hombre sin identificar. Es de resaltar que la cabecera municipal de Remedios permanentemente está controlada por el Ejército y la Policía.

El 24 de octubre de 1992, el campesino Alonso de Jesús Lujan de 33 años, fue torturado por efectivos de la Brigada Móvil N 2 quienes lo detuvieron en un retén en la vía hacia el casco urbano de Segovia, en el sitio conocido como El Limón, luego de requisarlo en dos oportunidades; le presentaron como razón para ser privado de la libertad el carecer de libreta militar. Lo trasladaron a la base militar de Zaragoza, y lo torturaron psicológicamente largo tiempo, bajo la sindicación de ser guerrillero; le amenazaron con lanzarlo de un helicóptero, y en varias oportunidades fue encañonado con las armas de dotación.

Luego le introdujeron la cabeza en una bolsa plástica y lo golpearon. Al día siguiente, cuatro hombres vestidos de civil lo transportaron por el río en una embarcación (chalupa) a la base militar de El Bagre, donde fue puesto en manos de un Coronel del B-2; allí fue interrogado durante varias horas por varios militares que reiteradamente lo acusaban de ser guerrillero y lo obligaron a tomar con las manos dos cables eléctricos. Luego a las tres de la mañana del día siguiente, fue abruptamente levantado y llevado en helicóptero a la inspección de policía Cuturú, en Caucasia, y luego al corregimiento Puerto Claver, en jurisdicción de El Bagre, y presentado a los pobladores como guerrillero.

Después lo condujeron a una base militar, donde un hombre se le identificó como el Capitán Arboleda, quien le preguntó por el trato que había recibido, y al responderle que había recibido diferentes tratos, que algunos lo habían tratado bien y que la mayoría lo habían maltratado física, moral y psicológicamente, le obligaron a decir que durante el tiempo que estuvo detenido no fue maltratado en ningún momento. Durante aproximadamente ocho horas lo tuvieron esposado, vendado y con un lazo amarrado de la cintura, el cual estaba atado a un árbol, en una fosa en la que la mitad de su cuerpo queda- ba cubierta; al parecer estaba en una escuela en construcción. Después de I sacarlo de la fosa, lo dejaron allí, amarrado, vendado y esposado, hasta la media noche del día 28 de octubre, fecha en que cinco hombres lo sacaron con la cara cubierta y con las ataduras, obligándolo a caminar y arrastrándolo cuando no podía andar rápidamente.

Luego de caminar un trecho, uno de los hombres hizo una señal y los demás se detuvieron; en ese momento Lujan insistió en que era un campesino, "pero si me van a matar, no me torturen más...", suplicaba, obteniendo por respuesta de sus torturadores, carcajadas. Como le amenazaban con un arma y se la introducían en la boca, suplicó una vez mas que cesara la tortura, pero por respuesta, me clavaron un cuchillo en el lado izquierdo de la nuca y empezaron a clavármelo despacio, yo no podía pedir auxilio porque tenía la boca tapada. Lo despojaron de las ataduras ' y lo tiraron al piso, le patearon la cabeza en dos oportunidades y le hirieron nuevamente con el cuchillo, en el lado derecho del cuello y en el abdomen, y le dijeron mientras lo tiraban al río: "en el infierno nos vemos gonorrea hijueputa".

Para salvar su vida, tuvo que fingir estar muerto durante un rato, al cabo del cual intentó salir del lugar a buscar ayuda, pero perdió el conocimiento durante varias horas. Luego de recobrar el sentido, buscó ayuda, hasta que escuchó el ruido de una lancha y se arrastró hasta la orilla del río, llamando al motorista, a quien dijo que lo habían atracado y le pidió llevarlo donde le ayudaran, pero evitando pasar por retenes militares, pues estaba sin papeles de identificación. El motorista lo llevó a la inspección de policía Cuturú, donde un médico le aplicó inyecciones contra el tétano y le advirtió que era imposible hacer suturas por el tiempo transcurrido.

