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3.2. LOS SINDICATOS, LOS GREMIOS EMPRESARIALES Y LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 3.2.1. Los sindicatos y los gremios empresariales Concluido el Primer Congreso del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), en 1988, dicha organización se preparó para dar el salto cualitativo hacia lo que denominó equilibrio estratégico. En ese sentido, una de las cuestiones fundamentales que debía definir ese nuevo momento era la incorporación del escenario urbano en su guerra popular, para lo cual readecuó la línea de masas que hasta ese momento venía ejecutando. Además de los campesinos, que no perderían su condición de fuerza principal en esta etapa, ahora se hacía necesario incorporar a otros sectores. Según el documento Línea de masas, uno de los varios que resumieron las conclusiones aprobadas en dicho Congreso, se afirmó que la guerra popular involucraría a los obreros –«clase dirigente de todas las revoluciones»– y trabajadores que «tienen como reivindicaciones específicas arrancar conquistas y derechos como salario, jornada y condiciones de trabajo». Asimismo, se debía organizar a las mujeres –«la mitad del mundo»–, los jóvenes, los niños y los intelectuales y movilizar a las «masas pobres de las ciudades que están en los barrios y las barriadas». Estos puntos fueron tocados luego por Abimael Guzmán Reinoso en la denominada «Entrevista del siglo», en la que los desarrolló de alguna manera. Así, afirmó que el instrumento político en las ciudades sería el Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo, destinado a «nuclear fuerzas [sic], socavar el orden reaccionario y aglutinar a las clases en función de la futura insurrección». A continuación, destacó el rol que le tocaba jugar al proletariado y el objetivo político inmediato que debía conseguirse con este sector: «no podemos dejarlo en manos del revisionismo ni del oportunismo». Asimismo, subrayó que las barriadas eran importantes para Sendero Luminoso desde años atrás, lo que se veía reflejado en la directiva emanada en 1976 que decía: «tomar barrios y barriadas como base y proletariado como dirigente». Bajo este orden de cosas, entonces, Sendero Luminoso dio inicio a una presencia más notoria en el ámbito sindical y tuvo como su motivación inicial debilitar y eventualmente destruir la influencia que tenían allí las organizaciones de la izquierda legal, que denominaba «revisionistas». Aunque el PCP-SL habló de sindicatos en términos generales, el hecho fue que al enfocarlos como parte de su estrategia urbana se refería a los formados por obreros industriales. Aun si se tiene en cuenta esta acotación, la realidad fue mucho más compleja que el esquema supuesto por el PCP-SL. En primer lugar, hubo varios factores estructurales que envolvían al mundo sindical entre los cuales destacaba el hecho de que su desarrollo y expansión estuvo íntimamente ligada a las políticas de sustitución de importaciones mediante la industrialización, el crecimiento del sector servicios y la expansión del Estado. Asimismo, esta realidad no se presentó inalterable con el transcurrir del tiempo. Por el contrario, luego de su crecimiento y apogeo, declinó hacia fines de los años 70 y dio lugar a una crisis en el sector industrial que fue determinante para la suerte corrida por los sindicatos. En segundo lugar, como correlato de este escenario, el movimiento sindical respondió conforme a una experiencia organizativa que llevó varias décadas de gestión, por lo que permitió la conformación de una cultura que mostraba características definidas. Este aprendizaje proporcionó un marco definido a las potencialidades y los límites bajo los cuales se condujo el sindicalismo peruano. En tercer lugar, parte de esta cultura sindical fue moldeada, a su vez, por las actitudes y concepciones que ponían en práctica los empresarios por un lado y el Estado por el otro. Las concepciones violentas del PCP-SL serán leídas por estas instancias de acuerdo con sus propias experiencias. De esta manera, cuando el PCP-SL buscó arraigarse como protagonista en el mundo obrero, las respuestas que obtuvo estuvieron condicionadas por esta serie de elementos y, como veremos luego, ello determinó su fracaso político. 3.2.1.1. La conformación sindical y gremial empresarial 3.2.1.1.1 Los sindicatos La naturaleza del sindicalismo tuvo que ver con el grado de consolidación organizacional que obtuvo, la unidad o fragmentación del movimiento obrero, la naturaleza de las relaciones entre los sindicatos y los partidos políticos y, por último, las características de los regímenes políticos en los que se insertó el movimiento sindical. Todo ello tuvo relación directa con la capacidad mostrada para ejercer presión sobre los empresarios y sobre los gobiernos en el aspecto legislativo, así como en los tipos de relaciones que entablaron con los empresarios. Para nuestro caso, la cuestión que resulta importante es incidir en el hecho de que el sindicalismo peruano fue desarrollando una concepción clasista, cuyo fundamento descansaba en una idea radical, lo que adquirió fisonomía al evolucionar desde una posición contestataria a una de confrontación. Luego, bajo esta plantilla, en la segunda mitad de los años 80, debió interpretar y enfrentar la interpelación del PCP-SL. En ese sentido, puede afirmarse que un primer momento crucial para el sindicalismo se dio alrededor de 1956. En efecto, una serie de condiciones, entre las que destaca la masiva migración hacia las ciudades y el crecimiento del sector industrial, determinaron que la organización sindical adoptara características novedosas para entonces. De otro lado, también influyó el hecho de que ese año se reiniciara la vida democrática en el país y el Partido Aprista Peruano (PAP) pudiera volver a la vida pública luego de ocho años de proscripción, lo que le permitió fortalecer su presencia entre los sindicatos. Esta coyuntura también permitió la reorganización del Partido Comunista del Perú, quien inició así un período de expansión pero en medio de un intenso debate interno que, años más tarde, provocará una profunda fisura entre los moscovitas y los pekineses. Esta etapa democrática también tuvo efectos positivos sobre el crecimiento sindical. El gobierno de la convivencia reglamentó el derecho de asociación y estableció las normas para el reconocimiento de los sindicatos, además de una serie de dispositivos legales que institucionalizaron los conflictos laborales y la vida sindical. De esta manera, el número de sindicatos reconocidos pasó de 493 en 1955 a 1,093 en 1961. Bajo este panorama, el PAP ejerció un poderoso control sobre el movimiento sindical aunque en el Segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) de 1956, en el que es elegido Arturo Sabroso como secretario general, pudo notarse la existencia de una fuerte oposición dirigida por el Partido Comunista del Perú y expresada por gremios obreros como metalúrgicos y construcción civil, los empleados bancarios y los maestros. La dirigencia de la CTP, que se conducía bajo la idea sindicalismo libre, resultó bastante dinámica, aunque pronto los estrechos marcos en los que se conducía la hasta entonces única central obrera del país resultó insuficiente para las exigencias de los contingentes cada vez mayores de personas que se sumaban a los sectores laborales. Gran parte de la actividad de los dirigentes sindicales apristas estuvo dedicada a oponerse a este proceso haciendo resistencia a los nuevos líderes de tendencia clasista. A su vez, aprovecharon el posicionamiento que le otorgaba el gobierno de la convivencia y la institucionalización de la CTP para adquirir ventajas en las negociaciones laborales. Así, hasta donde lo permitió el crecimiento económico, la conducción aprista pudo lograr que el gobierno atendiera algunas demandas de sus bases, bajo un ambiente en el que estos dirigentes se presentaron como el mal menor ante la probabilidad de un movimiento sindical conducido por la izquierda. De alguna manera, este escenario empezó a variar con la crisis económica de 1967 y se consolidó con las concepciones reformistas del gobierno militar que se inició en octubre de 1968. Si bien desde fines de los años 50 ya se podía notar un conjunto de esfuerzos dirigidos, primero, a reorientar la central obrera y, luego, a crear una nueva central sindical, recién en 1968 la CTP tuvo un rival en la conducción sindical cuando se volvió a fundar la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) sobre la base del Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS), que se había formado en 1966. La crisis económica y la consiguiente aceleración de las demandas sociales condujeron a la reducción del espacio de negociación concertada entre capital y trabajo, eje central sobre el que giraba el sindicalismo aprista. Así, se ampliaron las posibilidades de practicar una táctica sindical más activa e independiente. Con ello, se dio inicio al ciclo más importante de la historia del sindicalismo peruano, que duró hasta 1975. En ese lapso de tiempo, se reconocieron 2,066 sindicatos, es decir, más de los que se habían oficializado en los treinta años previos. El factor más importante para que ello sucediera fue, sin duda, la promulgación del decreto ley 18471 de estabilidad laboral. Éste fue acompañado de un uso extensivo del mecanismo de la huelga así como del fuerte aumento de las acciones de los sectores industrial, minero y magisterial con el fin de conseguir la atención de sus demandas socioeconómicas. Habría que agregar aquí la formación de la CTRP –y de una efímera CNT de orientación socialcristiana– como mecanismo de apoyo del gobierno militar, lo que fue aprovechado por un buen número de sindicatos para lograr su registro legal. Años después, muchos de estos gremios dejaron de estar afiliados, por lo que dicha Central quedó casi sin representatividad y luego desapareció. Sindicatos reconocidos
