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01ago12


Carromero podría ser condenado a hasta 15 años de cárcel por la muerte de Payá


La Fiscalía cubana tiene indicios para acusar al español Ángel Carromero de doble homicidio. El Código Penal establece una pena máxima de hasta 15 años por las "graves consecuencias" del accidente en el que murieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero cuando el joven dirigente del PP iba al volante.

Todo indica que el español será acusado de doble homicidio. Es por ello que el dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid se encuentra en prisión provisional en La Habana.

Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO coinciden en que Carromero podría enfrentarse a una condena de cárcel de hasta 15 años. Previsiblemente, la Fiscalía le acusará de "un delito contra la seguridad del tránsito".

El Código Penal cubano establece en su artículo 177 penas de entre uno y 10 años cuando "el conductor de un vehículo que, infringiendo las leyes o reglamentos del tránsito, cause la muerte a una persona". La horquilla es muy amplia porque se contemplan tanto los posibles agravantes como los atenuantes.

Y como en este caso el resultado ha sido de dos víctimas mortales, la Fiscalía puede acogerse al artículo 53c -"ocasionar con el delito graves consecuencias"- para solicitar un incremento de la pena. Entre los agravantes que pueden complicar las cosas a Carromero está el exceso de velocidad al que al parecer conducía.

Si se demuestra el mal estado de la vía -diversas fuentes señalan que estaba en obras y sin asfaltar-, éste podría ser considerado un atenuante que ayudaría a la defensa del español. También le beneficiaría poder demostrar que se encontraba en un estado de gran fatiga por llevar demasiadas horas al volante. La justicia es tan lenta como imprevisible en un país como Cuba. Por ello es imposible saber cuándo tendría lugar el juicio.

Se da por hecho que llevará meses que Carromero pueda volver a España y por el momento se da prioridad a la asistencia jurídica del joven. Exteriores no se plantea pedir una investigación independiente, según fuentes diplomáticas.

El futuro de Carromero

De momento, el español permanece en dependencias del Ministerio del Interior en La Habana. Pero si finalmente ingresa en prisión provisional con cargos, sería trasladado a la cárcel para extranjeros La Condesa, a las afueras de La Habana. En ningún caso compartiría prisión con reos cubanos.

Fuentes diplomáticas y voces autorizadas del Partido Popular admiten que la situación es muy delicada.

Expertos en Derecho Penal de Cuba a los que ha tenido acceso este periódico señalan que, en caso de ser juzgado y declarado culpable, lo más probable es que Carromero tuviera que cumplir dos años de cárcel -que en la práctica, y por los usos judiciales de la isla, supondrían 20 meses-.

A partir de ese momento, es más que probable que se produjera la extradición a España, de común acuerdo entre ambos Estados.

Delito político

Otro asunto importante que aún debe contemplarse es la posibilidad de que el régimen cubano decidiera actuar contra Carromero por un delito político. El sueco Jens Aron Modig -copiloto del español cuando se produjo el accidente- reconoció el lunes en la conferencia de prensa realizada en La Habana su intención de entregar 4.000 euros al fallecido Oswaldo Payá y a otros opositores.

El hecho de que tanto el español como él entraran a la isla con visado turístico con el objetivo de financiar a la oposición es un tipificado delito contra la seguridad del Estado cubano.

El hecho de que el sueco ya haya podido regresar a Suecia -eso sí, después de pedir disculpas públicamente y de tener que decir que ignoraba que estuviera haciendo nada delictivo-, hace pensar que el régimen castrista quiere pasar por alto este asunto.

Ocurra lo que ocurra si llega a celebrarse el juicio, y sobre todo si se le acabara imputando algún delito político, hay que pensar en una posible intervención a posteriori del Consejo de Estado, máximo órgano ejecutivo de Cuba, que podría reducir o conmutar la pena del español por el destierro -lo que significaría su repatriación-, o incluso indultarle.

[Fuente: Por Ángel Tomás González, El Mundo, Madrid, 01ago12]

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