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27nov13

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El robo y destrucción de archivos de la asociación Pro-Búsqueda pone de manifiesto las perniciosas consecuencias del modelo de impunidad salvadoreño


El pasado 14 de noviembre de 2013, la sede de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador fue objeto de un ataque armado que tuvo como objetivo el robo y la destrucción de materiales, archivos y equipos de trabajo.

Pro-Búsqueda es una asociación especializada en la búsqueda de niñas y niños desaparecidos a consecuencia del conflicto armado que padeció El Salvador entre 1980 y 1992. Fue fundada en 1994 y desde entonces ha investigado y resuelto decenas de desapariciones forzosas de menores de edad ocurridas durante la guerra civil.

De los 925 casos investigados desde su fundación, ha logrado localizar a 387 menores, muchos de ellos ya adultos cuando fueron encontrados. De éstos, 295 ya se han reencontrado con sus familias biológicas gracias a la intermediación de la organización con las familias adoptivas.

A partir de este trabajo ha documentado un método que los militares usaron como parte de su estrategia contra poblaciones a las que consideraban afines a la guerrilla, y también como un potencial negocio de adopciones ilegales de niños y niñas.

Tal y como ha informado la propia asociación, a eso de las 4:45 de la madrugada del 14 de noviembre, tres hombres armados amenazaron a punta de pistola al conductor de la institución que en ese momento llegaba a las oficinas. Fue encañonado y amenazado para que llamara al vigilante y de ese modo poder acceder a las instalaciones de PRO-BÚSQUEDA.

El vigilante y el presidente de la Junta Directiva, que en ese momento se encontraban en la asociación, fueron igualmente amenazados a punta de pistola. Tras amordazarlos y tumbarlos en el suelo, los atacantes se dirigieron a oficinas específicas, de las que sustrajeron archivos y documentos y dañaron equipo informático.

Procedieron también a rociar con gasolina algunas dependencias y prenderles fuego, causando destrozos de diversa consideración.

Es de recalcar, que este acto violento tenía como objetivo destruir objetivos específicos dentro de la Asociación, ya que se atacaron unidades que son de vital importancia para el trabajo de PRO-BÚSQUEDA, fueron hurtadas computadoras con documentos clasificados, además de destruir archivos esenciales en casos que se han presentado al sistema de justicia, tanto a nivel nacional como internacional, así como información financiera de la institución.

Además, una empleada de esta institución sufrió persecución esa misma mañana alrededor de las 7:50, cuando se dirigía al trabajo. Un vehículo se acercó a la parada de autobús cerca de Metrocentro, donde ella se encontraba, y descendieron tres sujetos que la siguieron a pie. Logró huir al subirse a un taxi, llegando a la oficina en evidente estado de shock.

Este acto de agresión contra las víctimas y familiares de desaparición forzada en El Salvador se enmarca en un contexto de especial preocupación, con hechos como el cierre de Tutela Legal, por parte del Arzobispado de San Salvador y la incertidumbre sobre la posible declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Tutela Legal tiene su origen en la oficina Socorro Jurídico del Arzobispado creada por Monseñor Romero en 1977 y que, después, con la conversión definitiva a Tutela Legal por parte de Monseñor Arturo Rivera y Damas, se estableció como el mayor contrapeso a las versiones oficiales que negaron siempre las desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales. Sin su trabajo, la masacre de El Mozote habría quedado fuera de la acción de la justicia.

El cierre de Tutela Legal se produjo sin aviso previo a finales de septiembre de 2013, pocas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia comenzara a debatir la posible inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada en 1993 y de que la Fiscalía General de la República anunciara que por primera vez ha decidido investigar violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante la guerra civil.

El archivo histórico de Tutela Legal custodia más de 50.000 denuncias de violaciones a derechos humanos (desapariciones, asesinatos...), que sirvieron de "base" para el Informe de la Comisión de la Verdad.

Con el cierre de Tutela Legal se cerró el archivo más importante de crímenes de guerra y contra la humanidad, al tiempo que hace tan sólo unas semanas los jefes militares de oriente celebraron un acto público para rendir homenaje a los coroneles Monterrosa y Azmitia, responsables de la masacre de El Mozote.

Fue precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, en una sentencia emitida al 25 de octubre de 2012 y notificada a las partes el 10 de diciembre del año pasado, en el caso de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador, la que puso de manifiesto que "prevalece una situación de impunidad total amparada en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz".

La Corte señaló también que esta Ley contravino expresamente lo que las propias partes del conflicto armado habían establecido en el Acuerdo de Paz que dispuso el cese de las hostilidades y es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos debido a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos.


El ataque había sido minuciosamente planificado para destruir los archivos de la institución. El atentado dejó a la Asociación Pro-Búsqueda con las oficinas parcialmente destruidas, archivos dañados y una pila de expedientes consumidos por el fuego.

