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02abr11


El Pastorcito mentiroso


La información dada por las diferentes instituciones estatales sobre las Bacrim ha sido a la vez abundante y contradictoria; bipolar para decir lo menos. La manipulación de este tema durante el segundo mandato de Álvaro Uribe queda cada vez más al descubierto.

Desafortunadamente la situación no ha cambiado mucho. Daba francamente pena ajena ver al General Naranjo en 2008 de mandadero mediático del gobierno Uribe sustentando cifras tan ridículas, como que unas banditas de 1.200 delincuentes manejaban parte sustancial del narcotráfico en Colombia. Y da francamente más pena, ver al mismo General en 2011 diciendo que ahora descubrió que en realidad son 4.500, pero que eso sí, sus hombres han capturado o dado de baja al menos a 10.000!. Ah y que sí, que las Bacrim son la mayor amenaza a la seguridad del país.

Pero si por la Policía llueve por el Ministerio de Defensa no escampa. Las declaraciones del Ministro Rivera tienen un desatino en contenido y en oportunidad mayúsculo. Por ejemplo, hace un mes denunció la alianza criminal entre las Farc y el ELN.

Estas dos guerrillas habían anunciado esa alianza mediante comunicado público hace año y medio. Parece que el último en enterarse fue el Ministro. Aunque por lo menos reconoce que las Bacrim no son simples grupos delincuenciales sino estructuras de crimen organizado, siguen insistiendo en que son estructuras fragmentadas y dispersas que no tienen control territorial. Sin embargo, a la par han dicho que pasaron de 34 estructuras en 2008, a 21 en 2009 y menos de 10 en 2011. En el colegio enseñan que eso se llama concentración, no dispersión.

Lo errático de las declaraciones no pasaría de ser un hecho anecdótico, de no ser porque mientras están en la feria de la cifra y la rueda de prensa, miles de colombianos inermes pagan con su vida y sus bienes el accionar en el terreno de estos criminales.

Hasta el propio Ministro de Defensa tuvo que reconocer que al menos 7.000 homicidios ocurridos en 2010 fueron causados por las Bacrim.

El grueso de la dirigencia colombiana negó y minimizó durante años la existencia de los paramilitares. Insistían en hablar de fuerzas oscuras. Por el enorme esfuerzo investigativo del periodismo, organizaciones sociales y la justicia sobre parapolítica supimos que aquellos que las negaban, eran quienes las promovían y hasta dirigían.

Durante el estado de negación y connivencia, el narcoparamilitarismo despojó a 4 millones de colombianos de 6 millones de hectáreas, asesinó a 170.000 y desapareció a otros 35.000 colombianos. Confío en que una tragedia similar no se repita. Ni las guerrillas ni el paramilitarismo ni el narcotráfico de hoy tienen la capacidad y poder militar de ayer.

Pero las neo-guerrillas, neo-paramilitares y neo-narcotraficantes de hoy tienen el objetivo de proteger y mantener, o preferiblemente crecer, el botín acumulado en dos décadas (Ver informe).

Necesitan recuperar el descenso en las rentas internacionales de narcotráfico por cuenta del dominio de los carteles mexicanos y recuperarlas en nuevas rutas externas o nuevos mercados internos. Por eso el narcomenudeo está reventando la seguridad en las principales ciudades del país. Ahora cada esquina de expendio en Bogotá vale oro ante la pérdida de esquinas en New York.

Si el narcotráfico tiene dificultades es imperativo mantener e incrementar otras rentas nacionales. Hay que sacarle todo el jugo a los carteles de contratación para capturar regalías, salud, infraestructura y cuanto recurso público sea posible. Y también hay que aprovechar las viejas ventajas comparativas con las nuevas oportunidades económicas.

Los narcoparamilitares durante décadas vendieron protección a mineros empresariales, que la guerrilla extorsionaba, y desplazaron o sometieron a plomo a los artesanales. Igual en el agro. Por décadas expandieron el hato ganadero y agroindustrial, sacando a plomo al campesino y pequeño hacendado. Es cuestión de aplicar esa experiencia y ventaja comparativa en mantener el botín y expandirlo a la par que avancen las locomotoras minera y agroindustrial.

No se requiere mucho más que una mínima honestidad intelectual y política para reconocer estas conexidades y circunstancias. Se requiere sí, una mayor y mejor información pública para comprender y prevenir más eficazmente a éstos grupos criminales. Hacer eso, no es tirar por la borda la seguridad democrática, ni desprestigiar al predecesor ni darle estatus político a las Bacrim. Es elemental sentido común y responsabilidad política.

El empeño por minimizar el narcoparamilitarismo y su falsa/parcial desmovilización está repitiendo la cadena de engaños y manipulaciones en el diagnóstico y tratamiento a las Bacrim. La mezcla de desconocimiento de algunos y connivencia de muchos produjo en dos décadas en Colombia la mayor tragedia humanitaria de todo el hemisferio occidental. ¿Por qué nos resistimos a aprender la lección?

[Fuente: Por Claudia López, La Silla Vacía, Bogotá, 02abr11]

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