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18dic09


Según la AEB el déficit público español sería del 8 % del PIB sin contabilizar los efectos de la crisis.


El espectacular aumento del déficit público español, que este año va a acabar en torno al 10% del PIB, no se debe principalmente a la recesión que vive nuestro país y al incremento del pago de prestaciones a los desempleados, como mucha gente piensa. Al contrario, de esos 10 puntos al menos 8 corresponden a lo que se conoce técnicamente como "déficit estructural", es decir, el déficit que tendrían las cuentas públicas aunque no hubiera crisis y no se hubiera disparado el paro.

Esta cifra, recogida en el Informe Económico Financiero de la AEB (Asociación Española de Banca), indica que el problema de las cuentas públicas españolas es mucho más grave de lo que ya parece a primera vista. Porque no basta con eliminar todo el aumento de las prestaciones de desempleo ni otras medidas de estímulo fiscal (como el Plan E) para reconducirlo a cifras razonables, sino que hace falta mucho más.

Esta cifra se explica porque las administraciones han considerado como si fueran permanentes unos ingresos de la época del boom que no eran recurrentes, en especial los procedentes de los múltiples impuestos que gravan la venta de viviendas y el IVA de las importaciones -que se disparó gracias al fuerte crecimiento del consumo-. "Ese nivel de ingresos no se va volver a repetir, y como el gasto estructural se ha acomodado a esos ingresos, eso provoca el agujero actual", explican en un servicio de estudios.

"La razón de que la retirada de los estímulos fiscales transitorios adoptados para amortiguar la contracción de la demanda no sea suficiente estriba en que la crisis se ha llevado por delante una parte significativa de los ingresos públicos en el periodo de expansión previo a la crisis. Eran ingresos extraordinarios ligados a burbujas inmobiliarias, a tasas de consumo de los hogares muy elevadas, a volúmenes excesivos de importaciones y a beneficios atípicos de las empresas", explicaba recientemente Rafael Domenech, economista jefe del servicio de estudios de BBVA. "La consecuencia de que muchos Gobiernos estuvieran viviendo por encima de sus posibilidades es que los próximos años serán tiempos de sacrificios", añade.

Si volvemos a 2007, cuando España logró un superávit de las cuentas públicas del 2,23% del PIB, ya había déficit estructural. Para que éste fuera cero, habría hecho falta un superávit del 4%, según el citado servicio. La Comisión Europea estima que el déficit estructural español será del 6% en 2010 y del 5% en 2011; si hablamos del déficit total, sus previsiones son de un 10,1% del PIB en 2010 y de un 9,3% en 2011 No hay que olvidar que Bruselas ha puesto a España como tope el año 2013 para volver a un déficit del 3%.

Reducir el gasto no basta

Así las cosas, los expertos consideran que hace falta una drástica reducción del gasto público por parte de todas las administraciones -que está creciendo al 21% entre enero y octubre-. Pero algunos opinan que ni siquiera llegando a los niveles de Irlanda (que ha recortado el gasto en un 2% del PIB de golpe) sería suficiente para cumplir estas exigencias. Porque el problema principal no radica en los gastos sino en los ingresos, según diferentes expertos.

En efecto, si el gasto público está creciendo al 21%, los ingresos por impuestos y cotizaciones se han desplomado el 21,2% en el mismo período por culpa de la crisis y de la explosión de la economía sumergida, lo que ha reducido la presión fiscal (relación entre ingresos fiscales y PIB) a tasas de país subdesarrollado. Es decir, el gran debate es cómo se pueden aumentar los ingresos en una cuantía suficiente para cubrir las necesidades del Estado cuando ya no se va a poder seguir ordeñando la vivienda o el consumo desaforado.

Y como eso no tiene fácil arreglo salvo que se abra un debate en profundidad sobre la reforma del sistema impositivo, algo que solicita el informe de la AEB. Debate que ha rehuido hasta ahora el Gobierno más allá de la subida del IVA y de las plusvalías anunciada para el próximo año. Mientras eso no ocurra, será casi imposible cumplir las exigencias de la Comisión Europea ni las de Standard & Poor's para no bajar de nuevo el rating de España.

[Fuente: Cotizalia, Madrid, 18dic09]

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