Fuente: Ministerio de Trabajo. En: Isabel Yépez y Jorge Bernedo: La sindicalización en el Perú. Lima: Fundación Friedrich Ebert y PUCP, 1985. La segunda fase del gobierno militar marcaría un contraste muy claro con esta situación. El aspecto primordial fue el cambio radical en la estabilidad laboral, que se sancionó con el decreto ley 22126 y dio paso a un ambiente de progresiva flexibilización que afectó, en gran medida, a la organización sindical. Este dispositivo tuvo una serie de antecedentes prácticos, que respondieron a una creciente presión del empresariado como del propio Estado. Así, por ejemplo, bajo el argumento de haber cometido faltas graves, muchos dirigentes del sector metal-mecánico fueron despedidos sin que se probaran legalmente las acusaciones. El fundamento de este comportamiento radicó en las crecientes dificultades que empezaba a experimentar el modelo económico imperante. Ante ello se decidió abrir la economía y dejar de lado las medidas reguladoras y de planificación que caracterizaron la fase velasquista del gobierno militar. Como era previsible, el sector industrial fue el más afectado y, de esta manera, su rentabilidad fue manejada en función a las restricciones impuestas sobre los niveles salariales y la negociación colectiva. Para enfrentar la crisis económica que se vislumbraba desde 1975, se optó, además, por contener las remuneraciones mediante topes salariales y asignaciones excepcionales, debido al recorte de los subsidios que generó un rápido y profundo descontento popular que se expresó en toda su magnitud durante los paros nacionales convocados en 1977 y 1978. Salarios, costo de vida y desocupación (1973-1979)
Fuente: Ministerio de Trabajo. En: Carmen Rosa Balb. Identidad clasista en el sindicalismo. Lima: DESCO, 1989. La capacidad de convocatoria del sector obrero en estas jornadas es incuestionable. La dirección de estos paros nacionales correspondió a un Comando Unitario de Lucha (CUL) en el que la principal central obrera, la CGTP, era el nexo principal pero. Es más, los preparativos y las jornadas propiciatorias también fueron realizaciones de los trabajadores fabriles. En ese sentido, no es sorpresa que el punto más alto de protesta se haya dado precisamente en el principal núcleo obrero del país: Ate Vitarte. Allí una serie de luchas parciales habían antecedido al movimiento nacional. En 1975, la huelga de Textil Unión Ñaña sirvió para organizar algunas bases en la zona y, luego, la huelga de El Hilado fue acompañada de movilizaciones de los pobladores. Posteriormente, en febrero de 1976, el sindicato de FAM lleva a cabo otra huelga que tuvo importantes repercusiones en el distrito. Sin embargo, seguramente la lucha más importante fue la que realizaron los trabajadores de Manufacturas Nylon entre abril y junio de 1976. El 5 de junio, los sindicatos de FAM, Bata-Chosica y Phillips convocan a una reunión a la que asisten delegados de diez bases. Dos días después, se vuelven a reunir y son entonces 35 los sindicatos presentes. Éstos acuerdan formar el Comité de Lucha de la Carretera Central y organizar una primera medida en apoyo a los despedidos de la Nylon: paralizar la zona los días 10 y 11 de junio. Este Comité de Lucha no se disolvió y fue, en 1977, uno de los principales organizadores del paro nacional en la zona de Ate-Vitarte. En agosto de 1976, el gobierno militar promulgó el decreto ley 011-76, que decretó el estado de emergencia, lo que implicaba la prohibición de huelgas y paros y sancionaba a los dirigentes con el despido si procedían de esa forma. Una característica notoria de esta medida fue el sometimiento de los asuntos laborales a la justicia militar. De esta manera, la represión al sindicalismo fue generalizada. En lo que atañe a la negociación colectiva, se establecieron topes a las demandas salariales y se restringieron los pliegos de reclamo al aspecto de las remuneraciones, dejando de lado asuntos como condiciones de trabajo, salud, bonificaciones, etc. Además, se dictó un decreto ley que prorrogaba la vigencia de las convenciones colectivas. Amparadas en esta norma, las empresas iniciaron una sistemática oleada de despidos en momentos en que la crisis económica se agudizó. Ello originó movimientos de protestas en Cuzco, Arequipa y Chimbote, así como largas y violentas huelgas entre los pescadores, empleados municipales, postales y otros. Todo ello contribuyó a la maduración de las condiciones que condujeron al paro nacional de 1977. Esta jornada de protesta fue considerada como la de mayor envergadura desde las antiguas luchas por las ocho horas. A pesar del estado de emergencia, el paro fue ampliamente acatado por los trabajadores y provocó una movilización popular de gran envergadura, que dio como resultado el debilitamiento del régimen militar y la necesidad de programar elecciones para trasladar ordenadamente el gobierno a los civiles. No obstante, a pesar de los éxitos políticos, el paro nacional de 1977 tuvo un resultado muy negativo para el sindicalismo. Al amparo del decreto ley 011, se despidió a más de 5,000 trabajadores. El objetivo evidente de esta medida era alejar de sus bases a toda una generación de dirigentes forjados en el sindicalismo clasista y desarticular toda posibilidad de protesta frente a las medidas económicas que habían sido puestas en práctica. Esto produjo una radicalización del movimiento sindical y, a medida que las políticas de estabilización económica se acentuaban, el reagrupamiento no se hizo esperar y se convocó a un nuevo paro nacional en mayo de 1978, que superó en intensidad al primero. En el marco de esta movilización, se produjeron importantes manifestaciones de protesta como la larga huelga del SUTEP (que duró 81 días) y las masivas movilizaciones de mineros y empleados públicos. Estos últimos se organizaron por primera vez en defensa de su estabilidad laboral, lo que creó las condiciones para la creación de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). El agónico epílogo de este período fue, sin duda, el caso Cromotex, no sólo porque sería la última confrontación laboral importante de este lapso temporal sino porque reflejó los marcos en los que se desarrolló la actividad empresarial y los estrechos límites que tenían los sindicatos para llevar a cabo una negociación efectiva. Industrial Textil Cromotex era una típica empresa nacida bajo el amparo del ambiente proteccionista que primó en el país. Fundada el 1966, su principal accionista era entonces Antonio Musiris, un experimentado hombre de negocios de origen árabe, quien había residido previamente en Chile. Hacia 1975, su fábrica contaba con 230 obreros estables, 30 eventuales y 35 empleados. Sin embargo, ese año los problemas laborales surgieron con gran intensidad. Los obreros iniciaron una protesta por aumento de salarios en tejidos y luego se cerró el tercer turno, lo que dejaba entrever los graves problemas productivos que pronto se expresaron en toda su magnitud. En 1977, el sindicato de Cromotex participó activamente en la organización del paro nacional y, por ese motivo, nueve dirigentes fueron despedidos. Inmediatamente después empezaron a arreciar los problemas productivos de la empresa. En noviembre de 1978, argumentó falta de liquidez y despidió al 80% de los trabajadores destajeros y, posteriormente, hizo lo mismo con diez dirigentes a los que acusó de estar saboteando la producción. Luego, los dueños deciden retirar parte de la maquinaria, aceleraron los trámites para cerrar la sección de tejidos y acabados, despidieron más personal y se negaron a pagar movilidad, refrigerios, vacaciones y otros derechos adquiridos por los trabajadores. Ante esta situación, el sindicato empezó sus acciones. Recurrió a las entidades