EQUIPO NIZKOR |
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30may11
Auto de procesamiento contra el ex Ministro de defensa y 19 militares salvadoreños por el asesinato de 5 jesuítas españoles, un sacerdote salvadoreño y 2 mujeres.
Anexo 1
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRIDSUMARIO: 97/10 (DP 391/08)
AUTO DE PROCESAMIENTO
En Madrid a treinta de mayo de dos mil once HECHOS
PRIMERO.- EL CONTEXTO: NEGOCIACIONES O “GUERRA TOTAL”
El año 1989 fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador. Los resultados de las elecciones de 1989 impulsadas por EE. UU. alteraron de forma irrevocable el panorama político del país.
La competencia entre los partidos de la derecha (Partido Republicano Nacional ARENA) y del centro-derecha (Partido Demócrata Cristiano) se libraba con el telón de fondo de una intensificación de la actividad militar por ambas partes, coincidiendo con la subida al poder militar de la “Tandona” de 1966 – promoción de la escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros, a los del Gobierno o la propia intitución militar, siendo miembro del grupo de liderazgo conformado por ocho militares conocidos como “compadres”- en junio de1988, consiguiendo forzar la retirada de dos generales y el traslado de treinta oficiales veteranos, asumiendo el liderazgo del Estado Mayor y todos los puestos del Alto Mando, excepto el de Ministro de Defensa.
Por otro lado, el FMLN se había extendido con éxito hasta casi todas las esquinas de El Salvador. En 1989, el FMLN había pasado de ser un pequeño grupo de guerrillas apenas armadas a uno de los movimientos rebeldes modernos más eficaz.
La guerra había llegado a un punto muerto que según parecía, podría dar lugar a “al menos a otros diez años en perspectiva”.
Además, las elecciones de marzo de 1989 se celebraron en el contexto de la mayor presión conocida hasta ese momento por alcanzar un acuerdo negociado al conflicto.
Un sondeo realizado bajo la dirección del luego asesinado jesuíta Ignacio Martín Baró, en enero de 1989 arrojó un resultado de que el 68% de los salvadoreños querían “negociar la paz con el FMLN tan pronto como fuera posible” y solamente el 11% prefería intensificar la guerra para derrotar a los rebeldes, lo que llevó tanto a la izquierda (a la que se había excluido de las elecciones) como a la derecha (que intentaba ganarlas por primera vez) a maniobrar para conseguir extender ‘el manto de la paz’.
Se incrementó el apoyo internacional y doméstico por alcanzar un acuerdo negociado que además de la iniciativa de Esquipula se reflejó también en la propuesta de paz que el FMLN anunció antes de las elecciones, anuncio que el gobierno demócrata cristiano saliente, la Iglesia Católica y la mayoría de los civiles habían acogido positivamente.
Los resultados de las elecciones de marzo de 1989 revelaron la intensa polarización de El Salvador.
Por un lado, el candidato del partido conservador ARENA (Alfredo Cristiani), había ganado el 53% de los votos. Aliados con la Tandona tanto desde un punto de vista financiero como ideológico, esta victoria parecía darle un nuevo empujón a la “línea dura”.
Por otro lado, un inaudito 50% del electorado con derecho a voto no acudió a votar a pesar de la obligación legal de hacerlo, lo que suponía apoyar el llamamiento del FMLN de abstenerse o de votar nulo.
Estos resultados tan dispares mostraban la intensa insatisfacción del pueblo, además de presentar en toda su crudeza a los antagonistas políticos del país: podían o bien avanzar hacia un acuerdo negociado o bien sumir de nuevo al país en un periodo de matanzas masivas de civiles como había ocurrido en el periodo anterior o lo que los partidarios de la línea dura llamaban "guerra total".
Esta fue la decisión clave a la que se enfrentó el gobierno de Cristiani tras hacerse con el poder. Los partidarios de la línea dura de las filas de ARENA y de las Fuerzas Armadas presionaban para que se volviese a la estrategia anterior (1979-1982) de “guerra total” para derrotar al FMLN, lo que significaba la eliminación de los enemigos reales o potenciales y cuyo objetivo era destruir cualquier tipo de resistencia posible, incluida la que podían desde su labor estar ejerciendo los jesuítas de la UCA..
Los principales líderes de la Tandona, especialmente el Vice Ministro de Defensa Juan Orlando Zepeda y el Jefe del Estado Mayor Emilio Ponce, y su aliado, el General de las Fuerzas Aéreas Juan Bustillo (que era el más veterano de la “tanda” y también el de mayor rango) apoyaron la vuelta a la guerra total, oponiéndose a las negociaciones.
La Tandona resistió todos los intentos de diálogo, incluyendo la iniciativa del FMLN que anunció en enero de 1989 poco después de que el partido ARENA subiese al poder.
La respuesta de los oficiales veteranos a esta propuesta era indicativa de la intensidad de su oposición: El General Humberto Larios, Ministro de Defensa; y el Coronel René Emilio Ponce, Jefe del Estado Mayor, amenazaron públicamente con un golpe de estado, pues pensaban que las negociaciones significaban el fin de su existencia.
La Tandona cedió a regañadientes, ante la insistencia de EE. UU., a convocar elecciones para elegir a un presidente civil, pero rechazó que la presión fuese más allá para que las negociaciones fructificasen, pues se veían marginadas del poder.
La vuelta a la “guerra total” podría significar repetir las numerosas masacres a gran escala de los primeros años de la guerra (1979-1982) en donde sobresalió la labor del Batallón Atlacatl que después asesinó a los jesuítas, y había sido el telón de fondo ideológico para asesinatos como el del Arzobispo Oscar Romero y cuatro clérigas norteamericanas.
Por primera vez, surgieron dentro del partido ARENA algunos elementos que parecían abiertos a lo que el rector de la UCA definió como una "nueva fase".
El rector jesuita de la UCA, padre Ignacio Ellacuría, a quien se conocía como el analista político más importante de El Salvador, no creía que fuese posible una victoria militar ni de las Fuerzas Armadas ni del FMLN.
Durante años había argumentado que la única vía de salida posible a la guerra civil era el diálogo.
Bajo su punto de vista, tanto ARENA como el FMLN habían avanzado lentamente hacia el centro; el papel que él había elegido era el de potenciar la creación de una "tercera fuerza" formada por civiles que ayudara a conseguir un acuerdo negociado.
En su papel de mediador entre el gobierno y el FMLN, Ellacuría tuvo éxito en alentar al comandante militar del FMLN más partidario de la línea dura a declarar por primera vez y públicamente su disposición a entablar una negociación.
En sus reuniones con el presidente Cristiani, presionó para que se produjese el diálogo, de modo que cuando ARENA subió al poder en marzo de 1989, Ellacuría se mostró optimista.
Creía que la idea de una “tercera fuerza” civil podría poner freno a los partidarios de la línea dura de cualquiera de las dos partes.
Lo que el Rector Ellacuría había visto como una oportunidad, precipitó la crisis de ARENA.
Por primera vez, el partido estaba cada vez más dividido entre empresarios más abiertos a la negociación que querían influir en el Presidente Alfredo Cristiani en esa dirección y las fuerzas a favor de una posicion de guerra mas agresiva representadas en la persona de Roberto D’Aubuisson, el “presidente honorífico vitalicio” y fundador del partido ARENA.
Para los miembros menos extremistas del partido, los lideres de las Fuerzas Armadas se habían convertido en un problema.
Los fondos de la seguridad social del ejército constituían la mayor fuente de capital líquido del país, lo que le permitía tener su propio banco comercial y competir con las élites tradicionales: había comprado sectores enteros de producción y un significativo porcentaje de los bienes inmuebles del país.
Una consecuencia aún más inoportuna fue la creación de una banda que secuestraba con fines lucrativos cuyo objetivo eran los hijos de las personas adineradas.
Esta banda estaba dirigida por un oficial de la Tandona que operaba con impunidad y que estaba protegido por el Jefe del Estado Mayor Ponce.
La facción de D’Áubuisson conservaba su propio aparato paramilitar, controlaba numerosos archivos de inteligencia y contaba con la profunda lealtad de los miembros más violentos y nacionalistas del partido así como partes de los cuerpos de oficiales veteranos por lo que continuó siendo “el político más importante de ARENA” y “el poder tras el trono” tras las elecciones de 1989.
Que D’Áubuisson ejercía inicialmente el poder por encima del presidente Cristiani era visible desde fuera.
Sin consultar con el nuevo presidente, D’Áubuisson escogió personalmente a uno de sus más estrechos aliados y financiador de los escuadrones de la muerte, Francisco “Chico” Merino, como vicepresidente del país para que pudiera influir directamente en el seno del gobierno de Cristiani.
El vicepresidente Merino mantenía lazos estrechos con los miembros más extremistas de la Tandona, especialmente con el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda.
Ambos pertenecían a “Los Maneques”, un círculo íntimo civil y militar que acogía a los extremistas más virulentos de El Salvador con conexiones en el corazón del ejército y en el partido ARENA.
La relación que se forjó entre estos civiles con altos cargos y los miembros de la Tandona, sobre todo el nexo de Merino y Zepeda, fue vital para posibilitar la masacre de los jesuitas porque facilitaba la cooperación entre los organismos militares y los civiles para perpetrar asesinatos.
El propio Ellacuría reconoció que esta poderosa dinámica no presagiaba nada bueno para la tan esperada “nueva fase”.
EL MOTIVO: MANTENERSE EN EL PODER
Los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo de presionar para que la negociación se llevase a cabo. Ese fue el motivo fundamental de su asesinato.
Ellacuría, al que ya se conocía por haber actuado como mediador experimentado en la liberación de la hija de un ex presidente a la que habían secuestrado, era el único intermediario que hablaba con todas las partes: desde el FMLN pasando por ARENA hasta la embajada de EE. UU. Actuaba de puente entre el presidente Cristiani y los rebeldes. Los comandantes del FMLN le respetaban, incluso se reunió con los rebeldes estando en desacuerdo con sus planteamientos, particularmente en un importante encuentro celebrado en Managua. También se entrevistaba con Cristiani, afirmaba que “no era sólo una marioneta de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)”. En total, se estima que el rector de la UCA “tomó no menos de cuatrocientas medidas para llevar la paz a El Salvador”. En el momento de su muerte, más que cualquier otra figura individual, Ellacuría se había convertido en el punto de apoyo de la elaboración de un posible acuerdo para acabar con la guerra civil.
Los Jesuitas y los religiosos de otras ordenes habían sido durante mucho tiempo el objetivo de los militantes de la extrema derecha; hecho que evidencian los aproximadamente 250 incidentes de amenazas, atentados, expulsiones y asesinatos que se llevaron a cabo en el Salvador culpando a la Iglesia de “incitar” a los campesinos, y de formar parte de una conspiración comunista internacional “al servicio del Kremlin”.
Como teólogos de la liberación, a los jesuitas se les acusaba sobre todo de enseñar la “opción preferencial por los pobres” en los colegios más elitistas del país (y por tanto, de “envenenar la mente de los jóvenes”), y se ganaron la eterna enemistad de los terratenientes salvadoreños por su histórico apoyo a la reforma agraria.
Como algunos de sus estudiantes habían sido esenciales en el nacimiento de la rebelión armada, a los jesuitas se les consideraba responsables del surgimiento de la disidencia (y por tanto, del movimiento de la guerrilla y de la guerra en sí). A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser “uno de los principales consejeros y estrategas del FMLN” a pesar de su punto de vista de que una victoria del FMLN no era posible.
Los Jesuitas habían sido un blanco durante toda la década: amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA... con ataques que fueron creciendo en intensidad y en número durante 1989. Las amenazas que se referían expresamente al rector Ellacuría, habían comenzado allá por el año 1980. Posteriormente, los nombres de Segundo Montes y de Jon Sobrino comenzaron a aparecer con frecuencia. Para el año 1989, las acusaciones contra los líderes de la UCA se habían vuelto cada vez más virulentas: los jesuitas eran “extranjeros enviados por España para recolonizar el país”; eran los líderes de “hordas de terroristas” y lo más importante, eran los líderes intelectuales, el “cerebro” del FMLN.
El Vice Ministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, alegó incluso que los sacerdotes eran cómplices del asesinato del Fiscal General de El Salvador. El líder de la Tandona había advertido públicamente: “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, pedimos a la gente que confíe en nosotros, porque vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación.”
Este odio se originó en la creencia de que los marxistas habían penetrado en la Iglesia. Los partidarios de la línea dura, estaban profundamente influidos por la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL) que consideraba enemigos a los sacerdotes. Esta organización estaba encabezada por figuras abiertamente simpatizantes de Hitler, y reunía en su seno a los fundadores más famosos de los escuadrones de la muerte y a los responsables de idear la represión militar en Latinoamérica. En El Salvador entre 1972 y 1991, dieciocho sacerdotes católicos, tres monjas norteamericanas y un norteamericano laico que trabajaba en la iglesia fueron asesinados o “desaparecieron”.
El papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha. La muerte del arzobispo Oscar Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte militar/civil en 1980 ilustra el establecimiento de un inquietante patrón que recuerda al de los asesinatos de los jesuitas: antes de emitir sus amenazas de muerte, la intensidad de las mismas creció en proporción a la perspectiva del éxito de la negociación, finalmente el arzobispo Romero fue asesinado. Una de esas amenazas, recibida justo cuando parecía que el arzobispo iba a conseguir que el presidente estadounidense Jimmy Carter cortase la ayuda militar y apoyase las negociaciones, hizo uso de un lenguaje similar al de las amenazas recibidas por varios de los Jesuitas asesinados diez años más tarde:
“La esvástica, símbolo del amargo enemigo del comunismo, es nuestro emblema. En respuesta a los traidores ataques en nuestra Patria, nos hemos… armado, y ahora comenzamos a erradicar las lesiones cancerígenas… Usted, Monseñor, está a la cabeza de un grupo de sacerdotes que en cualquier momento recibirá treinta proyectiles en la cara y en el pecho… LA FALANGE”.
Cada vez había más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los Jesuitas.
La línea dura centró su atención en obstaculizarla teniendo en cuenta que el elemento central de la negociación era la expulsión de la Tandona del poder. En el contexto de la ratificación del plan de paz regional Esquipulas II de agosto de 1989, el Rector Ellacuría se reunió con el Presidente Cristiani; y posteriormente, por primera vez, las negociaciones celebradas en México D.F. entre el gobierno y el FMLN mostraron verdaderos avances. A mediados de septiembre, Ellacuría había emitido declaraciones cada vez más favorables acerca del gobierno de Cristiani, mientras hacía un llamamiento público al FMLN para que renunciase a algunas de sus demandas y para que se alejara de la opción militar.
La reunión de Costa Rica del 16 al 18 de octubre entre el gobierno y el FMLN, celebrada un mes antes de la masacre de los jesuitas, fue la reunión clave y se centró en lo que para los rebeldes era el punto central de la negociación: la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la eliminación de la Tandona al completo así como de su principal aliado, el Comandante General de la Fuerza Aérea Juan Bustillo.
Para la Tandona, esto era inasumible. No sólo parecía que Ellacuría había logrado influir en Cristiani mediante la tutela que había ejercido en las negociaciones, eliminando de ese modo a un aliado clave, sino que también había logrado que las negociaciones se centrasen en analizar el futuro de la propia Tandona.
Se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor de la paz frente a la Catedral Nacional mientras que la eliminación de la Tandona ganaba apoyo internacional y popular. Más que cualquier otra demanda, esta potenció la legitimidad del FMLN desde la reforma del ejército, era su “argumento más poderoso y legítimo”. La Tandona permanecía intransigente y en lo que constituyó una clara amenaza, el Ministro de Defensa Larios, rodeado de su personal veterano y de los comandantes de casi todas las unidades del país aparecía en todos los medios de comunicación expresando “dudas” sobre las negociaciones. El ministro de Defensa consideraba que la idea de la “depuración”, era “absurda, ridícula e imposible”. Dos días más tarde, el Presidente Cristiani declaraba, en lo que pareció ser un cambio radical de posición, que nunca permitiría que el FMLN dictase la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Pero la respuesta del FMLN del 25 de octubre presionó aún más a la Tandona: “Sin la purga de las Fuerzas Armadas de sus miembros asesinos y corruptos, no hay ninguna posibilidad para la democracia, y sin democracia, no puede haber paz”.
Se culpó repetidamente a los jesuitas de ser “el cerebro” oculto de las negociaciones y, a finales de octubre, el coche de Ignacio Ellacuría y de su compañero jesuita Segundo Montes apareció pintado con esvásticas que recordaban notablemente a las que le habían enviado al arzobispo Romero. Las palabras pintadas en su coche también resultaban familiares: “Muerte a los comunistas de la UCA”.
A esto le siguió el atentado contra FENASTRAS, una confederación independiente de sindicatos, el 31 de octubre, que mató a nueve líderes sindicales e hirió a más de 40: un sangriento episodio que se consideró el primer golpe de una nueva oleada de “guerra contra las masas”. El atentado de FENASTRAS obtuvo el efecto de que el FMLN abortase las negociaciones de paz de forma inmediata y, el 11 de noviembre de 1989, lanzó la ofensiva militar más importante del conflicto con éxito inesperado en San Salvador que sorprendió a los lideres del ejercito.
