2.3. LA DÉCADA DE LOS NOVENTA Y LOS DOS GOBIERNOS DE ALBERTO FUJIMORI

La CVR ha estudiado los gobiernos de Fujimori (1990-1995 y 1995-2000) y lo acontecido durante la década de los noventa desde un plano ético-legal que reconoce la enorme popularidad que él y su discurso alcanzaron. Pero señala clara y enfáticamente las responsabilidades políticas halladas sobre el régimen de Fujimori recaen, teniendo como marco los principios establecidos en la Constitución Política de 1979 -vigente hasta el golpe de 1992-y la de 1993, promulgada durante su primer gobierno.

A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la década de los ochenta, durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias clave, y utiliza procedimientos formales/ legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después.

En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien, aceptó proseguir con la estrategia "integral" de las Fuerzas Armadas (FFAA) -aplicada unilateralmente desde 1989-aunque ampliando los márgenes de autonomía y discrecionalidad de las mismas y reduciendo, a la vez, las posibilidades de control democrático de sus actos. Mientras que el gobierno ultimaba los detalles de la estrategia para hacer viables políticamente los cambios legales necesarios (es decir, asegurar un respaldo mayoritario en la población), se dejó a los policías de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) continuar con su trabajo.

Incluso antes de haber iniciado formalmente su gobierno, Alberto Fujimori, persuadido por Montesinos, asumió el Plan Político-Militar elaborado por un sector de las FFAA para la puesta en marcha de un sistema de democracia dirigido. Sin embargo, alteró su diseño original de acuerdo a los intereses inmediatos planteados por el asesor presidencial. El cambio central consistió en incrementar la importancia y poder efectivo que tendría el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la nueva estructura organizativa del sistema de defensa nacional y del sistema de inteligencia nacional.

En efecto, Fujimori desborda a este sector de las FFAA porque mantuvo como presidente un juego político propio, no considerado en el Plan original (en el que se esperaba una figura de fachada intercambiable). Fujimori logra obtener un respaldo social y político personificado que lo hace imprescindible, como se evidenció después durante los diferentes comicios municipales en los que sus candidatos no lograron capitalizar su popularidad.

Con la dación de los decretos legislativos de noviembre de 1991 y la revisión de los mismos por el Congreso se inició la cuenta regresiva para la justificación pública del autogolpe. En este escenario, los partidos trataron de consensuar una política antisubversiva diferente. Sin embargo, Fujimori solamente los distrajo con la posibilidad de concertación (y engañó a quienes desde el gabinete la dirigieron) pues ya tenía definido, con anterioridad, dar el golpe de Estado que finalmente concretó el 5 de abril de 1992 con respaldo institucional de las FFAA. En realidad, solamente buscaban hacer tiempo mientras concretaban los últimos detalles del plan de golpe y llegaban a buen puerto las negociaciones con organismos financieros internacionales y, especialmente, con los EEUU para asegurar el apoyo militar y económico condicionado a una mejora en el respeto de los derechos humanos y las formas democráticas.

A partir del golpe, el escenario político dará un brusco giro. Sin Congreso, se abrirá una etapa de por lo menos 9 meses en el que el Ejecutivo gobernará y producirá profundas transformaciones en la estructura organizativa y legal del Estado a través de Decretos Ley elaborados desde el SIN, en coordinación con las FFAA. Especial atención merecen los cambios radicales de la legislación antiterrorista y las consecuencias que ello implica: el giro hacia la preeminencia de otros tipos de violaciones de los derechos humanos que no comprometen la vida misma, pero que se practican sistemáticamente. En esos nueve meses, sin ninguna instancia de control, se perpetraron una serie de conocidos casos de violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas del orden y de un grupo de operaciones especiales dirigido desde el SIN (el grupo "Colina"), a consecuencia de los cuales varias personas perdieron la vida.

En medio de un momento especial de la guerra, en el que aparecía como posible el triunfo del PCP-SL y que la población empezaba a ver los primeros resultados de las medidas económicas del gobierno, el golpe contó con respaldo popular y la figura de Fujimori recibió el voto de confianza por un cambio. Para suerte del mismo, éste se produjo unos meses después cuando los policías de la DINCOTE lograron capturar a Guzmán, como producto de un prolongado y paciente trabajo en el que el nuevo gobierno no había influido de manera considerable.

El gobierno se apropió del éxito policial, pasando a ser parte fundamental de su popularidad en los años siguientes. El ciclo de las capturas realizadas por la DIRCOTE/ DINCOTE hasta fines de 1992 significaría también la culminación práctica de las iniciativas contrasubversivas de los ochenta. Especialmente a partir de 1993, cuando se inicia el declive notable de las acciones subversivas, se empezará a consolidar la nueva estructura estatal del régimen, centralizada desde el SIN. Con éste como su principal aparato político, el gobierno continuará con una serie de cambios intencionales de la legislación que supondrán la eliminación práctica de la independencia de poderes, con la finalidad básica de garantizar impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de los derechos humanos a lo largo del conflicto. Este proceso de afirmación intencional de la impunidad tendrá un hito en 1995 con la aprobación de la Ley de Amnistía por la mayoría oficialista del CCD.

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el resto de la década, esta vez con un objetivo único: asegurar la perpetuación del régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con fines de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos de la población con la amenaza del "terrorismo". Las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado.

Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminará descuidando en la práctica la política antisubversiva y no dará una solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que coincidía con el narcotráfico. El descuido se evidenció también en la política penitenciaria, por lo que entre algunos de los legados para el gobierno de transición se encontró una situación descontrolada en las cárceles, que evidenciaba que la severidad del régimen carcelario no era ya tal. El régimen penitenciario drástico establecido provocó, en el mediano plazo, la retoma de los penales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA y el colapso del principio de autoridad.

Las contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se mostraron más de una vez. Como colofón, el gobierno que se preciaba de ser duro e infranqueable frente a la subversión terminó apoyando (con una venta de armas) al grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el narcotráfico.

2.3.1. Las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno

El inicio de la década del noventa encontró al país en una grave crisis económica y social. El año 1988 había terminado, de acuerdo a cifras del INEI, con una inflación anual de 1,722% y el año 1989, con una de 2,775%. Hasta fines de 1989, se había acumulado el 63.6% del total de muertos y desaparecidos a causa del conflicto reportados a la CVR. Por otro lado, hacia mediados de 1990, 65 provincias y un distrito se encontraban bajo estado de emergencia.

A pesar del descrédito que tenía en ese momento el gobierno aprista (representado por Alan García Pérez), el candidato presidencial del PAP, Luis Alva Castro, figuraba, a inicios de año, como fuerte aspirante a ocupar el sillón presidencial en los comicios del 9 de abril de 1990. Por otro lado, pese a la división del bloque izquierdista – en Izquierda Unida (IU) e Izquierda Socialista (IS) –, el propio presidente García consideraba posible "una alianza [con la izquierda] que expresara una tendencia popular para enfrentar el conservadurismo"¹ representado, en su opinión, por el Frente Democrático (FREDEMO), coalición de los partidos Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC) y el Movimiento Libertad. Contrariamente, dicho frente liderado por Mario Vargas Llosa había conseguido renovar un discurso político de derecha y, a la vez, crear un espejismo de estabilidad al unir a gente disímil y enfrentada hasta hacía poco. Básicamente, el Fredemo proponía un shock económico y un programa económico liberal, visto por muchos como la única salida a la crisis.

Los partidos apostaron entonces a la polarización, enfrentando dos corrientes de opinión pública -el "shock y el "no-shock"-en un contexto político que daba señales de pérdida de confianza en las representaciones políticas para resolver los problemas más sentidos del país², sobre todo después del descrédito que afectara a toda la clase política. Este rechazo a la clase partidaria se manifestó, finalmente, en el apoyo electoral a Alberto Fujimori, personaje prácticamente desconocido, independiente y sin pasado político hasta marzo de 1990; pero también carente de programa de gobierno y de organización partidaria. Su campaña simple, utili zando el slogan "un presidente como tú", logró reunir los votos de quienes preferían una propuesta diferente, o en todo caso de centro, antes que uno de los extremos de la polarización en curso. Luego de un ascenso inesperado y progresivo en el tramo final de la campaña -bautizado como "tsunami o fenómeno Fujimori" por las encuestadoras-en la contienda electoral Cambio 90 obtendría el 29% de los votos, quedando en segundo lugar después del Fredemo (33%). En una conferencia de prensa realizada el mismo día de los comicios, Fujimori expuso por primera vez los lineamientos de su política de gobierno. Expresó, a grandes rasgos, que su gobierno no aplicaría el shock económico preconizado por Vargas Llosa y que su gabinete ministerial estaría conformado, esencialmente, por "técnicos". Frente al problema de la guerra interna, señaló que se trataría fundamentalmente de atacar el hambre y la miseria en tanto constituían, en su opinión, "caldo de cultivo" de la subversión (El Comercio 9.4.90).

2.3.1.1 La estrategia "integral" de lucha contrasubversiva y el Plan Político-Militar³

El replanteamiento de la estrategia de lucha contrasubversiva que las FFAA habían realizado a fines de los ochenta tuvo repercusiones de diferente envergadura. Políticamente, implicó que las FFAA se atribuyeran el derecho a definir las políticas de Estado de acuerdo a las necesidades de la guerra, concibiendo la "contrasubversión" como un proyecto político superior o prioritario al proceso democrático en curso. La nueva estrategia "integral", que enfatizaba las operaciones psicosociales y, sobre todo, las de inteligencia y contemplaba la comisión de violaciones a los derechos humanos menos numerosas pero más premeditadas, requería un acondicionamiento institucional-estatal funcional a sus planes. Ello tuvo como resultante que, durante 1989, a la par de la puesta en funcionamiento de la nueva estrategia contrasubversiva, un grupo de militares y civiles se dedicara a preparar, clandestinamente, un plan de golpe de Estado para introducir un sistema de "democracia dirigida" con el cambio de gobierno de 1990.

Sobre la base de un diagnóstico que sostenía que "Ninguna Organización Política dentro del marco institucional existente está en capacidad de combatir con éxito a Sendero, ni de corregir la dimensión del Capitalismo Burocrático⁴". este plan político-militar -conocido después en los medios de comunicación como el "Plan Verde"-buscaba establecer un gobierno militar secreto, de poder real o "dominio estratégico" no susceptible de desgaste político, que gobernara efectivamente el país oculto tras el gobierno elegido. Contempla para ello la creación de una serie de instancias de gobierno especiales, de fachada y de poder real. Se establecía que éste sería el remedio para los males que los partidos políticos habían traído al país, especialmente la "experiencia APROSUBVERSIVA⁵".

Como la nueva estrategia lo requería, el plan contemplaba reformas estructurales del aparato del Estado, en particular las necesarias para eliminar la hiperinflación –objetivo principal de corto plazo-y restablecer el crédito internacional. Sin nuevos préstamos, la lucha contrasubversiva resultaba difícil de mantener. El plan contenía por ello una versión radical del ajuste estructural liberal de la economía, línea promovida por los Estados Unidos (EEUU), la principal fuente potencial de ayuda militar y económica. También se definieron una serie de reformas para dar las condiciones políticas y legales convenientes para las operaciones militares y de inteligencia.

Dado el objetivo planteado, los autores del Plan Politico-Militar ocuparon los primeros meses del año 1990 en realizar apreciaciones de inteligencia y "Evaluar los escenarios nacionales próximo-futuros para escoger el más adecuado y derrocar al Gobierno Civil, disolver los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que la Fuerza Armada institucionalmente asuma la conducción del Estado, con el fin de revertir la situación política-social-económica, cuyo deterioro amenaza destruir el sistema y las instituciones tutelares de la República" (Plan, Tomo II: 3). Habiendo establecido ya un escenario probable y los pasos operativos a seguir para realizar un golpe de Estado -de acuerdo a lo observado hasta el 20 de febrero-dos procesos relacionados con las elecciones generales obligaron a las FFAA a cambiar sus planes. En primer lugar, el ascenso inesperado del candidato Alberto Fujimori en las encuestas, hasta su ubicación en el segundo lugar. Y, más adelante, la aparente coincidencia programática en política económica de Fujimori con el PAP y las izquierdas en la campaña hacia la segunda vuelta.

