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18abr10


La corrupción cuesta a las empresas 62.500 millones de euros en México


"Lo podríamos arreglar...". No hay obstáculo en México para conseguir cualquier cosa si uno está dispuesto a rascarse el bolsillo. Ni casi nadie que escape a la 'tentación' de obtener un sobresueldo ilegal arraigado en una farragosa burocracia y un permisivo sistema. La famosa 'mordida', materia hasta de las guías de viajes, se cuela en los despachos más insospechados del país. Porque funcionarios y políticos, aquellos que en teoría deberían velar por la legalidad, están entre sus principales destinatarios.

No es una sospecha. Lo acaba de confirmar un estudio sobre la corrupción en la Administración pública mexicana y su coste para las empresas. Para todas las que se asientan en México, incluidas las españolas. Y el resultado demuestra que el soborno es un suculento negocio para quienes lo demandan: los empresarios gastan al año 62.500 millones de euros! (85.000 millones de dólares) en 'mordidas'.

La cifra, calculada tras la encuesta realizada a 3.000 empresas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), un 'think tank' mexicano, es tan alta que equivale a entre el 7 y el 9% del PIB nacional. "Ya lo decía Cicerón, 'a mayor regulación, mayor corrupción' y en México hay mucho de las dos cosas. El Foro Económico Mundial ha señalado la ineficiencia burocrática y la corrupción como los principales obstáculos para hacer negocios en México", explica a ELMUNDO.es el director del CEESP, Luis Foncerrada.

Basta revisar la estadística para comprobar hasta qué punto está extendido el vicio de pedir dinero 'extra' por muchos trámites administrativos. Ocho de cada 10 empresarios aseguran haber escuchado tal sugerencia. Aunque sólo el 20% reconoce haber pagado. Y aun así,la suma alcanza esos 62.500 millones de euros, que supone que las empresas dedican entre el 6% y el 10% de sus ingresos a sobornar a funcionarios y políticos.

"La idea inicial era hacer una radiografía de hasta dónde llegaba la práctica de pedir sobornos desde la Administración, comprobar dónde se producía más", aclara Luis Foncerrada, "pero las respuestas nos han permitido valorar también a cuánto asciende eso en dinero".

Sobornar para cambiar leyes

A decir la verdad, tampoco el objetivo de las empresas cuando pagan es siempre legal. El 20% de las que sobornan lo hacen para lograr modificaciones legislativas, de regulaciones o de normas urbanísticas que favorecen sus intereses. Y una de cada 10 dice haberlo hecho para convencer a un juez en su favor, conseguir la adjudicación de un concurso, agilizar un procedimiento administrativo o evitar ser 'molestado' por la policía estatal.

"La encuesta ha revelado también que el porcentaje más alto de petición de mordidas se da en los Gobiernos estatales y municipales. Y menos en los federales ", precisa a ELMUNDO.es el director del CEESP. "Se da en burócratas a todos los niveles. Pero hay casos en los que se saben perfectamente los nombre de los secretarios que piden por norma el 10% de la inversión o de los beneficios. Y seguramente, todos ellos cuentan con el beneplácito de sus gobernadores".

El resultado del muestreo dibuja incluso un mapa de corrupción, donde las respuestas de las empresas señalan los estados más inclinados a exigir sobornos. Es el caso de Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca, por este orden. En el otro extremo, los que pueden presumir de honestidad, siempre en opinión de los empresarios consultados: Colima, Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo y Campeche.

Cómo cambiar el sistema?

Con tal panorama, se podría cambiar el sistema? Luis Foncerrada está convencido de ello, aunque sabe que no es fácil. "Hacemos estos estudios precisamente con ese objetivo, concienciar a las empresas para que no paguen y a la Administración para corrija estas prácticas ilícitas. Y sirve".

"Hay gobernadores que nos llaman para interesarse por los datos de sus estados y abren investigaciones, por ejemplo", asegura el director del CEESP. "De hecho, el estudio está en parte financiado por la Secretaría de la Función Pública federal porque desde ésta se están impulsando medidas para frenar la corrupción de los funcionarios".

La denuncia de los intentos de soborno parecería una buena opción, pero no hay cifras oficiales de cuántos acuden a un tribunal a intentar defender sus derechos (la encuesta no incluyó la pregunta). Y la sabiduría popular revela que en México este camino es largo, pesado e ineficaz. Al final, muchos prefieren pagar la 'mordida' y obtener lo que quieren antes que gastar tiempo y mucho más dinero en acudir a los jueces corriendo el riesgo de terminar el proceso sin lograr nada, ni Justicia ni aquéllo que habían solicitado a la Administración.

[Fuente: Por Isabel Longhi Bracaglia, México, El Mundo, Madrid, 18abr10]

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