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09ago12


Rada dice que el Gobierno incumple el decreto de nacionalización


El exministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, reveló a Radio FIDES que desde octubre del 2006 el gobierno incumple el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos promulgado el 1 de mayo del mismo año, en el que las tributaciones para Bolivia eran del 82 por ciento y el 18 por ciento para las empresas petroleras, la que debió ser ratificada posterior a la presentación de las auditorías realizadas a dichas empresas. En ese sentido, el país retornó a la Ley 3058 de Hidrocarburos establecida en mayo de 2005 por el gobierno de Carlos Mesa donde las ganancias hidrocarburíferas se dividen en un 50 por ciento para el Estado y el otro 50 por ciento para las petroleras.

"Estoy preocupado porque varios medios de comunicación aseguran que la tributación de compañías petroleras hacia el Estado llega al 82 por ciento y ellas se llevan el 18 por ciento restante, este porcentaje está establecido en el Decreto de Nacionalización del 1 de mayo en su artículo cuarto que dice `durante el periodo de transición para los campos no en forma definitiva`, mismo que comenzó el 1 de mayo cobrándoles a las empresas 82 y terminó a fines de octubre del mismo año, duró seis meses y esos meses evidentemente se pagó así", declaró Soliz.

En este sentido, el ex ministro declaró que a partir de la firma de nuevos contratos entre Bolivia y las empresas petroleras, posterior a octubre de 2006, se aplica la ley 3058 debido al desconocimiento de los resultados de las auditorías realizadas a las petroleras de aquel entonces.

"A partir de la firma de nuevos contratos las tributaciones que rigen ya no es la del Decreto de Nacionalización, la tributación que rige es la de los contratos que se han firmado y en todos los contratos que se han firmado con las compañías petroleras hablan de una distribución del 50 -50 aplicando la ley 3058 del 17 de mayo de 2005 que es la Ley de Hidrocarburos de Mesa.", aclaró el exministro que además manifestó que la información en torno a este tema no fue bien asimilada y por tanto aseguró que "la población cree que estamos recibiendo el 82 por ciento, cuando solo es el 50 por ciento".

Por otro lado, lamentó que ante la distribución que se tiene al momento - de 50 por ciento para gobierno y petroleras- los gobernantes hayan quedado tranquilos y conformes, sin embargo la ex autoridad manifestó a Radio FIDES su preocupación.

"El gobierno sí se quedó conforme con esa tributación pero los que hemos redactado el Decreto de Nacionalización decíamos que el tema de la tributación tiene que ser ratificado, el 82 - 18 sobre la base de la auditorias petroleras, pero esas auditorias petroleras que comenzaron a realizarse durante mi gestión ministerial, terminaron también el mes de octubre", informó.

En esta línea, cuestionó la actitud del gobierno que no difundió los resultados de las auditorias petroleras y, por ende, no sancionó los resultados arrojados por las mismas que debieron ratificar lo interpuesto por el Decreto del 1 de mayo de 2006.

"Infelizmente el gobierno no publicó las auditorias que estuvieron a cargo de los Ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca, en ellas se demostraba que las compañías habían inflado sus inversiones, habían declarado de manera incorrecta los beneficios que obtuvieron, olvidaron que en los megacampos habían sido descubiertos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), teníamos el mercado del gas, les habíamos dado todas las ventajas a las petroleras que no invirtieron nada para operar en Caraparí y en la Serranía del Aguaragüe, llevándose lo mejor de los campos, éstas compañías tenían que habernos permitido mantener la tributación 82 - 18 pero como las auditorias se mantuvieron en secreto y se mantienen por que el gobierno no quiere publicarlas, éste es el monto que estamos cobrando (50 - 50)", aclaró el catalogado como "defensor de los recursos naturales".

La ex Autoridad, sostuvo que ante el incumplimiento del decreto emanado en el 2006 se incumplieron en dos temáticas fundamentales, "Al incumplirse el decreto en dos temas, mantener al tributación, pero sobre todo mantener ocultas las auditorías, ese es el tema central para que la nacionalización se mantenga y se profundice la nacionalización que ha sido desvirtuada y hemos retrocedido a la ley de hidrocarburos que se dictó en el gobiernos de Carlos Mesa".

No obstante, el ex ministro de Evo declaró que ante estos hechos el gobierno debería difundir los resultados de las auditorías conforme el Decreto de Nacionalización, sentar a las empresas petroleras y mostrarles sus resultados y en consecuencia demandar el retorno a la tributación 82 - 18, sin embargo, expresó que no se percibe esta intención por parte de los gobernantes, "infelizmente yo no veo un espíritu suficientemente fuerte para enfrentar a las petroleras y reconquistar las ventajas del decreto de nacionalización".

Ante esta revelación, el ex ministro de Morales determinó que el Gobierno se encontraría sometido a los intereses de las compañías petroleras, "esa acción coadyuvó para que la mala información se mantenga hasta el día de hoy", aseveró.

Por otro lado, Soliz expuso que cuando el gobierno habla de los grandes éxitos de los hidrocarburos, oculta que dichos ingresos no se deben al Decreto de Nacionalización ya que fue incumplido. "Los enormes ingresos se deben a las altísimas cotizaciones que tiene el petróleo y el gas en el mercado internacional, (). Es cierto que existen grandes ganancias de los hidrocarburos pero por el precio del barril del petróleo que está en 100 dólares y el precio del petróleo es el referente para cobrar por los ingresos del gas, esto explica los enormes ingresos".

Aclaró que si a la fecha se mantuviera la normativa del Decreto de Nacionalización se registraría hasta un 30 por ciento más de los ingresos actuales.

"Pero de nada sirve tener enormes ingresos si no tenemos una buena empresa petrolera que no sabe administrar lo que tiene. Lo primero es fortalecer la empresa estatal, tendríamos que haber reconvertido a YPFB", recomendó la reorganización de la empresa petrolera estatal, convirtiéndola en una empresa corporativa, al estilo de la brasilera PETROBRAS, erradicando el desorden y los delitos, para alejarla de la "crisis en la que se halla sumida".

[Fuente: Fides Bolivia, Redacción Central, El País, Tarija, 09ago12]

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