Los golpistas se vieron obligados a recomponer su diagnóstico y, con ello, sus planes operativos. Como se ha indicado en el capítulo sobre FFAA, una nota de inteligencia del Plan elaborada un día después de las elecciones -9 de abril– sostenía que los planes de golpe quedaban suspendidos porque "un pronunciamiento después de la segunda vuelta electoral constituye ir en contra de una esperanza de cambio ya configurada de una fuerzas electoral no menor de 50% conformada por los estratos de menores niveles económicos que verían que la irrupción de las Fuerzas Armadas es a favor de los ricos del Perú." En efecto, asumiendo la opción anti shock, Fujimori pronto logró congregar al electorado opositor al Fredemo, fundamentalmente aprista e izquierdista. Por esos días, dio a conocer a los miembros de su equipo económico⁶ que, dirigido por Santiago Roca, elaboró un programa alternativo al liberal. Finalmente, luego de sortear una dura campaña, en que diversos medios de comunicación lo calificaron de senderista, pro aprista y evangelista, que no hizo sino favorecerlo, Alberto Fujimori resultó ganador en la segunda vuelta con 68% de los votos.

2.3.1.2. El ingreso de Montesinos al entorno de Fujimori

En medio de la campaña electoral hacia la segunda vuelta, la emergencia de una acusación pública contra Fujimori será el incidente que determinará la entrada del ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos al entorno del candidato presidencial. En mayo, en el programa televisivo En Persona, el diputado Fernando Olivera y los periodistas César Hildebrandt y Nicolás Lúcar denunciaron al candidato de Cambio 90 de haber incurrido en delito de defraudación y evasión tributaria. Teniendo base la denuncia, Francisco Loayza, colaborador del SIN que trabajó en la campaña de Fujimori y era viejo amigo de Montesinos, presenta a este último a Fujimori, recomendándolo como el abogado perfecto para resolver esos problemas judiciales. Para entonces, Montesinos ya había logrado vincularse con el SIN en calidad de asesor⁷. Además de aparecer como abogado eficaz luego de resolver rápidamente el problema a través de sus influencias en la Fiscalía⁸, Montesinos se presentó ante Fujimori como experto en inteligencia, contrasubversión y asuntos militares. Ganando rápidamente su confianza al convencerlo de su eficiencia, continuó asesorándolo durante el resto de la campaña, proporcionándole información sobre sus adversarios políticos. Presentándose como asesor clave, se convirtió también en el intermediario entre el candidato y el SIN y las Fuerzas Armadas.

Observando lo acontecido desde la primera vuelta, los golpistas encontraron en la indefinición política y aparentes debilidades del presidente electo (falta de partido y de programa de gobierno) un espacio propicio para instalar las líneas políticas contempladas en el Plan Político-Militar. Por ello, algunos altos oficiales, al saber de la cercanía e influencia que Montesinos había adquirido sobre Fujimori, le entregaron el Plan. Más tarde, haciendo creer a Fujimori que se estaba preparando un atentado contra su vida, lo trasladaron a una instalación militar negando la entrada de civiles, excepto a Montesinos. Así, antes de asumir el gobierno, Fujimori pasó alojado varios días en una suite del Círculo Militar. Allí fue iniciado por Vladimiro Montesinos en los planes secretos de las FFAA.

El pronunciamiento militar previsto para el 27 de julio por la última apreciación de inteligencia anexa al Plan Político-Militar se volvió improcedente en el momento en que Fujimori accedió a realizar sus metas. Con ello, una de las consecuencias más inmediatas fue la decisión de aplicar el shock y programa económico liberal que Fujimori había prometido no aplicar durante la campaña. En general, una nueva versión del plan, modificada según los intereses de Montesinos, empezaría a ser aplicada. Desde el inicio del nuevo mandato, el gobierno en la sombra sí existiría, pero su sede sería el SIN y sus funciones pasarían a estar dirigidas, cada vez más, por Vladimiro Montesinos, el ejecutor de la intervención militar en el poder. Esto produjo una situación de tensión en las FFAA, no exenta de alianzas, intrigas y enfrentamientos, que dividió a los militares entre, por un lado, quienes estaban a favor del golpe y en contra de él y, por otro, entre los que rechazaban la intromisión política de las fuerzas armadas, y los "politizados", que se plegaron a Montesinos y Fujimori (Rospigliosi 2000: 86-87).

2.3.2. Crisis extrema: el conflicto armado exacerbado

Durante el año electoral, las acciones subversivas y contrasubversivas continuaron con mucha intensidad. En realidad, la situación de violencia debido al conflicto armado interno, se encontraba exacerbada y seguiría en aumento por un tiempo más. El año 1989 había sido clave para dar un nuevo giro a la guerra. Básicamente, ello se debió a las decisiones y acciones que tomaron dos de los actores principales.

En primer lugar, en 1989, en su I Congreso, el PCP-SL había definido como nuevo objetivo de su plan de guerra popular que el "equilibrio" estratégico remeciera todo el país. Para ello, planteó considerar como nuevo eje principal de acción acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, especialmente en Lima. En el marco de su "Gran plan de desarrollar bases en función de la conquista del poder (Agosto 89-agosto92)" incrementó notablemente sus niveles de violencia, forzando su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizando sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión el inicio de un incremento de muertes a causa de la guerra interna estuvo servido. Paralelamente, como ya se ha explicado, desde 1989 las FFAA empezarán a aplicar su nueva estrategia. Entre otras cosas, la decisión de fomentar y apoyar la conformación de Comités de Autodefensa en las zonas rurales serranas donde la población empezaba a entrar en conflicto con el control de PCP-SL, definió el inicio de la etapa final del conflicto. Por otro lado, habiendo restringido las FFAA a los departamentos de Junín y Pasco como el "centro de gravedad" para sus operaciones contrasubversivas a nivel nacional, la guerra se desplazará notoriamente hacia el Frente Mantaro desde dicho año. En esta zona central se aplicó intensamente la nueva estrategia de eliminación selectiva, especialmente durante 1990, no sólo contra los comités populares sino también contra los organismos alojados en universidades y asentamientos humanos urbanos.

Con el incremento progresivo de la violencia al tiempo que la crisis económica se volvía inmanejable, las FFAA empezaron también a preocuparse por el futuro y gobernabilidad del país. Una vez que Fujimori, elegido presidente, acepta algunas ideas básicas del Plan Político-Militar a través de la mediación de Montesinos, se iniciará un período de incremento del poderío militar sin control democrático en el país. Uno de los puntos de negociación o entendimiento básico con las FFAA que Fujimori acepta es la continuación de la estrategia antisubversiva en curso y dirigida exclusivamente desde las FFAA, asegurando amplios márgenes de discrecionalidad sin control o fiscalización de sus acciones, propiciando la impunidad para violaciones de derechos humanos contempladas en la misma.

Las decisiones de los dos grandes actores del conflicto y la elección del nuevo gobierno obligarán a los otros actores a tomar decisiones. Por un lado, la Policía Nacional del Perú (PNP), subordinada a los Comando Político Militares en las zonas de emergencia, cumplirá las funciones asignadas a partir de la nueva estrategia. Particularmente en el Frente Mantaro, los policías tendrán una participación decisiva en el proceso de desaparición forzada de cientos de personas, destacando por ejemplo el rol asumido desde la Oficina Regional de Inteligencia (ORI)⁹. De otro lado, en marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su máximo punto de confrontación, se formó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Mientras que los grupos operativos "Delta" de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea legal de investigación de atentados y acciones terroristas en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia (seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales líderes subversivos. Antes del cambio de gobierno, el 1º de junio, dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron información valiosa. Después de esta operación, el PCP-SL se abre como una "caja de Pandora"; la intervención fue "el principio del fin de Sendero Luminoso." (Jiménez 2000: 721). A pesar de que la asunción del nuevo gobierno significó para la PNP un revés grande en términos de autonomía -el sector Interior volvió a estar dirigido por militares – los policías de la DIRCOTE y del GEIN pudieron continuar tranquilos con su trabajo, avanzando a grandes pasos. El cambio de administración no supuso nuevas directivas ni cambios drásticos para ellos. Sin embargo, el gobierno se apropió de los éxitos del mismo en reiteradas oportunidades.

Finalmente, ante la situación desatada y como respuesta al trato dado por el Ejército durante el enfrentamiento en Molinos-Junín en 1989¹⁰, el MRTA inició su mayor arremetida en términos de violencia desde que se decidiera a tomar las armas en 1984. En enero de 1990, durante el proceso electoral realizó, en revancha, uno de sus actos más osados al asesinar al ex Ministro de Defensa Enrique López Albújar. Asimismo, el 9 de julio, a pocos días del cambio de gobierno, el MRTA logra burlar al gobierno y hace que 47 emerretistas recluidos en el penal de alta seguridad de Castro Castro fugaran, incluyendo a Víctor Polay Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales líderes. Una vez libres, a partir de su evaluación del peculiar proceso electoral y la situación del país, dudarán y apostarán por la posibilidad de entrar en negociaciones con el nuevo gobierno para dar por concluida su participación en el conflicto. Para ello, el mes de setiembre secuestraron al diputado oficialista Gerardo López y calificaron el hecho como una "invitación para conversar". A pesar de haber difundido públicamente durante la campaña la posibilidad de dialogar con los subversivos, el presidente Fujimori se negará a ello. Pronto, el MRTA arremetería nuevamente.

No obstante, 1990 no fue solamente un año que recibió una ola de violencia creciente como producto del conflicto armado interno. Casi tan o más importante que la violencia, la crisis económica había llegado a tal punto que realmente amenazaba la subsistencia de miles de peruanos. El problema de la inflación y los sucesivos paquetazos, sufrido desde 1988, parecía incontrolable. La población demandaba una solución urgente a estos problemas vitales y pronto aceptaría que estos se resuelvan casi a cualquier costo.

La conjunción alarmante de violencia exacerbada e inflación rampante configuraron un escenario nacional, con variantes regionales, de crisis extrema y tiempo social acelerado, que se prolongaría hasta 1992.

2.3.3. Las primeras medidas en el gobierno

2.3.3.1. Definiendo posiciones en relación a las FFAA

Las tensiones desatadas por la negociación del plan por un sector de oficiales con el nuevo presidente y su asesor generaron, entre otras cosas, una serie de movilizaciones inusuales en las FFAA durante los días previos a la asunción de mando. Para entonces, Fujimori había entablado ya conversaciones directas con el jefe del SIN, general EP (r) Edwin Díaz, a través de la mediación de Montesinos y Loayza. Observando lo que acontecía, Díaz advirtió la posibilidad de que se estuviese desarrollando un complot contra el nuevo gobierno y sugirió la destitución de los altos mandos de la Marina¹¹. Por ello, la primera decisión del nuevo gobierno fue cambiar, sorpresivamente, a los altos Mandos de la Marina, incluyendo al vicealmirante Alfonso Panizo, comandante general y Presidente del Comando Conjunto. El 28 de julio de 1990, el almirante Luis Montes Lecaros fue nombrado nuevo presidente del Comando Conjunto y, a su vez, comandante general de la Marina de Guerra. En la Fuerza Aérea, el nuevo comandante general fue el general del aire Arnaldo Velarde Ramírez, nombrado en reemplazo del teniente general Germán Vucetich Cevallos. Al frente de la comandancia general del Ejército continuó el general Jorge Zegarra (La República 29.7.90). Como Ministro de Defensa Fujimori nombró al general EP Jorge Torres Aciego y, para Interior, al general EP Adolfo Alvarado Fournier. Anuladas las posibilidades de golpe militar y reconstituidos los altos mandos militares, se presentaba la oportunidad de realizar cambios en las fuerzas del orden y replantear las relaciones de poder. Estos cambios se produjeron pero sin conquistar consenso institucional. Por el contrario, desde el inicio estuvieron signados por la intervención de Montesinos quien influyó –directamente desde el SIN luego del cambio de mando-en la nueva correlación de fuerzas en los institutos castrenses, favoreciendo una relación con el Ejército. Fujimori, guiado por Montesinos, le estaba robando el programa a los militares golpistas y los estaba sometiendo a su liderazgo. Para demostrar la efectividad con que su gobierno podía dar pasos en esta dirección, se organizará, poco después del 28 de julio, una gigantesca purga en la PNP, que dio de baja a todos los oficiales cercanos al ex Ministro del Interior Mantilla¹².