Durante tres días estuvo buscando la forma de salir de la zona, máxime que la señora donde consiguió hospedaje le comunicó, al conocer su relato, que dos hombres provenientes del El Bagre preguntaban por un familiar herido. El 2 de noviembre logró llegar al hospital de Zaragoza, donde fue atendido hasta el día cinco, cuando partió en un vehículo tipo cisterna hacía Segovia, teniendo que pasar por el mismo lugar donde fue detenido el día 24 de octubre. Un poco más adelante del lugar, soldados del la Brigada Móvil N.2 tenían un retén, y al hacer detener el vehículo, le preguntaron qué le había pasado, a lo que respondió haber sido víctima de un atraco. Como le preguntaron detalles del supuesto atraco, tuvo que inventarlos. Finalmente le dijeron al conductor del automotor que acelerara la marcha, pues era muy delicado el estado de salud de la víctima.

El 19 de noviembre de 1992 los campesinos Orlando Cardona de 39 años, su esposa Frankelina Echavarria de 38 años, sus hijas Dennis Cardona de 8 años y Elizabeth Cardona de 6 años, la señora Herminia García de 36 años y su hija María García de 20 años, los señores Humberto Orrego de 37 años, Humberto Ríos de 29 años, Marco Tulio Alvarez de 80 años y Jesús Antonio Restrepo de 40 años, todos habitantes de la vereda Mariana, ubicada en el municipio de Remedios, murieron como consecuencia de las quemaduras que sufrieron al producirse un incendio luego de que presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el Oleoducto Colombia.

Según testimonios de pobladores de la región, el iniciador del fuego fue un destacamento de la Brigada Móvil N 2 que se encontraba cerca al lugar. Las versiones de la Brigada Móvil N 2 y de los medios de comunicación presentaron el hecho como cometido por la guerrilla; sin embargo, posteriormente vecinos de lugar las desmintieron categóricamente, presentan- do los siguientes elementos que comprometen seriamente al destacamento de la Brigada Móvil N 2 que acampaba en un lugar cercano al sitio del atentado:

1. El atentado contra el oleoducto por parte del ELN, se produjo aproximadamente a las 8:30 de la noche, y el incendio se inició sólo a las 9:15, es decir, 45 minutos después.

2. El lugar donde fue dinamitado el oleoducto está ubicado en la parte alta de una montaña, y el combustible derramado desembocó en una quebrada que pasa cerca, y se formó una laguna en el sitio donde pasa la carretera que va a Puerto Berrío, porque el puente sobre la quebrada impedía el paso del combustible. El incendio fue iniciado en la mencionada laguna y no alcanzó el oleoducto.

3. Una de las víctimas, durante su agonía, relató en varias oportunidades que momentos antes del incendio escuchó que alguien dijo: "Cómo arderá eso de bueno!", y casi de inmediato, vio pasar un objeto candente que hizo blanco en uno de los bordes de la laguna que se había formado, causando una gran explosión, además porque el combustible derramado tenía un olor muy fuerte. Cerca del lugar estaba acantonado el destacamento de la Brigada Móvil N 2.

4. Los militares se hicieron presentes en el lugar de la tragedia sólo el día siguiente, y no fue precisamente para prestar auxilio, sino para recriminar a los pobladores por su supuesta colaboración con la guerrilla: Eso está muy bueno por colaborar con la guerrilla. El teniente al mando de la tropa le dijo a uno de los campesinos que los guerrilleros no fueron quienes provocaron el incendio.

El 3 de febrero de 1993 en el municipio de Segovia, fue torturado por miembros de la Brigada Móvil N 2 y el Batallón de Infantería N 39 Bomboná, José Ángel Osorio. Los militares llegaron hasta su vivienda y luego de destruirla procedieron a maltratarlo, además fue amenazado de muerte.

Seis días después, el 9 de febrero, en el municipio de Remedios, Diego Emilio Zapata fue víctima de un atentado contra su vida por parte de un soldado del Ejército Nacional. Diego Emilio fue maltratado física y verbalmente y recibió un disparo de arma larga en el estómago cuando se encontraba en un establecimiento público. Posteriormente el comandante Triana le ofreció a Diego Emilio 170.000 pesos y le dijo que era de parte del soldado que lo había herido. Según el Coronel Suárez Bustamante, el caso estaba bajo investigación penal en Guasimal, Puerto Berrio.