En medio de este nuevo estallido bélico, Ellacuría, que había venido a recoger un premio, volvió de España el 13 de noviembre de 1989, tres días antes de su asesinato, para reanudar sus esfuerzos con el objetivo de lograr un acuerdo.
El presidente Cristiani se había puesto en contacto con él para proponerle unirse a una comisión de investigación cuyo objetivo era determinar la responsabilidad del atentado de FENASTRAS.
El día de su vuelta, incluso mientras miembros de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles ya planeaban darle muerte, tres miembros del FMLN se pusieron en contacto con el rector de la UCA para que ayudase a establecer “nuevos contactos entre el FMLN y el gobierno para debatir sobre las negociaciones de paz”.
Entonces Ellacuría se puso en contacto con oficiales jóvenes del ejército que él creía accederían a hablar con el FMLN. La retirada de la Tandona del liderazgo del ejército resultó ser el punto central del acuerdo entre los oficiales jóvenes y el FMLN.
Si los miembros de la Tandona eran conscientes de que se estaba planeando una repetición del golpe de 1979 de los oficiales reformistas se desconoce. Pero, dados los antecedentes de los anteriores golpes militares internos de 1977 y 1979, los oficiales veteranos tenían que estar temiendo un acontecimiento de este tipo.
El 15 de noviembre de 1989, los oficiales jóvenes comunicaron a Ellacuría que las negociaciones se habían aprobado y, posteriormente, informaron al FMLN de que “los preparativos iban por buen camino”.
Ese mismo día, miembros del ejército dieron la orden de asesinar a los Jesuitas y de no dejar testigos.
LA TOMA DE DECISIONES: LA CADENA DE MANDO Y LA TANDONA
El ejército de El Salvador es similar (en su cadena de mando) y totalmente distinto (en su sistema de tandas) a otros ejércitos latinoamericanos.
Acostumbrados a gobernar durante mucho tiempo y habiendo permitido por primera vez la ascensión de un civil a la presidencia, el ejército salvadoreño debe ser percibido tanto como una institución del Estado y como una organización política.
En 1989, la Fuerza Armada salvadoreña tenía una cadena de mando formal y operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente que era según la Constitución el Comandante General (Cristiani), el Ministro de Defensa y de Seguridad Pública (General Larios), el Vice Ministro de Defensa (Coronel Zepeda), el Vice Ministro de Seguridad Pública (Coronel Montano) y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Coronel Ponce).
Todos tenían responsabilidades específicas. El Presidente nombraba al Ministro de Defensa, quien a su vez estaba en la cúspide de la estructura organizativa militar y gestionaba las Fuerzas Armadas según la relación militar normal de mando y dependencia. El Presidente también estaba oficialmente a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia o DNI (Coronel Guzmán Aguilar), la agencia de inteligencia más importante del país.
El Ministro de Defensa, en virtud del artículo 140 de la Ordenanza Militar, era responsable de “la administración del ejército” y por ley era la organización de más nivel, especialmente en periodos de estado de sitio. Entre sus muchas tareas, era especialmente relevante su responsabilidad directa en COPREFA (Mayor Chávez Cáceres), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa (General Larios) tenía la autoridad y la responsabilidad de investigar y castigar los delitos contra civiles, los crímenes contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos. También tenía el poder de degradar a los oficiales y, junto con cualquiera de sus viceministros (los Coroneles Zepeda y Montano), según el servicio exigido, tenía la capacidad de ordenar traslados internos masivos, traslados al extranjero y jubilaciones.
La legislación confería una amplia discreción a los viceministros de defensa, sobre todo si eran líderes sólidos. Podían emitir órdenes, sin solicitar autorización, y todos eran considerados la “mano derecha” del ministro. Su mayor poder residía en la capacidad de recomendar cambios en el personal que normalmente el ministro aceptaba. Además, el Viceministro de Defensa (Coronel Zepeda) era el que se encargaba directamente de varias entidades involucradas en la masacre de los Jesuitas, incluido (normalmente) la Escuela Militar (Coronel Benavides), CETIPOL, un instituto de formación (Coronel Soto Martínez) y CITFA, que coordinó y montó todas las transmisiones de radio necesarias y que además formaba parte del Estado Mayor.
Con el alzamiento de la insurgencia, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada se convirtió en el cargo más importante que servía de apoyo al Alto Mando porque tenía capacidad para dirigir todas las misiones operativas militares. Por tradición, el Jefe del Estado Mayor (Coronel Ponce), asistido por un Vice Presidente del Estado Mayor de alto rango (Coronel Rubio) también era comandante del ejército. Este cargo dependía del Personal General Conjunto formado normalmente por seis coroneles jóvenes que coordinaban un aspecto del mando nacional: Personal (C-1), Inteligencia (C-2), Operaciones (C-3), Logística (C-4), Operaciones Psicológicas (C-5) y Comunicaciones (C-6). La misión del Estado Mayor era transformar las órdenes emitidas por el mando general a través del Ministerio de Defensa y convertirlas en órdenes que se enviaban a través de los canales subordinados.
El resto de puestos estaban subordinados al Alto Mando, incluidos los tres directores de las fuerzas de seguridad, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, los comandos especializados tales como la Fuerza Aérea (General Bustillo), seis brigadas militares, con la Primera Brigada (Coronel Elena Fuentes) vista como el cargo más importante ya que cubría todo San Salvador, seis destacamentos militares y cinco batallones de infantería de elite de "reacción inmediata" (BIRI). Cada uno de estos batallones estaban formados por unos mil hombres que no tenían responsabilidades regionales específicas sino que eran trasladados según las órdenes del Jefe del Estado Mayor. Su superior inmediato era el comandante de la brigada responsable de la zona en la que operaban (Benavides en la época de la masacre de los jesuitas).
El primero y quizás el batallón de infantería de reacción inmediata más conocido de los cinco BIRI, establecido por las Fuerzas Especiales estadounidenses en 1981 para llevar a cabo operaciones flexibles en cualquier parte del país era el batallón Atlacatl (conocido por luchar bajo una bandera negra decorada con una calavera y una serpiente). Consistía en pequeñas unidades de comandos armados que se enviaban con regularidad a los puntos calientes para combatir a la guerrilla. Esta unidad era una de las principales beneficiarias de la formación continua impartida por EE. UU., y uno de sus jóvenes comandantes, el teniente Espinoza, encabezaría la misión contra los jesuitas. Se consideraba a su equipo de comando como la “elite de la elite”.
Las órdenes se obedecían habitualmente a cualquier nivel. Se había establecido un procedimiento burocrático, requerido por ley, para informar incluso de cualquier detalle de las operaciones a los comandantes operativos por muy insignificante que fuera. Las órdenes se comunicaban con facilidad en un día, aunque a menudo se daban oralmente para después recurrir al procedimiento formal de las órdenes directas.
Aunque el ejército salvadoreño respetaba la cadena de mando, también operaba mediante un complejo sistema de consenso, tanto en la organización interna de las tandas como en la relación entre ellas, y en las promociones de la Escuela Militar salvadoreño. Este era el caso de la toma de decisiones importantes. Cuando la Tandona asumió el poder de la Fuerza Armada se hizo con todos los puestos de mando excepto la posición del Ministro de Defensa para la que se designó a Larios que no era miembro de la Tandona. Esta posición sería más adelante para el Coronel Ponce y se accedió a que la ocupara Larios temporalmente por lo que se conoció como el “acuerdo de Cristiani”.
Este trato resolvió el conflicto de liderazgo entre el general Bustillo, apoyado por la facción de extrema derecha de ARENA; y el coronel Ponce, el reconocido líder y candidato favorito de la Tandona; también significó que podrían trabajar juntos una vez que la decisión estuviese tomada. Por tanto, en la época en la que los jesuitas fueron asesinatos, el poder de facto estaba delegado a instancias inferiores. Era de conocimiento general que la persona que tomaba las decisiones más importantes en el ejército era el Coronel Ponce.
Como el coronel norteamericano Fred Berger observó, al hablar sobre los oficiales que no pertenecían a la Tandona: “Es así, el coronel López, el sustituto del coronel Rivas, incluso el propio coronel Rivas, no tomaban ninguna decisión de más de unos pocos cientos de dólares si tener autorización de Ponce. Para conseguir colchones, tenían que tener autorización del Estado Mayor. Para trasladar a las tropas, necesitaban autorización. No había manera de que nadie diera esa orden sin que alguien de rango superior lo supiera”.
Aún así el estilo del Jefe del Estado Mayor era el de buscar consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios compadres, descritos en el estudio del Congreso de EE. UU como “el núcleo de oficiales que tomaban decisiones por consenso antes que a través de la estructura de mando formal”.
Las normas por las que se regía este grupo eran muy claras. La protección de la Tandona era la prioridad más importante, un instinto que se había fortalecido dada la intensificación de los ataques por parte del Congreso de EE. UU., otras tandas y el FMLN.
La decisión, profundamente política, de matar a los sacerdotes jesuitas, fuera o no difícil de tomar, no habría sido complicada de ejecutar porque los compadres y la cadena de mando coincidían en gran parte. Con los coroneles Ponce, Montano, Zepeda, Rubio, Elena Fuentes y Carrillo Schlenker (que había pasado de ser el Director de la Policía de Hacienda a ser temporalmente el Jefe de Plaza del área metropolitana de San Salvador) en los puestos de mando más importantes del país, una decisión política de esta envergadura tendría que haber implicado por necesidad algún tipo de coordinación entre los compadres y el Jefe del Estado Mayor Ponce.
Sin la autorización explícita del Alto Mando respaldado por al menos varios de los compadres, estas ejecuciones nunca habrían tenido lugar ni habrían estado tan fácilmente disponibles los medios para planificar y llevar a cabo los asesinatos.
LOS ASESINATOS
La orden directa de Benavides de asesinarles, se dio durante la tarde del 15 de noviembre, pero es el resultado de una discusión, planificación y autorización previas.
Su ejecución se inició el 11 de noviembre, aunque la decisión de matar a los jesuitas se había tomado antes, como demuestra el hecho de que el día 6, al encontrarse Avilés brevemente con Benavides y varios oficiales más en la Escuela Militar, este le dijo que estaba allí “para ultimar una cosa” ya que quería hacer algo con el tema de los sacerdotes y lo que venía de la UCA, pues Ellacuría era un problema y quería gestionarlo a la antigua usanza matando a algunos de los sacerdotes, apareciendo por tanto la ofensiva de la guerrilla como una cobertura apropiada.
La acción se puso en marcha en su totalidad el 13 de noviembre, antes de que el coronel Benavides tuviera autoridad de mando sobre la unidad de comando del batallón Atlacatl que llevó a cabo la ejecución material de los asesinatos. Más tarde, en una de las reuniones celebradas el 15 de noviembre, el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona, se tomó la decisión consensuada de proceder con los asesinatos; la orden directa del coronel Benavides fue el resultado de este proceso de toma de decisiones en el que se implicaron varias instituciones del ejército.
Así, aparecen incluidos además del Comandante de la Fuerza Aérea, los soldados y la unidad de comando del batallón Atlacatl, los soldados del batallón Belloso, la emisora de radio militar (Radio Cuscatlán), el Centro Civil para la Información Nacional de la Presidencia, el Complejo de Operaciones del Mando Conjunto (C3), las Operaciones Psicológicas del Mando Conjunto (C-5), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas (COPREFA), la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI) y el Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL). La capacidad para movilizar a tantos organismos así como también a los aproximadamente trescientos soldados que rodeaban el área de la UCA podía residir solamente en los miembros del Alto Mando.
El 11 de noviembre, las tensiones eran realmente muy fuertes en San Salvador, ya que se esperaba la tan anunciada ofensiva del FMLN. A primera hora de la tarde, breves horas antes de que comenzara la misma, el vicepresidente Francisco Merino, llegó en helicóptero al cuartel general del batallón Atlacatl. El Vicepresidente, el vínculo central entre la Tandona y el gobierno a través del grupo de “Los Maneques”, permaneció allí durante dos horas. Se desconoce el motivo de la visita.
Tan pronto comenzó la ofensiva del FMLN, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación psicológica militar diseñada por la Unidad de Operaciones Psicológicas (C-5) del Alto Mando. Normalmente encabezada por el coronel Carlos Armando Avilés que, como muchos oficiales, estaba fuera del país cuando comenzó la tan anunciada ofensiva del FMLN, esta campaña estaba diseñada para “subir la moral de los soldados y desmoralizar a los adversarios”, pero en realidad consistía en emitir amenazas en Radio Cuscatlán, la emisora oficial de La Fuerza Armada.
Esta campaña de amenazas estuvo coordinada por el COPREFA, dirigido por el comandante Mauricio Chávez Cáceres, hermano de un famoso miembro de la Tandona y estuvo asistida por el Centro de Información Nacional (CIN), vinculado al gobierno. Entrada la tarde, se había obligado a todas las emisoras de radio del país a conectar con la red nacional de Radio Cuscatlán.
Así todo el mundo que sintonizara cualquiera de las emisoras del país escucharía las amenazas a varios líderes, muchas de las cuales se dirigían al rector Ignacio Ellacuría que, en ese momento, se encontraba en Europa aceptando un galardón en representación de la UCA en España y hablando en el Parlamento de Alemania Occidental.
En lo que parecía ser un micrófono abierto “espontáneo”, se recibían denuncias sobre Ellacuría y los jesuitas a los que se acusaba de ser “terroristas” y “el cerebro del FMLN”. El vicepresidente Merino acusó a Ellacuría específicamente de “envenenar la mente” de los jóvenes salvadoreños en las instituciones educativas Jesuitas. Las denuncias eran públicas, se produjeron con la aprobación y la implicación del comité de prensa del ejército, COPREFA, cuya autoridad dependía del Ministerio de Defensa, e involucraban la asistencia de las agencias de información civiles del gobierno.
En el contexto de una nueva ofensiva del FMLN, la utilización de la radio oficial de las Fuerzas Armadas para intimidar públicamente llevó a los líderes políticos de la democracia cristiana y de la socialdemocracia a esconderse de forma inmediata, convencidos de que el ejército intentaría matarles, pero los jesuitas, creyendo que estaban seguros en la UCA, no hicieron lo mismo.
Continuaron los ataques virulentos contra Ellacuría y los demás desde el 11 al 14 de noviembre con el objetivo de crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándoles como “el enemigo” –incluso acusándoles de ser potencialmente peligrosos y de ir armados. Como el diario conservador La Prensa Grafica informó en aquella época:
Estas condenas y críticas declaraban categóricamente que había una gran urgencia de expulsar del país a los jesuitas porque habían estado ocultando armas en la UCA durante los últimos diez años. Se señalaba al sacerdote español Ignacio Ellacuría como el principal responsable.
Tan graves eran los ataques de Radio Cuscatlán que provocaron la queja poco frecuente del Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson. El 14 de noviembre, telegrafió al embajador de EE. UU. William Walker para “transmitirle al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno”. Pero si el Subsecretario de Estado estadounidense se quejó, los miembros del Alto Mando salvadoreño responsable de la operación psicológica (C-5), entre los que estaban el ministro de Defensa Larios, los viceministros de Defensa Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor Ponce, aparentemente no lo hicieron.
Durante un largo periodo de tiempo se había considerado a los sacerdotes como objetivos. El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda fue especialmente el rostro público del estribillo de la extrema derecha que llamaba a la UCA el “centro de planificación” y el “refugio seguro del FMLN”; estableciendo, de este modo, el escenario para cometer los asesinatos.
Como las denuncias contra los jesuitas y otros líderes eran cada vez más virulentas y la ofensiva del FMLN cada vez más amenazante, el Presidente declaró el Estado de Excepción y el toque de queda desde las 18:00 hasta las 6:00.
En vista de la ofensiva, la estructura de mando comenzó a cambiar. El Ministro de Defensa Larios designó como jefe de plaza de urgencia al Coronel Carrillo Schlenker, Director de la Guardia Nacional y partidario de la línea dura, incluso en el contexto de la Tandona. Aunque no se le dio el control del despliegue de tropas, que era responsabilidad del Jefe del Estado Mayor Ponce, se le concedió la mayor autoridad en el área metropolitana de San Salvador directamente bajo el Alto Mando. Carrillo Schlenker era un militar famoso por su larga vinculación al ala de la derecha más extrema del ejército, con un historial de asesinatos, torturas y secuestros por dinero. “Compadre” de la Tandona y colega del Jefe del Estado Mayor Ponce, ambos hombres habían trabajado estrechamente, aunque Ponce tenía más poder, pero es improbable que se tomase cualquier decisión importante relacionada con la actividad militar en el área metropolitana de San Salvador sin su participación.
Se continuaba construyendo el cerco a los Jesuitas. Entre las 9:00 y las 10:00, se dio permiso a una patrulla militar para entrar en la UCA, que estaba contigua al Estado Mayor y por tanto necesitaba ser registrada para la propia seguridad del ejército.