La falta de control de los oficiales de la PNP era un punto débil admitido por las apreciaciones de inteligencia del Plan Político-Militar. Las FFAA consideraban que las fuerzas policiales se habían convertido en un bastión gobiernista, una suerte de contrapeso al militar, durante el gobierno aprista. Por ello, un paso anterior importante había sido promover el retorno de los militares al control del sector Interior, nombrando a un general del Ejército en actividad como ministro. Pronto se empezaría a denunciar la militarización del sector y, consecuentemente, de la policía. Pero no solamente porque la conducción política del sector quedó a cargo, sucesivamente hasta el año 2000, de generales del Ejército¹³. A ello se sumó que varios militares irán asumiendo los altos cargos de dirección en el ministerio que, hasta entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los militares llegarían así a controlar toda la estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta dirección (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03)¹⁴. De otro lado, afirmando su preeminencia ni bien tomado el ministerio del Interior, Montesinos se llevó el personal, los equipos y archivo de informaciones de la DIGIMIN¹⁵ al SIN (General PIP (r) Luque 12.8.02)¹⁶. No obstante, el acto decisivo para la estabilización de Fujimori y Montesinos frente a las FFAA fue el "fujischock".

2.3.3. 2. El giro económico

Después de las conversaciones en el Círculo Militar un objetivo inmediato a cumplir para posicionarse en su decisión de llevar adelante las líneas principales del Plan Político-Militar, fue que Fujimori se deshiciera de los asesores económicos contrarios al ajuste que había enrolado durante la campaña por la segunda vuelta.

En julio de 1990, aprovechando el apoyo proporcionado por el asesor Hernando de Soto, Fujimori viajó a Washington buscando apoyo de la comunidad financiera internacional. En reuniones con Michel Camdessus, director general del FMI, Enrique Iglesias, presidente del BID, y Barber Conable, presidente del Banco Mundial, presentó un programa económico distinto al preparado por el equipo dirigido por Santiago Roca. Al regresar a Lima, Fujimori dio a conocer públicamente que no podía cumplir con sus promesas electorales e hizo hincapié sobre la necesidad de un ajuste económico drástico (DESCO, Resumen Semanal N° 577, 6-12 julio de 1990). Los asesores heterodoxos que todavía quedaban en el equipo de Fujimori renunciaron. Mientras tanto, el ingreso de otros economistas, partidarios del modelo de libre mercado confirmó el giro que se estaba realizando. Jorge Chávez fue nombrado como nuevo miembro del equipo y se anunció a Juan Carlos Hurtado Miller como primer ministro del gabinete, quien aseguró que sí se aplicará un programa de ajuste para cerrar brechas. En su primer mensaje presidencial, Fujimori fue muy impreciso sobre las medidas de ajuste que se tomarían pero quedó claro el abandono al rechazo a la política de ajuste de libre mercado.

En agosto, incumpliendo sus promesas electorales, el gobierno del presidente Fujimori aplicó un duro ajuste económico sin activar previamente programas sociales de emergencia para los sectores económicos menos favorecidos. El ministro de Economía Hurtado Miller concluyó su mensaje a la nación con frase "que Dios nos ayude". Luego de esto, se produjo un cierra puertas en casi todos los mercados y establecimientos comerciales. Algunas ciudades, como Lima, se pusieron bajo severa vigilancia a cargo de las FFAA y la PNP para prevenir desmanes y saqueos. En una encuesta realizada el día siguiente del bautizado "Fujishock", el 49% de los limeños dio a conocer su aprobación al programa económico puesto en marcha.

Durante el resto de 1990 y buena parte de 1991, las principales medidas del nuevo gobierno se concentraron en el plano económico: continuar con el ajuste para lograr la estabilización económica, iniciar la liberalización de la economía y la reforma estructural del aparato estatal y conseguir la reinserción del país en el sistema financiero internacional. A partir de las gestiones efectuadas, durante 1991 el país logró su reinserción con el otorgamiento de nuevos créditos e incluso donaciones no reembolsables.

2.3.3.3 La estructuración real del gobierno

Durante los primeros meses de su gestión, el nuevo gobierno logró que diversos y destacados profesionales, políticos e intelectuales de diferentes tendencias –sabiendo que Fujimori no contaba con organización política ni técnica de respaldo para gobernar-se acercaran a ofrecer su colaboración. Después de la segunda vuelta el primer vicepresidente electo, Máximo San Román, había anunciado un plan de concertación del futuro gobierno en áreas específicas: pacificación, economía, desarrollo agrario y pequeña industria (El Peruano 19.06.90). Pronto, la composición del primer gabinete, políticamente plural, en el que confluyeron personalidades tan divergentes como Juan Carlos Hurtado Miller en la dirección de Economía y Finanzas, Gloria Helfer en Educación, Carlos Vidal Layseca en Salud, Carlos Amat y León en Agricultura y Fernando Sánchez Albavera en Energía y Minas, pareció haber logrado su cometido y confirmar la supuesta voluntad concertadora del nuevo gobierno. Habiendo logrado este respaldo, Fujimori adoptó públicamente una posición concertadora que anunciaba la búsqueda de un gran pacto nacional. En realidad, -siguiendo un razonamiento que se ajuste o respete las normas establecidas dentro de un sistema democrático-para que en una situación tal de crisis un presidente políticamente inexperto y sin mayoría en el Congreso pudiese gobernar adecuadamente, una concertación mínima aparecía como indispensable.

A diferencia de los gobiernos democráticos anteriores (1980-1990), el presidido por Alberto Fujimori no contó con una mayoría parlamentaria. En el Congreso bicameral que se inició en 1990, Cambio 90 solo obtuvo 32 diputados y 14 senadores, es decir, el 23% y 18% del total de miembros de cada cámara, respectivamente. De esta manera, aparecía en el hemiciclo como la tercera fuerza política después del FREDEMO (62 diputados y 21 senadores) y del PAP (53 diputados y 17 senadores). Esta situación inédita en los últimos años, era un desafío para el gobierno y lo obligó a establecer una política de alianzas con los denominados "partidos tradicionales", precisamente aquellos que Fujimori había atacado en la campaña electoral. Durante los primeros años, el gobierno impuso una práctica de alianzas pragmáticas sobre asuntos muy puntuales -en los que encontrase coincidencias con las principales fuerzas políticas-, en oposición a una de alianzas estables o programáticas. De esa manera, el Ejecutivo podía dar viabilidad a algunas de las medidas que finalmente puso en práctica. Por ejemplo, el gobierno se apoyó en la bancada del FREDEMO para dar sanción legislativa a su programa económico¹⁷ e hizo otro tanto con los parlamentarios del PAP para legislar sobre asuntos más políticos¹⁸. Además, cuando en octubre de 1990 se discutió la aprobación de un crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo, aplicable al último trimestre del gobierno aprista, las bancadas de Cambio 90 y del PAP coordinaron acciones para lograr su aprobación. En ese mismo mes, se votó también una moción de censura al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Paredes, que fue rechazada con los votos del PAP y de Cambio 90. En otra oportunidad, en noviembre de ese mismo año, los votos de los diputados oficialistas y apristas impidieron la acusación constitucional al ex presidente García por su presunta responsabilidad penal en la matanza de presos en los penales en junio de 1986, logrando que la Cámara de Diputados declare improcedente la acusación. Como sostiene Tanaka, la táctica inicial de Fujimori consistió en evitar la formación de un bloque opositor en el Parlamento Para ello, "en algunos momentos se apoyó en el bloque de derecha, otros en el APRA, y tenía relativamente controlada a la oposición de izquierda, varios de cuyos miembros estaban dentro del gabinete" (Tanaka 1998: 211). Esta práctica política, sin embargo, mostraba limitaciones pues demandaba largas y tediosas negociaciones que el Ejecutivo no estaba en la disposición de realizar.

En efecto, aunque esto sólo se advertiría luego, el pluralismo y vocación concertadora del nuevo gobierno fueron artificiales, o utilitarios, mientras se ganaba tiempo para consolidar las bases y sentar el poder real del nuevo gobierno. Y es que Fujimori nunca tuvo ni mostró una intención de construir un partido o frente democrático con el cual gobernar. Siendo una persona pragmática, desideologizada, prefirió optar por soluciones más rápidas y aparentemente eficaces, aunque fueran ilegales. Pronto, se iría haciendo evidente su opción real de construir un camino paralelo, de gobierno oculto, apoyado en operadores políticos en la sombra y en alianza con sectores militares. La idea que había aceptado gustosamente poco antes de iniciar su mandato. Paralelamente al gabinete formal, existía ya un equipo informal, una suerte de gabinete en la sombra. Como sostuviera Carlos Amat y León, entonces Ministro de Agricultura, se trato de "un sistema secreto personal de líneas de mando basadas en lealtades, supongo que para tener un sistema de reporte personal paralelo a sus ministros (Bowen 2000: 45)." De esta manera, el gobierno alentaba la desinstitucionalización del proceso de toma de decisiones y gestaba, al margen de la estructura pública formal, un núcleo de operadores responsables en la práctica de las políticas de Estado, por lo menos en varios sectores o campos de interés. Vladimiro Montesinos, quien había ingresado al gobierno como especialista en temas de seguridad y defensa, sería una de las cabezas más visibles de este grupo alterno, en el que también participaron otros "asesores" del gobierno, como Santiago Fujimori (hermano del presidente), Augusto Antonioli (introducido al entorno presidencial por el general Edwin Díaz) y Absalón Vásquez (catedrático de la Universidad Nacional Agraria de La Molina). Los dos equipos de gobierno no solían reunirse y rara vez se cruzaban.

2.3.4. Los costos de la estrategia integral

2.3.4.1 Las ambigüedades del discurso oficial sobre la defensa de los derechos humanos

Desde la campaña electoral, Fujimori adoptó un discurso "políticamente correcto" sobre el respeto por los derechos humanos. El 3 de mayo de 1990, tras la visita del secretario general de Amnistía Internacional, Ian Martín, advirtió que "Cualquier inmoralidad dentro de la administración pública en el gobierno de Cambio 90 será sancionada (...) en un eventual gobierno de su agrupación no se permitirán transgresiones a la ley [en materia de derechos humanos]" (El Comercio, 4.05.90). Ya elegido presidente, reiteró su defensa de los derechos fundamentales anunciando en su primer discurso a la Nación que su gobierno "combatirá la subversión implacablemente, pero siempre con la Constitución y la ley y respetando los derechos humanos en toda su expresión"( El Comercio, 29.07.90). En este periodo, Fujimori incluso contemplaba la posibilidad de un diálogo con el PCP-Sendero Luminoso. Esto lo anunció desde Tokio, durante la gira que realizó por países asiáticos antes de asumir la presidencia (El Comercio, 5.07.90). Refrendando esta posición, en su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1990 propuso el diálogo con estas fuerzas subversivas "no como signo de debilidad, sino con el propósito de encontrar el camino de la pacificación en el país" (El Comercio, 29.07.90). A pesar de ello, a los pocos meses, Fujimori descartó la posibilidad del diálogo. Como hemos mencionado, incluso se negó a hacerlo con el MRTA. Este cambio generó las primeras contradicciones en el gobierno e hizo visible una política paralela a la oficial. Una vez hecha pública la posición de Fujimori de no dialogar con los grupos alzados en armas, el segundo vicepresidente, Carlos García García, expresó que el jefe de Estado había abandonado los planteamientos originales que lo llevaron a la primera magistratura, prescindiendo de la opinión de sus correligionarios. Por ello, añadió, "este gobierno no es de Cambio 90 y quienes gobiernan no son de Cambio 90", enfatizó García (El Comercio, 6.10.90).

Las incoherencias entre el discurso oficial y la práctica antisubversiva real continuaron apareciendo en los primeros meses del gobierno. Cuatro meses después de la asunción de mando, la Fiscalía de la Nación seguió recibiendo denuncias de desaparecidos. A principios de octubre de 1990, se halló una fosa común en Chilcahuaico -paraje ubicado a 50 km al noroeste de la ciudad de Huamanga (Ayacucho)-con 17 cadáveres y otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Este último caso motivó la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En las primeras semanas de noviembre se descubrió en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino aparentemente utilizado por grupos de la Policía Nacional, pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales (DESCO, Resumen Semanal N. 596, 16-22 de noviembre de 1990). El 8 de enero de 1991, el senador Raúl Ferrero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, reveló que sólo en los primeros 5 meses del gobierno habían desaparecido alrededor de 200 personas en el departamento de Huancavelica. Finalmente, durante 1990 y 1991, varias decenas de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo progresivamente. Sin embargo, en ninguno de los casos se ahondó en investigaciones ni en asunción de responsabilidades.

