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09sep11


Tras fugarse del país, el camarista Otilio Romano pidió refugio en Chile


El juez mendocino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad. El gobierno trasandino le otorgó una visa temporaria por ocho meses. Querellantes y organismos de Derechos Humanos reclaman su urgente extradición.

El ex juez mendocino Otilio Roque Romano, procesado por 103 delitos de lesa humanidad, pidió ayer refugio en Chile, tras haberse fugado un día antes de ser suspendido, y a poco de ser llevado a juicio oral con la amenaza de la cárcel en prisión común como un destino cierto.

Por lo pronto, el gobierno chileno le otorgó una visa de estadía temporaria por ocho meses. En tanto, el Consejo de la Magistratura, decidió ayer llamar a un plenario urgente para el próximo jueves para evaluar la suspensión del pago de haberes a Romano.

El juez federal de Mendoza Walter Bento, quien sigue la causa por los 103 delitos de lesa humanidad contra Romano, cometidos en el D2 de Mendoza durante la última dictadura militar, se enteró por Interpol de la visa que Chile otorgó a Romano y se lo comunicó al Consejo de la Magistratura de la Nación. El organismo que designa y destituye jueces, que había iniciado trámite de juicio político, convocó ahora a través de su titular, Mario Fera, a un plenario para el próximo jueves a las 10, para decidir si suspende el pago de haberes al fugado juez.

Aun día de ser suspendido en sus funciones, el 25 de agosto, Romano se escapó a Chile sin avisarle al juez Bento. La querella, apenas se enteró por la prensa de la fuga que reveló este diario, le pidió al magistrado que lo cite "para controlar si seguía sujeto al proceso", según explicó a Tiempo Argentino Viviana Beigel, abogada querellante y miembro del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

Interpol también informó que Romano había pedido asilo político, beneficio que otorga la ONU a quienes denuncian ser perseguidos por razones políticas en su país. "La ONU no le va a brindar ese beneficio a ningún procesado por delitos de lesa humanidad. Chile ya extraditó a Alberto Fujimori a Perú. Con ese antecedente, no le va a dar refugio a un juez argentino acusado por delitos de lesa humanidad", consideró Pablo Salinas, también abogado querellante, en diálogo con Tiempo. Además, el letrado adelantó que "legisladores chilenos trabajan para que Romano sea expulsado del país trasandino y vuelva a Mendoza".

Por su parte, Luz Faingold, una de las víctimas de Romano, no se desesperanzó ante la huida del ex camarista. "Es posible que en cuanto Chile escuche que este hombre está siendo buscado por delitos de lesa humanidad, acceda a extraditarlo", le dijo a este diario.

Como Otilio Romano todavía tiene fueros, por ahora no se puede pedir su extradición ya que no puede ser detenido. Es por eso que la querella evalúa que el Consejo de la Magistratura debería acelerar su destitución, para así poder pedir su captura internacional. "Es gravísimo que se haya fugado un juez y que no se someta a un proceso penal en el mismo ámbito en el que trabajaba hasta hace dos semanas", opinó Beigel, abogada patrocinante de Luz Faingold (ver aparte). "Los plazos del Consejo rondan los seis meses ante un pedido de juicio político, pero en este caso, ante un hecho de tal gravedad, hay que encontrar una forma de desaforarlo lo más rápido posible", reclamó la querellante.

María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos del gobierno mendocino, sostuvo que desde el Ejecutivo provincial también se evalúa la posibilidad de pedir el desafuero del camarista para lograr la captura internacional. Aunque el gobierno mendocino no es querellantes, desde la Dirección de Derechos Humanos aseguraron estar a "disposición de los organismos y del Poder Judicial para tramitar ante el Ejecutivo Nacional y la Cancillería el pedido de extradición".

El camarista sabe de lo que huye. Sobre su cabeza pesan 103 delitos de lesa humanidad, entre asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones ilegales, perpetrados en el D2, que funcionaba en el departamento central de Policía de Mendoza durante la dictadura. En la causa penal en su contra ya figura el requerimiento de juicio oral por parte del fiscal y los querellantes que, como mucho, sería resuelto en dos meses. Romano sabe que las pruebas en su contra son contundentes. La cárcel común lo espera en Argentina.

[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 09sep11]

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