Acompañados por el Padre Segundo Montes, los soldados del batallón de elite Belloso, cuyo despliegue tenía que ser ordenado por el Jefe del Estado Mayor Ponce, registraron la UCA para ver si había armas y no se encontró ninguna, pero se llevaron un dispositivo que no había explotado y que los jesuitas habían encontrado cerca de la entrada. Los propios jesuitas se lo habían ofrecido a los militares. Entonces las tropas se apostaron a la entrada del complejo universitario y en los barrios adyacentes de los Jardines de Guadalupe. Se encontró una descripción de una página de estos acontecimientos en el ordenador del Padre Ignacio Martín Baró tras su muerte. “Desde ese momento”, escribió, “un grupo de soldados se apostaron a la entrada del complejo universitario, registrando a todos los que entraban o salían, y desde el lunes 13 de noviembre, prohibiendo la entrada o la salida a todo el mundo”. Los alrededores de la UCA y del complejo militar eran los lugares con más vigilancia de la ciudad.
Así, el 12 de noviembre, el ejército había registrado el campus y tenía controlado el acceso a la UCA, lo que hace cuestionar las posteriores alegaciones del ejército que “actividades terroristas” les habían llevado a invadir la UCA en los siguientes días. Como Arthur M. Sedillo, un investigador militar temporal estadounidense de la embajada en El Salvador diría: “Desde ese momento, las autoridades militares interesadas tenían la seguridad bastante razonable de que no había terroristas en el campus de la UCA”.
No era por tanto esa la lógica que explicaba las acciones que se llevaron a cabo durante los días 13 y 15 de noviembre.
Sobre las 11:30 del mismo día, los jesuitas volvieron a ser el objetivo cuando 10 Policías de Hacienda entraron en otro refugio jesuita, el Centro Loyola, situado aproximadamente a un kilómetro y medio de la UCA. El coronel Héctor Heriberto Hernández (un miembro de la Tandona) envió a la Policía de Hacienda que informara de todos los movimientos de las tropas al Jefe del Estado Mayor Ponce y al Vice Presidente para la Seguridad Pública, Montano. Una vez en el Centro Loyola, la Policía de Hacienda buscó armas del FMLN. Iban acompañados de un hombre esposado sin identificar que señalaba algunas armas enterradas bajo un montón de cenizas que aparentemente habían sido abandonadas por el FMLN en su huida del centro. Al Padre Fermín Sainz, el sacerdote a cargo del centro, le dijeron que no se preocupase porque el ejército estaba “encontrando cosas como esas por toda la ciudad” y no había nada que indicara que las armas tenían algo que ver con los jesuitas. Al contrario, el Presidente Cristiani hizo declaraciones públicas más tarde: “Nadie pensó que eso tenía algo que ver con los jesuitas. Lo habíamos visto en muchos sitios. Es verdad que los soldados encontraron unas pocas armas, pero nadie lo pensó porque esto era algo que hacía la guerrilla normalmente”.
Los acontecimientos que sucedieron el 13 de noviembre proporcionan aún más pruebas y más significativas de que el ejército contemplaba una acción coordinada contra los sacerdotes de la UCA.
Aunque se había registrado la UCA el día anterior y nadie podía entrar ni salir sin pasar por el control militar, al día siguiente el Jefe del Estado Mayor Coronel Ponce ordenó otro registro (“cateo”) de la Universidad. Esta orden fue dada tras consultar con el Ministro de Defensa Humberto Larios. La justificación de la orden, de acuerdo con Ponce, fue “porque había recibido información de que elementos terroristas penetraron en la Universidad… y que estos habían abierto fuego contra fuerzas militares”. Tras celebrar una reunión con los “comandantes del área metropolitana” (miembros de la Tandona) sin el Coronel Benavides, Ponce asignó esa tarea a la unidad de comando del batallón Atlacatl, y Ponce les ordenó trasladarse hasta la capital en dos turnos, el 12 y el 13 de noviembre, desde su base de operaciones en Sitio del Niño (La Libertad), para consternación del comandante del batallón León Linares.
A pesar de las protestas de León Linares, se desplazó a la unidad especial, encabezada por el teniente José Ricardo Espinoza y su subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, de su curso de formación con los estadounidenses y de su estructura de mando normal, y se la colocó bajo orden directa del Alto Mando. Casi inmediatamente después de haber llegado a San Salvador, a la unidad se le encomendó la tarea de registrar la UCA según la orden dada por el Jefe del Estado Mayor Ponce a través del Coronel Benavides, el director de la Escuela Militar, donde se había transferido y destinado a los comandantes.
En esta reunión también se decidió que Benavides, al que no se le conocía como comandante de tropas, fue la sorprendente elección para encabezar el comando de seguridad de nueva creación que incluía las sedes del Mando Conjunto (que comprendían el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI), un batallón de la Policía Nacional y dos barrios residenciales militares). También se incluían los alrededores de la UCA. En esta nueva tarea, el superior directo de Benavides era el Coronel René Emilio Ponce; pero para algunos asuntos operativos, el coronel Benavides informaba a través del jefe de operaciones (C-3), que era otro miembro de la Tandona, el Coronel Cerna Flores. El Coronel Cerna Flores había aceptado transmitir la orden de registrar la UCA.
El registro de la UCA comenzó a las 18:30, cuando unos 135 militares rodearon el campus. Al líder del comando del Batallón Atlacatl que entró en la UCA, Teniente Espinoza, se le dijo por parte del Coronel Cerna Flores que un “numero indeterminado de delincuentes” había entrado en la UCA y que debían corroborar su presencia.
En algún momento entre las 18:30 y las 19:45, la unidad de comando Atlacatl salió de la Escuela Militar por su puerta sur y marchó hacia la Universidad para registrar la residencia de los jesuitas y el Centro de Reflexión Teológica, que se ubicaban en el mismo edificio. Dos patrullas de aproximadamente veinte hombres cada una entraron en el campus.
Una vez dentro, varios soldados se encaramaron para entrar por la ventana de los edificios y comenzaron a abatir a patadas las puertas cerradas de las oficinas que querían registrar. El Padre Juan Ramón Moreno, a quién esos mismos soldados matarían 48 horas más tarde, se ofreció a abrir las puertas para que no las destruyesen. El rector Ellacuría se presentó y cuestionó el derecho del ejército a registrar el edificio sin una orden de registro. Sugirió que volviesen al día siguiente con la luz del día, porque así sería más fácil encontrar lo que estaban buscando, una sugerencia que declinaron. Cuando el teniente Espinoza le dijo al rector que estaba resuelto a llevar a cabo su misión de registrar la residencia de los sacerdotes, Ellacuría dijo que no les daba permiso porque era propiedad privada, Espinoza insistió y se produjo el registro de la residencia.
El resultado del registro fue negativo. No se encontraron materiales de guerra ni se detectó presencia alguna de miembros del FMLN. Al regresar a la Escuela Militar después del registro, el Teniente Espinoza informó al Teniente Coronel Camilo Hernández y después, acompañado del teniente Guevara Cerritos, se dirigió al Estado Mayor a dar parte indicando que sólo encontraron a los sacerdotes, entre ellos al Padre Ignacio Ellacuría. En el momento de dar parte en el Estado Mayor estaban presentes el Coronel Cerna Flores, el Coronel Ponce, el General Zepeda y otros oficiales desde este momento tenían conocimiento de la falta de activos del FMLN en la UCA y del regreso del padre Ellacuría de su viaje.
El Alto Mando siempre ha asegurado que el registro de la UCA del 13 de noviembre no tuvo nada que ver con los asesinatos perpetrados dos días más tarde, pero el testimonio de algunos de los que llevaron a cabo el registro y posteriormente la masacre contradice esta postura. Por ejemplo, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, que fue el asistente de Benavides en el Escuela Militar y la única persona junto a este procesada por el crimen, declaró que cuando le dieron la orden de asesinarlos dos días más tarde, el 15 de noviembre, se dio cuenta de que “el verdadero propósito de la misión del registro había sido prepararse para la misión de matar a los Jesuitas”. Mendoza fue la única persona involucrada en la matanza que no había participado en el registro unos días antes y que desconocía completamente la Universidad.
A pesar de la persistente negación de los oficiales veteranos, varios factores llevan a pensar que el registro y los asesinatos están conectados inextricablemente, de modo que el segundo registro del 13 de noviembre no era sino una operación de reconocimiento para preparar el asesinato de los sacerdotes, aunque es improbable, no obstante, que los soldados rasos que lo llevaron a cabo, con la excepción del agente de la DNI, conocieran previamente el plan para matar a los jesuitas.
En primer lugar, ningún oficial veterano se ha responsabilizado de haber dado la orden definitiva para el registro. Las propias acciones de Ponce son muy instructivas al respecto. En un principio, Ponce negó haber dado la orden de registro, culpando a otros de haberla dado, y no admitió haberla dado hasta el 25 de agosto de 1990, cuando finalmente admitió que había dictado la orden tras consultar con el Ministro de Defensa Larios.
Las acciones de Benavides son bastante clarificadoras. Negó sistemáticamente haber presidido el registro de la UCA e incluso estar al corriente del mismo hasta que concluyó. Cuando Ponce le dijo que deberían enviar la unidad Atlacatl, que acababa de llegar a la Escuela Militar, hasta la UCA, insistió en que Ponce le diera una orden formal por escrito para llevar a cabo el registro. Además, en su testimonio deja bien claro quién mandaba en el Atlacatl, nombrando (aunque no explícitamente) al Alto Mando. Desde el principio, ningún mando quería la responsabilidad de esta controvertida orden, incluso teniendo la apariencia de un sencillo registro para localizar armas, lo que no habría sido importante de ser cierto que el registro fuera solamente para buscar armas.
En segundo lugar, los fundamentos dados para el registro tras los asesinatos de los sacerdotes, su asistenta y su hija no tenían sentido, incluso dentro del propio modo de pensar del ejército. Cuando se le presionó para justificar el registro, el Jefe del Estado Mayor Ponce declaró que el Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas (COCFA) había sido advertido de la presencia de “elementos terroristas” que estaban disparando al personal militar. A pesar de eso, seguía manifestando que no tenía ni idea del origen de los informes que supuestamente habían movilizado el registro y, como la persona principal encargada de movilizar a las tropas durante una ofensiva, debería haber sabido que el ejército ya había protegido suficientemente el acceso a la UCA el precedente día 12 de noviembre.
Cuando se le planteó esta cuestión, el subordinado y compañero de Tandona de Ponce, el coronel Cerna Flores (Jefe del C-3), testificó que los servicios de inteligencia (C-2) le habían informado de la existencia de llamadas telefónicas que informaban sobre 100-150 “terroristas” dentro del recinto de la UCA “disparando a la policía”. Aun así, no se pudo localizar ningún informe policial de ningún tiroteo y no hay registros de inteligencia sobre ninguna "actividad terrorista" el 13 de noviembre, incluso por parte de las tropas apostadas en las entradas de la Universidad, a las que seguramente no se les habrían escapado 100-150 terroristas. A pesar de eso y aun habiéndose cerrado la Universidad, con policía vigilando las puertas y con tropas destacadas en toda la zona, la necesidad del registro fue a su vez justificada por el comandante del batallón Atlacatl, teniente coronel León Linares.
Estos fundamentos, aunque poco convincentes, tenían el propósito, por un lado, de permitir al Presidente Cristiani, que de algún modo e inexplicablemente asumió la responsabilidad personal del registro ocho meses después de los asesinatos, justificar las órdenes dadas. Al aclarar que fue el Coronel Ponce y no el Coronel Benavides, quien había enviado el batallón Atlacatl a la Universidad el día 13, el Presidente añadió públicamente que "se habían encontrado armas" junto con otras pruebas de actividades "terroristas", lo que no era cierto y de lo que se retractó posteriormente.
Por otro lado estaba el motivo que el Coronel Cerna Flores le había dado al Teniente Espinoza para explicar la importancia de su misión así como para sentar las bases para reclamar la implicación del FMLN en futuras acciones. El resto de las instrucciones dadas al Teniente Espinoza arrojan dudas serias sobre estos fundamentos, o que se perseguía otro fin diferente, ya que sus hombres no encontraron terroristas, pese a lo que se le ordenó realizar un registro general de las instalaciones de la UCA, especialmente del edificio residencia de los jesuitas y se le facilitó una radiofrecuencia para comunicarse directamente con el Estado Mayor: un hecho que el coronel Ponce admitió en una conversación en la Embajada de EE. UU.
En tercer lugar, la elección por parte del Coronel Ponce de la “mejor unidad” batallón de elite Atlacatl para llevar a cabo este registro es reseñable. Un miembro del Estado Mayor Conjunto responsable de transmitir las órdenes de Ponce, el Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, (Jefe de Operaciones C-3) testificará después que la asignación de registrar la UCA al batallón Atlacatl fue “apropiada” porque el Coronel Ponce y él habían decidido que el batallón tuviera "experiencia en combate”. La elección de este batallón – con su unidad especial de 47 hombres, encabezada por un teniente con una amplia formación impartida por los EE. UU dirigida a erradicar guerrillas armadas y cuyo superior inmediato era Ponce – sólo podía significar una cosa: que la principal operación de combate estaba por llegar.
Dados los antecedentes del batallón Atlacatl, no cabe duda de que la misión sería sangrienta. Los ejemplos son legendarios: la matanza de más de 700 civiles en El Mozote en 1981, incluidos 121 niños de menos de doce años de edad; los asesinatos de 117 personas en Suchitlán en 1983; la muerte de 68 salvadoreños en Los Llanitos, la mayoría de los cuales tenían catorce años de edad, y al menos 50 en el río Gualsinga en 1984. Incluso cuando se les presionó para que limpiaran su historial, se les volvía a acusar repetidamente de actos de tortura, violaciones y ejecuciones de combatientes y de no combatientes.
En cuarto lugar, el batallón Atlacatl tenía una estructura y un estatus distinto al de otros soldados de la Escuela Militar. La unidad eludía su propia estructura de mando, su inmediato superior era el Jefe del Estado Mayor Ponce. La inserción del Coronel Benavides en la cadena de mando vino después cuando, además de la decisión previa de nombrar al Coronel Carrillo-Schlenker comandante del área metropolitana, el Alto Mando estableció un Comando de Seguridad del Complejo Militar encabezado por Benavides. Aun así, tras su llegada a San Salvador, el batallón Atlacatl dependía directamente del Alto Mando/Mando Conjunto y no pasó a depender personalmente de Benavides hasta el 14 de noviembre, el día siguiente. Incluso entones su situación era única: el coronel Benavides testificó más tarde que el Mando Conjunto había ordenado el registro y había dictado todas las órdenes a las unidades Atlacatl durante el breve periodo de tiempo en el que estos comandos le fueron asignados: un periodo inferior a 62 horas.
En quinto lugar, más que en registrar el campus para localizar a los más de cien guerrilleros que el Coronel Cerna Flores afirma que estaban presentes, este segundo registro se centró en la residencia de los jesuitas.
Al contrario de lo sucedido en registros anteriores de la UCA, no se examinó ningún material escrito para determinar si había documentación "subversiva", ni se hicieron preguntas y no se llevaron ningún libro ni documento. No se encontraron ni armas ni guerrilleros del FMLN. Cuando finalizó el registro de la residencia, el teniente Espinoza le dijo al rector Ellacuría -que se había unido a los Padres Segundo Montes e Ignacio Martín Baró- que el resto del registro del campus sería relativamente superficial, ya que sólo registrarían los edificios cuyas puertas estuvieran abiertas.
En sexto lugar, un aspecto poco habitual del registro fue la presencia de un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Héctor Ulises Cuenca Ocampo, que representaba el agente de inteligencia de mayor rango del país. La presencia de un agente de la DNI fue una completa sorpresa para el teniente Espinoza y la unidad Atlacatl, que no entendían por qué se les había asignado a Cuenca Ocampo. Cuenca Ocampo le dijo al teniente Espinoza que le había enviado el “cuartel general” para participar en el registro. Una vez ejecutado este, partió sin darle al teniente Espinoza ulteriores explicaciones de su presencia allí. Tras la misión, Cuenca Ocampo aportó un informe de reconocimiento por escrito al director Guzmán Aguilar. El agente de la DNI testificaría más tarde que la búsqueda se ordenó porque “se suponía que los tiros se habían disparado desde dentro o que había armas dentro”, lo que en aquel momento ya se sabía que era falso, según el registro previo llevado a cabo en la UCA el 12 de noviembre. El Capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, que había ordenado la participación de Cuenca Ocampo, declaró que estaba cumpliendo instrucciones del director de la DNI, el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, cuyo superior inmediato era el Alto Mando y que era miembro de la Tandona de 1966. Por los pocos oficiales jóvenes que implicó a su comandante, se le transfirió a Herrera Carranza al batallón Atlacatl, donde le dispararon misteriosamente en la cabeza en su primer día de trabajo.
