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DERECHOS

20dic08


La resolución se demorará y los imputados seguirán presos


Mientras Alfredo Astiz y otros represores permanezcan detenidos, la Corte Suprema no mostrará un especial apuro en resolver la cuestión. Y, cuando finalmente se decida a intervenir, es muy difícil que consienta la libertad de esos imputados.

Ayer, los ministros del máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, estaban sorprendidos por la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación y no esperaban incorporar este asunto en la agenda de fin de año.

Uno de los ministros, Carlos Fayt, fue más allá y también hizo público su disgusto por el desenlace que, hasta ahora, tiene este tema: "El Congreso tiene que dictar normas procesales para que esto no ocurra. Hay 800 causas de derechos humanos y esto no es culpa de la Justicia".

Dilaciones técnicas

La Corte está a punto de entrar en feria judicial y sólo tiene previsto realizar dos acuerdos, los próximos dos lunes.

Por eso, si bien la excarcelación de los ex oficiales estará en las conversaciones de los jueces, todo indica que la Corte, aun cuando quisiera, no podría abordarlo.

En primer lugar, la ley que regula la prisión preventiva, número 24.390, prevé en su artículo 4° que, cuando se concede una excarcelación, la interposición de un recurso suspende su ejecución, es decir, no se concede la libertad. Mientras Astiz esté detenido, los organismos defensores de los derechos humanos no protestarán demasiado.

Por eso, el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Plee, se apuró anteayer a informarle al tribunal que se aprestaba a presentar varios recursos extraordinarios y, hasta ayer, ya había planteado ocho. Eso fue lo que permitió a Casación suspender las excarcelaciones.

Por otra parte, Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, anunció públicamente que el Estado presentará un recurso extraordinario.

En realidad, el Estado no está habilitado a hacerlo, porque no es parte en los incidentes de excarcelación. Pero si Duhalde presenta un recurso, el juez deberá darles intervención a todos los imputados y, de esa manera, Duhalde embarrará aún más la cancha.

Por otra parte, todo indica que, habiendo tantos militares involucrados, Casación no resolverá el problema en lo inmediato, lo cual postergará también la posterior intervención de la Corte.

Además, hay un matiz técnico importante: si Casación entiende que el asunto debe ser resuelto por la Corte y le eleva el expediente (concede el recurso), los imputados seguirán detenidos.

Hay únicamente un caso en el que los imputados podrían quedar inmediatamente en libertad: esto ocurriría si Casación deniega el recurso y rechaza darle intervención a la Corte. En este supuesto, los tiempos se precipitarían. Pero no es probable que ello suceda, por lo menos por ahora.

Los argumentos del fiscal

El argumento de la Cámara de Casación para excarcelar a los represores apunta a la larga duración de los procesos, que todavía están lejos de llegar una sentencia definitiva.

Plee, en su recurso extraordinario, sostiene que Casación, para denegar las excarcelaciones, debió haber evaluado también otros argumentos.

Sostiene el fiscal, por ejemplo, que los represores, si fueran puestos en libertad, obstruirían la realización del juicio; también señala el hecho de que varios de ellos fueron juzgados en otros países, pero no aceptaron someterse a esos tribunales. Ese es el caso de Astiz, que fue juzgado y condenado en Francia, en ausencia.

Plee afirma que, si no aceptan la justicia francesa, es previsible que, si estuviesen en libertad, tampoco aceptarían someterse a los tribunales argentinos. Resolver este debate llevará muchos meses.

21 Represores beneficiados
El fallo de Casación ordena la liberación de esa cantidad de acusados, entre los que se encuentran los emblemáticos Alfredo Astiz y Jorge Acosta ("Tigre").

281 Procesados
Es la cantidad total de militares de la dictadura acusados y con prisión preventiva desde la reapertura de las investigaciones.

9 Condenados
Es el total de los represores con sentencia judicial desde la caída de las leyes de obediencia debida y punto final.

44 Prófugos
La Justicia todavía busca esa cantidad de militares sobre los que pesan acusaciones de violaciones de los derechos humanos.

[Fuente: La Nación, Bs As, 20dic08]

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