2.3.4.2 El despliegue de la estrategia contrasubversiva y de la impunidad

Sucedió que la estrategia integral de las FFAA continuó aplicándose tal como había sido concebida desde 1989, aunque con mayores márgenes o libertad de acción, al tener como pacto fundante del nuevo gobierno la garantía de la impunidad y un respaldo político total. A inicios de 1990, las FFAA elaboraron el "Plan de Campaña para la Contrasubversión – Período 1990-1995" que, además de repetir gran parte del contenido de la Directiva Nº 017 del Comando Conjunto de las FFAA¹⁹, especificaba un cronograma de la acción contrasubversiva. En éste se planteaba un segundo momento entre el 1º de agosto de 1990 y 31 de julio de 1992 en el cual se dedicarían a la "Recuperación de las áreas críticas". Así, en 1990 las operaciones contrasubversivas que hasta entonces estuvieran centradas básicamente en el Frente Mantaro, ampliaron su radio de acción: 1. Hacia el oeste, en Lima; en asentamientos humanos, principalmente de la carretera central como Huaycán y Raucana, y universidades nacionales, principalmente La Cantuta y San Marcos. 2. Hacia el oriente de Junín hasta el río Ene, donde se liberaron a cientos de nativos asháninkas recluidos por el PCP-SL en un campo de trabajo forzado. 3. Hacia el nororiente, a las zonas cocaleras de Huanuco, San Martín y Ucayali.

Como estaba contemplado, el despliegue contrasubversivo incluyó procedimientos de eliminación selectiva así como otro tipo de violaciones a los derechos humanos menos premeditadas pero por ello no menos terribles. En este contexto de reiteradas denuncias realizadas por organismos derechos humanos nacionales e internacionales, así como por algunos políticos de oposición, la voluntad de las FFAA –alentada por el propio gobierno-de eliminar casi todo control democrático sobre la política de seguridad y defensa fue lo que puso a Fujimori en el camino del golpe del 5 de abril de 1992. Aproximadamente desde octubre de 1990, Fujimori no perdió ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables²⁰. Asimismo, como se ha referido, empezó a dar muestras de un doble discurso o política de respeto a los derechos humanos. Y es que el gobierno nunca tuvo la intención de desplegar una política contrasubversiva compatible con el sistema democrático.

Aunque incipientemente, un sistema de impunidad estaba en marcha. El 23 de diciembre de 1990, el gobierno expidió el Decreto Supremo 171-90-PCM²¹, firmado por el mismo Fujimori, que precisaba que las acciones de los miembros de las FFAA y de la PNP en las zonas declaradas en estado de excepción estarían comprendidas en el fuero militar. En los considerandos del documento se explicaba que las fuerzas del orden se encontraban al servicio las 24 horas del día en las zonas de emergencia y que, por tanto, las acciones y actividades de sus efectivos se realizaban en acto de servicio o con ocasión de él. Además de esto, miembros de las FFAA de polémica imagen profesional y envueltos en casos de violaciones a los derechos humanos, resultaban beneficiados de distinta manera. El 6 de diciembre de 1990, los generales de brigada del Ejército Peruano Jorge Rabanal Portilla y José Rolando Valdivia Dueñas, vinculados con la matanza de reclusos en centros penitenciarios en 1986 y con el asesinato colectivo de una comunidad andina en Cayara, respectivamente, lograron que el Senado ratifique sus ascensos a la clase inmediata superior (El Comercio, 7.12.90). En ese contexto, Alan García es librado de una acusación constitucional en el Congreso por las masacres de Lurigancho y El Frontón gracias a que los votos de la bancada fujimorista se sumaron a los del PAP, al considerar que no existían indicios suficientes para establecer su responsabilidad.

2.3.4.3 La presión internacional por los derechos humanos

El discurso oficial y público en materia antisubversiva –respeto escrupuloso a los derechos humanos y eliminación de la pobreza por considerarla "caldo de cultivo" de la violencia-buscaba, principalmente, el impacto público, sobre todo a nivel internacional. Como hemos referido, dentro de las consideraciones principales del Plan Político-Militar y, en general, de las FFAA frente al problema subversivo, se encontraba la imperativa necesidad de lograr la reinserción del gobierno peruano para poder obtener ayuda militar y económica para la lucha contrasubversiva²². Para cuando Fujimori asumió el mando del nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanas peruanas, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), habían logrado extender y consolidar sus contactos con organizaciones internacionales y dependencias gubernamentales, alertando sobre la situación que nuestro país vivía en la materia. En este contexto, la victoria de los demócratas al conseguir la mayoría parlamentaria implicó un renovado interés del Congreso de los EEUU en observar y atender las recomendaciones de los informes sobre violaciones a los derechos humanos en el Perú, especialmente de aquéllas perpetradas en los Frente Mantaro y Huallaga. Consciente, aunque no plenamente, de los problemas que esto les podría acarrear, Fujimori continuó avalando la estrategia de las FFAA y manteniendo, al mismo tiempo, un discurso público de aparente respeto a los derechos humanos. Paralelamente, inició un proceso de negociación para un acuerdo bilateral de lucha contra el narcotráfico, tema de especial interés para los EEUU.

Después de haber avanzado en las relaciones con organismos de la comunidad financiera internacional, a inicios de 1991 el gobierno retomó negociaciones con los EEUU para conseguir ayuda económica para luchar contra el narcotráfico y la subversión. En respuesta a las primeras consultas, el gobierno norteamericano hizo notar que la ayuda internacional por este concepto estaba regulada por la norma llamada INCA (International Narcotics Control Act, 1990) y que, desde que se iniciara el nuevo gobierno, encontraban escasos progresos reales en materia de derechos humanos. Al respecto, un cable de la embajada de marzo de 1991 dirigido a la Secretaría de Estado en Washington sostenía:

Although the new government has committed itself to ending human right abuses, there has been little discernible progress in improving human rights observance in Peru". (Documento desclasificado 91LIMA03900 "INCA certification", 26. Mar. 91)

La norma era tan explícita en lo relativo a las violaciones de los derechos humanos, que el gobierno de Fujimori se vio obligado a inventar una agenda de acciones para mejorar el respeto de los mismos durante la lucha contrasubversiva. Esta agenda iba a contracorriente de la actitud que impulsaba su cooperación con las Fuerzas Armadas y su polarización política contra los partidos que tenían la mayoría en el Legislativo. Sin embargo, Fujimori dio una serie de pasos, algunos reales y otros simulados, para acceder a las exigencias norteamericanas, que tuvieron algunos correlatos o implicancias en el escenario político, en especial en sus relaciones con el Legislativo²³. Este proceso duró todo el año 1991 y parte de 1992. Luego de que el Perú recibió las primeras promesas de desembolso, fue interrumpido abruptamente por el golpe.

La gestión peruana incluyó una visita de Fujimori en octubre de 1991 al presidente George Bush para dar testimonio de su buena disposición a cumplir con los criterios de la ayuda norteamericana. Ello no modificó en absoluto la posición del Congreso norteamericano²⁴. No se equivocaban. Ese mismo mes, en discursos pronunciados en ceremonias militares, Fujimori calificó de "tontos útiles" a los defensores de los derechos humanos y señaló la existencia de "terroristas infiltrados en seudo organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos". Pero el doble discurso continuó. En esos días se fundó, con apoyo del gobierno, el Consejo por la Paz²⁵, usado también para apaciguar las críticas internacionales. También llegó a Lima ese mes, por invitación del gobierno peruano, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informarse sobre los casos denunciados. Recién el 17 de enero de 1992, el Departamento de Estado aceptó, "reluctante", las condiciones impuestas por el Congreso, con tal de no omitir ningún esfuerzo por reducir el flujo de narcóticos hacia los EEUU. Comunicaron a las autoridades peruanas las condiciones, haciendo énfasis en la necesidad de llevar un registro de detenidos, y que la ayuda no incluiría los 10 millones para entrenar tres batallones contrasubversivos del Ejército.

2.3.5. Camino hacia el golpe: los decretos legislativos de noviembre de 1991

2.3.5.1 El acuerdo entre partidos y gobierno sobre contrasubversión

Como parte de este proceso de negociación con EEUU, mientras que aseguraban un respaldo financiero internacional mínimo, el gobierno de Fujimori intentó dar algunas muestras de su supuesto comprometimiento con la concertación y el respeto de los derechos humanos en el plano de su relación con el Legislativo. Para ello, en mayo de 1991 dio a conocer una propuesta pública de pacificación en la que sostenía que para instaurar la paz era importante una estricta observancia de las normas constitucionales y el respeto escrupuloso de los derechos humanos. "La violación masiva e inmisericorde de los derechos humanos por parte de los grupos subversivos no justifica la comisión de abusos por parte de agentes estatales", sostenía el documento titulado en que se plasmó la propuesta. Este documento fue presentado por el gobierno en la primera reunión de coordinación de representantes de los partidos políticos, bautizada como "Mesa de Paz", convocada por el premier, Carlos Torres y Torres Lara. Proponía además orientar la acción estatal hacia alternativas que no se basaran exclusiva o prioritariamente en la confrontación militar y en la represión penal (El Peruano, 12.05.91). En el marco de estas negociaciones, a inicios de junio el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que, en 150 días, legislara sobre pacificación, reorganización del Estado, inversión privada y promoción del empleo (Ley 25327). La ley aprobada, que entregó facultades amplias para un plazo relativamente extenso, mostraba el espíritu de colaboración de los diversos grupos parlamentarios, concientes de que por la gravedad de la crisis se requería medidas urgentes.

Luego de la tercera reunión de las fuerzas políticas realizada a fines de junio, Torres y Torres Lara anunció que se había constituido una comisión especial integrada por cuatro representantes de partidos políticos para la consolidación de los principales acuerdos en la materia – entre estos, Carlos Tapia (IS), Luis Alberto Sánchez (PAP), Enrique Elías (PPC). Enseguida, Raúl Ferrero calificó de provechosa la reunión y señaló que el documento para el Acuerdo Nacional descansaba sobre cuatro ideas fundamentales: vigencia del sistema democrático y defensa de los derechos humanos, responsabilidad conjunta de las fuerzas políticas frente a la subversión, una lucha principalmente política y además militar y conducción a cargo del gobierno. En julio, el gobierno y los principales partidos políticos suscribían un Acuerdo Político Nacional para lograr la pacificación del país, que contemplaba "el diseño de una estrategia contrasubversiva democrática e integral". El documento sentaba las bases sobre las cuales los partidos políticos podrían adoptar acuerdos específicos de colaboración con el Ejecutivo, con el objetivo de acabar con la subversión e instaurar la paz, sin descuidar la vigencia irrestricta de los derechos humanos²⁶.

A la par que las reuniones daban sus primeros frutos, se fueron evidenciando cada vez más una serie de tensiones entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Éstas se intensificaron cuando la representación de Cambio 90 perdió la presidencia de ambas cámaras. Ya en mayo de 1991, cinco parlamentarios de la bancada oficialista habían sido expulsados de su agrupación por mantener autonomía con respecto con el Ejecutivo. A partir de julio, cuando la presidencia de las cámaras del Legislativo fue asumida por dos destacadas figuras del PPC, Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villlar, Fujimori acentúa su estrategia de desprestigiar al Parlamento ante la opinión pública, cuestionando sus funciones y sugiriendo su inoperancia. La etapa de cooperación pragmática que hasta entonces había resultado terminó para dar paso a una de confrontación bilateral, que Fujimori aprovechó para acumular políticamente. Mientras políticos de diferentes partidos, incluyendo a representantes del gabinete oficialista, continuaban haciendo esfuerzos por lograr acuerdos mínimos en materia contrasubversiva y las denuncias de violaciones a derechos humanos así como las negociaciones con los EEUU proseguían, el núcleo del poder real del gobierno -con sede en el SIN-preparaba la propuesta de base legal no negociable para una política contrasubversiva sin controles democráticos.