estatales y a la Policía Nacional para denunciar la situación imperante en la fábrica así como la presencia de matones pagados por la empresa. Al ver que sus gestiones no eran procesadas en las instancias públicas, el sindicato optó por una medida radical: tomó la fábrica el 28 de diciembre. Los dirigentes evaluaron que la solidaridad de los otros sindicatos así como la continuidad de sus gestiones podrían ser una presión suficiente para que se atendieran sus reclamos. Mientras tanto, la empresa había denunciado a 28 trabajadores por usurpación, violación de domicilio, delitos contra el patrimonio, robo de un millón y medio de soles, delitos contra la libertad individual y daños. El 4 de febrero de 1979, cuando los trabajadores esperaban la inspección ocular de la autoridad de trabajo, encontraron al frente un contingente policial que, según los observadores, bordeaba los 700 efectivos, que tenía la orden de desalojarlos de las instalaciones tomadas. La acción se inició y pronto cayó muerto un capitán de la Guardia Civil, lo que potenció la agresividad de las fuerzas policiales. En la recuperación violenta de la fábrica, murieron dos obreros. En los días siguientes, murieron cinco obreros más como consecuencia de las heridas producidas durante el enfrentamiento. De esta manera, se cerró una etapa en el sindicalismo, cuya característica primordial fue la paulatina pérdida de influencia del PAP entre los trabajadores y el surgimiento de la izquierda como opción política entre ellos. Así fue moldeándose lo que empezó a ser llamado sindicalismo clasista. Si bien el sindicalismo clasista tuvo al Partido Comunista del Perú como su principal auspiciador político –que incluso logró el control de la CGTP–, con el transcurso de los años, resultó gravitante la presencia de los partidos denominados de la nueva izquierda, especialmente a partir del gobierno del general EP Juan Velasco Alvarado, en el que la CGTP y el Partido Comunista del Perú desempeñaron el papel de aliados. Fue de esta manera como debutaron en la actividad política, en momentos que los mecanismos de representación política habituales –como son los partidos– se hallaban inactivos. Ello contribuyó a la generación de una opción que privilegiaba la confrontación y que se diferenció y opuso a la actitud de alianza y crítica que caracterizó a las relaciones de la dirigencia de la CGTP con el gobierno. Esta opción tuvo como premisa política la toma del poder en plazos relativamente breves. Asimismo, en ella el obrero aparecía idealizado como vanguardia aunque, por otro lado, esta misma visión hizo de los obreros reales una simple masa atrasada a la que había que organizarla en función de los objetivos políticos. En todo caso, la crisis económica de mediados de los 70 y las políticas adoptadas para corregir los desequilibrios –que afectaban, en gran medida, los intereses populares– originaron un ambiente propicio para el desarrollo de esta opción. Así, la lucha frontal contra el régimen militar se llevó a cabo imponiendo en los sindicatos una concepción radicalizada, en la que primó el criterio de que la concreción de las demandas dependían menos de la capacidad negociadora y más de la presión que podía ejercerse por medio de las movilizaciones y huelgas. 3.2.1.1.2. Los empresarios Bajo las mismas pautas generales descritas para comprender el moderno proceso de formación sindical en el Perú, puede entenderse también lo sucedido en el sector empresarial. El crecimiento económico inducido por la industrialización ocurrida a partir de los años 50 también desarrolló entre los empresarios la necesidad de fortalecer sus instituciones representativas para expresar a través de ellas sus puntos de vista y, a su vez, para que sirvieran de interlocutoras de sus demandas ante los gobiernos. Por eso, si bien la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) era un gremio que se había fundado a fines del siglo XIX, recién en 1965, luego de setenta años de existencia, convocó al Primer Congreso Nacional de Industrias Manufactureras. En ese evento, participaron 76 empresas; a comienzos de los años 80, participaban del evento a más de 700 empresas. En los años 60, la SNI tuvo como objetivo ejercer un mayor control sobre el conjunto de factores que posibilitaban la acumulación de capital en un ambiente que no presentaba grandes dificultades. La política económica se desenvolvía bajo un marco legal que protegía el mercado y proveía de los medios de producción necesarios. Con respecto a la mano de obra, contaba con un proletariado joven al que le abrieron algunas oportunidades de calificación para las nuevas y más complejas labores industriales, como el SENATI, creado en 1962 por iniciativa de los industriales. En el plano sindical, como ya hemos visto, la aún hegemónica corriente aprista había dejado de ser un enemigo peligroso y se había convertido en una especie de aliado que trataba de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo. Un resultado visible de esta etapa de consolidación gremial de los empresarios peruanos se vio manifestado en el conjunto de gremios que tuvieron una decisiva presencia en las corrientes de opinión, la toma de decisiones y la participación en las acciones del Estado. Además de la SNI y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que eran los gremios más antiguos, también ejercieron presencia la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) –creada en 1945–, la Cámara Peruana de Constructores (CAPECO) y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) –ambos fundados en 1959–. Posteriormente, en 1973, aparecerá la Asociación de Exportadores (ADEX). Una de las cuestiones a las que mayor interés le prestaron los empresarios peruanos en ese momento fue, además de la formación de una mano de obra calificada, la generación de cuadros gerenciales y técnicos capaces de conducir las empresas bajo términos modernos. Ello, en buena cuenta, significaba superar el manejo empresarial como un asunto familiar, lo que quedaba ilustrado en la frase «el gerente nace, no se hace». Aunque se desconoce el impacto efectivo que pudo tener este esfuerzo por optimizar el management empresarial, todo parece indicar que no obtuvo los resultados que se esperaban. Algunas evaluaciones hechas hacia mediados de la década de los 70 |1| arrojaron como resultado que el entorno cultural bajo el cual se había socializado y educado el empresario peruano promedio lo hacía propenso a priorizar los procedimientos escritos en lugar de actuar bajo un criterio de confianza; asimismo, la evaluación señalaba su inclinación por el nepotismo y su concepción de la denominada vara como un factor importante para considerar los ascensos laborales. Asimismo, contra lo que parecía suponerse, no pudieron encontrarse rasgos definidos como para tipificar a los empresarios peruanos como modernos o tradicionales. A ello, se podía agregar que, en la medida en que se descendía en el tamaño de la propiedad, la presencia de actitudes tradicionales se hacía más notoria entre los pequeños y medianos empresarios. La aparición de una nueva generación de empresarios, con más habilidad para desenvolverse en contextos capitalistas, seguramente hubiera necesitado de crecimientos más sostenibles que el que finalmente se escenificó en el Perú. Lo cierto fue que esta burguesía nacional no terminó de cuajar y, al no tener una propuesta de desarrollo político y gremial, no pudo asumir un liderazgo social. Hacia la segunda mitad de los años 60, comenzaron a evidenciarse las primeras señales claras del agotamiento del modelo que descansaba en la industrialización y, con ello, no sólo empezaron las dificultades de desarrollo para este sector sino que éste también sintió la pérdida de legitimidad ante la radicalización de los sectores medios y obreros: el empresariado industrial fue perdiendo el control político y sindical de la fuerza laboral hasta que, pocos años después, la dirección clasista que condujo al proletariado industrial se convirtió en un verdadero obstáculo para sus intereses. Fue durante el reformismo militar que los industriales peruanos tuvieron al frente una situación que los obligó a definir con algo más de claridad sus premisas de actuación. Dicho régimen no era de la simpatía de los industriales pero las diferencias se sobrellevaban mal que bien. Sin embargo, cuando se promulgó la Ley Industrial, en la que se incluía la formación de las comunidades industriales, las relaciones terminaron quebrándose. Esta reforma fue vista por los militares como un mecanismo de paz social en tanto buscaba la consolidación de relaciones armónicas entre el capital y el trabajo, de modo que superaran las contradicciones de clase y el conflicto. No obstante, los industriales, especialmente los pequeños y medianos, vieron en este dispositivo un claro y directo «ataque contra