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31dic14

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Mensaje del Equipo Nizkor con motivo del Año Nuevo 2015


Desde el año 1994 preparamos un mensaje de navidad y año nuevo en el que intentamos recoger algunos de los hechos del año que termina y las promesas del que comienza. La excepción fue el correspondiente a 2014, en que el deterioro en materia de libertades civiles, derechos humanos y estado de derecho fue tal, que nos pareció fuera de lugar enviar un mensaje conmemorativo del nuevo año.

Tanto el anterior como el año que está a punto de terminar, han sido años marcados por una inquietante situación internacional, un retroceso evidente de las libertades civiles y un claro avance de la corrupción como síntoma de la desregulación de los mercados y como consecuencia de políticas económicas que concentran deliberadamente la riqueza en pocas manos y aumentan desproporcionadamente los niveles de pobreza estructural e individual.

2014 ha supuesto además la confirmación de la aparición del "barbarismo" como parte de la política exterior de las grandes potencias, lo que ha potenciado grupos integristas, principalmente musulmanes, en Siria, Iraq, Libia, Egipto, Chechenia, Afganistán, en varios países africanos e incluso en China.

Esta situación tuvo comienzo con la desintegración deliberada de la sociedad iraquí a partir de la invasión de los Estados Unidos, cumpliendo aquella promesa del vicepresidente Dick Cheney de que era posible destruir una sociedad y dejarla en la "edad de piedra", según su poco humanitaria y caritativa definición político-militar.

Esta política era continuación de la iniciada en Afganistán y mediante la cual se procedió a la creación, financiación y organización de las tropas de los "héroes de la libertad", según expresión del Presidente Reagan. Se refería a los talibanes, dirigidos por el entonces desconocido Ben Laden, y que luego se volverían en contra de Estados Unidos y provocarían la masacre de las Torres Gemelas, con la posterior reacción de este país y de la OTAN tanto en Iraq como en Afganistán. Como consecuencia, se creó en la práctica un estado de excepción global que viola el derecho internacional en forma sistemática.

De la misma forma cínica, el presidente francés François Hollande defendió a la "resistencia" integrada por los que hoy conocemos como ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) en la ciudad de Aleppo y la comparó sin rubor alguno con la Resistencia antifascista francesa en la II Guerra Mundial.

El delito de barbarismo fue propuesto por Raphaël Lemkin ante la Quinta Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, celebrada en Madrid en octubre de 1933 en cooperación con el Quinto Comité de la Liga de las Naciones y, en parte, fue recogido en Nuremberg bajo la categoría de "crímenes contra la humanidad", pasando en 1948 a plasmarse en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948.

No obstante, lo que está sucediendo en la actualidad son crímenes bárbaros en su ejecución y en su planificación. Pretenden la legalización de la esclavitud, la venta de mujeres y niñas en un mercado abierto a todas las aberraciones, el asesinato en masa por motivos religiosos y culturales, la legalización, no ya de la tortura (que también), sino de los tormentos tales como la crucifixión, la decapitación y el descuartizamiento.

También promueven el delito de vandalismo, concebido como la destrucción intencionada de obras artísticas y culturales, como ha ocurrido en Siria, Iraq y Afganistán.

Estos ejércitos han sido y están siendo financiados, entrenados y armados por países como Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia, que utilizan a Turquía y a las monarquías absolutistas de Qatar y Arabia Saudita como emisarios de la "democracia occidental".

Ésta es la verdad histórica que posiblemente no lleve a responsable alguno de esta planificación ante ningún tribunal de ningún país, menos aún ante la Corte Penal Internacional, tribunal que, después del paso del fiscal de nacionalidad argentina Luis Moreno Ocampo, se ha consolidado como una instancia judicial internacional sólo para la negritud. Se trata de un racismo jurídico complementario al barbarismo promovido como forma de desarticulación de pueblos enteros, muchos de ellos con sociedades integradas por minorías religiosas que han sobrevivido al imperio romano, como es el caso de los hititas, de los caldeos de la provincia de Ninive en Iraq y de otras minorías de Siria, como las 12 monjas de clausura del convento de Santa Tecla de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, región donde aún es de uso común el arameo.