2.3.5.2. Los verdaderos gestores

Dada su imposibilidad de ingresar en la estructura militar de poder²⁷, Montesinos se propuso ampliar su poder desde el SIN, instancia que le ofrecía una serie de ventajas. Además de la ausencia de fiscalización sobre su actuación por el carácter reservado de su trabajo, el SIN constituía una instancia ideal para extender su influencia y poder hacia las FFAA. Si bien legalmente dependía de la Presidencia de la República, era, de hecho, una instancia militar. Montesinos se convirtió muy pronto en el jefe real del SIN y, con el total apoyo de Fujimori, empezó a producir cambios en las FFAA. Como paso fundamental para ello se encargó de sacar del camino a dos personas que podrían obstaculizar sus planes. En primer lugar, a poco tiempo de haber asumido el nuevo gobierno, mediante una treta planificada Montesinos traicionó a su viejo amigo Franciso Loayza y logró alejarlo definitivamente del entorno presidencial. En segundo lugar, se encargó de destituir al jefe del SIN²⁸, general EP Edwin Díaz²⁹ y convenció a Fujimori de poner en su lugar al general Julio Salazar Monroe, militar dispuesto a aceptar sus condiciones. Se deshizo así de las dos personas que podían, eventualmente, disputarle la relación entre Fujimori de un lado, y el SIN y las FFAA del otro. Desde ese momento, Montesinos tuvo el monopolio absoluto de la esfera gubernamental vinculada con las FFAA y los servicios de Inteligencia, incluyendo al sector Interior. Ocupó un lugar clave y se hizo indispensable para Fujimori (Rospigliosi 2000: 25-26). Su posición de representante del presidente electo le permitió abrir puertas y tener un grado de influencia que antes no hubiera tenido: qqq

Para fines de 1990, Montesinos había consolidado su posición. Se sentaba como representante personal de Fujimori en las reuniones con el ministro de Defensa y el Comando Conjunto. Los generales de alto rango descubrieron rápidamente que no tenían acceso directo al Presidente: debían dejar el mensaje con Montesinos, pronto reverentemente llamado "el doctor", quien se los transmitiría. (Bowen 2000: 66)

Además, desde un inicio, Montesinos fungió como el nexo entre las FFAA y la Embajada de EEUU, en calidad de asesor del Presidente en temas de seguridad interna y defensa. Montesinos estuvo presente desde la primera reunión sostenida con representantes de la Embajada el 17 de junio, realizada para tratar detalles del viaje de Fujimori a Washington (Documento desclasificado 1990LIMA09075, 18JUN1990). Dada la importancia que para las FFAA tenían conseguir el apoyo militar y económico, esto incrementó más su poder.

Siendo ya el único asesor del presidente en asuntos militares y de inteligencia, Montesinos pudo hacer cambios decisivos en el Ejército hasta el 5 de abril de 1992. Siempre tuvo argumentos o ideó situaciones para convencer a Fujimori de la necesidad de destituir a algún oficial o promover a otro. Se las agenció así para pasar al retiro o enviar a puestos burocráticos a los oficiales institucionalistas más destacados, llamados a comandar las instituciones, y poner en su lugar a oficiales manejables (Rospigliosi 2000: 201). Paralelamente, empezó a montar una red propia de espionaje en el Ejército que tuvo un efecto disuasivo. En esa primera etapa empezó también a extender su influencia en dos dominios que, por su trayectoria previa, conocía a la perfección: el Poder Judicial y la Fiscalía. Al parecer, también desde el comienzo incursionó en el negocio del narcotráfico, organizando la corrupción militar³⁰. Oficiales corrompidos eran lo ideal para sus planes pues así eran fácilmente chantajeables. (Ibid: 30-33)

Desde junio de 1991 cuando el Congreso aprobó las facultades legislativas al Ejecutivo, Montesinos se encargó de preparar, desde el SIN y en coordinación con un sector de las FFAA, los decretos legislativos sobre pacificación que serían publicados por el gabinete en noviembre. Estos fueron preparados de acuerdo a algunas necesidades de la estrategia contrasubversiva de las FFAA (incremento de poder y discrecionalidad para actuar de las FFAA) pero, sobre todo, de acuerdo a sus intereses personales. Según Rospigliosi, existía un interés específico de Montesinos y su equipo en el SIN de llevar a cabo el golpe pero sin llegar a un gobierno institucional de las FFAA. Por ello, modificaron el plan original (Rospigliosi 2000: 186). Entre otras cosas, Montesinos convenció a Fujimori de que una eficiente estrategia contrasubversiva requería un aparato de Inteligencia que le permitiera llegar a los lugares más remotos. Por ello, parte de su propuesta, no contemplada como tal en el Plan Político-Militar, consistió en elevar la categoría e importancia del SIN dentro de la comunidad de Inteligencia, de tal manera que se le permitiese centralizar y controlar las actividades y presupuesto de los servicios de inteligencia militares y policiales³¹. Y, con ello, como resulta evidente, incrementar su poder. En diciembre de 1991, en medio de la polarización política entre el Ejecutivo y el Legislativo, daría un golpe decisivo al promover a la Comandancia General del Ejército al general EP Nicolás Hermoza, quien aceptó cabalmente sus condiciones, incluyendo el golpe que tenía planificado para el siguiente año.

2.3.5.3. La cuenta regresiva: los decretos legislativos de 1991

A pesar de todo el discurso y la parafernalia pública, Fujimori y los que en realidad gobernaban con él no buscaban lograr consensos sobre cómo alcanzar metas comunes, como la pacificación. Como se comprobó después, lo que sucedió en noviembre de 1991 con la promulgación casi simultánea de más de 120 decretos legislativos, estuvo fina y premeditadamente montado con el propósito de desbordar y desprestigiar al Congreso mientras se resolvían los últimos detalles para el golpe. Los acuerdos multipartidarios previos, alcanzados en el Acuerdo Político Nacional, ni siquiera fueron contemplados o considerados para la elaboración de tales decretos.

La técnica de Fujimori para rebasar al legislativo con iniciativas a favor de una contrasubversión sin control democrático fue producir en serie decretos legislativos cuyo contenido era ilegal, inconstitucional o impropio de una democracia. El Ejecutivo esperó los últimos días del plazo para dar a conocer los mismos, produciéndose el desembalse legislativo hacia mediados de noviembre. Más de 120 decretos se publicaron en pocos días, de los cuales 35 correspondían al rubro de pacificación y suponían transformaciones radicales de las instancias estatales vinculadas de la estructura pública de seguridad. Por un lado, el decreto legislativo 743 – Ley de Sistema de Defensa Nacional – creaba una nueva estructura de defensa. Entre los cambios más importantes, disponía que los comandantes generales y el presidente del Comando Conjunto fueran nombrados directamente por el Presidente de la República y por el tiempo que juzgara conveniente. Asimismo, creaba el Comando Operativo del Frente Interno (COFI) bajo la jefatura del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e integrado por un Estado Mayor, conformado exclusivamente por miembros de las fuerzas armadas y policiales, sin un responsable político (Artículo 26°). El decreto legislativo 746 – Ley de Sistema de Inteligencia Nacional – otorgaba al SIN amplios poderes y obligaba a organismos públicos y privados a proporcionarle la información que requiriese, bajo responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Creaba también órganos de inteligencia en ministerios y organismos públicos que responderían, directa y exclusivamente, al SIN; y confería a su presupuesto el carácter de secreto. En tercer lugar, el decreto legislativo 749 ampliaba las prerrogativas de los Comandos Político Militares en las zonas de emergencia. Establecía que dichos comandos, en su facultad para conducir las acciones de desarrollo en la zona bajo su jurisdicción, contarían con los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, y con personal dispuestos por las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de los gobiernos regionales y locales. Reiteraba también la subordinación de la PNP a los CPM, precisando con mayor detalle el alcance de la misma y ampliando su competencia a materia de lucha contra el narcotráfico³². Ello aseguraría, de acuerdo con el decreto, la erradicación del terrorismo y del narcotráfico.

Estos y otros decretos creaban el marco legal adecuado para la estrategia contrasubversiva encaminada desde 1989, ratificándola, y se convertían en el punto culminante de un largo proceso de abdicación de la autoridad democrática a favor de la institución castrense. Se aceptaba, de este modo, la incapacidad de la autoridad civil para asumir la dirección de la lucha contrasubversiva. La maniobra desplegada buscaba que el Congreso no tuviera tiempo de analizar todos los decretos, que entrarían en vigencia automáticamente a mediados de diciembre al vencerse el plazo de 30 días para la revisión. Así, se forzó una polarización política entre, por un lado, la posición fujimorista a favor de una guerra contrasubversiva irrestricta y, por otro, la posición de la mayoría opositora en el Congreso, favorable a profundizar la contrasubversión sin abdicar del control democrático del estado de derecho.

Mientras esto sucedía, la actividad terrorista del PCP-SL acosaba al país, con atentados y asesinatos en las ciudades y masacres en las zonas rurales³³. En julio, la periodista Cecilia Valenzuela había presentado en la televisión un documento de las FFAA que indicaba el uso de la estrategia de eliminación selectiva. El documento fue negado por el Comando Conjunto en un comunicado. Las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden proseguían y eran difundidas por organismos internacionales sin que ello causara efecto alguno sobre la marcha de las operaciones contrasubversivas. Aparecían más denuncias de asesinatos cometidos por supuestos paramilitares, que ahora sabemos fueron oficiales en actividad organizados en pelotones de operaciones especiales. Incluso, cuando la tensión por el recibimiento de los decretos se iniciaba, sería ejecutada la matanza de Barrios Altos por el "Grupo Colina"³⁴. Pero el Congreso no claudicó ante el desafío que le presentaron los decretos legislativos de Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de colisión con el ejecutivo, aunque ello fuera precisamente lo que buscaban los golpistas para justificar una acción de fuerza contra el orden constitucional.

El Congreso tenía 30 días para revisar los decretos. Las cámaras de diputados y senadores organizaron comisiones integradas por representantes de todos los partidos políticos, y se hicieron asesorar por especialistas. En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la legislatura ordinaria el 15 de diciembre, se derogaron 6 decretos: el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia del código procesal penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades ciudadanas. Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instrumento central de la lucha contrasubversiva y en los planes para incrementar unilateralmente su poder. El problema era que esta ley dejaba al SIN fuera de todo control democrático.

En respuesta, el Presidente observó estas derogatorias y no las promulgó. Adicionalmente, el último día del año, Fujimori realizó numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para 1992, impidiendo su promulgación ya que el Congreso no podía reunirse para resolver el impasse. Esto paralizó las actividades del sector público en los primeros días de 1992, pues no había marco normativo para la ejecución de gasto alguno. Ante la situación y dado que la próxima legislatura ordinaria se reiniciaba recién en abril, el Congreso convocó a una legislatura extraordinaria para examinar los proyectos de ley observados por el presidente entre el 20 de enero y el 3 de febrero de 1992. Aún así el tiempo resultó corto para seguir revisando los decretos restantes -el proceso se refería a los 120 y no sólo a los referidos a la pacificación-, modificarlos o derogarlos de acuerdo a lo que se estimara más conveniente. Sin embargo, logró modificar el 743, "Ley del Sistema de Defensa Nacional", muy importante para el gobierno. En respuesta a estas acciones, a pocos días de haber sido nombrado Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos expresó públicamente su respaldo a la estrategia de pacificación plasmada en los decretos legislativos del ejecutivo. Finalmente, Fujimori promulgó todos los decretos modificados ese verano salvo éste, reservándose el derecho a insistir en él más adelante. Los decretos sobre los que el Congreso no se pronunció quedaron firmes al cumplirse los 30 días del plazo de revisión.