la propiedad privada» y la SNI exigió inmediatamente medidas correctivas. La comunidad industrial tuvo un efecto mayor en los estratos medios y pequeños del capital industrial. La sindicalización era una expresión que se asociaba a las grandes empresas y la comunidad industrial fue vista como una forma de organización laboral allí donde no existía el sindicato y su presencia coadyuvó en muchos casos a la formación del mismo. De otro lado, afectaba más al capital tradicional, es decir, a la empresa dinástica acostumbrada a un manejo cerrado de la información sobre la marcha de la empresa, cuyo acceso estaba permitido ahora a la comunidad industrial. Efectivamente, la comunidad industrial se complementó, de alguna manera, con la política de rápida sindicalización entre las pequeñas y medianas empresas promovida por la central cercana al régimen –CTRP– en tanto no podía competir con la CGTP en las grandes. Esta circunstancia, unida a la habitual desinformación con que suelen desempeñarse estos empresarios, los llevaron a asumir una línea liberal muy pronunciada que, en realidad, era antiestatista y exigía que su gremio fuera el vehículo de sus demandas. Asimismo, los industriales se sintieron muy mortificados con el estilo impuesto por el gobierno militar, pegado a un concepto arbitral y autoritario del Estado, en el que las decisiones no fueron consultadas previamente con los sectores que serían afectados. La Ley Industrial fue una sorpresa para los empresarios y, a partir de ese momento, nunca pudo restablecerse la confianza debida entre ambas instancias. Esta coyuntura varió profundamente a partir de 1975. La creciente movilización obrera provocada por el desencadenamiento de la crisis económica evidencia, entre otras cosas, la poca capacidad del Estado para mediar en los conflictos laborales, lo que generó críticas tanto de los empresarios como de los trabajadores. Estas dificultades aceleraron la conflictividad y pronto las huelgas se multiplicaron. Asimismo, la comunidad industrial, cuyos derechos eran puestos de lado constantemente por los propietarios, aparece como un obstáculo que era necesario superar. Ya no se trataba sólo del rechazo de los patrones al esquema de participación compartida, sino de una situación económica que se hacía más crítica. Ello lleva a la multiplicación de las violaciones de los derechos de reparto de la renta neta en la medida en que el capital necesita mayores recursos, lo que, a su vez, impulsa la dinámica de las demandas socioeconómicas de las comunidades en alianza con los sindicatos. Ante este panorama, en el que el movimiento sindical pone en juego no solamente cuestiones como salarios y reposiciones sino también objetivos políticos aprovechando el poco margen de negociación existente, la SNI empezará a hablar de la escalada comunista, que, según su criterio, tenía el doble objetivo de subvertir el orden público y buscar la destrucción de la empresa privada. El enemigo común se encontraba ahora en el movimiento sindical clasista y la tarea de hacerles frente suponía que las propias Fuerzas Armadas (FFAA) depuraran a los infiltrados, quienes azuzaban las huelgas desde la prensa oficialista y toleraban la penetración comunista en los sindicatos. De allí que los empresarios plantearan la necesidad de un gobierno fuerte para luchar contra el enemigo sindical, pero un gobierno fuerte que no tuviera afanes estatistas ni de control. La manera como se desencadenaron los hechos posteriores será interpretada bajo esta óptica. Luego de realizarse el paro nacional de 1977, la tesis empresarial de la agitación comunista caló en el gobierno de entonces, que autorizó a las empresas el despido de los dirigentes que habían promocionado esta medida de lucha. Sin embargo, la idea gubernamental y empresarial de que los dirigentes eran agitadores políticos que no contaban con respaldo de sus bases, a las cuales incitaban y manipulaban, demostró ser incorrecta. La lucha por la reposición pasó a constituir uno de los principales motores del movimiento obrero y sindical. También resultó ser un nuevo terreno de enfrentamiento, paradójicamente, entre el gobierno y los empresarios. En los meses de agosto y septiembre, el Ministerio de Trabajo informaba de excesos en la aplicación del decreto y trataba de reponer a 400 dirigentes y multar a 152 empresas. El hecho motivó numerosas protestas empresariales. En suma, más cercanos a una imagen tradicional y bastante lejanos del modelo shumpeteriano con que se suele presentar al prototipo de empresario capitalista, el empresario peruano apeló, por un lado, al autoritarismo en sus relaciones con los sindicatos y, por el otro, exigió al Estado mayor represión cuando la situación empezaba a tornarse delicada. Esta actitud se expresaba en cuestiones tales como:
Si a ello le sumamos la ineficacia del Estado en su papel de árbitro en las relaciones laborales o, lo que es más, la debilidad mostrada por sus agentes ante la influencia que podía ejercer el sector empresarial sobre ellos, entonces tenemos un cuadro en el que los trabajadores no tenían casi canales por donde hacer discurrir sus demandas con alguna expectativa de solución. De esta manera, lo que primó en las relaciones entre el sindicato-empresa-Estado fue una tensión de fuerzas, donde uno trataba de imponerse sobre el otro. Nunca se desarrolló, en las unidades productivas, un criterio de consenso. Sólo así podía explicarse el razonamiento dado por un dirigente de la rama metalúrgica, hacia fines de los 70, sobre la recesión que se vivía entonces:
Mientras tanto, un dirigente textil manifestó: «Nosotros teníamos conciencia de los efectos de la crisis, pero siempre les hemos dicho a los trabajadores que debíamos de ir contra los burgueses [...] la gente no tiene conciencia de la manera como repercute la crisis. No podíamos apoyar esas cosas y volverse a decir: «compañeros, la fábrica está grave, está mal». Nos dirían: «eres un vendido, un traidor»». Se está, pues, ante dos estilos y dos maneras de concebir la acción sindical en momentos de graves dificultades, pero sólo existe un motivo de fondo: la imposibilidad de diálogo cuando no se tiene la fuerza para obligar a la otra parte o –lo que es casi lo mismo– la seguridad de que las cosas no se van a solucionar sino con acciones extremas porque nunca existirán las condiciones para hacerlo de otra manera. Luego, cuando se analice la lógica de los dirigentes sindicales del PCP-SL, se observará cómo su discurso era una copia casi fiel de esta expresión del radicalismo sindical de fines de la década de 1970. 3.2.1.2. Los años 80 3.2.1.2.1. Cambios en el mundo laboral El inicio del período democrático presentó a los sindicatos un escenario distinto al que habían estado habituados. Los canales de negociación fueron más permeables y, como era lógico, fueron utilizados intensivamente por éstos para presionar sobre mejoras salariales. En un primer momento, hasta el año 1983, los efectos de la recesión económica se sintieron con intensidad. Frente a ello, el movimiento sindical renovó su radicalidad y exigió a sus dirigentes la reedición de las formas de lucha escenificadas durante la década pasada. Los resultados fueron medianamente satisfactorios, sobre todo para los sectores en donde hubo mayor tradición en el planteamiento de demandas socioeconómicas (obreros mineros, industriales y empleados bancarios). Variación porcentual de los sueldos y salarios promedio reales de los trabajadores con negociación colectiva (agosto 1979 - junio 1982)
Fuente: Ministerio de Trabajo Aunque estos resultados aparentemente son positivos, deben ser relativizados en función al panorama real que mostraba por entonces la población sindicalizada. Además de las restricciones legales para adquirir estatus de sindicalizado, uno de los efectos más importantes de la crisis económica sobre el sector laboral fue la disminución constante del personal nombrado. En su lugar, aumentan los trabajadores eventuales, quienes no estaban sujetos a la negociación colectiva. Del total de la población ocupada en el país, se estimaba que a lo sumo el 25% de ella podría estar sujeta a la sindicalización y, si el punto referencial es el de la población asalariada, el peso de la sindicalización no podía ser mayor al 58% de los asalariados, el 69% de los asalariados urbanos y el 54% de los asalariados privados. De esta manera, el ambiente laboral para inicios de los años 80 mostraba segmentaciones bastante nítidas que, al enmarcarse dentro de un contexto de crisis económica, fueron profundizando las probabilidades conflictivas. Por otro lado, la condición obrera, una cuestión imaginada por las corrientes de izquierda como uno de los fundamentos de la propuesta revolucionaria, apareció ahora como algo muy relativo. Bajo esta situación, los esfuerzos de las dirigencias sindicales se centraron en lograr la máxima centralización posible. De esta forma, esperaban contrarrestar, de alguna manera, los efectos negativos que provocaba entre los trabajadores la política económica llevada a cabo por el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Entre estas acciones de centralización, destacaron: 1980