Tres de esos expedientes están relacionados con una causa que en este momento se sustancia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por la desaparición forzada de siete niños en un operativo militar conocido como "la guinda de mayo", ocurrido en 1982, en el departamento de Chalatenango.

El ataque a Probúsqueda se produjo pocos días antes de la celebración de una nueva audiencia en el marco de dicha causa, audiencia que estaba fijada para el lunes 18 de noviembre y a la que el Ministro de Defensa de El Salvador, el General David Munguía Payés, por segunda vez, no acudió, a pesar de haber sido requerido en este sentido por la propia Sala de lo Constitucional.

La sesión tiene su origen en tres demandas de hábeas corpus presentadas por la Asociación Pro-Búsqueda en noviembre de 2012 y que son estudiadas como parte de un solo caso: la participación del ejército en las desapariciones forzadas de niños y niñas de Chalatenango durante 1982.

Según la investigación de Pro-Búsqueda, ese operativo afectó cantones y caseríos del oriente del departamento de Chalatenango, y en él participaron los batallones de Reacción Inmediata Belloso y Atlacatl y la Cuarta Brigada de Infantería destacada en El Paraíso. El operativo dejó un total de 53 niños y niñas desaparecidas, así como más de un centenar de personas fallecidas, todas civiles, campesinos no combatientes.

A la fecha, la Asociación Pro-Búsqueda ha logrado encontrar a 20 niños y niñas -hoy adultos- de esos 53, y promueve los hábeas corpus para dar con el paradero de otros nueve.

La Sala de lo Constitucional, a petición de los demandantes, había convocado para el lunes 11 de noviembre a los representantes actuales de las Fuerzas Armadas.

La pretensión de los demandantes es que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés; el de la época en el que sucedieron las desapariciones forzadas, José Guillermo García (condenado civilmente en Estados Unidos por tres casos de tortura); el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada actual, Rafael Melara; y el de la época de las desapariciones, Rafael Flores Lima (requerido por la Fiscalía por el caso de las hermanas Serrano Cruz que también lleva por Pro-Búsqueda y por el cual el estado salvadoreño ya fue condenado por la Corte IDH), que todos ellos, ayuden a establecer la verdad de las desapariciones y a ubicar el paradero de los niños.

A la cita, sin embargo, no se presentó ningún representante de la Fuerza Armada, y la Sala fijó nueva audiencia para el lunes 18 de noviembre.

"Nuestros compañeros del área jurídica ya se percataron de que los archivos en donde estaba contenida toda la información física de esas causas ha sido la más dañada, al punto que los papeles de esos casos fueron consumidos por el fuego", lamentó Esther Alvarenga, miembro del equipo técnico de investigación de Pro-Búsqueda.

Uno de esos expedientes era la investigación completa de la tercera causa abierta ante la Sala de lo Constitucional. En este último caso se denuncia la desaparición de los niños José Rafael Franco, Pastor Serrano Serrano, Gladis Serrano Serrano, Norberta Serrano Serrano, todos entre 5 y 11 años de edad.

Se trata de un caso relacionado con la operación "tierra liberada" y por hechos acaecidos en un lugar conocido como "Rama Caída", en el municipio de Nombre de Jesús, en Chalatenango.

La población civil intentó buscar refugio frente a la operación militar en curso, que tenía a civiles como blanco, y al escuchar el disparo de las armas de fuego se produjo una desbandada en que los niños se separaron de sus padres. Al no aparecer en las listas de las bajas hechas públicas por la Fuerza Armada, los denunciantes exigen que se averigüe el paradero de los niños.

Tras el ataque a los archivos de Pro-Búsqueda el 14 de noviembre, la organización pidió más tiempo para presentar su caso, ya que en el ataque contra su oficina perdió gran parte de la documentación relacionada con el caso, y solicitó a la Sala de lo Constitucional que declare bajo reserva la causa, por temor por la seguridad de los testigos. Ante esto, la audiencia duró solo media hora.


Sin embargo -a pesar de la evidencia, y de que con anterioridad a la destrucción y sustracción de archivos en Pro-Búsqueda, también "Tutela Leal", con su importante archivo sobre este tipo de crímenes, ha sido objeto de cierre-, el Ministro de Justicia Ricardo Perdomo hizo unas declaraciones dando a entender que los resultados preliminares de las investigaciones apuntarían a un problema interno de Pro-Búsqueda causado por el despido de un empleado.

Ante estas declaraciones, la organización ha emitido un comunicado insistiendo en que "[D]urante el atentado contra la Asociación Pro-Búsqueda también privaron de libertad y lesionaron a tres personas, prendieron fuego a las instalaciones, destruyeron y quemaron equipos con información valiosa. Además de las destrucciones sustrajeron información documentada en casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado entre otros graves daños ocasionados".

E informan asimismo que "Las oficinas que sufrieron más daños fueron la de la Unidad de Incidencia y Organización de Familiares, destruyeron y quemaron equipo nuevo y se llevaron computadoras con información de registro de las víctimas.