Ante esta situación de aparente entrampamiento, el Ejecutivo apeló una vez más a estrategias paralelas. Formalmente, propuso un diálogo -de las fuerzas armadas, por un lado, con los partidos políticos representados en el Parlamento y la sociedad civil, por otro-para llegar a acuerdos en materia antisubversiva que permitieran salir del enfrentamiento de poderes. Uno de los gestores del diálogo fue el presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, quien buscó conciliar con los sectores del Congreso más abiertos al intercambio. Entre los puntos de discrepancia entre oficialismo y oposición se encontraban las inmensas atribuciones asignadas al Presidente y la modificación de los decretos sobre pacificación, sobre todo alrededor de las excesivas facultades militares y la incompleta observancia al respeto de los derechos humanos. Durante los meses restantes del verano de 1992, se trabajó en la redacción de decretos que satisficieran aceptablemente los requerimientos del Ejecutivo y del Legislativo, y que contaran con el consenso de las instituciones castrenses. Se llegó a acuerdos que recibieron incluso la aprobación presidencial. Aparentemente, de acuerdo con De los Heros³⁵, el trabajo había sido exitoso y se preveía promulgar los decretos consensuados al reanudarse la legislatura, alrededor del 7 de abril. Los acuerdos tomados expresaban la vocación de los partidos políticos de oposición por elaborar un nuevo marco legal que reorientara la lucha antisubversiva, pero dentro de los límites constitucionales y con facultades fiscalizadoras viables en la práctica. No había pretexto alguno para el rompimiento del régimen democrático que, a título del conflicto de poderes sobre materia contrasubversiva, se realizó.

En realidad, la propuesta consensual coordinada por De los Heros no hubiese permitido al Ejecutivo desplegar el poder deseado. Por ello, argumentando el rechazo de la clase política -que venía siendo desprestigiada por él mismo-a la "propuesta contrasubversiva del gobierno" y, contando con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, el 5 de abril de 1992 Fujimori anunció al país la disolución de los poderes legislativo y judicial y la instalación del gobierno de "emergencia y reconstrucción nacional". Como se demostró entonces, Fujimori y los militares tenían ya otros planes y utilizaron a De Los Heros³⁶, sin su conocimiento, para entretener a los parlamentarios haciéndoles creer que el gobierno estaba dispuesto a llegar a fórmulas de consenso en materia de pacificación (Rospigliosi 2000: 112)³⁷. En realidad, estaban ganando tiempo para planificar los últimos detalles para la operación del golpe. La revisión de decretos debió haber continuado durante la legislatura ordinaria iniciada el 1º de abril, pero el golpe acabó con ese proceso. El Ejecutivo demostraba así que los discursos y las coordinaciones con otras fuerzas políticas no fueron más que un escenario postizo mientras tomaba forma, en el seno del poder paralelo en el gobierno, la opción del protagonismo militar.

2.3.6. El golpe del 5 de abril: medidas e implicancias

El 5 de abril, a las 10: 30 de la noche, el Presidente Constitucional de la República Alberto Fujimori anunció la disolución del Parlamento Nacional, y la reorganización total (intervención) del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Ministerio Público. Simultáneamente, las tropas del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, toman el control de la capital y de las principales ciudades del interior. Ocupan el Congreso, el Palacio de Justicia, medios de comunicación y locales públicos. Minutos después se da a conocer un comunicado de los Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, expresando su absoluto respaldo a estas medidas. Con un gran despliegue de efectivos militares, se detuvo a políticos, periodistas y algunos jefes policiales vinculados al PAP. Entre ellos, el ex ministro del Interior Agustín Mantilla, el ex ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez, el senador Abel Salinas, el Teniente General PNP Reyes Roca y el periodista Gustavo Gorriti. El ex presidente Alan García, logra esconderse de la intervención militar que lo buscó en su residencia. El presidente del Senado, Felipe Osterling, y el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, fueron arrestados en sus respectivos domicilios. Se trató, pues, de un amplio operativo militar, de la misma naturaleza y dimensiones que el operativo previsto en el Plan Político-Militar que, entre otras cosas, preveía la posibilidad de resistencia armada de apristas e izquierdistas. Incluyó incluso el uso de instalaciones militares como centros de reclusión. El 6 de abril, juramentó el nuevo gabinete bajo la Presidencia de Oscar de la Puente Raygada. Ese mismo día, De la Puente dio lectura al texto del primer Decreto Ley del régimen, "Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional", que instituyó, entre otras cosas, la elaboración de una nueva constitución.

2.3.6.1. La oposición: debilidad del frente interno y el impacto internacional

El Parlamento destituido, ciñéndose a la legalidad constitucional, declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral el 6 de abril. El pronunciamiento emitido por parlamentarios de distintos sectores políticos –incluido de Cambio 90— invocaba al senador y primer vicepresidente electo Máximo San Román a asumir la Presidencia de la Nación. En breve, San Román rindió juramento como Presidente Constitucional, pero sin contar con el respaldo ciudadano. Perdida en su desprestigio, la oposición se fue difuminando y buscó remediar su desamparo político apelando a la presión internacional. En efecto, el régimen no había calculado que el golpe de Estado pudiera abrir la posibilidad de una sanción internacional. La primera respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) consistió en deplorar la interrupción del sistema constitucional. La Comunidad Europea condenó el golpe de Estado e instó a Fujimori a restablecer las instituciones democráticas "cuanto antes". El gobierno de los EEUU condenó el golpe y demandó la restauración pronta de la democracia. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y de prensa –de acuerdo con la posición del Departamento de Estado de los EEUU— enfatizaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese contexto.

Sin embargo, no existió una posición unívoca a nivel internacional en el plano financiero. El apoyo económico y la asistencia militar de EEUU en la lucha contra el narcotráfico y la subversión se interrumpieron a causa del golpe del 5 de abril de 1992. En mayo de ese año, el Secretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, se entrevistó con Fujimori y respaldó los criterios adoptados por la OEA. A Fujimori no le impresionó mucho con la advertencia, pues los montos de la ayuda en cuestión no eran determinantes para sus planes. En marzo de 1992 viajó en visita oficial al Japón, donde comprometió ayuda por 127 millones de dólares. Por otro lado, el año 1991 estuvo lleno de éxitos en lo referente a la obtención de ayuda no reembolsable y créditos de desarrollo. Ya había acuerdo con el FMI y un amplio plan de privatizaciones. Después del golpe quedó claro que las instituciones financieras internacionales privilegiaban la reforma económica en marcha en detrimento a la institucionalidad democrática. Durante 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó préstamos al Perú, el Banco Mundial continuó apoyando al gobierno y el Fondo Monetario Internacional consideró que el gobierno peruano, al estar cumpliendo con la carta de intención de 1991, era merecedor de fondos adicionales. Por otra parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no interrumpió su colaboración con el SIN en materia antiterrorista.

En mayo de 1992 Fujimori viajó a la asamblea de cancilleres de la OEA (Barbados) y anunció elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Los acuerdos tomados en Barbados exigían que se realizaran pronto y que en el calendario se incluyera también a las municipales, pendientes, y un referéndum para aprobar la nueva Constitución. Asimismo, establecieron que estos comicios debían basarse en un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, como señalamos, la oposición se encontraba débil y fragmentada. Apoyado en la opinión pública, Fujimori soslayó el diálogo e impuso sus condiciones y su propio cronograma. El 1º de junio, convocó a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se llevarían a cabo el 18 de octubre. Posteriormente, la fecha fue cambiada por el 22 de noviembre. La oposición – carente de espacio político– solicitó un plebiscito para consultar sobre la continuidad del régimen, pero este requerimiento no fue aceptado por el gobierno. Como parte de los acuerdos de Barbados, el gobierno convocó oficialmente a todos los partidos políticos a participar un "diálogo nacional" que se inició el 30 de junio. La oposición se negó a participar, al considerarlo una "farsa para engañar al pueblo". Insistiendo en la inconstitucionalidad del gobierno pero sin capacidad real para negociar con él, la oposición abandonó el escenario político. En casos como el de AP y el PAP, ese abandonó se prolongaría hasta 1995, pues se abstuvieron de participar en el CCD, en el que el oficialismo obtuvo la mayoría absoluta. Sin oposición real al frente, el régimen tuvo un periodo de casi nueve meses –desde abril 1992 hasta diciembre de 1992– para gobernar sólo con sus propias reglas: por decreto y sin contrapeso de poderes.

2.3.6.2 Gobernar por decreto

Todo lo que Fujimori no obtuvo mediante los decretos que elaboró con las facultades especiales que le dio el Congreso, incluso los decretos derogados por éste, lo obtuvo durante el período en que gobernó mediante decretos ley hasta la instalación del CCD en enero de 1993. Desde el mismo 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori emprendió la promulgación de una serie de decretos ley que modificaron sustancialmente la legislación antiterrorista, violando en varios casos la Constitución de 1979, cuya vigencia quedó suspendida. Se retomó también la promulgación unilateral de los decretos legislativos sobre pacificación de noviembre de 1991 que habían sido modificados o derogados por el Congreso. Así por ejemplo, en julio, el decreto ley 25365 repuso, con algunas modificaciones, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que otorgaba amplias prerrogativas al SIN. En segundo lugar, se promulgaron, entre otros, decretos ley que ampliaban el control policial de los penales, extendían el apoyo a las rondas campesinas, permitían la intervención de las FFAA en las universidades, intensificaban las operaciones de rastrillaje³⁸ y la acción cívica.

En materia de legislación antiterrorista –marco legal para la detención y juzgamiento-se realizaron cambios radicales que no contemplaron una serie de principios fundamentales –y constitucionales-para asegurar las garantías del debido proceso –requisitos indispensables para que un juicio sea considerado mínimamente justo. El decreto ley 25475 (6 de mayo de 1992) establecía la cadena perpetua para algunos casos de terrorismo y ampliaba las penas para otros casos, a la vez que instauraba el procedimiento de jueces sin rostro. El decreto ley 25499 (16 de mayo de 1992) modificaba el decreto legislativo 748, a través del cual se establecía la ley de arrepentimiento de subversivos rendidos. El decreto ley 25564 (20 de junio de 1992) reducía la edad de los exentos de responsabilidad penal de 18 a 15 años para los que cometían delitos de terrorismo. El decreto ley 25659 (13 de agosto de 1992) estableció la figura penal de traición a la patria para delitos antes tipificados como de terrorismo. Permitía además, en un claro acto inconstitucional, a tribunales militares juzgar a civiles acusados de terrorismo. Asimismo, reducía los plazos para el proceso, limitando con ello severamente la capacidad de defensa de los inculpados³⁹. Con este mismo grupo de decretos se confirmaron las altas prerrogativas militares, así como la extensión de su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. El decreto ley 25626 (22 de julio de 1992) establecía que todas las dependencias vinculadas a la lucha contra la subversión y el narcotráfico debían adecuar sus normas y procedimientos a las directivas del Comando Operativo del Frente Interno (COFI), dirigido por el presidente del Comando Conjunto de las FFAA. El decreto ley 25708 (10 de septiembre de 1992) estableció los procedimientos para juzgar los delitos de traición a la patria permitiendo la aplicación del procedimiento sumario del Código de Justicia Militar para los juicios en el teatro de operaciones. Finalmente, el decreto ley 25728 (18 de septiembre de 1992) facultaba a condenar en ausencia a los responsables del delito de terrorismo.

Con estas modificaciones radicales de la legislación antisubversiva el gobierno construyó un drástico aparato legal, adecuado para las operaciones militares, y exento de control fiscal y/ o judicial. Como veremos, las capturas de los principales jefes subversivos, incluido Abimael Guzmán, fueron presentadas como el fruto de tales reformas, distorsionando con ello la realidad para favorecerse políticamente. Si bien es cierto que, dada la situación de violencia en el país y la ineficacia del sistema de administración de justicia, se requerían medidas concretas y una adecuación del sistema al contexto de crisis, esto no justificaba hacerlo a costa de las garantías ciudadanas básicas. Se pasó, innecesariamente, al otro extremo. Los cambios en la legislación antiterrorista facilitaron condenas largas para los subversivos y sospechosos, con procesos de investigación y judiciales sin "obstáculos" legales, un viejo pedido de las fuerzas del orden para agilizar la lucha contrasubversiva. Mientras que algunos tipos de violaciones a los derechos humanos (ejecuciones y desapariciones) se redujeron considerablemente desde 1993⁴⁰, se inauguraría, sobre todo, una nueva etapa en las violaciones al debido proceso. Con ello, el país mejoraba según los estándares requeridos en las negociaciones con los EEUU para apoyo económico y militar (disminuir el número de muertos y desaparecidos, mantener un registro de detenidos y dejar que la Cruz Roja ingrese a los centros de reclusión), pautas destinadas sobre todo

2.3.7. La aprobación del golpe y la imagen de Sendero ganador

Mientras que las Fuerzas Armadas fueron el soporte fáctico del golpe del 5 de abril, la opinión pública convalidó la ruptura democrática y constitucional, asignando al gobierno un respaldo popular que había decrecido considerablemente desde su elección⁴¹. El 71% de la población aprobó la disolución del Congreso y el 89% la reestructuración del poder judicial. Sin embargo, la ciudadanía no interpretaba estas medidas como el inicio de un régimen autoritario. Por el contrario, para la mayoría de la población (51%), el régimen que se iniciaba el 5 de abril era considerado como democrático, y sólo el 21% creía que se debía declarar la vacancia presidencial⁴². En tanto la misma persona elegida en 1990 continuara al frente del gobierno, la ruptura no era interpretada como un golpe. Este respaldo popular confirmaba la tendencia presidencialista en la historia política peruana y adoptaba para el imaginario nacional la asociación entre clase política e ingobernabilidad. En un contexto de crisis creciente, la demanda por eficacia a costa de pasar por alto consideraciones éticas o legales demasiado "elevadas" pegó con el sentir de buena parte de la población, desesperada por no ver solución a sus problemas.