El 23 de diciembre de 1993, el obrero y líder sindical de la empresa aurífera Frontino Gold Mines, Hugo Alejandro Soto, fue asesinado por un soldado del Batallón Bomboná, en el corregimiento La Cruzada, del muni- cipio de Remedios, a las 11 de noche. La noche de su asesinato, Hugo Alejandro, se encontraba en la entrada del barrio Tres y Media, esperando que su familia llegara de la ciudad de Medellín; hasta él llegó la patrulla, militar, la cual realizaba una operación de control. Allí lo abordaron, lo registraron y le ordenaron que abandonara el lugar, a lo que él se opuso, manifestando que esperaba a su familia; en ese momento el soldado accionó su arma de dotación. Solo se sabe que el caso estuvo en etapa preliminar de investigación. Como protesta por el crimen, los 950 obreros de la empresa realizaron un cese de actividades de 24 horas.

5. Y la Justicia brilló por su Ausencia

En este período de represión oficial se evidencia la ausencia de la Justicia, sea por los métodos empleados para cometer los crímenes por parte de las fuerzas militares y policiales con sus paramilitares y/o por el terror causado la población testigo de tanta ignominia que la inhibe para denunciar. (24)

Se hacen cotidianas las acciones encubiertas, los asesinatos selectivos, las permanentes amenazas y los bombardeos, como forma de amedrentar a la inerme población.

A lo largo del trazado y construcción del Oleoducto Colombia quedaron miles de voces intimidadas que vieron caer a sus más destacados líderes en el campo y la ciudad con la responsabilidad directa o indirecta de las brigadas móviles principalmente.

Los medios de comunicación sirvieron de fieles aliados para encubrir los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, legitimando de una manera u otra el accionar de los agentes del Estado y del Para-Estado.

6. El Valor de un Pueblo en Defensa de su Dignidad

En el Primer Foro por los Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño, realizado en 1993, se desarrolló un trabajo por comisiones del que podemos extractar algunas expresiones acerca de las acciones adoptadas por los pobladores de la región para hacerle frente a la grave situación de derechos humanos:

"Crear los comités de derechos humanos locales para promover y defender los derechos humanos, que se interrelacionen con organismos gubernamentales y no gubernamentales;

Solicitar más y mejor atención de parte de los organismos de control del Estado, a los cuales se les haría llegar las denuncias presentadas en estos municipios;

Conformar el Comité Regional de Derechos Humanos, que estaría integrado por los diferentes sectores y organizaciones populares, es decir que sea un comité interdisciplinario. Este comité debe realizar campañas de educación y formación en la región sobre derechos humanos; debe recopilar todas la denuncias presentadas por los familiares y exigir sanciones a los responsables que violen los derechos humanos; debe exigir a las fuerzas armadas y a la insurgencia el respeto del DIH; debe crear comités de derechos humanos en las veredas que se articulen a los locales, regionales y nacionales... Organizar las veedurías populares para fiscalizar los recursos de la región, a la vez que se continúe el manejo autónomo por parte de los municipios". (25)

Veremos como estas nuevas formas organizativas de resistencia serían exterminadas a sangre y fuego durante los años que siguieron.

7. Los efectos del Terrorismo de Estado

Para tener una mediana idea sobre cuáles fueron los efectos generados a través del proceso de represión en este período de la historia en el Bajo Nordeste Antioqueño, citamos textualmente las palabras de un poblador de la región:

"Se ha notado, que el proceso de construcción de estos oleoductos ha generado un desplazamiento masivo de campesinos y demás pobladores hacia las cabeceras municipales: que aún guardan la esperanza de que este tipo de proyectos les sirva para mejorar sus condiciones de vida; lo que paradójicamente ha contribuido al detrimento social, a la conformación de barrios de invasión, al surgimiento de tugurios en donde la población vive en condiciones infrahumanas y sin los más mínimos servicios públicos.

Otro aspecto que ha generado el desplazamiento interno dentro de la misma región es la agudización del conflicto armado interno; porque el supuesto desarrollo social que dicen traer para la región las transnacionales, se ha convertido en incremento de medidas de represión, el exagerado aumento del pie de fuerza pública; que a su vez trae consigo el repoblamiento y con ello la consolidación, el auspicio y conformación de los grupos paramilitares, que han acabado con organizaciones sociales que aún quedan en la región como: el aniquilamiento de los comités de derechos humanos de Segovia y Remedios, que somos los únicos que quedan y a los cuales se nos ha señalado de ser brazo político e ideológico de la guerrilla.