El conflicto de Ucrania, consecuencia de la expansión militar de la OTAN hacia el Este de Europa, ha despertado los fantasmas del nacionalsocialismo en poblaciones que no han tenido tiempo para olvidar las masacres y exterminio producidas por las fuerzas de las SS hitlerianas durante la II Guerra Mundial, y sobre todo por los Einsatzgruppen que actuaron especialmente en las zonas hoy en conflicto.

Los partidos nacionalsocialistas, siendo minoritarios, lograron el control del aparato militar y de seguridad ucraniano con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la OTAN.

Rusia se ha convertido en el enemigo de Europa Occidental y los sectores militaristas europeos y norteamericanos claman por una guerra contra Rusia, como si se tratara de una necesidad histórica incumplida durante la guerra fría.

El fantasma de la guerra nuclear circula libremente por la prensa como si esto no significara la autodestrucción asegurada y se esconde a la opinión pública que una guerra de esta naturaleza implicaría a China y conllevaría al menos 300 millones de muertos.


En América Latina, las políticas de impunidad en Centroamérica que siguieron al modelo de "paz" con que se dio término a las guerras civiles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, ha creado sociedades donde la corrupción se ha convertido en estructural y donde el crimen organizado controla a los propios estados. Son consecuencias de la denominada "justicia transicional", en las que se han visto arrastrados países como México, que vive un estado de desintegración y exterminio social nunca visto en la América Latina republicana.

El narcotráfico, la trata de mujeres, la venta de niños y niñas, la esclavitud y otros delitos son el paradigma social inmoral y cínico que controla estos países. No hay persecución política, hay exterminio social y guerras encubiertas de desestructuración social y económica. El delito se ha convertido, no sólo en un mercado único, sino en el paradigma de representación social de cientos de miles de jóvenes. El modelo es la inmoralidad, el cinismo y el crimen.

La masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala es un cruel ejemplo del poder social de las organizaciones criminales y de su sentido moral y cultural primariamente reaccionario.

La negociación de paz en Colombia se encuentra encerrada en el paradigma de la justicia transicional y garantizará la repetición del modelo centroamericano ante el silencio de todos los que saben que ése será el costo de una paz sin justicia.

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba debe ser algo más que un mero intercambio de prisioneros acusados de espionaje, para lo cual es necesario poner términos al bloqueo económico, como han exigido la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la práctica totalidad de las organizaciones internacionales.

Por otro lado, en países donde creíamos que las minorías indígenas iban a ser protegidas, nos encontramos con un crecimiento social del racismo que produce un aumento desproporcionado de la pobreza y la exclusión social. El indio vuelve a ser un enemigo social y combatirlo promueve dirigentes políticos y sociales. No basta con que sea pobre, es necesario excluirlo y criminalizarlo.

Así, tenemos el ejemplo de Chile, donde el estado de excepción se aplica desde hace años a los mapuches de la Novena Región.

Tenemos igualmente el ejemplo de Bolivia, donde existen los mayores avances legales pero que son puro papel mojado. Ni uno sólo de los principios constitucionales y legales que favorecen a los indígenas es de aplicación, ni en los tribunales ni por las autoridades políticas. Conflictos como el TIPNIS o la actual persecución racista en contra de los guaranís del Departamento de Tarija, son encubiertos por las autoridades y las propias fiscalías, que actúan como instituciones coloniales.

Y esto sólo por poner dos ejemplo de sistemas políticos aparentemente "diferentes" y "enfrentados".

Por todo ello, es muy difícil para nosotros recordar en estas fiestas el origen teórico de la mismas: paz, justicia, fraternidad entre hombres y pueblos.

Sí creemos en cambio que es necesario comprometerse en defender la libertades civiles, la paz y la fraternidad.

Convocamos pues a todos aquéllos de buena voluntad, allí donde se encuentren, y les deseamos que el año 2015 signifique un avance en la defensa de esos principios.


Nota especial para España:

Promovida por un importante sector de la prensa española, este 1 de enero de 2015 entrará en vigor una ley que atenta contra la libertad de expresión y que representa la continuidad de un pensamiento reaccionario contrario a la utilización de internet y proclive a la criminalización de las actividades relacionadas con la libertad de expresión en la misma.