Enviar a un agente de la DNI a observar lo que quería dar la impresión de ser un registro rutinario era muy poco habitual, aunque ulteriormente tanto Herrera Carranza como Guzmán Aguilar declararan que era normal. La DNI, cuyo superior inmediato era el Ministro de Defensa y el Personal General Combinado de las Fuerzas Armadas, era la agencia de servicios de inteligencia más importante del país. Ubicada en el complejo del Mando Conjunto/Ministerio de Defensa/Colegio Militar y en el mismo edificio que la CIA, con la que trabajaba casi a diario, se creó “para proporcionar unos servicios estratégicos de inteligencia, de inteligencia política, de inteligencia nacional, niveles muy altos de inteligencia”, según palabras del vicepresidente de Defensa el coronel Zepeda, que habían presidido la agencia en el pasado; el propósito era “producir inteligencia para las operaciones militares… todos sus esfuerzos, su equipamiento y la formación del personal estaban dirigidos a desarrollar servicios de inteligencia exclusivamente para operaciones militares”.
Así que, su presencia el 13 de noviembre era un signo de que la DNI estaba recabando inteligencia procesable para apoyar sus planes para una futura operación militar en la UCA. Es especialmente significativo que sólo el director de la DNI o un comandante veterano con un cargo superior, y no el coronel Benavides, tuvieran poder para autorizar la presencia de un agente de la DNI para acompañar a la unidad Atlacatl, un hecho que el capitán Fernando Herrera Carranza intentó clarificar incluso cuando a los oficiales de bajo nivel se les dieron instrucciones específicas de no testificar sobre las órdenes que sus superiores les habían dado.
Y por último, las pruebas circunstanciales indican sin lugar a dudas que el registro estaba planificado para cuando el Padre Ellacuría hubiese vuelto al campus de su viaje a España apenas dos horas antes del registro.
Al entrar en la Universidad por la puerta principal desde la autopista del sur, los soldados allí apostados desde la mañana anterior hicieron que Ellacuría se detuviese. Los sacerdotes, que le recogieron en el aeropuerto y le llevaron al campus, informarían más tarde que el jefe de la patrulla militar le reconoció, saludándole. El testimonio de estos sacerdotes indica que creen que el registro estaba planeado para ese momento “por la llegada del Padre Ellacuría”. El líder de la patrulla militar, que podría haber verificado las órdenes precisas, sigue sin haber sido identificado porque los archivos que especificaban la unidad asignada a la UCA han desaparecido así como lo diarios militares más relevantes.
En conjunto, estos factores señalan la existencia de una acción premeditada. Con menos información disponible que la que está disponible hoy día, el investigador militar estadounidense Arthur M. Sedillo escribió: “creo firmemente que existen pruebas circunstanciales que indican que los incidentes del 13 al 16 de noviembre están interrelacionados. Para probar o rebatir esta teoría, deberían desarrollarse diversas investigaciones, incluida la siguiente... Desde que la compañía Atlacatl le fue asignada a la Escuela Militar bajo el mando temporal del coronel Benavides, el teniente Espinoza recibió instrucciones adicionales de que se informase directamente al Estado Mayor. En el mismo marco temporal, se asignó a otras compañías a la Escuela Militar… Si no hubieran pasado por la misma cadena de mando, habría parecido que la compañía del batallón Atlacatl había estado preseleccionada para la misión especial de la UCA”.
El resto de las unidades no tienen el mismo estatus que el Atlacatl, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre la estructura de mando de la Policía Nacional y otros cuerpos más que alberga la Escuela Militar de forma permanente. Pero el juez Zamora, el juez instructor salvadoreño, concretó: “Llevar a cabo una misión de reconocimiento previa a una operación más importante encajaría en los procedimientos operativos estándar de las Fuerzas Armadas de El Salvador”. El registro era el preludio planeado de los asesinatos.
El 14 de noviembre los accesos a la UCA permanecían fuertemente controlados, y nadie pudo entrar ni salir sin permiso. Las tropas del Atlacatl se situaron detrás de la UCA y en un vecindario adyacente a la Universidad. Además, los ataques contra las iglesias y personas religiosas aumentaron exponencialmente desde la tarde del día 13 en adelante, incluyendo el bombardeo y tiroteo de la parroquia de San Antonio de Padua, disparos y amenazas contra los trabajadores de la iglesia María Madre de los Pobres, amenazas de muerte anónimas contra dos de los pastores estadounidenses que vivían en Soyopango, y el registro de la parroquia de San Antonio de Padua donde los soldados robaron dinero en efectivo, comida, todas las medicinas y equipo clínico, muebles y un televisor.
Al día siguiente el Coronel Benavides dio la orden de asesinar a los sacerdotes a la unidad de comando del batallón Atlacatl cerca de las 23:00, pero los sucesos que llevaron a esta orden son altamente reveladores. La “luz verde” no implicó que el asesinato se decidiese en ese momento, tal y como indican los eventos de los días anteriores; ni significaron que Benavides hubiese tomado la decisión de matar a los Jesuitas por sí mismo. En este sentido, los eventos previos que resultaron en la orden directa son especialmente significativos.
El 15 de noviembre fue un día de constantes reuniones en el Estado Mayor, la Escuela Militar y el Congreso Salvadoreño. Mientras la mayoría de las versiones sobre el asesinato se han centrado en una gran reunión celebrada en el Estado Mayor durante la tarde del 15 de noviembre, como el momento en el que se tomó una decisión “de grupo” para proceder con los asesinatos de los Jesuitas, esto no pudo ser así. Las amenazas y especialmente los registros de la UCA sitúan el origen de este crimen mucho antes. Pero incluso no teniendo en cuenta los sucesos del 11 al 13 de noviembre, el conocimiento de los asesinatos venideros ya se había filtrado tanto a civiles como a personas del ejército a primera hora de la tarde, probablemente antes de la reunión celebrada esa tarde, ya que la decisión ya estaba tomada.
Un análisis pormenorizado de cada una de las reuniones celebradas antes del 15 de noviembre permite elaborar un cronograma.
La que puede ser la reunión clave para desencadenar los sucesos del día 15, tuvo lugar en la Escuela Militar cerca de las 10 de la mañana. El Jefe del Estado Mayor, Ponce; el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Viceministro de Defensa, Zepeda; y el Coronel Benavides participaron de la reunión.
En las investigaciones previas de los asesinatos, se desconocía dicha reunión pero fue registrada en documentos desclasificados del servicio de inteligencia estadounidense, así como en mensajes enviados por oficiales subalternos. La presencia del General Bustillo en la Escuela Militar en vez del Estado Mayor resulta inexplicable en estos momentos, al menos en el curso normal de sus actividades. Mientras que el Estado Mayor y la Escuela Militar se encuentran a una distancia inferior a algunos cientos de metros entre sí, la Base Aérea de Ilopango se halla fuera de la ciudad de San Salvador.
En esta pequeña reunión entre estos altos comandantes – dos de los cuales (Bustillo y Zepeda) se habían manifestado públicamente contra los Jesuitas y los otros dos ordenado el registro del campus de la UCA y la residencia de los sacerdotes el 13 de noviembre (Ponce) y los asesinatos reales (Benavides),- los documentos del servicio de inteligencia estadounidense revelan que estos oficiales de alto rango decidieron “ir tras el FMLN de una manera más agresiva.”
La siguiente reunión tuvo lugar cerca del mediodía. Esta reunión incluyó además al Viceministro Juan Orlando Zepeda y civiles miembros del poderoso grupo ultraderechista “los Maneques”, que incluían a varios miembros de la clase de 1966, como por ejemplo, los Coroneles Zepeda, Inocente Montano y Roberto Mauricio Staben, y sus actividades tenían el apoyo de algunas de las familias más ricas y ultra-derechistas de El Salvador y tuvo lugar en la propiedad de Eusebio Argueta en la Avenida La Reforma 133, cercana a la Embajada española, con el fin de presionar al Presidente Cristiani en pos de una “guerra total” para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN. Otros participantes fueron el Vice Presidente Francisco Merino y el Secretario del Presidente, Arturo Tona. Lo excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes en que los militares desecharan las tácticas más restringidas promovidas por los Estados Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros años de la guerra.
Que se dieron ciertas garantías resulta aparente dada la cantidad de personas del Estado Mayor y la Escuela Militar que tuvieron conocimiento previo del asesinato antes de que Benavides diese la orden directa esa misma noche. En algún momento a última hora de la tarde, el Líder de la Mayoría de la Asamblea Nacional y Presidente vitalicio de ARENA, Roberto D’Aubuisson, mantuvo reuniones separadas en la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del partido ARENA (COENA). De acuerdo con el informe de la CIA sobre la reunión de COENA, D’Aubuisson les aseguró a los máximos dirigentes del partido que no se preocuparan que al día siguiente, es decir, el 16 de noviembre, todo quedaría “arreglado”. Intentando calmar los temores de los ultra-derechistas presentes, D’Aubuisson, conocido por darle “despido” público a los dirigentes que iban a ser asesinados, acusó a los Jesuitas de inventar mentiras, “lavar el cerebro de los estudiantes” y de “ser responsables de que se afiliasen al FMLN.” Encendiendo a sus seguidores con numerosas actividades subversivas de la UCA, se dice que D’Aubuisson se dirigió a la pizarra y elaboró un diagrama con grupos que según él, se habían formado en el campus instigados por los sacerdotes y que se habían aliado con el FMLN en contra del gobierno. Mencionó específicamente como los máximos responsables a los Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, españoles quienes habían venido a El Salvador, dijo, solamente a tomar el poder. Eran los cerebros que estaban detrás de las guerrillas. El redactor de la CIA que describió esta reunión, anotó que los actos de D’Aubuisson tan solo horas antes de la ejecución de los Jesuitas “resulta difícil de aceptar como mera coincidencia.”
Una tercera reunión, comunicada tanto por la Embajada de los Estados Unidos y la CIA y al menos un miembro del ejército salvadoreño que temía que “los hechos serían eliminados” por oficiales Salvadoreños, tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 y claramente resultó en la toma de decisiones.
Estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Ministro de Defensa, Larios; los Vice Ministros de Defensa, Zepeda y Montano; el Jefe del Estado Mayor, Ponce; el Vice Jefe del Estado Mayor, Rubio; y los dirigentes de todas las fuerzas operativas de San Salvador quienes, eran los líderes de la Tandona: los Coroneles y Comandantes en Jefe, Elena Fuentes (Primera Brigada de Infantería), Machuca (Policía Nacional), Heriberto Hernández (Policía Fiscal), Carrillo Schlenker (Guardia Nacional y Jefe de Plaza) y Guzmán Aguilar (DNI).
Debido a que todos estos Coroneles ostentaban posiciones de alto mando, y eran los compadres, su opinión sería apreciada – y su ratificación necesaria – para adoptar cualquier decisión política/militar de esta importancia. El líder del Batallón Atlacatl, León Linares, también estaba presente. Al ser presentados con un informe del servicio de inteligencia de esta reunión, incluyendo su presencia allí, varios meses después, Ponce negó haber estado presente y “dudaba que esa reunión hubiese tenido lugar,” pero sus dudas quedan plenamente contradichas por las fuentes del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, las cuales son muy precisas en cuanto a los detalles sobre estos asistentes.
Poco después de esta reunión, cerca de las 15:00, unos 120 a 130 miembros del batallón Atlacatl ingresaron al Centro Loyola (la casa de retiro Jesuita que había sido registrada tres días antes por la Policía Fiscal), donde permanecieron toda la tarde. Después de recibir café y pasteles de parte del ama de llaves del Loyola, se dirigieron a la UCA unas cuatro horas después. Un oficial señaló: “Sí, vamos a buscar a Ellacuría y a todos los Jesuitas. No queremos extranjeros. Esto debe terminar.” Otro dijo: “Vamos a buscar a Ellacuría, y si lo encontramos ¡le vamos a dar un premio!”
Habiendo decidido llevar a cabo una respuesta más agresiva a la ofensiva del FMLN, se celebraron varias reuniones menores a lo largo de la tarde para implementar los planes reales correspondientes a los bombardeos, ataques contra la Universidad de El Salvador y alrededores, ataques contra dirigentes políticos, y una acción contra la UCA. Oficiales de inteligencia salvadoreños han informado de la presencia de consejeros Militares de Estados Unidos, el Coronel Milton Menijívar y el Coronel William Hunter, en algunas de estas reuniones.
A las 18:00 horas, las partes constituyentes de la operación estaban en su lugar y comenzaron sus actividades. En primer lugar, el Director Adjunto de la Escuela Militar, el Comandante Carlos Camilo Hernández Barahona, considerado como uno de los preferidos del Coronel Ponce, llamó por radio a los Tenientes Yusshy Mendoza y Gonzalo Guevara Cerritos para enviarles a la Escuela Militar donde se encontrarían con el Coronel Benavides.
En segundo lugar, reunieron a las tropas del Atlacatl en la zona y llamaron a varios integrantes de cada pelotón, tan solo por sus apodos. |1|
En tercer lugar, cerca de las 19:00 horas, el Subteniente Segundo Guevara Cerritos ordenó a 8 hombres que lo acompañasen al Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL) en la vecina Santa Tecla para recoger uniformes de camuflaje. Los soldados recibieron unas 15 cajas con uniformes “nuevos americanos modelo “de lujo” completados con “botas de montaña” como premio a los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión” y fueron proporcionados por el director de la Academia, el Coronel Rigoberto Soto Martínez, quien al despedirlos les gritó: “No fallen en su misión.”
En quinto lugar, cuando regresaron a la Academia Militar y los uniformes se distribuyeron a las tropas elegidas previamente, el Comandante Camilo Hernández Barahona circulaba entre los soldados mientras se vestían animándoles y brindándoles su apoyo. Esta secuencia indica que la preparación operativa empezó antes de las 18:00 horas y no fue adoptada en una reunión posterior esa noche.
Como habían hecho cada noche desde que comenzó la ofensiva y mientras los soldados recogían sus uniformes para la misión, 24 oficiales de alto rango se reunieron alrededor desde las 18:30 hasta las 22:00 o 22:30 horas en los cuarteles del Comando Conjunto (EMCFA). Allí debatieron cómo acelerar la contra-ofensiva militar, incluyendo el empleo de bombardeos aéreos sobre comunidades más pobres que se suponían controladas por el FMLN. La Comisión de la Verdad describe esta reunión como una reunión dirigida a adoptar medidas en contra de la ofensiva del FMLN.
Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas, y reconocidos miembros líderes del FMLN y se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba. El Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios preguntó si alguien tenía alguna objeción. Nadie levantó la mano y se acordó que se consultaría entonces al presidente Cristiani.
Lo relevante de estas decisiones es que los objetivos militares eran prominentemente civiles, miembros de sindicatos y partidos políticos. Los bombardeos estaban destinados a vecindarios residenciales como Mejicanos y Soyapango.
En esa reunión, de acuerdo con un entrevistado por el Lawyers Committee for Human Rights, el Coronel Benavides tomó asiento junto al General Bustillo, quien después de escuchar a Benavides decir que la UCA se encontraba dentro de su sector, respondió: “Bien, entonces ya sabe lo que tiene que hacer”. La reunión finalizó con los oficiales dándose tomados la mano, rezando, y solicitando “iluminación divina”.
El Coronel Ponce y otros presentes han negado sistemáticamente que los Jesuitas hubiesen sido mencionados en esta reunión, pero se trató sobre ellos en una reunión más pequeña a continuación de la reunión más amplia, donde como señala la Comisión de la Verdad, los Jesuitas fueron considerados los “cabecillas” y líderes del FMLN, y como ellos se convirtieron en uno de los objetivos.
El informe de la Comisión establece: “Durante la reunión los oficiales se mantuvieron de pié hablando en grupos; uno de estos grupos estaba formado por el coronel René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Coronel Francisco Elena Fuentes, coronel Juan Orlando Zepeda y Coronel Inocente Orlando Montano. Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y delante de los otros cuatro oficiales le ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl que llevaron a cabo el registro dos días antes”.
Cerca de las 23:00, finalizada la reunión, el Coronel Benavides solicitó que el Teniente Espinoza asistiese a una reunión en su despacho hacia las 23:00 del día 15 de Noviembre. Allí se le unió un oficial del Atlacatl, el Teniente Segundo Guevara Cerritos teniente de Espinoza, y su propio oficial, el Teniente Yusshy Mendoza Vallecillos.
A esta altura, el Jefe del Estado Mayor Ponce había entregado el mando de la unidad de comando Atlacatl al Coronel Benavides. Habiendo regresado a la Escuela Militar desde la gran reunión con los altos mandos militares, el Coronel Benavides informó al grupo reunido que había recibido “luz verde” para la operación de los Jesuitas, y luego procedió a dar la orden directa de matar a los “líderes intelectuales” de las guerrillas en la UCA.
Dirigiéndose a Espinoza, y refiriéndose al registro de la residencia Jesuita llevada a cabo dos días antes, Benavides recapituló: “Usted realizó el registro y sus hombres conocen el lugar. Use el mismo procedimiento que el día del registro. Tiene mi apoyo. Son ellos o nosotros. Han estado desangrando nuestro país y debemos destrozarlos. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero testigos. . . Es una orden y deben cumplirla.”