1981
1982
1983
1984
Asimismo, entre 1981 y 1985, se organizaron los siguientes paros nacionales. Buscaban un éxito político semejante a los obtenidos en 1977 y 1978: 1981
22-23 de septiembre
1983
27-28 de septiembre
1984
29 de noviembre
No obstante, como las condiciones de base para una acción sindical radicalizada eran inexistentes, las diferentes expresiones de protesta frente al rápido deterioro de las condiciones de vida fueron dispersas y no sirvieron para impedir el cierre de las fábricas o, en su defecto, negociar mejores condiciones de despido. Esta falta de alternativas viables ante la recesión económica hizo que, en una segunda etapa (entre 1984-1985), se expandiera entre los trabajadores una suerte de desmoralización y desconcierto. En este período, pudo notarse la masiva renuncia de trabajadores, especialmente entre los dirigentes y sindicalizados. Aquellos que todavía asumían que quedaban espacios para plantear una oposición a este estado de cosas pronto tuvieron que asumir la inutilidad de su posición: los sectores organizados afectados por la vigencia de una política económica neoliberal no la pudieron mediatizar. La debilidad de las organizaciones sindicales durante este período fue el resultado de múltiples factores. En primer lugar, no hay que soslayar el fuerte impacto negativo, del que nunca se pudo recuperar el sindicalismo clasista, provocado por los miles de despedidos a consecuencia de los paros de fines de los años 70. Definitivamente, esto produjo un vacío de dirección en el momento que más se necesitaba de líderes experimentados. Por otro lado, la crisis presentada en el sector industrial –que, luego se supo, era un síntoma terminal–, con su secuelas de cierres de plantas y despidos masivos, no pudo ser enfrentada por un sindicalismo que carecía de propuestas productivas y de supervivencia para la empresa. El sindicalismo clasista había nacido y crecido bajo un patrón de acumulación que, al iniciarse los años 80, manifestaba signos claros de agotamiento y eran cada vez más evidentes las presiones que ejercían los poderes económicos para un ordenamiento de signo neoliberal, a lo que se sumaba una nueva experiencia política democrática. Este escenario no pudo ser enfrentado con éxito por una organización gremial que había establecido sus usos y formas bajo condiciones totalmente distintas. Los altos índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo condujeron a ejercer mayor presión sobre unas empresas que cada vez tenían menos recursos para satisfacer estas demandas, más aun cuando la lógica empresarial era la búsqueda de otras alternativas de rentabilidad, forzando así la descapitalización del sector industrial y, con ello, la reducción de personal, el cierre de turnos y la paralización de la producción. Asimismo, el Estado procuró no intervenir en los conflictos laborales. Dicha actitud sólo sirvió para agudizar aún más la delicada situación. Era evidente que conducidas así las cosas, los sindicatos disminuirían progresivamente su capacidad de negociación ante los empresarios y el Estado. A pesar de los esfuerzos por centralizar las demandas de los trabajadores e impulsar medidas de protestas masivas, como los paros nacionales, lo cierto es que esto obtuvo resultados muy modestos. Por un lado, siguió primando el enfrentamiento entre las federaciones, muchas veces por cuestiones muy específicas y coyunturales, y, por otro lado, la dinámica del movimiento social adquirió otras características – debido a los canales de negociación y mecanismos de consenso que ahora se ofrecían, a diferencia del pasado inmediato–. De esta manera, se dispersaron los reclamos. La Federación Textil y la FETIMP fueron dos casos ejemplares de la situación descrita en el párrafo anterior. Sobre la primera de ellas, los trabajadores textiles tenían sus ingresos indexados como consecuencia del denominado convenio tripartito, firmado en 1945. Este derecho fue suspendido por el gobierno militar y la respuesta adquirió forma cuando, en el verano de 1980, los trabajadores realizaron una larga huelga general que terminó al conseguir algunas mejoras parciales. Impulsados por esta conquista, los trabajadores que se alineaban con el clasismo impulsaron el VII Congreso de la FTTP y buscaron enfrentar y desplazar a la dirigencia aprista de la federación. En efecto, el dicho congreso eligió una nueva directiva, predominantemente clasista, pero no obtuvo el reconocimiento del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias ni del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, los dirigentes apristas realizaron poco después otro congreso, en Arequipa, que sí fue reconocido oficialmente. De esta manera, la dirigencia afín al PAP asumió la representación gremial y sólo hacia 1984 empezaron a primar criterios más amplios cuando se aceptó la participación de dirigentes clasistas en la dirección de la FTTP. El FETIMP sufrió una nueva división en 1979. Una FETIMP tuvo una directiva cercana a la conducción de la CGTP, mientras que, en la otra, predominaban las fuerzas de la nueva izquierda. Si bien esta última contaba con mayor respaldo de las bases, tampoco pudo obtener el reconocimiento del Estado. Otro factor importante fue el rol jugado por los partidos de izquierda. En primer lugar, con el cambio de régimen político, estas organizaciones –que habían otorgado una atención importante a las luchas sindicales durante los años 70– desplazan su atención a otros ámbitos, como el barrial y el municipal, algo que los dirigentes obreros percibirán como un abandono a los trabajadores. Ello, por otro lado, aumentó la autonomía funcional de éstos y exacerbó las tendencias caudillistas que, si bien nunca dejaron de manifestarse, ahora encontraba una situación de menos control para su reproducción. En segundo lugar, y como correlato de lo anterior, si bien se esperaba que los partidos de la izquierda se convirtieran en voceros políticos del movimiento sindical, lo cierto es que esto no ocurrió y fue evidente, entonces, la inexistencia de una intermediación política que, dada la naturaleza de los conflictos, resultaba indispensable. En suma, entre aquellas personas que decidieron preservar su condición de obrero, por el motivo que fuere, durante los años iniciales de la década de 1980, tuvieron que experimentar la paulatina reducción de sus ingresos reales y la exasperante realidad de ver incumplir los pactos establecidos mediante las negociaciones colectivas. Todo ello estuvo envuelto siempre bajo la amenaza del cierre de la unidad productiva. Ante ello, poco o nada podía hacer un sindicato en un contexto de enormes limitaciones para su acción. Es evidente que la frustración se expandió entre los trabajadores e impulsó con mayor fuerza aun la habitual desconfianza que primaba en las relaciones entre el sindicato y la empresa. En ese sentido, se llegó a una situación límite en donde cada acción de la parte contraria siempre fue asumida como una agresión a las propias expectativas. Lógicamente, ello sólo sirvió para acrecentar un escenario de violencia cada vez más aguda, cuyas formas se explican, en mucho, por medio de la experiencia misma en la que había nacido y en la que se había desarrollado el sindicalismo contemporáneo peruano. 