En este sentido, se nos ha intentado involucrar en procesos penales por terrorismo y rebelión, pero cuando no encuentran las pruebas suficientes para detenernos, la XIV brigada con sede en Puerto Berrío, dentro de sus organigramas nos relaciona con supuestas 'ordenes de batalla" (26)

A este relato se le debe añadir el exterminio de varias organizaciones populares de la región, tras el aniquilamiento, la judicialización de sus integrantes y/o el exilio de los mismos. En este período asistimos a la extinción del Movimiento 27 de Febrero y de las Juntas Cívicas de las zonas rurales.


Notas:

1. TAMAYO Maya, José Alejandro. "Por resolución de Minminas: 40 minas serían cerradas en Segovia". Periódico El Colombiano. Medellin, lunes 16 de noviembre de 1991. Pág. 48.

2. BOLETÍN NUMERO UNO. Cooperativa Integral de Trabajo Asociado. MINEROS EL TIERRERO. En Segovia fueron asaltadas la buena fe y el trabajo honrado de los mineros e independientes. Personería Jurídica 1992 de Septiembre 14/1989, Segovia.

3. Cf. Datos en Revista Semana No 525. Bogotá. Mayo 26 - junio 2 de 1992. Pág. 106.

4. Junta Cívica. "Comunicado a la Opinión Pública". Segovia, marzo de 1993.

5. El Nordeste es una región aproximada de 200 mil habitantes, correspondiente al 4% de la población del departamento.

6. En Diciembre 21 de 1989 es aceptada la renuncia de Rita Ivonne Tobón Areiza y es designado José Alberto Restrepo Pérez.

7. Es asesinado antes de posesionarse. Alcalde encargado para ese período, Carlos Mario Restrepo Molina; Elegido en propiedad, Carlos Enrique Rojo Uribe.

8. Martín Alberto Cuassi Cifuentes en la década de los 70 había militado en las filas del Partido Comunista, en esa época hizo parte de la Juventud Comunista -JUCO -, y de la Unión Na- cional de Oposición - UNO -.

9. Al parecer esta nueva sigla utilizada por el ya conocido MRN, obedecía al apellido del Mayor José Bernardo Blanco Pineda, quien al retirarse del Ejército a finales de 1989, se dedicaría a dirigir las actividades paramilitares en la región. Cabe recordar que este oficial al momento de la masacre de 43 personas en Segovia el 11 de noviembre de 1988, se desempeñaba como subcomandante del Batallón Bombona. Cf. NCOS y otras. "Tras los Pasos Perdidos de la Guerra Sucia: Paramilitarismo y Acciones Encubiertas en Colombia". Ediciones NCOS. Bruselas, 1995.Pág. 89.

10. NCOS y otras. "Tras los Pasos Perdidos de la Guerra Sucia: Paramilitarismo y Acciones Encubiertas en Colombia". Ediciones NCOS. Bruselas, 1995. Págs. 87 y 88.

11. NCOS. Op. Cit. Pág. 88.

12. Revista Colombia Hoy Informa. "A un año de la masacre de Segovia: Solidaridad con los damnificados". Año X, ?75. Diciembre de 1989. Pág. 16.

13. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 42.

14. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 42.

15. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio".Op.cit.Págs.42- 43.

16. Cf. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Págs. 45-46.

17. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 38.

18. Comisión Andina de Juristas. "Nordesta Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 4.

19. Comisión Andina de Juristas. "NordesteAntioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 44.

20. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 44.

21. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 45.

22. Comisión Andina de Juristas. "NordesteAntioqueño y MagdalenaMedio". Op. Cit. Pág. 41 - 42.

23. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 46.

24. Los mismos jueces de Segovia informaron que de cien allanamientos practicados por el Ejército en 1991, solamente seis tenían orden judicial. Cf. Comisión Andina de Juristas. "Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio". Op. cit. Pág. 49.

25. Cf. Memorias: "Primer Foro por los Derechos Humanos en el NordesteAntioqueño".Mimeo. Remedios, 23 y 24 de abril de 1993.

26. Comité de Derechos Humanos del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños; Segovia y Remedios Antioquia. "La Defensa de los Derechos Humanos en la Región del Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca". Mimeo. 1996.


Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 29jun01
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