En la Unidad Jurídica, además de quemar información de los procesos que estarían próximos a presentarse ante el sistema de justicia, se llevaron las computadoras con la información electrónica de los casos documentados.

La oficina donde se encontraba la información más valiosa de los casos denunciados, también fue intervenida rociando gasolina y haciendo explotar un artefacto para que prendieran en llamas.

Afortunadamente las tres personas que quedaron amarradas, lograron soltarse uno del otro lo que permitió que lograran apagar el fuego donde se encontraban los archivos, evitando que estos se quemaran.

La documentación administrativa contable afectada solo fue la que se encontraba sobre los escritorios, sin embargo; de esta unidad se llevaron un disco duro que almacenaba la información institucional.

Pro-Búsqueda denuncia además, que, con posterioridad al ataque contra su labor, empleados y empleadas han percibido persecución y se han sentido observadas por personas extrañas; denuncian también interceptación de llamadas y haber sido contactados por personas que fingían otra identidad.

A ello se suma que otra organización de derechos humano, ha expresado que ha sido objeto de observación y merodeo en sus oficinas. Es decir, las organizaciones de derechos humanos que trabajan en casos de violaciones del pasado conflicto armado están siendo objeto de amedrentamiento e intimidación.

Ante estos hechos, Pro-Búsqueda solicita que ante los atentados sufridos, se realice una investigación objetiva que permita identificar a los responsables y se pongan a disposición de la justicia; que se informe de los avances obtenidos a la Asociación de manera ágil y oportuna; que se decreten medidas cautelares en protección a las instalaciones de Pro-Búsqueda, y que las autoridades correspondientes tomen en cuenta los recientes eventos contra organizaciones de los Derechos Humanos en El Salvador y realicen las oportunas investigaciones."

También la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en un comunicado oficial emitido el 22 de noviembre, "insta al Estado a investigar los hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como a adoptar urgentemente medidas para que este tipo de ataques no se repitan.

La Comisión urge asimismo al Estado a garantizar la vida y la integridad de los integrantes de la Asociación Pro-Búsqueda, y a asegurar que puedan continuar desarrollando sus actividades de defensa de los derechos humanos con seguridad".

En su comunicado, la CIDH añade:

    "La Asociación Pro Búsqueda ha sido esencial en la labor de búsqueda de niños desaparecidos durante la guerra en El Salvador. Su labor de investigación durante años ha permitido recabar información y ubicar a decenas de niños y niñas desaparecidas y reunificarlos con sus familias, y por tanto reestablecer el goce de su derecho a la familia, a la identidad y a la integridad personal, entre otros. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte han reconocido la relevancia de su labor, así como de la información que han recabado.

    La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. Asimismo, las altas tasas de impunidad que se registran en los crímenes contra defensores de derechos humanos, perpetúan su repetición.

    En consecuencia, la Comisión Interamericana insta al Estado a investigar estos hechos y a sancionar a los responsables. En este sentido, la CIDH estará dando un seguimiento cercano a estas investigaciones y a todas las acciones que emprenda el Estado a fin de cumplir con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables.

    Adicionalmente, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida y la integridad de todos los integrantes de la Asociación Pro-Búsqueda, para asegurar que puedan continuar desarrollando sus tareas de defensa de los derechos humanos con seguridad, y para asegurar la integridad de los archivos y materiales de la organización.

    Por otra parte, la CIDH destaca la importancia de que el Estado respete y garantice el ejercicio del derecho al acceso a la información, que como parte fundamental del derecho a la libertad de expresión, es un derecho humano.

    El acceso a la información es fundamental para poder continuar el importante trabajo hacia el establecimiento de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado, así como para establecer el paradero de los niños y las niñas que fueron robados de sus familias durante ese período.

    Finalmente, la Comisión reconoce y valora el importante rol que la Asociación Pro-Búsqueda realiza en El Salvador en el seguimiento a casos que han sido resueltos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto incluye el seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en los casos Gregoria Herminia Contreras y otros (Caso 12.517) y Ernestina y Erlinda Serrano Cruz (Caso 12.132), y al Informe de Fondo de la Comisión en el caso Rochac y otros (Caso 12.577), que fue enviado este año a la CorteIDH."

Es evidente que este tipo de acciones es acorde al modelo de impunidad implantado en El Salvador y pergeñado gracias a la elaboración jurídica del Reino de España, como también sucedió en el caso de Guatemala.

A la luz de los hechos, resulta también evidente que los archivos probatorios de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, han sido objeto de una operación planificada y ejecutada con total, no sólo impunidad, sino inmunidad, y que tiene como finalidad impedir la ejecución de la Sentencia de la CorteIDH en el caso de las masacres de El Mozote, particularmente cuando la Corte dispone que:

    "El Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador".

Radio Nizkor con información suministrada por la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, de El Salvador, el Diario "El Faro" y la CIDH.

Charleroi, 27 de noviembre de 2013


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