3.2.1.2.2. Los empresarios y la democracia Una de las banderas de la SNI fue el retorno al sistema de democracia parlamentaria. Los empresarios industriales estuvieron convencidos de que un régimen de esta naturaleza permitiría proteger sus intereses, sobre todo, los referentes a la prioridad que la política económica le daría a la empresa privada y la esperanza de que el sector industrial volviera a ser considerado como el más importante de la economía nacional. De esta manera, esperaban que se revisara el sistema tributario y la política laboral, así como el replanteamiento de la participación de los trabajadores en las empresas, entre otras cosas. Estas expectativas descansaban en los contactos políticos que establecieron durante la Asamblea Constituyente de 1978. Aunque ella no les permitió materializar todas sus demandas, les permitió vislumbrar las posibilidades que podía ofrecer el sistema democrático. Aun así, sus intentos de ejercer presión sobre el Estado fueron bastante limitados debido a la dispersión de sus intereses –cada sector tenía demandas disímiles y hasta contradictorias con los otras– y a su baja centralización gremial. Uno de los aspectos centrales al inicio del segundo gobierno de Acción Popular (AP) fue precisamente amenguar la conflictividad laboral, para lo cual dispuso una táctica que no resultó del agrado de los empresarios. El despacho de Trabajo recae sobre Alfonso Grados Bertorini, quien tenía ideas propias sobre el asunto. La política laboral fue conducida mediante una concertación que empieza funcionando relativamente bien en términos de atenuar los conflictos laborales. Para ello, incorporan a empresarios y trabajadores en un organismo llamado la Tripartita, que luego se convertirá en el Consejo Nacional de Trabajadores. Sin embargo, si en la política laboral tuvieron un muy limitado acceso, en lo que respecta a la política económica les fue peor. En este rubro, el proceso de toma de decisiones fue bastante cerrado y quedó en manos del equipo liderado por Manuel Ulloa Elías. El problema aquí no fue defender la propiedad privada, sino la contraposición de intereses entre las distintas fracciones empresariales. El aspecto esencial fue la contradicción entre las propuestas de los organismos financieros internacionales, aperturistas y liberales, y los empresarios industriales, que, según su grado de asociación y el peso y tipo de ubicación en la estructura económica, tendrán problemas con un liberalismo pragmático como el que abanderó Ulloa Elías. Bajo este ambiente, surge con nitidez un componente esencial que caracterizó las relaciones entre los empresarios industriales peruanos. La Sociedad Nacional de Industrias es fundamentalmente un gremio de grandes y medianos industriales, con un cierto margen de representación de pequeños industriales. En 1982, tenía 3,500 asociados y alrededor de la mitad pertenecían al Comité de Pequeña Empresa. Cuando sobrevienen las elecciones internas, en la SNI acostumbran concertar los procesos electorales con los representantes de los comités y particularmente con el de Pequeña Empresa (en tanto el voto personal tiene mayor peso al representar la mitad de los asociados) y elegir por consenso previo, más que por competencia de listas, al presidente y al ejecutivo. La tradición consiste en que el vicepresidente se convierte luego en presidente. Así, hay una sucesión de personajes en el manejo del gremio que, si bien cuenta con consenso gremial (a veces difícil de encontrar por la diversidad de problemas de cada comité de fabricantes, lo que lleva a posturas eclécticas o poco claras), es manejado conservadoramente. Por eso, no faltaron industriales que percibieron a su gremio como poco dinámico y sin mayor iniciativa, dirigido por un círculo de industriales que negocian la elección con el Comité de Pequeña Empresa, al que consideraban incluso como oligárquico y manejado por un pequeño grupo. Además de evidenciar una estructura organizativa poco democrática, los miembros del gremio industrial mostraron por estos años un evidente anquilosamiento ideológico. Seguían insistiendo en el mismo proyecto industrialista puesto en práctica décadas atrás a pesar de que las evidencias mostraban nítidamente su anacronismo. Entonces, el conjunto de estos factores –escasa cohesión gremial, ausencia de democracia interna y desfase ideológico– hizo muy difícil la elaboración de una respuesta eficaz a los retos que les presentaba el momento. 3.2.1.3. La violencia 3.2.1.3.1. Expectativas y desazón En 1985, el candidato aprista Alan García Pérez gana las elecciones generales con un incuestionable respaldo popular. Como se recordará, planteó una reactivación económica heterodoxa y enfatizó que el Estado se dirigiría a la base de la pirámide social compuesta por campesinos, desempleados y subempleados. Así, en su pirámide social, el sector sindicalizado apareció en el bloque de los que denominó privilegiados, junto a los empresarios, sin tomar en cuenta la profunda pérdida de capacidad adquisitiva que había sufrido este grupo durante los años anteriores. Aprovechando el impulso político inicial del gobierno aprista, Carlos Blancas –primer ministro de Trabajo– delineó algunas iniciativas de lo que debería ser la política laboral. En líneas generales, propuso una reorganización profunda de su portafolio para quebrar la ineficiencia e inmoralidad que imperaba. Por otro lado, se debían mejorar los sistemas de control sobre el cumplimiento de la legislación laboral en las fábricas, incentivar la generación de empleo e institucionalizar los mecanismos de consenso para resolver los conflictos laborales. Durante los primeros meses, una serie de señales hicieron sospechar una nueva actitud del Estado con respecto a los trabajadores, pero pronto esta ilusión se diluyó. Las reformas propuestas por Carlos Blancas quedaron truncas luego de que éste dejara de ejercer sus funciones. Hacia 1986, es decir, sólo un año después, volverá a surgir un nuevo ciclo de fuertes conflictos laborales. El inicio del conflicto fue el decreto supremo que eliminaba el horario de verano en las dependencias públicas, algo que fue interpretado por los trabajadores del sector estatal como impositivo y unilateral. Pronto el malestar tomó cuerpo y provocó incluso la reactivación de la hasta entonces alicaída CITE. Otra cuestión polémica fue lo relativo a la estabilidad laboral. En febrero de 1986, se promulgó la ley 24514 que dejó sin vigencia el decreto ley 22126. Sin embargo, una serie de modificaciones alteraron el proyecto original y dejaron de lado importantes consideraciones que habían sido señaladas por los dirigentes sindicales. No obstante, el desencanto mayor fue el que produjo el decreto supremo que creó el programa de empleo (PROEM), que autorizaba a las empresas la contratación de trabajadores sin estabilidad por un plazo máximo de dos años bajo el argumento de que así se fomentaba el empleo. Como era previsible, el PROEM fue usado extensivamente por los empresarios para evadir de esa manera la estabilidad laboral y, como correlato de eso, prevenir situaciones de huelgas o paros. Para Lima Metropolitana, la incidencia de la contratación a través del PROEM fue bastante alta. Un estudio de Peri Paredes señaló que, en Lima, la industria absorbía el 37% de la ocupación asalariada privada hacia junio de 1986; pero, en este mismo sector, el PROEM representaba el 73% «existiendo una clara asociación entre menor duración de los contratos y mayor tamaño de las empresas, concentrándose mayormente en la gran empresa industrial». |2| La mayor disponibilidad de capital no se tradujo en beneficios para los trabajadores, sino en la máxima utilización de las ventajas que otorgaba el mercado y las regulaciones definidas por el Estado por parte de los empresarios. El resultado obtenido, por tanto, fue el incremento del subempleo por ingresos. Esto no hizo sino agravar la precariedad entre los trabajadores asalariados e impactó de manera importante en la representatividad sindical. La negociación colectiva se atomizó y los sindicatos estaban imposibilitados de organizar estos contingentes cada vez más amplios de eventuales. Para entonces, se calculaba que el 56% de los obreros tenía este estatus. Un tercer asunto fue la política salarial. La reactivación económica de los primeros años del gobierno aprista no alcanzó mayores beneficios para el sector trabajador y esto porque hubo directivas expresas para establecer topes salariales. A pesar de ello, hubo significativos aumentos para los sindicalizados, sobre todo en 1986; pero ello se debió al poder que susceptible de ser ejercido por los sindicatos. Así, las huelgas entre 1985 y 1986 pasaron de 12,228 horas/hombre perdidas a 16,867. En la manufactura, en ese mismo lapso, pasaron de 2,768 horas/hombre perdidas a 7,196 en 1986. Entre ellas resaltaron, en el sector público, las huelgas de Centromin –entre los meses de febrero y marzo de 1986–, ESAL, Luz y Fuerza, ferroviarios, petroleros y pesca. En el sector privado, la de mayor importancia fue la de la Federación Textil; ocurrió en septiembre de 1986, duró 45 días e involucró a más de 30,000 trabajadores. Los textiles reclamaban, sobre la base de la bonanza del sector, les sea devuelto el derecho a tener ingresos indexados. Un dirigente textil afirmó: «nosotros, en los momentos más difíciles de la crisis, hemos aportado nuestro sacrificio soportando salarios muy bajos; sin embargo, estando ahora los empresarios en un amplio auge, tenemos una lucha porque ellos se niegan a concedernos ningún beneficio». En este sentido, la constatación generalizada en el medio sindical fue que, conforme tomaba cuerpo la reactivación, la negociación colectiva se desnaturalizaba cada vez más, ya no por la rentabilidad y las dificultades de la empresa, sino por los límites impuestos desde el Estado. Los diversos factores que compusieron el escenario laboral durante los años 80 permiten aseverar que los nudos conflictivos fueron muchos y de índoles muy diversas, lo que alerta sobre las respuestas simples que pueden darse sobre este tema. Pero, en medio