El programa de estabilización había golpeado duramente a varios sectores que, además de ver seriamente mermados sus ingresos, tuvieron que hacer frente a la expansión de la epidemia del cólera, que hacia el mes de agosto de 1991, según lo informado por el Ministro de Salud, ya había cobrado 2,345 muertos. Mientras que estos graves problemas sacudían al país, que se conmocionaba viendo a vírgenes que "derramaban lágrimas", la imagen de los partidos políticos se fue desprestigiando cada vez más. Más allá de que la prédica de Fujimori en contra de los mismos –a partir de la cual aparecían como bloqueando soluciones-los empezó a afectar, después de la polarización tan marcada en la campaña electoral estos siguieron en buena parte del año 1991 con sus disputas y enfrentamientos políticos, que fueron cubiertos por la prensa y televisión⁴³. Los propios errores de los gobiernos anteriores, sobredimensionados y expuestos convenientemente por Fujimori, hizo extensiva la ineficiencia de dichos gobiernos al sistema democrático, haciéndolo aparecer como uno de los factores que determinaron la hiperinflación y la agudización del conflicto. Punto que estaba claramente contemplado en el diagnóstico de los militares que elaboraron el Plan Político-Militar. Su continuidad, por lo tanto, no tenía mayor sentido.

Al tiempo que todo esto sucedía, desde 1989 las ciudades –especialmente Huancayo, Huamanga y Lima-vivían en el peor momento de la guerra⁴⁴. Sumándose a las operaciones contrasubverisvas, el PCP-SL incrementaba su ofensiva de terror sobre las zonas urbanas, especialmente en Lima, centro del poder económico y político del país. Considerando que con la segunda campaña del Plan "Desarrollar bases en función de la conquista del poder" habían llegado a "plasmar" el equilibrio estratégico, empezaron a desarrollar la tercera, "Rematar el plan de impulsar apuntando contra el Gobierno de Fujimori (febrero 1991 – enero 1992)", que, en su evaluación, les permitiría concretar el equilibrio estratégico (Jiménez 2000: 221). En los barrios de conos en expansión de Lima, el PCP-SL incrementa sus acciones de propaganda y ataque de lugares públicos, al tiempo que desarrolla una fuerte presión sobre las dirigencias barriales buscando coparlas. Dentro de esta campaña senderista, el 15 de febrero de 1992 la dirigente de la Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador y teniente alcaldesa del distrito María Elena Moyano, fue asesinada brutalmente. Este hecho conmocionó a la opinión pública, marcando un hito en lo que hasta entonces había sido la resistencia al avance y hostigamiento de SL en el "campo popular"⁴⁵. Fue una situación límite que reveló no sólo la vesania senderista sino también la fragilidad de las organizaciones sociales y políticas al enfrentársele. Por otro lado, en los barrios comerciales y de clases medias y altas, donde SL no pretendía alcanzar ningún objetivo político captando adhesiones, la relación que se mantuvo con la población fue la violencia y, el único objetivo, el terror. En estas zonas de Lima el lenguaje desplegado por SL fue el de los comandos de aniquilamiento, los coches bomba y los paros armados. Al tiempo que este problema se expandía y sentía cada vez más como agobiante, el Estado -en especial algunas de las instituciones "heredadas" -aparecían como débiles e ineficientes. Un Estado colapsado, con un sistema de administración de justicia que brillaba por su ineficiencia. Según datos hechos públicos por la Procuraduría General de la República en setiembre de 1991, en once años de violencia política armada, tan solo 497 terroristas habían sido sentenciados con penas que iban desde los dos hasta los 25 años, mientras que 4395 acusados habían obtenido su libertad por "falta de pruebas" o "fallas en la redacción de los informes policiales".

No obstante, fuera de lo que la repercusión mediática de estos hechos, muchas veces magnificados, hizo suponer, SL se encontraba en un proceso de repliegue debido al cerco que la aplicación de la estrategia de las FFAA desde 1989 que -apoyada en la población rural organizada en Comités de Autodefensa-estaba logrando⁴⁶. Paralelamente, el trabajo policial en Lima del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y de la Brigada Especial de Detectives (BREDET) de la DIRCOTE había dado ya grandes logros en su proceso de acumulación de información y seguimiento de sospechosos, llegando incluso a capturar a diversos dirigentes de importancia de ambos grupos subversivos⁴⁷. Ya en setiembre de 1990, una operación del GEIN finalizó con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato Juárez Cruzatt, miembro del Comité Central del PCP-SL considerado por Guzmán como su "delfín", encargado de sucederlo si algo le pasaba. En enero de 1991, el GEIN había intervenido una casa ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del Estanque – San Borja, donde había estado funcionado el Departamento Central de SL. Allí recogieron información valiosa⁴⁸, incluyendo el conocido video en que aparecía Guzmán en una reunión social bailando 'Zorba el Griego', acompañado de importantes miembros del partido, y que confirmó que estaba vivo. Fragmentos de este video fueron presentados a la opinión pública por Fujimori en un mensaje a la nación dado en febrero, al tiempo que señalaba que como producto "de la nueva política antisubversiva, los Servicios de Inteligencia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policiales lograrán capturar a cabecillas terroristas". A fines de junio de 1991 el GEIN logró detener a la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, "Rebeca", a su conviviente Tito Valle Travesaño, "Eustaquio" y al profesor Víctor Zavala Cataño, "Rolando", miembros del Comité Central de SL y responsables de la dirección de Socorro Popular. Un duro golpe a SL. Por otro lado, pocos días después del golpe, el 14 de abril, la BREDET capturó a Péter Cárdenas Schulte, líder del MRTA. Poco menos de dos meses después, el 9 de junio, volvió a capturar al máximo dirigente del MRTA Víctor Polay Campos.

Sin embargo, la presentación mediática del terror ocasionado por SL impedía observar estos avances. En efecto, como sostiene Peralta, desde fines de la década del ochenta en distintos medios se empezó a concebir y especular sobre las posibilidades de que SL llegase al poder, haciendo que la imagen de su imbatibilidad se generalizara (Peralta 2000: 131). Al incrementar su ofensiva en zonas urbanas, en especial en Lima, esta percepción parecería consolidarse y justificarse cada vez más. Luego del exitoso paro armado del 23 y 24 de julio de 1992, convocado por el PCP-SL, entre otros el diario El Comercio⁴⁹ empezó a plantearse alternativas posibles a un imaginario gobierno de Sendero Luminoso. El temor se expandía entre todos los peruanos, pero también en el extranjero. Entre abril de 1989 y diciembre de 1992 se produjeron en Lima 907 ataques y atentados, el 47% de los ocurridos en el país. 1992 fue un año clave en esto pues es el período en que Lima registra la mayor cantidad de víctimas de la guerra interna.

Perú 1980-2000: Cantidad de muertos y desaparecidos en áreas urbanas reportados a la CVR según año en el que ocurrieron los hecho.

Fuente: Base de datos CVR. Lima, 13 de junio del 2003. Elaboración: SI-CVR

Lima 1980-2000: Número de muertos producto de la guerra interna según año de ocurrencia de los hechos

Fuente: DESCO
Elaboración: CVR

Efectivamente, ya en marzo de 1992 -poco después de que el gobierno norteamericano hubiese decidido levantar la suspensión del desembolso de parte de la ayuda económica al país con la condición de que mejorase su record en materia de respeto a los derechos humanos y, en el contexto de la búsqueda del Perú un mayor financiamiento internacional-, en Washington, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de los EEUU, Bernard Aronson, declaraba que la falta de ayuda internacional para el gobierno peruano podría facilitar a SL la toma del poder. Abonando esta tesis, ese mismo año, el Congreso Norteamericano realizó unas audiencias públicas en las que debatió qué posición debían adoptar los EEUU en caso de que SL llegase a tomar el poder. Especulando sobre una posible intervención militar estadounidense a partir de este tipo de señales, para el análisis maoísta de SL esto configuraba el escenario de confrontación ideal que había estado buscando para liderar una guerra de "liberación nacional", tal como hiciera Mao Tse Tung en China. A partir de ello, en julio de 1992, SL prepara los documentos para la realización de un III Pleno del I Congreso del Comité Central que buscaba delinear los ajustes del VI Plan Militar, "en la perspectiva de que la guerra campesina se convertiría en una guerra nacional y patriótica". Al tiempo, desarrollaría una feroz arremetida de terror sobre la ciudad de Lima, dando más sustento a la posición que creía firmemente en sus posibilidades de triunfo. Así, el 5 de junio hicieron que un "camión bomba" explotara frente al Canal 2, destruyendo sus instalaciones y matando a tres personas. Poco más de un mes después, el 16 de julio, la explosión de un coche bomba en pleno centro de Miraflores, en la calle Tarata, dejó un saldo de 20 muertos y 132 heridos. El impacto del atentado de la calle Tarata en los medios de comunicación contagió en la opinión pública el pánico y la sensación de inseguridad. Y, con ello, el mito de "Sendero ganador" se afianzó, especialmente en la clase media y alta limeña (Peralta 2000: 210), que hasta ese momento había asistido indiferente al desenvolvimiento del conflicto armado interno. El mismo 16, se produjeron una serie de atentados en otros sectores de la ciudad. SL atacó la comisaría de Ventanilla, puso un coche bomba en la de Bellavista y atacó con explosivos un puesto policial en Huachipa-Ate Vitarte; asimismo, detonó explosivos en una agencia bancaria y en un grifo ubicados en La Victoria. En la madrugada del 17, luego de un ataque con armas de fuego, senderistas detonaron un coche bomba junto a los locales –contiguos-de la Municipalidad de Villa El Salvador y la Comisaría del distrito. Durante esta misma semana, se producirían varios atentados más en distintas zonas de Lima, incluyendo una convocatoria a "paro armado" en la capital y la disposición de 9 coches bomba, 4 de los cuales pudieron ser desactivados a tiempo, y de una carretilla-bomba que explotó junto a tres colegios. El "paro armado" de Sendero Luminoso en Lima el 22 y 23 de julio dejaría el trágico saldo de 8 muertos, 38 heridos, 5 coches bomba, 13 vehículos de transporte urbano incendiados y 23 artefactos explosivos (DESCO, Resumen Semanal N° 680 24 julio – 4 agosto 1992).

El respaldo al golpe de Fujimori a la par que el rechazo a las posiciones principistas de las fuerzas políticas de oposición debe leerse dentro de este contexto de crisis extrema, en el que era comprensible que la población estuviese a favor de soluciones drásticas. Este escenario tremendo hizo aceptable en la opinión pública la idea de una "mano dura" eficaz como necesaria, incluso por encima del Estado de derecho y del respeto a los derechos ciudadanos elementales. Fujimori había conseguido banalizar la violencia. La mayoría de la población no estaba dispuesta a arriesgar en defensa de principios éticos y legales el poco bienestar particular que le quedaba en medio de la crisis. A ello hay que añadir la recuperación económica que se empezó a sentir desde fines de 1991 y que, en los primeros meses de 1992 antes del golpe, ya era evidente⁵⁰. La aprobación presidencial, desgastada hasta poco antes, empezaría a aumentar desde setiembre de 1991, dando un gran salto hacia arriba a propósito del golpe. La imagen de eficacia se empezaría a fortalecer y el régimen recogería una importante base social de respaldo.