Esta reacción tuvo su primera y temprana expresión en la brutal sanción que significó el cierre de la página web de la Asociación contra la Tortura en España en el año 2000, al imponérsele una, multa de 60 millones de pesetas (aproximadamente 360.000 euros) por parte de la Agencia de Protección de Datos. La causa presunta era la publicación de sentencias firmes condenando por torturas a guardias civiles. La información, como no podía ser de otra manera, implicaba la publicación de los nombres de los condenados. Con ello la Administración rompía violentamente con un principio básico de la condena, cual es el sentido simbólico de la publicación del nombre del reo y de la pena, base doctrinal de una justicia republicana y democrática. En su momento este hecho fue una conquista frente al gobierno de las monarquías absolutistas.

Desde esa fecha no ha hecho más que aumentar la inseguridad jurídica consecuencia de la falta de comprensión y aprehensión por parte de todos los grupos políticos con representación parlamentaria de la importancia cualitativa del desarrollo de herramientas en Internet.

Esto se ha visto agravado con la pérdidas multimillonarias que arrastran los grandes grupos corporativos de prensa españoles, pérdidas que estos grupos relacionan únicamente con la difusión de información en internet y no con su irresponsabilidad en la planificación de inversiones descabelladas que superaban en mucho sus activos reales posibles y probables y en su equivocada aprehensión de internet, tanto desde el punto de vista de análisis de sistemas como de modificación cualitativa del paradigma comunicacional.

Esta situación va unida al tosco y mezquino pensamiento del actual Gobierno, el cual percibe como una necesidad el control de la lengua española en su difusión internacional, de manera que España tenga el control, no sólo de la edición en papel, sino de la edición digital y su distribución. En definitiva, un sueño colonial e imperial que pretende ser trasladado a las nuevas tecnologías y que afecta incluso a las tesis doctorales, o sea, a la libertad de difusión del conocimiento científico.

Ante las numerosas consultas que hemos recibido, nos vemos en la necesidad de aclarar los siguientes extremos:

1) Desde su fundación en 1994, en que fuimos una de la las primeras 1.500 páginas web existentes en Internet, los dominios derechos.org - desaparecidos.org - equiponizkor.org y, a partir de 2004, radionizkor.org (entre otros que utilizamos), tienen domicilio legal en California, Estados Unidos.

Estos dominios nunca han tenido, ni siquiera temporalmente, sede en España ni en Europa y, por lo tanto, quedan excluidos de la jurisdicción de aplicación de la ley mencionada y de la jurisdicción española.

Los servidores que utilizamos en las actividades electrónicas en Internet han estado desde el principio de nuestras actividades domiciliados primero en Texas, y, después, en San Francisco, California, fuera por tanto de la jurisdicción legal española.

2) El Equipo Nizkor en España modificó sus estatutos en el año 2005, excluyendo de las actividades toda cuestión relacionada con la edición documental de cualquier tipo, esto es, tanto en papel como digital, y dejando expresamente aclarado que no tenía participación alguna en la propiedad de los dominios antes mencionados. Se procedió asimismo al traslado de todas sus actividades a Bélgica, donde también desarrolla la producción de audio, todo ello a través de una ABSL de esa nacionalidad, sin relación legal alguna con España, dejando en España sólo las actividades de acción legal relativas a casos en la Audiencia Nacional y otros tribunales en relación con las víctimas del franquismo.

3) En noviembre de 2014 las actividades en España han sido reducidas más aún, procediendo al cambio de nombre legal a efectos de evitar toda falsa interpretación y pasando a llamarse "Grupo de Estudios sobre Derecho Internacional", limitando su actividad bajo jurisdicción española exclusivamente a los fines que su nombre define.

Por lo tanto, nuestra actividad en derechos humanos se realiza fuera del territorio español, ya sea desde Bélgica, Gran Bretaña, Argentina, Colombia, Estados Unidos, etc., y las actividades relacionadas con Internet se desarrollan exclusivamente bajo la jurisdicción del Estado de California, en los Estados Unidos, tal y como figura explícitamente desde hace años en todos los documentos que editamos y distribuimos en nuestra actividad de análisis de información sobre libertades civiles y derechos humanos, actividades todas no lucrativas.

Extremos éstos que comunicamos para general conocimiento.

Madrid, 31 de diciembre de 2014


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