Cuando Benavides estaba dando la orden directa de asesinar a los Jesuitas al teniente Espinoza, Yusshy Mendoza y Guevara Cerritos, el Ministro de Defensa Larios llamó al Presidente Cristiani. Cristiani acudió al Estado Mayor donde se reunió con el General Larios, los Viceministros Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor, Ponce.
El Presidente permaneció allí hasta aproximadamente la medianoche, tras lo cual se acercó al cuartel general del Comando Conjunto – a pocos metros de distancia – para recibir una sesión informativa sobre la situación militar en la capital, y donde permaneció hasta las 2:00. Así, el Presidente Cristiani se encontraba en el cuartel general del Comando Conjunto mientras se desarrollaba la operación del asesinato de los Jesuitas. Algunos consejeros militares estadounidenses estaban también presentes. El Mayor Buckland testificó que los disparos realizados desde la UCA pudieron oírse desde el Estado Mayor, donde se encontraba durmiendo.
A la misma hora, el General Bustillo, que regresó a la base en el aeropuerto de Ilopango, le dijo a los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea que se había tomado una decisión para matar a los dirigentes del FMLN, mencionando concretamente a Ellacuría – “tanto si el presidente lo apruebe o no”.
Después de medianoche, cuando los comandos se reunieron fuera de la Escuela Militar para cumplir su misión, Hernández Barahona entregó a Yusshy Mendoza un AK47 de fabricación rusa, generalmente utilizado por el FMLN. Mendoza sacó el arma de la Escuela Militar. Dirigiéndose a la unidad de comando reunida, Mendoza preguntó: “¿Quién de vosotros conoce y sabe disparar este arma?” Los hombres gritaron “Piljay,” señalando a Oscar Mariano Amaya Grimaldi, a quien se le encomendó el arma y se le dijo que debía ser el “hombre clave”. Amaya aceptó el arma sabiendo que sería el asesino. Hernández Barahona le dijo a los líderes del comando que el uso de un FMLN AK-47 desviaría la culpabilidad de las Fuerzas Armadas hacia los rebeldes y les ordenó dejar propaganda mencionando al FMLN en el lugar de los asesinatos.
La unidad de comando se dividió entonces en dos, y a Antonio Ramiro Avalos Vargas, apodado “Satán” por las tropas, se le encomendó la tarea de liderar a la segunda patrulla de los comandos Atlacatl. En su confesión, declaró que le dijeron fuera de la Escuela Militar que iba a una “misión delicada” ordenada por los altos mandos. Debían encontrar y matar a los curas dentro de la UCA porque eran líderes de “delincuentes terroristas” y los cerebros tras los ataques contra el ejército.
A su llegada a la UCA, a estos soldados se les unieron otros 20 hombres, incluyendo el resto de la unidad y algunos refuerzos adicionales. Reunidos alrededor de su comandante, algunos de ellos que aún no lo sabían, fueron informados de que sus objetivos reales eran los sacerdotes de la UCA, y que a “Piljay” se le había encomendado matarlos. También se les pidió que simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes una vez que los sacerdotes ya estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN. A aproximadamente la 1:00, bajo las órdenes de Espinoza, toda la unidad marchó hacia la UCA, y esperó en el aparcamiento cerca de media hora. Un vigilante nocturno que estaba durmiendo en uno de los edificios paralelo al aparcamiento, contó que oyó dos frases: “No vayas allí” y “Ahora es el momento para ir a matar a los Jesuitas”.
La operación se efectuó en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció en el área adyacente; otros, rodearon el edificio; y un pequeño grupo “selecto” fue elegido para llevar a cabo los asesinatos. Estos soldados se acercaron a la residencia de los sacerdotes, y, por el camino, se encontraron a dos mujeres, el ama de llaves Julia Elba y su hija Celina, que estaban sentadas en un diván, en una de las habitaciones. Asustadas y sin poder volver a su hogar, buscaron protección con los Jesuitas donde pensaron que estarían más seguras y dejaron al Sargento Tomás Zarpate Castillo custodiando a las dos mujeres.
El resto de los comandos rodearon la residencia de los Jesuitas. Cuando cinco de los sacerdotes salieron alertados por el ruido, el Subsargento Avalos ordenó que se tirasen al suelo. En su confesión, Avalos recordó que los sacerdotes no parecían peligrosos, algunos eran bastante mayores y estaban desarmados, otros llevaban pijamas. Tuvo que recordarse así mismo que eran “delincuentes terroristas” y que eran sus “cerebros lo que importaba”.
Tras escuchar al Comandante Espinoza preguntarle a qué estaba esperando, Amaya Grimaldi (“Piljay”) empezó a disparar a los tres sacerdotes que yacían en el suelo justo enfrente de él, intentando dispararles en la cabeza con el AK-47. Posteriormente, este rifle fue identificado como el arma que mató a los Padres Ellacuría, Martín Baró, y Montes.
El Subsargento Ramiro Avalos Vargas también empezó a disparar y mató a otros dos Jesuitas, los Padres Amando López y Juan Ramón Moreno. Espinoza, el único soldado que se cubrió la cara antes de la operación militar, confesó que se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. El Padre Segundo Montes, que yacía muerto en el suelo, había sido su director de colegio cuando era estudiante en el Colegio Externado San José. Más tarde, Lucía Cerna, una empleada guarecida en un edificio contiguo testificó que las últimas palabras que escuchó antes de los disparos fueron los del Padre Nacho Martín Baró gritando: “Esto es una injusticia. Eres escoria”.
En ese mismo momento, Zarpate disparaba a Julia Elba y a su hija Celina, que se agarraban la una a la otra en la habitación en la que había estado vigilándolas. Cuando el Sargento Avalos Vargas descubrió que las dos mujeres aún seguían vivas en el suelo abrazadas la una a la otra, Avalos le ordenó al soldado Jorge Alberto Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte. Sierra Ascensio descargó su M-16 hasta acabar con ellas.
Inmediatamente después, otro de los soldados, Guevara Cerritos, siguiendo instrucciones de Hernández Barahona escribió en la pared: “El FMLN ejecutó a los enemigos espías Victoria o muerte, FMLN”. Los miembros del comando regresaron a la Escuela Militar a las 3:00. Algunos regresaron en una furgoneta de color beige y fueron recibidos por el coronel Benavides en la puerta. Cuando a uno de los soldados se le llevó una taza de café, comentó a uno de sus colegas: “Acabamos de asesinar a los cabecillas del FMLN. Creo que la guerra va a terminar porque mi coronel dijo que estos asesinatos lo haría”.
Antes de las 6:00, se ordenó al comando responsable del crimen que se reuniera con el resto del Batallón Atlacatl en la sede de la Primera Brigada de Infantería, la cual estaba a las órdenes del Coronel Elena Fuentes.
Indicaron a los soldados de la Primera Brigada, que habían estado ocupados en otros asuntos, lo que habían hecho; las novedades se difundieron rápidamente en toda la brigada. Posteriormente, en la tarde del 16 de noviembre, el arzobispo Rivera y Damas y el Obispo Auxiliar Rosa Chávez narraron cómo habían escuchado que un camión militar que portaba un megáfono anunciaba: “Ellacuría y Martín Baró han caído. Vamos a continuar matando comunistas.” El mismo megáfono anunció: “Somos de la 1ª Brigada." Esto ocurrió con anterioridad a que la noticia de los asesinatos se hiciera pública. A pesar de conocerse esto, el Coronel Elena Fuentes continuó insistiendo durante varios días que el FMLN había matado a los jesuitas. Temprano esa misma mañana, se realizó la reunión diaria de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Estado Mayor. El capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, quien había transmitido la orden al agente del DNI Héctor Ocampo Cuenca para que asistiese al reconocimiento de la UCA el 13 de noviembre 1989, interrumpió la sesión para anunciar que el padre Ellacuría había sido eliminado cuando se resistía al arresto. Se informó que los jefes superiores presentes expresaron su júbilo y aplaudieron.
Alrededor de las 9:00, el Coronel Benavides se reunió con todos los soldados quienes habían estado de guardia en la Escuela Militar durante los dos últimos días, y les ordenó mantener completo silencio sobre los asesinatos de los sacerdotes, su ama de llaves y su hija.
Se les informó que la versión oficial debía ser que el FMLN había llevado a cabo los asesinatos. Benavides advirtió en forma repetitiva que "los soldados no debían hablar con nadie acerca de los asesinatos: ya que si lo hacían “todos moriríamos.” Todos informaron al SIU que no habían visto o escuchado nada.
La comunidad Jesuita supo de lo ocurrido casi al mismo tiempo que los agentes de la DNI aplaudían. Obdulio Ramos, esposo de Elba y padre de Celina quien era el jardinero de la Universidad, se había escondido en la estación de guardia temporal en la entrada principal de la residencia de los jesuitas, cuando la unidad de comando llegó. Permaneció oculto durante tres horas hasta las seis de la mañana, hora en la que se suspendía el toque de queda, a esta hora se dirigió al patio interior. Lo escuchó todo. Cuando vio los cuerpos de los sacerdotes, ya no pudo continuar con su búsqueda. Corrió a través de la puerta de ingreso principal a la residencia jesuita más cercana, y llevó las noticias al grupo que allí se encontraba reunido: “Los sacerdotes han sido asesinados. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!” Luego se desmayó. La hija de Obdulio se iba a casar en dos días, el 18 de noviembre, más tarde reveló entre sollozos, y también dijo que su esposa estaba preocupada porque su hija era demasiado joven. Antes de las 7:45 el arzobispo Rivera y Damas y otros Jesuitas que se reunieron alrededor de los cuerpos de los sacerdotes asesinados que yacían sobre el césped en el patio. Todos estaban acostados, y se había comprimido la mano de cada uno de ellos exponiendo un puño, para mostrar que ellos eran comunistas. Cuando los sacerdotes que se habían reunido revisaron las habitaciones para observar en detalle lo que había sucedido, encontraron a Elba y Celina, que se encontraban "todavía parcialmente abrazadas".Allí, acurrucado junto a ellas, se encontraba Obdulio acostado en posición fetal.
Uno o dos días después del asesinato, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, visitó a su sastre militar, un anciano que había trabajado durante décadas en la Academia Militar: “Realmente espero que mi coronel no me delate”, dijo al sastre. Mendoza agregó que se sentía mal por haber asesinado a los Jesuitas y que no había querido llevar adelante el asesinato, sobre todo porque uno de los sacerdotes, Ignacio Martín Baró, había sido uno de sus maestros durante la secundaria, pero se le había dado una orden directa; y además, continuó relatándole a su sastre que el General Bustillo, Comandante General de la Fuerza Aérea, le había ofrecido entrenamiento como piloto, a modo de recompensa.
LA IMPLICACIÓN DE LA TANDONA Y DEL ALTO MANDO
El 16 de noviembre de 1989, los asesinatos de los seis jesuitas, su empleada de hogar y la joven hija de ésta provocaron una crisis en las relaciones con los Estados Unidos, su principal socio financiero durante la guerra civil, e importantes divisiones en el propio ejército.
Esta crisis contribuyó a la apertura del caso y a evitar que se tapase por completo. En lo que respecta a la colocación de pruebas falsas en la escena del crimen, el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el coronel Elena Fuentes y otros imputados en esta causa culparon de inmediato al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de los asesinatos. El Presidente Alfredo Cristiani también culpó al FMLN y envió al viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda y al jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce a Washington a convencer al Congreso de Estados Unidos de que efectivamente el FMLN era el responsable del crimen.
Al principio los oficiales veteranos pensaron que podrían protegerse y evitar “cualquier (otra) implicación militar en el crimen o en el intento posterior de taparlo todo”, “creyendo que el interés de EE. UU por proseguir con el caso de los jesuitas se desvanecería eventualmente”. Sin embargo, mientras la embajada de EE. UU intentaba averiguar la verdad sobre los asesinatos, el conocimiento sobre la implicación militar en el mismo era un secreto a voces entre el ejército. Algunas tropas lo supieron la misma mañana de los asesinatos y en apenas dos semanas todos, incluso los oficiales más jóvenes, sabían que el ejército era el responsable de la masacre.
Con el fin de asegurar el encubrimiento del crimen y promover con éxito una campaña de desinformación, se destruyeron pruebas importantes (el coronel Benavides y su teniente Mendoza tomaron la decisión de quemar no solo los libros de registro de entradas y salidas de la Escuela Militar de esa noche sino todos los libros de registro correspondientes a ese año) y se envió un mensaje muy claro a los subordinados: “quien hable o revele algo sobre los asesinatos será castigado”, y se debía responsabilizar al FMLN por los mismos.
Desde ese momento, se ejerció gran presión con el fin de mantener el silencio y un clima de miedo dominó al ejército, de modo que durante un breve periodo el encubrimiento pareció funcionar.
Pero no fue así. Varios de los sacerdotes asesinados en la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA) eran muy conocidos y admirados en EE. UU., sobre todo por miembros del Congreso, estudiosos, periodistas y diversos líderes religiosos. Todos ellos eran distinguidos profesores universitarios además del rector, Ignacio Ellacuría, el vicerrector Ignacio Martín Baró y el fundador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Segundo Montes.
Cuando apenas había transcurrido un mes desde los asesinatos, el portavoz de la Cámara de los Representantes ordenó la creación de un Grupo de Tarea (Grupo de Tarea de Moakley) con el objetivo de investigar estos crímenes. Más tarde, el Congreso de EE. UU decidió que más del 50% de la ayuda norteamericana a las Fuerzas Armadas estaba condicionada a la identificación y enjuiciamiento de los asesinos de los sacerdotes y de las dos mujeres.
No sería una tarea fácil. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas, a pesar de que el testimonio de Lucía Barreda de Cerna les implicaba en los asesinatos, habían gobernado el país de facto desde 1932 y estaban acostumbradas a estar por encima de la ley. La institución más poderosa del país, el ejército, se había convertido en el mayor socio de una pequeña elite económica que había controlado el poder y el dinero en El Salvador a lo largo de los años. Mientras continuó esta relación tan estrecha entrelazada durante la guerra civil de los ochenta, “La Fuerza Armada” estableció leyes propias válidas solo para ella.
Al tratarse de la dictadura militar más larga y continuada de Latinoamérica, los oficiales militares veteranos habían desarrollado una visión exagerada de su propia independencia y de sus privilegios, que persistían más allá de la imposición estadounidense de un presidente civil electo en 1984.
Los jesuitas (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López, Joaquín López y López), Julia Elba y Celina Ramos fueron unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos más conocidos de Chile y Argentina.
Se estima que un 85% de estas muertes pueden atribuírseles al ejército y a las fuerzas de seguridad. A pesar de estos antecedentes, ningún oficial veterano había sido condenado nunca por violaciones de derechos humanos. En vez de eso, lo más común eran los encubrimientos; los testigos, abogados y jueces morían, muy convenientemente; y la fuerte presión exterior que se ejercía para acabar con la impunidad probó ser relativamente inútil. Así que la mayoría de los observadores más instruidos predijeron que solamente algunos chivos expiatorios de bajo escalafón (o nadie en absoluto) serían declarados responsables de la muerte de los Jesuitas.
Las expectativas cambiaron de forma drástica cuando un oficial del ejército del EE. UU., el Mayor Eric Buckland, irrumpió en el caso al informar a sus superiores en enero de 1990 de que el director de la Escuela Militar, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides, había dado la orden de matar a los jesuitas.
Las revelaciones de Buckland fueron especialmente explosivas porque dicho oficial, el Coronel Benavides, era miembro de la “Tandona”, la excepcionalmente amplia y poderosa promoción (o tanda) de 1966 de oficiales que prácticamente ocupaban todos y cada uno de los principales puestos de mando de las Fuerzas Armadas en la época en la que asesinaron a los jesuitas.
El ejército salvadoreño, a diferencia de otras instituciones militares, se organizaba en tandas o promociones, en las que los grupos de oficiales permanecían juntos durante su formación, se les nombraba a todos a la vez y posteriormente se les promocionaba al siguiente rango también en grupo, independientemente de sus méritos y de su rendimiento.
La idea que subyace en el sistema de tandas es la de autoprotección y de las recompensas financieras que se obtienen siendo leal al grupo; y a la promoción de 1966 se la conocía especialmente por “la lealtad prácticamente inquebrantable de sus miembros”.
Tradicionalmente, el poder rotaba de una tanda a otra, un sistema que permitía que todos los oficiales se turnasen para recoger las prerrogativas pecuniarias. El sistema de tandas era el pegamento de lo que un analista llamó “un West Point estilo mafioso totalmente fuera de sus cabales”. Ahora le tocaba a la Tandona. Tal como declaró un asesor militar estadounidense: “Tenían todo el poder bien tapado con hormigón. Lo tenían todo”.
El escándalo generado por el asesinato de los jesuitas puso en peligro el extraordinario poder de la Tandona. La Tandona de 1966 tenía la máxima concentración de poder que jamás había tenido una única promoción de oficiales. Formados en una dictadura militar, a estos oficiales se les había enseñado a asumir que gobernarían, una posibilidad sobre la que habían estado debatiendo desde al menos 1980.
Como promoción era famosa por poner los intereses de la Tandona por encima de todo, incluso por encima de la propia institución militar – una práctica que les había costado una advertencia pública, cosa poco frecuente, por parte del jefe saliente de las Fuerzas Armadas General Vides Casanova.
La corrupción en la administración de los billones de dólares de la ayuda estadounidense era legendaria. Los oficiales veteranos se inventaban “soldados fantasma” y se metían en el bolsillo los salarios de estos impostores bajo su mando, mantenían en nómina a soldados fallecidos para que los oficiales veteranos pudiesen cobrar sus sueldos y forzaban a los reclutas a comprar comida cara, uniformes nuevos e incluso abrillantador de botas a beneficio de sus comandantes.
La corrupción y la protección de cualquier violación de los derechos humanos descansaban en un estricto “código de silencio” que abocaba en una total impunidad en los procesos judiciales. Al haber señalado al Coronel Benavides, un miembro de la Tandona, como involucrado en los asesinatos, se puso en peligro la unidad de las Fuerzas Armadas y la posición de poder de la Tandona.
Al final, el alboroto político causado por las declaraciones de Buckland demostró ser más fuerte que los intentos por ocultar completamente el tema o que la coacción manifiesta para detener la celebración del juicio. Al principio, el liderazgo de la Tandona, formado por ocho miembros conocido como “compadres” reunidos en uno de sus encuentros habituales para tomar decisiones, intentaron ayudar al coronel Benavides. A consecuencia de esto, el Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce escogió a uno de los suyos, el director de la Policía Nacional, Dionisio Ismael Machuca, para ser parte de una “Comisión de Honor” que investigaría el crimen.
Esta comisión liderada por el coronel de la Fuerza Aérea Rafael Antonio Villamariona sustituyó a la Unidad de Investigaciones Especiales originalmente establecida con el apoyo de los EE. UU. Durante la investigación de la Comisión de Honor, en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional, algunos de los jóvenes oficiales implicados en el crimen fueron amenazados y obligados a confesar, entre ellos el teniente Mendoza Vallecillos, el teniente Espinoza, y el subteniente Guevara Cerritos. Posteriormente sus declaraciones fueron “corregidas” por Rodolfo Antonio Parker Soto, abogado y asesor jurídico del Estado Mayor, y también miembro de la “Comisión de Honor”. Parker se aseguró que todas las menciones a las órdenes superiores hechas por los interrogados se eliminaran así como referencias a algunos oficiales que participaron de los hechos. El informe de la Comisión de Honor omitió toda referencia a las órdenes recibidas por el coronel Benavides.
Ponce también contrató a un amigo personal, al abogado Carlos Alfredo Méndez Flores como representante legal de Benavides a quien pagó con fondos del ejército.
Este esfuerzo se llevó a cabo para sofocar cualquier intento de investigar a oficiales superiores. Esto se hizo especialmente obvio cuando el abogado intentó proteger a Benavides a expensas del subdirector de la Escuela Militar el teniente coronel Carlos Camilo Hernández y de las tropas que participaron en el crimen.
Cuando Camilo Hernández rechazó ser el chivo expiatorio de un oficial más veterano, las amenazas de muerte a su tío y un intento posterior de asesinarle garantizaron su cooperación. Posteriormente se le acusó de destruir pruebas vitales: los libros de registro de la Escuela Militar.
Estos hechos intensificaron las tensiones en el ejército entre oficiales jóvenes y los más veteranos pues estaba claro que se iba a hacer responsable del asesinato sólo a los militares de rango inferior. Por ejemplo, uno de los miembros del batallón Atlacatl que pudo escapar y posteriormente dio declaraciones en México, Jorge Alberto Sierra Ascensio amenazó con señalar al Vice Ministro Juan Orlando Zepeda como el “autor intelectual y el supervisor táctico” del asesinato.
En 1991 se procesó a varios militares por los asesinatos perpetrados en El Salvador. Este proceso judicial fue un proceso defectuoso y muy criticado que acabó con dos condenas forzadas y la absolución de incluso asesinos confesos. En el año 2000, el Tribunal Supremo de El Salvador rechazó un nuevo intento de reabrir la investigación impulsado por los familiares de las víctimas.
En efecto, tras una enorme presión externa para que se emitiese veredicto, en 1991, al coronel Guillermo Alfredo Benavides se le declaró culpable de los ochos asesinatos y al teniente René Mendoza Vallecillos, también de la Escuela Militar, de asesinar a la hija de la empleada de hogar, Celina Ramos aunque de hecho otros soldados dispararon. Pero la sentencia absolvió a siete de los nueve hombres que habían sido acusados en un principio, incluidos los asesinos confesos.
Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, todos miembros de la unidad de elite del batallón Atlacatl, que el gobierno de España y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado. El Tribunal de Apelación de Séptimo Circuito de Estados Unidos, al examinar este juicio conjuntamente con otro caso distinto, lo definió como "una parodia de la justicia”.
El resultado del proceso se resumía en la condena de un coronel y un teniente.
Por otro lado estaba destinado a aplacar a sus apoyos en EE. UU sobre todo después de que el embajador William Walker le dijo a los líderes del gobierno que sería un “suicidio político” para ellos si Benavides no era condenado.
Además, estaba destinado para suavizar la intensa ira del ejército. Miembros de la Tandona furiosos por el hecho de que se estaba celebrando un juicio se negaron testificar, rechazaron la idea de que un oficial superior hubiera sido condenado e intimidaron abiertamente al Tribunal. Oficiales más jóvenes, ofendidos por el daño hecho a las Fuerzas Armadas querían asegurar que toda la responsabilidad no recaía sobre los soldados que cumplían órdenes. El acuerdo fue elegir un culpable de cada rango, quienes, y no fue coincidencia, no ocupaban posiciones de combate ni tenían tropas bajo su mando, lo que posiblemente generaría menos descontento entre el poderoso alto mando.
Esto no fue muy difícil si tenemos en cuenta que el abogado contratado por Ponce elaboró las listas de jurados. Más tarde, una vez el informe de la Comisión de la Verdad publicó como responsables del asesinato los nombres de los miembros del alto mando, la Asamblea Legislativa de El Salvador dominada por el partido ARENA aprobó una ley de amnistía general que conllevó la liberación de los dos únicos condenados. |2|
En lugar de servir los 30 años de la condena, el Coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron liberados después de solo 15 meses en prisión.
El Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno no pudo haber actuado solo. También comparten esta opinión los extranjeros que mejor conocían los cuerpos de oficiales en esa época: el jefe de la Misión Militar estadounidense, el coronel Milton Menjívar, y Janet Elmore, funcionaria política de la Embajada de EE. UU.
El Grupo de Tarea de Moakley, la investigación más concienzuda del Congreso de Estados Unidos realizada hasta la fecha, coincide con este parecer, al igual que muchos salvadoreños que están convencidos de que otros oficiales veteranos están implicados en las muertes de los jesuitas.
Según los informes de inteligencia no disponibles en la época de la instrucción de los asesinatos, los propios colegas del coronel Benavides insistían en que nunca habría actuado sin autorización previa de al menos uno de los líderes de la Tandona y en que nunca lo habría hecho por su cuenta. Los oficiales veteranos declararon que Benavides, que nunca había liderado un batallón de combate, era “el oficial del que menos se hubiesen esperado su implicación en un acción tal” y sus propios compañeros de promoción le describieron como una persona “con un historial de no ser capaz de tomar decisiones de mando importantes”.
Carecía del liderazgo agresivo necesario para organizar un crimen tan drástico por su propia cuenta y riesgo. Los oficiales jóvenes observaron su implicación con “incredulidad” mientras un grupo de capitanes declaró categóricamente que Benavides “actuó por orden del Alto Mando cuando mató a los jesuitas”.
Además, muchos oficiales veteranos sabían y aún saben hoy, exactamente quién ordenó los asesinatos - "un hecho que probablemente supo el resto de la Tandona a las pocas horas de que hubiera sucedido". Conocían la decisión sobre los asesinatos la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador, miembros de la Primera Brigada de la Policía Nacional, miembros del batallón Atlacatl, Policía de Hacienda y otras fuerzas destacadas en los alrededores de la UCA y por ello, el Estado Mayor conjunto, con Ponce a la cabeza, tenía que saberlo.
Había 350 soldados en el área de seguridad de la UCA y se realizaron constantes visitas entre los altos cargos del Estado Mayor, el Ministro de Defensa y la Escuela Militar que se encuentran a pocos metros de distancia. La UCA está en línea recta, a unos 500 metros de distancia del edificio del Estado Mayor.
La Tandona, que originariamente conformaban 47 oficiales veteranos, eran aproximadamente en ese momento 27, pero solo unos veinte ocupaban cargos en servicio activo, y tomaban decisiones clave por consenso.
Entre estos estaban: el Viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, el Viceministro de Defensa para la Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, el Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, el Subjefe del Estado Mayor Gilberto Rubio, el Comandante de la Primera Brigada Francisco Elena Fuentes, el Jefe de Plaza Juan Carlos Carrillo Schlenker, y posiblemente el Director de la Policía Nacional Dionisio Ismael Machuca.
Un oficial muy veterano explica su conocimiento de los hechos y su culpabilidad de este modo: “Los cuerpos de oficiales salvadoreños son una pequeña fraternidad. Los cotilleos profesionales ocurren con naturalidad en estos cuerpos en los que todos los oficiales tienen un historial que todo el mundo conoce. A cualquier miembro que esté “fuera de la red” de los círculos de la Tandona de estos trascendentales asesinatos (cosa improbable), seguramente le habrán llegado cotilleos a través de los canales verticales (por ejemplo, a través de un subordinado de confianza)”.
El propio coronel Benavides contó a su familia que le habían ordenado matar a los jesuitas, y en un documento de la CIA al que no se había podido acceder hasta ahora, declara que estuvo a punto de señalar al Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce como el comandante que ordenó los asesinatos.
La Comisión de la Verdad para El Salvador, que formó Naciones Unidas como parte el acuerdo de paz, coincide en que los escalones más altos del ejército ordenaron los asesinatos. Esta encontró: “…pruebas materiales de que en la noche del 15 de noviembre de 1989, el entonces coronel René Emilio Ponce, en presencia y en complicidad con el general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes dieron la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de matar al Padre Ignacio Ellacuría y de no dejar testigos. Con este propósito, se permitió al coronel Benavides hacer uso del batallón Atlacatl, al que dos días antes se había enviado a buscar el domicilio de los sacerdotes.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos relatados anteriormente si llegasen a acreditarse en el acto del juicio oral revisten los caracteres de:
1) Ocho delitos de asesinato terrorista (crimen de Estado), cometidos contra 5 sacerdotes jesuitas españoles Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, un sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y a la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS, ambas de nacionalidad salvadoreña, tipificados en el Art. 406 en relación con el art. 174 bis del Código Penal de 1973, vigente en las fechas de comisión de los hechos (penado cada uno con entre veintiséis años, ocho meses y un día a treinta años de prisión) y asimismo recogido en el Código Penal de El Salvador que lo regulaba ya en los Arts. 400 y siguientes (Decreto Legislativo 270, de 13 de febrero de 1973).
2) un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gentes del artículo 137 bis del Código Penal de 1973, vigente en las fechas de comisión de los hechos (con pena de entre veinte años y un día a treinta años de prisión)
Como dice la s TS 1/10/2007 (caso Scilingo), el contexto inicial de guerra se aprovecha para culminar un núcleo central de vulneración de los Derechos Humanos, en este caso, xenófobo, del colectivo de jesuitas en la Universidad de El Salvador. La existencia de los mismos con apariencia delictiva se sostiene en este momento procesal en los siguientes indicios racionales:
1) Testifical de José Luis Ruiz-Navarro Pinar, Letrado de Cortes, (f. 485, transcrita a f. 1446), Enrique Arnaldo, Letrado de Cortes, (f. 486, transcrita a f. 1471) Fernando Álvarez de Miranda Torres, ex Embajador español en El Salvador en 1989, (f. 487, transcrita a f. 1518), Manuel García Fonseca , ex parlamentario (f. 506 bis, transcrita a f. 1563), Joseba Mirena Zubía Achaerandio, parlamentario, (f. 509, transcrita a f. 1647), Pere Balta i Llopart, ex parlamentario (f.510, transcrita a f. 1603), Francisco Cádiz Deleito, ex Embajador en El Salvador,(f. 657, transcrita a f. 1677), José María Tamarit Samalla, profesor de Derecho Penal , autor de un informe sobre el proceso por los asesinatos para el Ministerio de AA EE español (f. 659, transcrita a f. 1736), Álvaro Henry Campos Solórzano, juez instructor salvadoreño de la causa por los asesinatos (f. 1023, transcrita a f. 2056), Edward Sydney Blanco Reyes , ex fiscal del caso y representante final de la Acusación particular en el proceso salvadoreño (f. 1024, transcrita a f. 2024), Lucía Barreda de Cerna, testigo presencial del crimen (f. 1203 y ss, transcrita a f. 1962), John Jorge Alberto Cerna, (f.1207, transcrita a f. 1992), Miguel Francisco Estrada Lemus, por CRI a Guatemala (f. 1232), José Benjamín Cuellar Martínez , director del Instituto de derechos Humanos de la UCA (f. 1258, transcrita a f. 1776)
2) Pericial realizada por la catedrática de Ciencias Políticas, experta en estudios latinoamericanos, Profesora Terry Karl, sobre los asesinatos de jesuitas españoles en El Salvador (f. 836 y ss) y los de la misma para situar su contexto sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el estado Mayor , miembros de la Tandona y otros líderes del comando de las FFAA salvadoreñas en noviembre de 1989 (f. 953 y ss) y sobre ataques y amenazas contra la Iglesia, los jesuitas y la Universidad centroamericana en el Salvador (f. 972 y ss), ratificados a f. 1011, transcritos a f. 2101 y 2110.
3) Declaraciones documentadas del proceso salvadoreño de los imputados René Emilio Ponce Torres en 1989 (f. 664), ampliación de Ponce Torres en 1990 (f.665), de Yusshy René Mendoza Vallecillos de 1990 (f.668), de José Ricardo Espinoza Guerra de 1990 (f. 669), de Guillermo Alfredo Benavides Moreno en 1990 (f. 670), de Ponce Torres en 1989 (f. 671), de Juan Orlando Cepeda en 1990 (f. 673) y de Joaquín Arnoldo Cerna Flores en 1990 (f. 674), así como de los testigos Mayor Buckland en 1990 (f. 666), quien ha excusado volver a declarar por el tiempo transcurrido, remitiéndose en un todo a su declaración en 1989 (f. 1020, 794), la de Lucía Barreda de Cerna (f. 672) y Óscar Alberto León Linares en 1990 (f. 675).
4) Pericial sobre documentación norteamericana desclasificada atinente al asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador hecha por Katherine Temple Lapsey Doyle. (f. 1029) y su ratificación (f. 1028, transcrita a f. 2009).
5).-Documental consistente en, entre otros, numerosos documentos desclasificados del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el informe final de la Comisión de la Verdad (De la Locura a la Esperanza: La Guerra de los Doce Años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de marzo de 1993) y las diferentes investigaciones aportadas y documentadas en profundidad, entre otras la realizada por el Grupo de Tarea del portavoz de la Cámara de los Representantes del Congreso de EE. UU. Otra de estas investigaciones, auspiciada por la Comisión de la Verdad para El Salvador, ordenada por el acuerdo de paz negociado por Naciones Unidas de 16 de enero de 1992 que puso fin a la guerra, investigó los crímenes y, por primera vez, dio los nombres de los miembros del Alto Mando involucrados en los asesinatos.
Abundante información recabada y cuidadosamente analizada contenida en miles de documentos desclasificados de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos por el Presidente Bill Clinton y gracias a las solicitudes presentadas en virtud de la Ley de Libertad de Información norteamericana (Freedom of Information Act), la mayoría de los cuales no estaban disponibles en investigaciones previas. Los organismos encargados de hacerlos públicos identificaron también otros 3000 documentos que seguían siendo secretos y que aún no están accesibles; el motivo alegado es que esta privacidad es necesaria para proteger las fuentes y los métodos. Muchos de los cuales, de la CIA y del Ministerio de Defensa, no están disponibles en la Web y sólo son accesibles en la biblioteca del Congreso de EE. UU., ubicada en Washington, D. C. En una práctica bastante inusual, algunos de estos documentos -una vez puestos a disposición pública- volvieron a clasificarse como materia reservada. Su desclasificación y la desclasificación del resto de documentos relativos al caso jesuitas, es esencial.
Así:
- “De la locura a la Esperanza: la Guerra de los Doce años en el Salvador”. Informe sobre la Comisión de la verdad para el Salvador, de marzo de 1993. (f. 132 y ss)
-Ley de Amnistía general para la consolidación de la paz, Decreto nº 486 de 20 de marzo de 1993, publicado el 22 de marzo de 1993. (f. 140 y ss)
-Informe de la Comisión del Congreso de los EEUU presidida por Joseph Moakley (f. 144 y ss)
-Informe el “caso jesuitas” del Lawyers Comitee for Human Rights de 1991. (f. 200 y ss)
-Copia del Sumario 1074/89 del Juzgado cuarto de lo Penal de San Salvador así como del proceso de amparo sobre el mismo del año 2000(f. 1014)
-Informe Congreso de los Diputados español, sobre la vista oral por el asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador (f. 362)
-Informe Congreso de los Diputados español, sobre el asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador (f. 393)
-Informe sobre el proceso judicial por los asesinatos de 6 jesuitas y 2 colaboradores en El Salvador (f.492)
-“Una muerte anunciada”de Marta Doggett (f. 5319
-Documentos del Congresista Moakley, desclasificados (f. 540), sinopsis (f. 543), con su traducción (f. 635) e Informe de Mr Moakley a la Embajada española en el Salvador (f. 563)
-Informe provisional sobre El Salvador de la comisión especial del Presidente de la Cámara de Representantes (Informe Moakley) (f. 570)
-Noticias de prensa con fotos de los imputados de fechas del juicio en El Salvador (f. 662)
-Informe sobre la vista pública de septiembre de 1991 del Lawyers Comitee for Human Rights (f. 663)
-Diligencias del Sumario por la investigación del Juzgado 4º de lo Penal de El Salvador (f. 676) y sentencia salvadoreña (f. 677)
-Libro sobre los escuadrones de la muerte en El Salvador (f. 1015)
-Documentación norteamericana desclasificada atinente al asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador. (f. 1050)
-Fotografías del lugar del c rimen (f. 1211)
6) Informe pericial realizado por José Luis García sobre FFAA y de seguridad en El Salvador, estructura de comando, cadena de mando militar salvadoreña, doctrina de la seguridad nacional, proclama de la Junta de Gobierno revolucionaria, la Tandona, organigramas de mando, asistencias de estrategia militar en El Salvador, normativa militar y constitucional sobre el respeto a los Derechos Humanos (f.1275) y ratificación del mismo, experto militar técnico en FFAA norteamericanas (f. 1263, transcrita a f. 1901)
7) Videoconferencias con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos: Lucía Barreda de Cerna, y John Jorge Alberto Cerna. (f.1215)
8) Informes y conclusiones de observadores internacionales que presenciaron el proceso penal en El Salvador en 1990 (f. 1366).
9) Declaración judicial del imputado protegido núm. 1/391/2008, del pasado 24 de junio de 2010 (transcrita a f. 1820)
10) CRI de El Salvador, denegando dar traslado de la querella y recibir declaración a los querellados por afectar al proceso de pacificación salvadoreño, al principio ne bis in idem, a los intereses del Estado de El Salvador y a derechos fundamentales de los justiciables (f. 1370), con un voto particular concurrente y 2 disidentes.
SEGUNDO.- El artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que una vez que resulten indicios racionales de criminalidad contra determinada persona se la declarará procesada y se entenderán con ella el resto de las diligencias, resultando que de lo actuado se desprende una participación directa e inmediata en los hechos constitutivos de DELITOS DE ASESINATO, TERRORISMO Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD O CONTRA EL DERECHO DE GENTES, de los artículos 406, 174 bis y 137 bis del Código Penal de 1973, por parte de INOCENTE ORLANDO MONTANO, RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, razón por la que quedan procesados y sujetos a esta causa.
TERCERO.- De conformidad con las diligencias de investigación practicadas en el marco del presente procedimiento, aparecen como responsables de los hechos imputados:
1.- RAFAEL HUMBERTO LARIOS, ministro de la Defensa Nacional en el momento del asesinato;
2.- RENÉ EMILIO PONCE, coronel y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador;
3.- JUAN RAFAEL BUSTILLO, general y comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña;
4.- JUAN ORLANDO ZEPEDA, entonces coronel salvadoreño y viceministro de Defensa Nacional;
5.- INOCENTE ORLANDO MONTANO, coronel y viceministro de Seguridad Pública;
6.- FRANCISCO ELENA FUENTES, coronel y jefe de la Primera Brigada de Infantería de las Fuerza Armada de El Salvador;
7.- JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, entonces teniente y miembro del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, “ATLACATL”;
8.- GONZALO GUEVARA CERRITOS, entonces subteniente del Batallón “ATLACATL”;
9.- OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, cabo y miembro del Batallón “ATLACATL”;
10.-ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, entonces sargento y miembro del Batallón “ATLACATL”;
11.-ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, entonces cabo y miembro del Batallón “ATLACATL”;
12.- TOMÁS ZARPATE CASTILLO, entonces sargento asignado al Batallón “ATLACATL”;
13.- JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, soldado y miembro del Batallón “ATLACATL”.
14.- GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, coronel del ejército y director de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”.
15.- JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, coronel de la Fuerza Armada y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
16.- CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, coronel de la Fuerza Armada y director de la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador (DNI).
17.- HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.
18.- OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, coronel de la Fuerza Armada salvadoreña y el comandante del Batallón Atlacatl.
19.- CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA, comandante y Director Adjunto de la Escuela Militar, y
20.- RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, teniente y miembro del Batallón “ATLACATL”;
Así, resumidamente:
I. RAFAEL HUMBERTO LARIOS
El 16 de noviembre de 1989 RAFAEL HUMBERTO LARIOS era ministro de la Defensa Nacional, y como tal estaba a cargo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza armada (EMCFA) y del Centro de Operaciones Conjunto de la Fuerza armada (COCFA) en el momento en que se planificaron, ordenaron, y se cometieron los asesinatos.
RAFAEL HUMBERTO LARIOS era, en noviembre de 1989, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y el gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar, siendo miembro del grupo de liderazgo (constituido por ocho militares conocidos como “compadres”).
La decisión de asesinar a los jesuitas de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” (UCA) del Salvador, Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, a la que se añadió la muerte sobrevenida del sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, de su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y de la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS (ambas de nacionalidad salvadoreña), y el diseño de la ejecución del crimen fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona, incluyendo RAFAEL HUMBERTO LARIOS, general de la Fuerza Armada, ministro de la Defensa Nacional y uno de los miembros más poderosos de la misma.
RAFAEL HUMBERTO LARIOS aprobó, a petición del Coronel René Emilio Ponce, la orden dada al batallón Atlacatl de registrar el campus de la UCA el 13 de noviembre de 1989.
RAFAEL HUMBERTO LARIOS asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.
Concretamente, RAFAEL HUMBERTO LARIOS participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona. Esta reunión, de la que informaron puntualmente cables de la embajada de los Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), resultó ser una reunión para la toma de las decisiones clave en torno al asesinato. En ella estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de 6/17 las Fuerzas Aéreas, Juan Rafael Bustillo; el Ministro de Defensa, Humberto Larios; los Viceministros de Defensa, Juan Orlando Zepeda e Inocente Montano; el Jefe del Estado Mayor, Emilio Ponce; el Vice Jefe del Estado Mayor, Rubio; y el coronel Francisco Elena Fuentes.
RAFAEL HUMBERTO LARIOS también asistió a la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El objetivo de esta reunión, celebrada con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue la adopción de medidas urgentes, entre las que se encontraban el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política, refiriéndose especialmente a Ignacio Ellacuría y a los demás jesuitas de la UCA.
II. RENÉ EMILIO PONCE
RENÉ EMILIO PONCE era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), en el momento en que se planificaron, ordenaron, y se llevaron a cabo los asesinatos de noviembre de 1989.
RENÉ EMILIO PONCE era, además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.
La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del crimen fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona. RENÉ EMILIO PONCE formó parte de este grupo y fue además, según prueba documental y testifical, el comandante que dio la orden específica al coronel Benavides de asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA.
RENÉ EMILIO PONCE es además el comandante que ordenó el registro del campus de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989, llevado a cabo por el Batallón Atlacatl, y que no tenía ninguna finalidad militar, sino que constituía parte del plan para el asesinato de los jesuitas.
RENÉ EMILIO PONCE asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.
De conformidad con documentos emitidos por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, RENÉ EMILIO PONCE asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas reunión decisiva para los sucesos del 16 de noviembre de 1989 y a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona.
Igualmente RENÉ EMILIO PONCE participó en la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y aproximadamente hasta las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989 en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Tras la reunión, RENÉ EMILIO PONCE llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, y en presencia de todos los demás oficiales, le ordenó asesinar al padre Ignacio Ellacuría, y para ello hacer uso del comando del Batallón Atlacatl destacado en San Salvador desde el día 13 de noviembre de 1989 y bajo mando directo del coronel Benavides desde el 14 de noviembre. Una vez concluido con éxito el asesinato, el coronel Benavides ordenó al mayor Camilo Hernández Barahona, bajo su mando, que informara al coronel EMILIO PONCE, y sólo a éste, que la orden había sido ejecutada con éxito y según lo previsto.
Principal responsable junto con el anterior de los mandos militares superiores que urdieron y ordenaron la ejecución de los jesuitas, siguiendo la cadena de mando, por el sistema de toma de decisiones por consenso y dentro de la dinámica intermediada de su ejecución, como demuestran sus actos preparatorios previos, y su actitud una vez se conoce que se han ejecutado sus órdenes de asesinar a los jesuitas, dinamitando el contexto negociador con el FLMN que buscaba Cristiani y otras fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de perpetuar a la Tandona del 66 en el poder.
III. JUAN RAFAEL BUSTILLO
El 16 de noviembre de 1989 JUAN RAFAEL BUSTILLO era general y comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo a su vez miembro del grupo de liderazgo.
La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del delito fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona.
JUAN RAFAEL BUSTILLO asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.
Concretamente, JUAN RAFAEL BUSTILLO asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas en la que participaron entre otros el también procesado RENÉ EMILIO PONCE y que, de conformidad con documentos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que obran en este sumario, fue clave para los sucesos del día 16 de noviembre de 1989.
Asimismo participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona y a la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989 en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
IV. JUAN ORLANDO ZEPEDA
El 16 de noviembre de 1989, JUAN ORLANDO ZEPEDA era coronel y viceministro de Defensa Nacional de El Salvador. Asimismo, era miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.
La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del delito fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona, incluyendo a JUAN ORLANDO ZEPEDA.
JUAN ORLANDO ZEPEDA asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.
Concretamente, asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas. JUAN ORLANDO ZEPEDA participó también en la reunión que tuvo lugar en la propiedad de Eusebio Argueta, reunión destinada, según documentos desclasificados de la CIA, a presionar al Presidente Cristiani en pos de una “guerra total” para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN. De conformidad con el informe pericial de la perito Karl, lo excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes para que los militares desecharan las tácticas más restringidas promovidas por los Estados Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros años de la guerra.
JUAN ORLANDO ZEPEDA participó, a su vez, en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona. Igualmente, JUAN ORLANDO ZEPEDA estuvo presente en la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
V. FRANCISCO ELENA FUENTES
El 16 de noviembre de 1989, FRANCISCO ELENA FUENTES era jefe de la Primera Brigada de Infantería de las Fuerza Armada de El Salvador. En la misma fecha, era además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.
La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del delito fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona, incluyendo a FRANCISCO ELENA FUENTES.
FRANCISCO ELENA FUENTES asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.
Concretamente, participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a 11/17 la que sólo asistieron miembros de la Tandona; así como participó en la reunión que tuvo lugar a las 18:30 horas y duró hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
VI. JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA
El 16 de noviembre de 1989, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA era teniente del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “ATLACATL”, y como tal, fue puesto a cargo de ejecutar la orden del Alto Mando de entrar en la UCA y asesinar a los jesuitas.
De acuerdo con las confesiones realizadas ante las diferentes comisiones investigadoras por el procesado y por los demás miembros del batallón “ATLACATL” involucrados en el asesinato, a las 23:00 horas del 15 de noviembre, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA recibió la orden de presentarse ante el coronel Benavides en la Escuela Militar. Allí, Benavides ordenó a JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA quien había llevado a cabo el registro en días anteriores y conocía la zona, que eliminara a Ellacuría sin dejar testigos.
El teniente ESPINOZA, con el apoyo del subteniente Guevara Cerritos, dio instrucciones precisas a los miembros el Batallón que incluía cobertura y seguridad para quienes iban a matar a los sacerdotes.
Aproximadamente a la 01:00, bajo las órdenes de JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, una unidad de comandos se dirigió a la UCA. Una vez dentro, se dirigieron a la casa donde habitaban los sacerdotes jesuitas y, siguiendo las órdenes de aquél, se procedió a asesinarlos.
VII. GONZALO GUEVARA CERRITOS
El 16 de noviembre de 1989 GONZALO GUEVARA CERRITOS era subteniente del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “ATLACATL”. El subteniente GUEVARA CERRITOS participó a su vez, junto a Espinoza Guerra, en el registro de la UCA del 13 de noviembre, previo al asesinato.
El subteniente GUEVARA CERRITOS fue, a su vez, el miembro del batallón que realizó la pintada en la pared a la salida de la UCA responsabilizando al FMLN del asesinato, con las palabras “el FMLN ejecutó a los enemigos espías”.
VIII. OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI
El 16 de noviembre de 1989 OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI era cabo del Batallón ATLACATL, y es responsable por su participación tanto en el registro de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre, como en el asesinato el día 16 de noviembre.
OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI es, de acuerdo con la prueba documental que obra en este sumario, responsable material del asesinato de tres de los padres jesuitas asesinados, en concreto de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes.
IX. ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS
El 16 de noviembre de 1989 ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS era sargento del batallón ATLACATL, y participó en el registro de la UCA del 13 de noviembre así como en el asesinato del día 16. Al sargento ÁVALOS VARGAS, apodado “Satán”, se le encomendó la tarea de liderar la segunda patrulla de los comandos ATLACATL pues la unidad de comando se dividió en dos para llevar a cabo la misión.
ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS ordenó a los cinco sacerdotes, quienes salieron de su casa alertados por el ruido, que se tirasen al suelo. Una vez allí, y mientras los sacerdotes yacían indefensos, el sargento ÁVALOS VARGAS disparó con un M-16, a Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, dándoles muerte.
Más tarde, y una vez el sargento Zarpate hubo disparado contra Julia Elba y a su hija Celina, el querellado ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS descubrió que las dos mujeres seguían con vida, en el suelo, abrazadas una a la otra, por lo que ordenó al soldado Sierra Ascensio que las rematara.
X. ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ
El 16 de noviembre de 1989, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ era cabo del Batallón ATLACATL. De conformidad con la prueba documental que obra en este sumario, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ confesó haber asesinado al padre Joaquín López y López.
XI. TOMÁS ZARPATE CASTILLO
El 16 de noviembre de 1989 TOMÁS ZARPATE CASTILLO era sargento del Batallón ATLACATL. De conformidad con prueba documental que obra en este sumario, ZARPATE CASTILLO confesó haber custodiado y finalmente disparado contra las dos mujeres, Julia Elba y Celina Ramos.
XII. JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO
El 16 de noviembre de 1989, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO era soldado del Batallón ATLACATL. De conformidad con abundante prueba testifical y documental obrante en este sumario, Ávalos Vargas, tras comprobar que habiendo disparado Zarpate Castillo a las dos mujeres éstas seguían con vida, ordenó al soldado SIERRA ASCENSIO que se cerciorara de su muerte y procediera a rematarlas. El procesado JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO descargó su M-16 sobre ambas mujeres que se encontraban tendidas en el suelo.
XIII. INOCENTE ORLANDO MONTANO
INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES Coronel y Viceministro de Seguridad Pública de la República de El Salvador en el momento de comisión de los hechos y uno de los líderes de La Tandona, participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los españoles y sacerdotes jesuitas de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” (UCA) del Salvador, Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, del sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, de su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y de la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS (ambas de nacionalidad salvadoreña).
INOCENTE ORLANDO MONTANO, además de oficial del ejército y miembro del gobierno, tenía a su cargo de Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989, que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el Rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los jesuitas de esa Universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y “cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.
Con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, INOCENTE ORLANDO MONTANO participó en las reuniones celebradas a lo largo del día 15 de noviembre de 1989, en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde el Alto Mando del ejercito de El Salvador, con la aquiescencia del altos funcionarios del gobierno, se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política, estando presente, Inocente Orlando Montano junto a otros oficiales, cuando el Coronel Emilio POCE dio la orden al Coronel Guillermo Alfredo BENAVIDES de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos, y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato, del comando del Batallón Atlacatl (destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989).
XIV: GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES
En el momento del asesinato, BENAVIDES era coronel del ejército y director de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” situada en San Salvador. BENAVIDES era además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.
De conformidad con lo declarado el 29 de noviembre de 2009 por la perito Terry Karl ratificando su informe, y por lo declarado por el testigo protegido núm. 1/391/2008, el 24 de junio de 2010, el 13 de noviembre de 1989, BENAVIDES ordenó a los miembros del batallón Atlacatl bajo su mando que registraran la residencia de los jesuitas en la UCA. Como consecuencia de este registro, BENAVIDES pudo confirmar y así informó a su superior RENE EMILIO PONCE, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que Ignacio Ellacuría acababa de regresar a el Salvador de su último viaje a España.
Igualmente y de conformidad con lo declarado por el testigo protegido núm. 1/391/2008, la noche del 15 de noviembre 1989, BENAVIDES recibió del coronel PONCE y otros altos militares, la orden explícita de asesinar al padre Ellacuría y a los jesuitas de la UCA. PONCE ordenó a BENAVIDES utilizar la misma unidad del batallón Atlacatl que había llevado a cabo el registro dos días antes.
Más tarde ese mismo día, BENAVIDES ordenó al mayor CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA que planeara la operación. En una reunión organizada por HERNANDEZ BARAHONA esa misma noche, BENAVIDES ordenó al teniente José Ricardo ESPINOZA GUERRA que con la unidad del Batallón Atlacatl destacada, asesinara al padre Ellacuría y que no dejara testigos.
En 1991 BENAVIDES fue condenado por homicidio, instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo por su participación en la masacre de los jesuitas y sus dos empleadas en la UCA. El juez del Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador le condenó a una pena de prisión de treinta años. BENAVIDES fue puesto en libertad el 1 de abril de 1993, tras completar apenas un año de su condena, por aplicársele la Ley de Amnistía.
XV: JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES
En noviembre de 1989, CERNA FLORES era coronel de la Fuerza Armada y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Como tal, tuvo conocimiento del plan para asesinar a los jesuitas de la UCA. CERNA FLORES dirigió y llevó a cabo el registro de la UCA el 13 de noviembre de 1989. De conformidad con lo establecido en el informe pericial del coronel José Luís García este registro estaba claramente destinado a realizar la oportuna inspección ocular, previa y necesaria, en toda operación militar.
De acuerdo también con la prueba documental que obra en este sumario y con el informe pericial de la profesora Karl, el general PONCE admitió bajo juramento que ordenó a CERNA FLORES que registrara la UCA el 13 de noviembre. Así lo corrobora también el general Rafael Humberto LARIOS LÓPEZ quien afirma que CERNA FLORES fue el oficial que le dio la orden de registrar la UCA.
Estaba presente con PONCE y ZEPEDA cuando BENAVIDES les reportó el resultado del registro preparatorio de los asesinatos, practicado sobre las dependencias de residencia de los jesuitas, mintiendo con posterioridad cuando explicó los motivos de ese registro previo inventando la presencia de supuestos terroristas que nunca existieron.
Seleccionó junto con PONCE el Batallón Atacatl porque querían y buscaban gente “con experiencia” para asegurar el asesinato.
XVI: CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR
El 16 de noviembre de 1989 CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR era coronel de la Fuerza Armada y director de la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador (DNI). GUZMÁN AGUILAR era además miembro de la Tandona, y estuvo presente en las reuniones destinadas a planificar el asesinato de los jesuitas de la UCA.
De conformidad con los informes periciales que obran en este procedimiento, el capitán y oficial de inteligencia militar Carlos Fernando HERRERA CARRANZA testificó ante el Juzgado Cuarto de lo Penal que fue GUZMAN AGUILAR quien ordenó que se registraran, en la incursión del día 13 de noviembre, las habitaciones privadas de los jesuitas.
GUZMÁN AGUILAR ordenó a CUENCA OCAMPO participar en el registro, orden que sólo ellos y el Alto Mando conocían. Esta información se hizo pública sólo tras la publicación del informe Moakley el 30 de abril de 1990. Además, GUZMAN AGUILAR, a pesar de las reiteradas peticiones del Juez Cuarto de lo Penal, dilató la presentación del informe de inteligencia militar elaborado por CUENCA OCAMPO en relación con el registro del día 13.
GUZMAN AGUILAR es asimismo responsable de transmitir a través de los canales de comunicación militares, información falsa sobre los hechos en concreto retransmitiendo que el padre Ellacuría había sido ejecutado por resistirse a su arresto.
De conformidad con lo establecido en documentos desclasificados, el expediente judicial 19/1990 del Juzgado Cuarto de lo Penal de El Salvador y el informe del congresista Joseph Moakley, el capitán de la Fuerza Armada Luis Alberto PARADA FUENTES declaró que el 16 noviembre de 1989, se celebró una reunión en la sede de la DNI en la que el capitán HERRERA CARRANZA informó haber oído a través de su radio MX (radio codificada para uso exclusivo de inteligencia militar) que el padre Ellacuría había muerto resistiendo su detención. Aunque otros oficiales interrogados negaron este hecho, HERRERA CARRANZA mantuvo su versión y tras ser liberado, y destacado en San Francisco Gotera, Morazán bajo el mando del coronel LEÓN LINARES, murió en extrañas circunstancias el 20 de noviembre de 1990. Según las declaraciones del capitán PARADA FUENTES y del propio GUZMÁN AGUILAR, la DNI distribuyó las radios MX al mando de seguridad antes de los asesinatos, y durante la ofensiva, la Fuerza Armada creó una emisora de radio nacional que bloqueó todas las emisoras comerciales.
XVII. HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO
De nacionalidad salvadoreña y residente en la ciudad de San Francisco (California, Estados Unidos de América), CUENCA OCAMPO era en noviembre de 1989 teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.
De conformidad con el informe de la Comisión de la Verdad, entre otros documentos que obran en este Sumario, CUENCA OCAMPO participó en el registro de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989 en calidad de jefe de unidades móviles y miembro de la DNI.
Según el informe pericial del coronel José Luís García, la presencia de CUENCA OCAMPO como DNI en el registro de la UCA no responde a la lógica militar, salvo que dicho registro fuera el primer paso necesario en una operación militar: llevar a cabo un reconocimiento del lugar y una identificación del objetivo militar, en este caso, el dormitorio de los jesuitas.
Prueba de que sí se trataba de una operación militar y de la intención de ocultarlo es el hecho de que la participación de CUENCA OCAMPO en el registro no fue conocida por los miembros del batallón Atlacatl hasta el momento mismo del registro y este hecho no salió a la luz hasta la investigación realizada por el congresista Joseph Moakley y su equipo.
El informe de Scotland Yard, señala a su vez, específicamente, que la función de CUENCA OCAMPO en el registro era “evidentemente [la de] obtener información”. CUENCA OCAMPO hubiera sido “en todo caso el encargado, de informar de la presencia del padre Ellacuría y de la ubicación y distribución de las habitaciones de los sacerdotes".
Además y de acuerdo con la declaración de la profesora Karl y varios documentos desclasificados, fueron agentes de la Policía de Hacienda apostados en la UCA bajo el mando operacional de la DNI, quienes informaron del regreso del padre Ellacuría a San Salvador dos días antes de su asesinato.
CUENCA OCAMPO elaboró fraudulenta y postdatadamente el informe sobre ese registro previo de la residencia en la UCA de los jesuitas.
XVIII. OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES
En noviembre de 1989, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES era coronel de la Fuerza Armada salvadoreña y el comandante del Batallón Atlacatl.
Tal y como obra en la prueba documental incluida en este Sumario, en concreto en documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, LEÓN LINARES participó en el registro de la UCA llevado a cabo por una unidad del batallón Atlacatl que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989.
Así mismo, y como comandante del Atlacatl, LEÓN LINARES participó en la reunión de las 14:00 del 15 de noviembre de 1989 en la Escuela Militar, durante la cual y de conformidad con la declaración de la perito Terry Karl, se concretaron el plan y las órdenes para ejecutar a los jesuitas de la UCA. Tal y como señaló el perito coronel García durante su testimonio, LEÓN LINARES tuvo conocimiento y tuvo que ser parte de una operación militar que implicaba a una unidad del batallón Atlacatl bajo su mando, aun cuando la orden fue dada, al coronel BENAVIDES.
XIX. CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA
Uno de los preferidos de PONCE, fue informado por ESPINOZA personalmente del registro previo a las dependencias particulares de los jesuitas en la UCA, antes incluso que a los miembros del Estado Mayor, ya que conocía su finalidad y el día de los hechos, además de arengar al batallón Atlacatl antes de salir, personalmente le dio a AMAYA GRIMALDI el fusil AK47 con que tenía que cometer los asesinatos y ordenó al grupo hacer pintadas para simular que los autores habían sido del FMLN, siendo quien mandó por radio a MENDOZA y GUEVARA que fueran a la Escuela Militar y se encontraran con BENAVIDES, concertando así la orden de inicio de la operación para asesinar a los jesuitas..
XX. RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS
Asistente de BENAVIDES en la Escuela Militar, aunque no participó en el primer registro sobre la residencia de los jesuitas en la UCA, sí lo hizo en el batallón que ejecutó materialmente los asesinatos, encargándose personalmente él de asesinar a la hija de la empleada de hogar de los jesuitas, Celina Ramos.
Fue uno de los encargados de hacer desaparecer las pruebas y libros de registro de la Escuela Militar, por orden de BENAVIDES.
Fue junto a BENAVIDES el único condenado por los asesinatos, pero igualmente fue puesto en libertad, tras completar apenas un año de su condena, por aplicársele la Ley de Amnistía.
CUARTO.- El art. 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional podrá ser decretada i) cuando conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión; ii) cuando aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión, requisitos que concurren en el presente supuesto respecto de RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA, y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, y del ya reclamado y preso (f. 1933) en pieza aparte INOCENTE ORLANDO MONTANO por lo que procede acordar su prisión y búsqueda y captura internacional, a cuyo fin se expedirán las correspondientes órdenes a través de Interpol con el fin de solicitar su extradición para su investigación y enjuiciamiento, al evidenciarse un riesgo fundado en todos ellos de sustracción a la acción de la Justicia , por cuanto, frente a una posible imposición de graves penas derivadas de estos hechos, y constatarse en su momento su presunta pertenencia a una trama terrorista de Estado, con un manifiesto nivel de relación internacional, un evidente nivel de organización grupal, con efectiva posibilidad de facilitar la huida de sus entonces componentes en la fidelidad de una Tanda militar y la gravedad de las acciones que acordaron para sus fines entre las que no dudaron en ejecutar los más execrables delitos contra las personas sólo para imponer sus estrategias e ideas- (lo que expone su grado de peligrosidad criminal y de reiteración delictiva), y mantenerse así en el poder en medio de un Estado de terror, que pone de manifiesto la voluntad de los procesados de no comparecer voluntariamente al llamamiento que pueda realizarse por la Autoridad Judicial competente si obtuvieran la libertad provisional, como ha ocurrido, respecto de varios de ellos, cuando se les informó en El Salvador de la existencia del presente procedimiento en su contra, y por ello un alto riesgo de que se indispongan con la acción de la Justicia, pues no han mostrado la más mínima disposición a comparecer ante esta Justicia.
Deberá acordarse la averiguación del actual paradero de aquellos procesados cuyas señas para su localización no conste en las actuaciones.
QUINTO.- Todo procesado debe prestar la correspondiente fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieren imponérseles en virtud de lo dispuesto en el Art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo señalarse en el presente caso la cantidad para cada uno de los implicados de de 3.200.000 EUROS (a razón de 400.000 euros cada uno de los 8 asesinatos).
SEXTO.- Respecto de la existencia de inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal que terminó en impunidad absoluta, citar el Art. 23.5 LOPJ en relación con el 23.2 c) y, como su consecuencia, el 11.2, todos del mismo cuerpo legal orgánico, que evitarían la institución de cosa juzgada ante la inexistencia de bis in idem, explicando la continuación del procedimiento frente a aquellos sobre quienes se simuló procedimiento penal y sentencia en El Salvador.
Resumidamente, el fraude (Art. 6.4 CC) detectado en el juicio, habilitante de la continuación del presente procedimiento, consiste en la realización de un acto de juicio, bajo la aparente cobertura de un proceso formal, pero tan influido e intervenido, que llegó a resultados de no justicia, como evidencian:
-las dilaciones de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos en obtener documentos -parte de los cuales así pudieron ser destruidos- y otros medios probatorios.
-el hecho de no recibir declaración a implicados evidentes como el Coronel Benavides la propia Comisión Investigadora de Hechos Delictivos.
-el hecho de no revelar al Juez instructor Sr Zamora el nombre de los 5 militares y 2 civiles que formaron parte de la anterior Comisión, ni explicarle su metodología.
-No hubo posibilidad de contrastar ni judicialmente ni por observadores internacionales la validez de las 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del ejército, las más cercanas a la fecha de los hechos.
-La destrucción de pruebas clave como los libros registro militares de esos días.
-Se obstaculizó la acción del Juez respecto de los testigos militares: no acudían a sus citaciones, se presentaban deliberadamente testigos equivocados, el Ejército casualmente destinaba al extranjero a testigos fundamentales…
-La renuncia de los fiscales del caso (Sres. Campos y Blanco) porque el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa, les separaba de su previo trabajo conjunto y en equipo, no les permitía interrogar a determinados testigos militares importantes (Sres. Presa y Rivas)
-Denegación de todas las diligencias probatorias pedidas por los Abogados de las víctimas pese a que se supo que en los interrogatorios por escrito de los miembros del Alto Mando quedaron sin contestar preguntas fundamentales, sin aclarar enormes contradicciones y se esforzaron por encubrir a los responsables del crimen.
-Las diligencias probatorias fueron obtenidas artificiosamente, en medio de un clima obstruccionista, bajo presión y en un clima de grave temor real a las consecuencias lesivas de quien investigaba.
-Las comisiones rogatorias emitidas para recibir declaración a los militares norteamericanos que rechazaron acudir personalmente al interrogatorio, se contestaron sin profundizar en las preguntas formuladas.
-En el juicio oral no se contradijo la prueba, limitándose a leer las declaraciones y diligencias sumariales.
-Durante la celebración del juicio oral se practicaron continuas ingerencias y presiones exteriores (sobrevuelo de helicópteros, megafonía exterior, sirenas, música, manifestaciones), con el fin de alterar el ánimo del jurado.
-La defensa se dirigió en ocasiones al Jurado en voz baja inaudible al público.
-El jurado no tuvo ninguna duda ni pregunta que formular, ni quiso acudir a inspeccionar el lugar del crimen.
-Los miembros del jurado declararon haber sido amenazados durante el transcurso del proceso.
-Tras una deliberación realmente corta para la enjundia del caso, el veredicto del Jurado sólo condenó a Benavides por seis asesinatos y a Mendoza por uno, absolviendo de las muertes al resto de los imputados.
-La sentencia fue de 30 años de prisión a cada uno de los dos condenados por asesinato y condenas de 5 años de privación de libertad al resto por actos de terrorismo, que no se cumplieron efectivamente., resultando que los militares Sres. Espinoza Guerra y Guevara Cerritos, continuaron en activo en el Ejército.
- La sentencia es de fecha 23/01/1992 y su amnistía se produce el 24/03/1993, alcanzando la libertad el 1/04/1993.
-La querella de la UCA contra los militares que instigaron y ordenaron la ejecución del crimen de 27/03/2000, no se admitió a trámite, por prescripción y fue esa decisión confirmada por las ulteriores instancias.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
SE DECLARA PROCESADOS por esta causa y sujetos a sus resultas a RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, INOCENTE ORLANDO MONTANO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, como responsables de ocho delitos de asesinato terroristas y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gente, debiendo entenderse con los mismos las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la Ley, y a quienes se les hará saber esta resolución, enterándoles de los derechos que le concede.
Averígüese el actual domicilio y paradero de GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS.
DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA, BUSCA Y CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON INGRESO EN PRISIÓN PROVISIONAL, de RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, ratificando la de INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES (f. 1933 y 1938) , quienes serán llamados por requisitorias para que en el término de DIEZ DIAS comparezcan ante este Juzgado Central, bajo apercibimiento de ser declarados rebelde si no lo realizan.
A tal efecto, remítanse las oportunas requisitorias al Director General de la Policía y de la Guardia Civil para que procedan a la busca y captura nacional, y líbrense orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención para su busca y captura internacional, con entrega a las mismas al los Servicios de INTERPOL y SIRENE
Requiéranse de nuevo los antecedentes penales de todos los procesados.
REQUIÉRASE A LOS PROCESADOS para que en el plazo de un día presten fianza individual en la cantidad cada uno de 3.200.000 EUROS para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de no verificarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, embárguesele bienes suficientes para cubrir dicha suma, acreditándose en caso de no poseerlas su insolvencia en legal forma.
Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la resolución no es firme y que contra la misma cabe recurso de Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS ante este juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma D. ELOY VELASCO NUÑEZ, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, doy fe.
Notas
1. Los apodos son los siguientes: Toro (Espinoza), Lince (Guevara Cerritos), Satán (Avalos Vargas), Sansón (Zarpate Castillo), y Piljay o Verdugo (Amaya Grimaldi). [Volver]
2. Decreto Nº 486, Ley de amnistía general para la consolidación de la paz [El Salvador], 20 de marzo de 1993, disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50fd334.html. [Volver]
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