de este aparente fárrago de causalidades, quedan claro al menos tres asuntos que resultan básicos para explicar el desarrollo de opciones extremistas dentro del movimiento sindical. Primero, las dificultades cada vez mayores en las que deben desenvolverse los sindicatos, que disminuyen paulatinamente su capacidad de negociación. Segundo, un sector empresarial que necesitaba precisamente del debilitamiento sindical para seguir reproduciendo un esquema de rentabilidad asentado básicamente en la disminución de los costos laborales. Tercero, un Estado incapacitado para ejercer su papel de árbitro en las disputas laborales y propenso a aceptar las demandas de los empresarios, lo que lo convierte en una suerte de parachoques del conflicto social. Se debe agregar la profunda decepción que causaron entre los trabajadores las promesas incumplidas del gobierno de Alan García Pérez, quien siempre estuvo presto para concertar con el sector empresarial y evitó materializar alguna vía eficaz de incorporación del sector laboral. Cuando la crisis cundió nuevamente, ante el descalabro de la política económica, el escenario sindical difícilmente podía ser controlado. En ese momento, el PCP-SL deja de ser una simple amenaza y aparece con toda nitidez. Ante esta situación, los márgenes de maniobra de los sindicatos fueron cada vez más estrechos. Pasados los efectos de una recuperación intentada por el lado heterodoxo, la crisis sobrevino con intensidad de catástrofe demoliendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las posibilidades de empleo medianamente remunerado. Los efectos no serían pasajeros y durarían hasta 1993. Ricardo Infante señala las características que adquirió el mercado laboral. |3| En ese lapso de tiempo, el sector informal del empleo urbano aumentó del 35% en 1984 al 45% en 1993, lo que quiso decir que 2/3 de los puestos de trabajo pertenecieron a actividades informales. Por otro lado, el desempleo abierto aumentó del 8.9% al 9.9% entre ambos años, lo que significó que el índice de precariedad laboral (personas con problemas de empleo) aumentó del 50.5% en 1984 al 58.7% en 1993. De esta forma, el subempleo pasó a constituir la actividad mayor (70.7%) entre los asalariados. ¿Dónde estuvieron localizadas las causas de este cuadro? Entre los años en mención, hubo un crecimiento persistente de la oferta laboral. Sin embargo, el sector moderno de la economía no generó suficientes empleos. Esto se debió, en gran parte, al comportamiento laboral de las grandes empresas (con más de cien trabajadores), las que se contrajeron al ritmo del 1.6% anual entre 1984 y 1990, con lo que su participación en el empleo privado se redujo del 37.1% al 26.2% entre ambos años. Esto contrastaba con el comportamiento de las empresas pequeñas (10 a 19 trabajadores) y medianas (20 a 100 trabajadores), cuyos niveles de ocupación se expandieron entre un 8.3% y un 7.1% entre 1984 y 1990, con lo cual pasaron a sustentar la generación de empleos en el sector moderno privado. Aparentemente, esta situación, además de afectar a los trabajadores, también disminuía las utilidades de las empresas. Sin embargo, parece que no ocurrió así. En efecto, la inflexibilidad de los niveles de empleo en el sector moderno condujo a una disminución de la productividad del trabajo, pero ésta fue contrarrestada con creces por la fuerte reducción de los salarios reales, el deterioro del tipo de cambio, las bajas tarifas de los servicios públicos y los subsidios arancelarios. Así, había un alto grado de probabilidad de que el margen total de ganancias en el sector moderno no solo se mantuviera sino que aumentara hacia finales del período en mención, mientras que su participación en la ocupación urbana total se redujo del 38.8% en 1984 al 36.7% en 1990. La crítica situación determinó que vuelvan a convocarse paros nacionales. El 19 de mayo de 1987 se realizó el primero de esta etapa y tuvo como rasgo sobresaliente que, en esos momentos, también se estaba realizando un paro de las fuerzas policiales que influyó en el éxito de la medida. El 28 de enero de 1988, se realizó el siguiente paro. Además de ser convocado por la CGTP, lo fue por la Asamblea Nacional Popular (ANP), cuyas direcciones sindicales y políticas de izquierda deslindaron y se enfrentaron con el PCP-SL. Ese mismo año se convocaron los paros del 19-20 de julio y del 13 de octubre. En ambos, al igual que en el anterior, se establecieron distancias claras con la ideología del PCP-SL. El PCP-SL no era un actor reciente en el movimiento laboral por ese entonces. En ese sentido, resulta muy importante subrayar su actitud frente a los paros nacionales de fines de los años 70. Como se recuerda, su visión cerrada y extrema de la política los condujo a tildar a dichas medidas como revisionistas –calificación fundamentada en el solo hecho de que la conducción estaba en manos de la CGTP– y, por lo tanto, se opuso a ellas. En los años siguientes, todo parece indicar que el PCP-SL intentó lograr alguna presencia entre los trabajadores mineros de la sierra central, especialmente en Cerro de Pasco, en donde organizó una escuela sindical con la intención de captar y formar cuadros. Aparentemente, no les fue bien y su presencia no fue notoria hasta mediados de los 80, momento en que reaparecieron empleando otras modalidades tácticas. Sin embargo, es probable que ya desde esta época fueran integrando y educando a los trabajadores que años después dirigieron los atentados perpetrados en este sector. Por otro lado, en los años 70, el PCP-SL había generado un organismo, el Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), cuyo objetivo era articular al partido con los trabajadores urbanos. Si bien el MOTC no tuvo presencia entre las masas sindicalizadas, tuvo alguna actividad entre los trabajadores ambulantes e informales. 3.2.1.3.1. Los empresarios y Alan García Pérez Con el gobierno aprista, resurge la posibilidad de llevarse a cabo una política de industrialización. Ante los agudos problemas generados por la crisis económica de 1983, los industriales peruanos habían quedado bastante resentidos con el esquema belaundista y esto se vio reflejado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de ese año cuando un líder empresarial, Guillermo Arteaga, afirmo:
Bajo estas concepciones, que guardaron sintonía con el discurso antiimperialista de Alan García Pérez, se conformó una especie de coalición inicial entre el gobierno y los grupos empresariales, especialmente los industriales, quienes vieron como un mal menor el costo de ser controlados que debía pagarse para lograr un ambiente menos especulativo e inflacionario. En un primer momento, esta alianza fue firmemente apoyada por los empresarios cuando la reactivación económica pasó por la demanda interna, la rebaja de impuestos, ventajas crediticias y otras medidas. De igual manera, las simpatías empresariales se ampliaron hacia la política laboral en la que el gobierno trató de restringir la representatividad de los sindicatos –en su gran mayoría en manos de los partidos que integraban Izquierda Unida (IU)– optando por ligarse de manera populista, sin intermediaciones y propiciando diálogos directos, subsidiando el desempleo, promoviendo el empleo y aumentando sueldos e ingresos. Pasado el primer año del gobierno aprista, el entusiasmo por los resultados obtenidos hizo que el gobierno diera un paso más en este esquema. Inició conversaciones con los 12 grandes grupos de poder económico –los doce apóstoles– y puso de lado, aquí también, las instancias gremiales para concertar el destino productivo que debían tener los ahorros. Todo ello bajo el supuesto de un efecto locomotora, es decir, si los grandes actuaban de la manera como les indicaba el gobierno, el resto tendría que seguirlos. Esto se plasmó en la creación del Consejo Nacional de Inversiones en enero de 1987, en el que, además de los representantes del gobierno y de los doce apóstoles, se incluyó, en forma minoritaria, a los de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y delegados de las cuatro centrales sindicales. Aun así, la desconfianza y los temores de los empresarios no se disiparon y siempre tuvieron presente que la situación no desbordarse hacia un esquema velasquista. De igual manera, en el campo sindical, la tregua social que había caracterizado los primeros años del gobierno aprista llegó a su fin cuando la CGTP convocó el paro nacional de mayo de 1987, luego de que la dirigencia de esta central hubiese aplazado la medida precisamente para no debilitar las conversaciones que se realizaban con los empresarios y el gobierno. Todo ello tuvo un abrupto final cuando Alan García Pérez decidió estatizar la banca y el sistema financiero. Ésta fue una respuesta precipitada por la falta de reacciones positivas de los empresarios ante los requerimientos del gobierno