2.3.8. La apropiación del éxito policial

Jamás van a perdonar [los militares] que hayamos sido policías⁵¹

En medio de esta ola de terror desplegada en Lima, una noticia sorprendería a la opinión pública nacional e internacional. El 12 de setiembre de 1992, tras una exitosa operación policial y en lo que sería calificado por la prensa como "la captura del siglo", el GEIN -ya rebautizado como DIVICOTE-1-logró aprehender a Abimael Guzmán Reinoso, líder máximo del PCP-SL, junto a 3 miembros de la dirección del Comité Central – Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja. Con ello, se marcó un hito en el dedicado y prolongado trabajo policial de la DIRCOTE (por entonces ya llamada DINCOTE). En efecto, en contra de lo afirmado entonces por el gobierno, la captura de Guzmán, así como las capturas de importantes líderes subversivos realizadas previamente por los distintos grupos especiales de inteligencia de la DINCOTE (GEIN, BREDET y, posteriormente, DIVICOTES), fueron resultado de un dedicado trabajo exclusivamente policial y de la experiencia e información acumulada en la materia. Como hemos visto en el capítulo sobre fuerzas policiales, el desempeño –logros-de la labor policial realizada por la DIRCOTE (y después por la DINCOTE), fue consecuencia de las decisiones que, sucesivamente, tomaron los jefes de los distintos grupos operativos y especiales con la que esta unidad ha contado a lo largo de su existencia, más que el resultado de un plan diseñado al detalle previamente⁵². Concentrado en la ampliación del ámbito del poder militar y en el establecimiento de condiciones propicias para el despliegue de la estrategia contrasubversiva de las FFAA a otros escenarios, el nuevo gobierno no modificó el trabajo policial en curso ni antes ni después del golpe. Esto, sin embargo, no le había impedido aprovechar los logros policiales previos para acumular políticamente a su favor, presentándolos como resultado de una supuesta nueva estrategia de su gobierno⁵³.

Por lo menos poco después de la captura, esto era percibido claramente por la opinión pública. En un Informe de Opinión elaborado por APOYO S. A. en el mes de setiembre de 1992 -después de la captura-se consignaba que el 43% de las personas entrevistadas creía que la captura de Guzmán se debió fundamentalmente al desempeño de la DINCOTE, el 38% lo atribuía principalmente a un soplo (una llamada/ dato) o golpe de suerte, y sólo el 9% de los entrevistados la consideraba, fundamentalmente, como resultado de la estrategia contrasubversiva de Fujimori. Por otro lado, dos de cada tres entrevistados (el 66%) consideraba que el golpe de Fujimori no tuvo nada que ver con el éxito obtenido contra la subversión⁵⁴. A estas percepciones se suma lo afirmado, indistintamente, por los diferentes policías entrevistados que trabajaron en la unidad. Todos ellos⁵⁵, concuerdan que la captura de Guzmán fue resultado del trabajo policial y que más bien el gobierno, y el SIN, se apropiaron luego de los réditos de dicho logro.

Efectivamente, como señalaba el semanario Sí el 15 de setiembre de 1992 a propósito de la captura, hasta entonces el jefe de Estado había dado repetidas muestras de que su base principal de poder eran los militares y, en especial, el Ejército (Sí 15.09.92). Asimismo, de la militarización de la estrategia contrasubversiva con la entrega del mando casi absoluto del conflicto al Comando Conjunto y los decretos que traspasaron gran parte de las funciones policiales al Ejército. Por ello, la captura de Guzmán sorprendió a las altas esferas del gobierno, que no se encontraban al tanto de la ejecución de la operación. La puesta en ejecución de la operación "Cap. PNP Carlos Verau Asmat" no fue consultada ni informada al Presidente de la República, al ministro del Interior o coordinada con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Todas estas instancias continuaban sus actividades regulares previstas para dicho día. Incluso, Fujimori⁵⁶ volvió a Lima el día 13 y no ofreció declaraciones a los periodistas hasta las 11: 30 de la noche en que dirigió un mensaje a la nación y presentó las primeras imágenes de Guzmán. No obstante, el día anterior, la DINCOTE se había encargado ya de propalar la noticia del éxito policial sin esperar el aval o autorización del gobierno. A pesar de ello, el sorprendente éxito fue presentado como resultado de una nueva estrategia del gobierno⁵⁷. La certidumbre de que la captura de Guzmán (y otras anteriores como la de Polay) fue un éxito policial no vinculado a una nueva estrategia antisubversiva y aprovechado por el gobierno, fue expresada en esos días en los editoriales de varios medios y en algunas columnas de opinión.

La captura de Guzmán generó envidia y celos, tanto en unidades de la misma policía como en los institutos armados y sus servicios de inteligencia. Especialmente, la osadía de "golpear" sin previa consulta y propalar la noticia por cuenta propia no sería perdonado por el gobierno a estos policías. Por ello, meses después de estos publicitados logros, diversos miembros de la DINCOTE serán reasignados a otras unidades y labores de acuerdo a los nuevos intereses del gobierno. En efecto, en 1993 el gobierno desarticuló varios de los grupos especiales de la DINCOTE, destacando a sus efectivos a otras unidades. En especial "desaparecen"⁵⁸ el GEIN (DIVICOTE-1), que en el momento de la captura de Guzmán contaba con 80 efectivos. A raíz de ésta los empiezan a "dispersar por todos lados"⁵⁹. Pero el ciclo de las capturas realizadas por la DIRCOTE/ DINCOTE hasta fines de 1992, significará también la culminación práctica de las iniciativas contrasubversivas de los ochenta. Dentro de un marco autoritario (aún sin Congreso), el manejo contrasubversivo centralizado en el SIN se consolidó con la dación de un nuevo paquetes de decretos para la "pacificación nacional". A través del Decreto Ley N° 25635, publicada el 23 de julio de 1992, se otorgó plenos poderes al SIN alegando la necesidad de centralizar la inteligencia para combatir a la subversión. Dicho decreto creó, formalmente, el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y colocó al SIN como su órgano rector. Esta norma proporcionaba amplias atribuciones al SIN y lo ponía bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República, sin dar lugar a algún tipo de control ministerial, judicial o parlamentario. Asimismo, le otorgaba facultades para establecer su propio presupuesto y sus planes de operaciones, manteniendo todo esto clasificado como secreto. Las nuevas atribuciones del SIN no excluían claramente que, además de coordinar y controlar a los servicios de inteligencia militares, efectuara sus propias operaciones encubiertas de seguridad contra agentes encubiertos del enemigo; es decir, operaciones de contrainteligencia.

En los meses siguientes las correlaciones de poder se inclinarían con más fuerza hacia el SIN. En especial, el poder de Montesinos –y, por tanto, del SIN-se consolidaría luego del intento de golpe militar contra Fujimori encabezado por el general en situación de retiro Salinas Sedó, llevado a cabo el 13 de noviembre -faltando 9 días para los comicios del CCD. Las acciones previstas por los golpistas fueron rápidamente debeladas antes de consumarse y todos los oficiales involucrados fueron detenidos. Montesinos tuvo así una oportunidad ideal para demostrar a Fujimori la eficacia del SIN y de convencerlo la necesidad real ampliar su poder y recursos (en personal y financieros). Montesinos se convirtió en un elemento aparentemente indispensable para evitar la repetición de otro levantamiento militar en contra de Fujimori y/ o reprimir las disidencias (Rospigliosi 2000: 35). Es así como desde fines de 1992, se empezaron a transferir nuevos recursos al SIN. Como hemos relatado, una de las consecuencias prácticas de esto será la decisión de cambiar a algunos de los mejores policías de la DINCOTE para asegurar la centralización del trabajo, información y, por tanto, poder en el SIN⁶⁰. Todo esto, arguyendo que el SIN jugaría un rol esencial en la lucha contrasubversiva. Entre otros, en 1993 Benedicto Jiménez fue destacado al SIN como Director de Pacificación para seguir el tema de los arrepentidos, una de las nuevas responsabilidades del SIN en materia contrasubversiva⁶¹. Jiménez fue acompañado por algunos policías que trabajaban con él en el GEIN⁶². Durante 1993 Montesinos creó también en el SIN un departamento especial de lucha antidrogas. Un punto más a su favor que le permitió apuntalar su primacía en el gobierno y en relación con las FFAA fue la estrecha relación que consolidó con representantes de la CIA. Potenciado, el SIN se encargó también de la construcción y difusión pública de una versión oficial⁶³ sobre la "pacificación", una de las banderas del gobierno para la reelección de Fujimori en 1995. Para ello, un montaje preciso se daría con la publicidad dada al "Acuerdo de Paz"⁶⁴. Efectivamente, Montesinos se encargó también, personalmente, de llevar las conversaciones –y negociaciones-con Guzmán en la Base Naval del Callao.

2.3.9. Casos de violación a los derechos humanos post golpe

Añadiendo a los decretos legislativos de noviembre de 1991 aprobados algunos de los decretos ley promulgados durante la dictadura, el gobierno pronto consigue extender, sin tropiezos, operaciones contrasubversivas -contempladas en la estrategia integral-a algunos espacios en los que aún existían ciertas restricciones con miras a salvaguardar garantías ciudadanas básicas. En este esquema, las cárceles y universidades públicas fueron dos espacios prioritarios, considerados por las FFAA como "reductos" subversivos. En efecto, era cierto que los grupos subversivos consiguieron que estos espacios destinados a la educación o a la reclusión-rehabilitación se convirtieran en reductos de adoctrinamiento ante la mirada pasiva, y prolongada, del Estado y las autoridades de cada sector. En especial las cárceles se transformaron, poco después del inicio del conflicto, en espacios casi liberados donde el control de las autoridades del INPE era nulo. La falta de recursos y la corrupción de funcionarios llevaron a que estos espacios, destinados a la readaptación social, funcionaron como escuelas subversivas donde se reforzaba el discurso violentista. Así, las cárceles cumplieron una misión inversa a la otorgada sin que ninguna autoridad hiciese algo concreto por remediarlo. Hacia inicios de los noventa, esto era más que evidente: el problema arrastrado por años requería una pronta solución. Diversos medios de comunicación advertían sobre la preocupante situación de los penales de máxima seguridad, especialmente del penal Miguel Castro Castro, ubicado en Canto Grande (Lima), en el que fotografías y vídeos documentaban el grado de control que los subversivos desplegaban a su interior.

Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno, el decreto legislativo 734, del paquete de noviembre de 1991, autorizó el ingreso de las FFAA a los penales, otorgándoles poderes discrecionales⁶⁵. Respaldándose en éste, el 7 de abril de 1992 tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional tomaron el mando en los dos presidios más grandes del país, Miguel Castro Castro y San Pedro, y comenzaron a ejecutar una serie de reformas radicales para reordenar a la población penal, especialmente a los acusados de terrorismo. El 8 de abril, mediante la publicación del decreto ley 25421, el gobierno declaró en reorganización el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asimismo, encargó al Ministerio del Interior – a través de la PNP-la seguridad interna y externa así como la administración de los establecimientos penitenciarios de todo el país y dependencias conexas, limitando las funciones del INPE. En este contexto, un mes después del golpe, con instituciones de control como la Fiscalía y el Poder Judicial intervenidas y sin Congreso, una intervención policial al penal de Castro Castro, presentada por el gobierno como un intento por recuperar el régimen de autoridad perdido en el centro de reclusión, terminó convirtiéndose en un medio o pretexto ideal para eliminar a la cúpula del PCP-SL allí recluida.

El 6 de mayo se inició la operación policial denominada "Mudanza Uno" en los pabellones senderistas del penal de Miguel Castro Castro, Canto Grande, con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Santa Mónica, Chorrillos. Dada la negativa de los reclusos del PCP-SL a permitir que las mujeres sean trasladadas a otro penal y la resistencia emprendida, la intervención se prolongó por cuatro días concluyendo con un saldo elevado de reclusos fallecidos. Durante la misma, no se permitió la mediación de un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, presente en Lima por esa fecha, ni de la Cruz Roja Internacional, representantes de la Iglesia Católica o de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado oficial del 12 de mayo, el Ministerio del Interior informó que 35 reclusos acusados por terrorismo resultaron muertos. En los días siguientes no se permite el ingreso de ningún observador calificado ni de ningún familiar. En total hubo 41 muertos (Evento CVR N° 10151401). Entre estos estuvieron Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró