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02jun09
Scilingo demanda al Estado español ante Estrasburgo por la condena a 1.084 años de cárcel impuesta por el TS
La defensa del ex militar argentino Adolfo Scilingo presentó hoy ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Estado español en la que alega indefensión por la actuación de los tribunales españoles que le condenaron a una pena de 1.084 años de prisión por la comisión de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura argentina, que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983..
La Audiencia Nacional condenó a Scilingo el 19 de abril de 2005 por un delito de lesa humanidad con el resultado de 30 muertes con la agravante de alevosía (21 años por cada una), una detención ilegal (5 años) y una tortura (5 años). El Tribunal Supremo elevó posteriormente la pena de los 640 impuestos en primera instancia a 1.084 años de cárcel al considerar acreditada su complicidad en 255 detenciones ilegales que, al igual que el resto de actos delictivos, se cometieron entre 1976 y 1983.
La defensa del ex militar recurrió la condena ante el Tribunal Constitucional a principios del pasado año. No obstante, la Sección Cuarta de la Sala Segunda del alto tribunal inadmitió en noviembre de 2008 este recurso, confirmando, por tanto, la pena impuesta.
En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Scilingo, Fernando Pamos de la Hoz, argumenta que el tipo de crímenes contra la humanidad por el que fue condenado su cliente no existe en el Código Penal español y fue "inventado a todas luces" para este caso concreto.
Al mismo tiempo, critica la actitud "hipócrita, arbitraria y oportunista" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no defender el mismo criterio en la causa sobre la Guerra Civil y el Franquismo y la "bochornosa parcialidad" del juez Baltasar Garzón, que instruyó la causa.
"La fiscalía no actúa ante las miserias patrias"
En su escrito, en el que califica de "bochornosa por lo parca y paupérrima" la resolución dictada por el Constitucional, la defensa de Scilingo dedica duras críticas al departamento dirigido por Javier Zaragoza, al entender que la postura que ha mantenido con respecto a los crímenes de la Guerra Civil Española y el Franquismo es diferente a la que defendió en relación con los regímenes de Argentina y Chile.
Así, mantiene que la Fiscalía está "acomplejada por sus propios fantasmas, los que no desentierra por miedo y defensa sumisa de las directrices políticas del Ejecutivo en el procedimiento seguido por miles de desaparecidos españoles" y que sus representantes únicamente se erigen en "Quijotes" cuando se trata de "husmear en el exterior de nuestras miserias patrias". "En lugares en los que nadie nos llama a impartir justicia, como es el caso de Argentina y Chile, al haber resuelto por medio de sus consolidadas instituciones su pasado más reciente", continúa.
"Es desolador que gastemos ingentes cantidades de dinero en desenterrar muertos en otros continentes --Tíbet, Ruanda, China, Marruecos--, con el sacrificio humano, personal y familiar de procesados como Adolfo Scilingo --condenado sin pruebas y sin competencia--, sólo para demostrar lo progresistas que somos", asegura el escrito antes de añadir que el Ministerio Público "pone todo tipo de trabas, llegando a utilizar instrumentos procesales externos, para evitar esa misma acción con los muertos de aquí".
Parcialidad "obscena y grotesca" de Garzón
La representación legal de Scilingo, que actualmente cumple condena en la prisión de Alcalá-Meco, también aprovecha la demanda que ha presentado ante el Tribunal de Estrasburgo para denunciar "la parcialidad obscena, grotesca y grosera" de la actuación de Garzón, al que considera un juez "absolutamente comprometido con los postulados" de las acusaciones personadas en la causa.
En este contexto, destaca que el instructor participó "en actos organizados por las mismas", se fotografió "detrás de pancartas" de estas asociaciones y se declaró "admirador confeso y muy amigo" de Ernesto Sábato, uno de los testigos de cargo del procedimiento. "Actuaciones judiciales como la que denunciamos deben ser desterradas por el bien y la imagen de la Justicia (con mayúscula)", afirma Pamos de la Hoz.
En la misma línea, critica que el juez Perfecto Andrés Ibáñez, que formó parte de la sala del Supremo que dictó la condena, publicara varios artículos de prensa en los que habría defendido las tesis de las acusaciones particulares y participara en un simposio organizado por una de ellas, en referencia a la Plataforma Argentina contra la Impunidad.
Además, esta parte considera "insuficientes" las pruebas de cargo que se utilizaron para acreditar la condena y asegura que la sentencia vulneró el principio de irretroactividad de la ley al no aplicar a su cliente el Código Penal de 1973, que estaba vigente en el momento de los hechos.
[Fuente: Europa Press, Madrid, 02jun09]
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