que, más allá de las interpretaciones que giraron en torno a la personalidad del Presidente, escondió un problema de fondo: «la dificultad, si no la imposibilidad, de priorizar el largo sobre el corto plazo y volcarse hacia un proyecto de reconversión industrial, que es la manera como la cuestión de la «debilidad económica» de la burguesía peruana se manifiesta en la coyuntura». |4| A partir de ese momento, el deterioro de las relaciones fue en constante aumento hasta llegar a situaciones abiertamente conflictivas, lo que fue potenciado por un ambiente general de crisis inmanejable que, entre los empresarios, sirvió para volver a justificar las bondades del libre mercado luego de un periodo en el que aceptaron la necesidad y hasta la conveniencia de prácticas de control e intervención del Estado. Ante esta situación, algo que llama poderosamente la atención es que, entre las demandas del empresariado peruano, el problema de la violencia de origen político no pareció ser un asunto urgente que resolver. Como hemos visto, casi toda su atención la focalizaron en las políticas económicas y laborales de los gobiernos e intentaron organizar de la mejor manera posible la presión que podían ejercer en estos ámbitos. Esto puede corroborarse en las temáticas que abordaron las ediciones de CADE que se realizaron a lo largo de la década de 1980. Sólo el CADE de 1987 dedicó la mitad de una de sus cuatro jornadas al asunto de la violencia de origen político. Asimismo, en el marco del Tercer Congreso de la CONFIEP, realizado en 1989, |5| es decir, un año en el que la violencia del PCP-SL parecía estar provocando grandes impactos en la propiedad privada, la empresa Apoyo realizó una encuesta entre los participantes. Algunas de las respuestas dadas ante el fenómeno subversivo resultan bastante sugerentes. Por ejemplo, se preguntó: ¿cuál considera usted la principal restricción al desarrollo de su empresa en la actual situación de violencia? Las respuestas fueron las siguientes:
Asimismo, al preguntarse sobre las proyecciones hacia el futuro, los encuestados manifestaron lo siguiente: La violencia subversiva
Una tercera interrogante estuvo dirigida a averiguar sobre los cambios que debían producirse en el aparato estatal para facilitar el desarrollo nacional:
Estos resultados permiten deducir que, para los propietarios, la subversión era un asunto aleatorio en el que no estaba comprometida la gestión de sus empresas ni las relaciones con el sindicato. Además, a pesar de su incidencia, no era un aspecto que estaba afectando seriamente la marcha de los negocios, aunque planteaba un problema de seguridad ante el cual la responsabilidad recaía directamente en el Estado y, para el caso, se estimaba que éste debía cambiar las formas como estaba llevando a cabo la lucha contra este problema. En suma, la violencia política era para el empresario peruano un asunto que estaba fuera de su responsabilidad social, reduciendo el tema a una mayor eficacia policial-militar del Estado. Efectivamente, aunque el evento referido fue iniciado con una ponencia sobre la violencia, a cargo de Fernando de Trazegnies, lo expuesto no tuvo mayores comentarios y, luego, cuando correspondió a Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño, entonces presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, presentar el proyecto político-social de los empresarios, no abordó el tema de la violencia política, aunque sí enfiló sus críticas contra la estabilidad laboral, las «dictaduras sindicales» y la comunidad laboral («que se ha convertido en el sindicato número 2»); todos ellos aspectos que deberían ser incorporados en un plan de reformas estructurales. Esto mismo fue corroborado por el diagnóstico que hizo la CONFIEP de la realidad nacional. En el capítulo denominado «Marco jurídico de la economía», se incluyó un acápite – «Incapacidad del estado para brindar seguridad»– en el que se decía:
Luego, asociando inseguridad con panorama laboral, se afirmaría:
Entre los cambios reclamados, resaltó el que debía realizarse en el derecho de huelga. Se argumentó que la falta de legislación motivaba que las decisiones al interior de los sindicatos se tomaran de manera antidemocrática, lo que ocasionaba que estas organizaciones, controladas por «fuerzas políticas radicales», las utilizaran con fines que escapaba a los propiamente laborales: «la ausencia de una adecuada ley de huelgas, además, favorece los intentos de la subversión terrorista por copar las dirigencias de algunos sindicatos y permite la paralización injustificada de importantes sectores productivos nacionales». 3.2.1.3.3. Dos casos: la minería y la industria 3.2.1.3.3.1. La minería En efecto, esta manera de percibir el fenómeno subversivo había sido puesta en práctica por los empresarios durante esos años. La presencia del PCP-SL se hizo evidente, fundamentalmente, en dos sectores: la minería y la industria. En el primero de ellos, resulta imprescindible remontarse a 1984, cuando la organización laboral minera logró un hito trascendente con la unificación de sus bases al incorporarse a su federación los trabajadores siderúrgicos. Se creó, entonces, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). En la minería, existían alrededor de 200 sindicatos por entonces, de los cuales 54 se encontraban en la gran minería (Centromin Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Southern Perú Copper Co. y Tintaya), noventa pertenecían a la mediana minería y cincuenta se encontraban en la pequeña minería. Estos gremios agrupaban alrededor de 65,000 trabajadores. El PAP siempre tuvo presencia importante entre estos trabajadores y, en 1985, luego de que su candidato ganara las elecciones presidenciales, los dirigentes sindicales cercanos a este partido consideraron que había llegado la ocasión propicia para consolidar sus posiciones en el gremio minero. Para lograr sus objetivos, los dirigentes mineros apristas dividieron la FNTMMSP y formaron la FETIMMAP el 17 de agosto de 1985, la que fue reconocida el 23 de diciembre del mismo año. Otra modalidad a la que apelaron fue acrecentar su presencia tanto en los gremios nacionales como en los de base. La prueba en la que debían demostrar cuál era su fuerza real fue la huelga que los trabajadores de Centromín Perú convocaron para el mes de febrero de 1986. Los apristas controlaban bases importantes, como Cerro de Pasco, Morococha, La Oroya, Casapalca y Cobriza, y su posición, como era de esperarse, fue evitar esta medida de lucha y, cuando ella se hizo realidad, intentaron que no se prolongue. En ese contexto, el PCP-SL realizó sus primeros asesinatos entre dirigentes mineros. Los asesinatos de los dirigentes tuvieron relación con estas circunstancias, aunque debe precisarse que la huelga en sí ya era un avance importante de los sectores no apristas de los mineros y nada probó mejor esta aseveración que el haber representado un triunfo político –pues los apristas fueron desplazados de las principales bases de Centromín– aunque en términos de demandas económicas no tuvo resultado alguno. El aporte del PCP-SL, en este sentido, en poco o nada contribuyó al desenlace; pero hay que reconocer que marcó el inicio de una presencia que, al cabo de poco tiempo, resultó crucial para los destinos del movimiento minero. Las tareas de centralización llevadas a cabo por la FNTMMSP siguieron adelante y, el 18 mayo de 1988, luego de realizar su Primer Congreso Unitario en agosto de 1987, presentaron al Estado y a los empresarios, por primera vez en la historia del sindicalismo minero, un pliego nacional de reclamos en el que buscaban negociar un conjunto de beneficios para la totalidad de los trabajadores. Hasta ese momento, cada base negociaba con su respectivo empleador, lo que reducía la capacidad de presión de los sindicatos. El fundamento de este reclamo colectivo estaba en el convencimiento de que sólo mediante una negociación colectiva nacional era posible establecer los derechos laborales mínimos de los mineros, más aun en un momento en el que la bonanza del sector estaba rindiendo buenas utilidades. Utilidades y ventas netas de algunas empresas mineras (en miles de intis)
Fuente: Memorias anuales
Si bien los empresarios mineros tuvieron dificultades para importar insumos y repuestos, debido a la escasez de divisas, lo cierto es que los precios internacionales y los incentivos tributarios otorgados por el gobierno de Alan García Pérez lograron que sostengan sus márgenes de utilidades. La respuesta gubernamental, por medio de sus diferentes instancias, fue errática y contradictoria, lo que incitó la radicalización de la medida de protesta. Por otro lado, los empresarios mineros presentaron recursos de amparo cuestionando los acuerdos que los mineros habían pactado con el gobierno así como las resoluciones del Poder Judicial. Frente a ello, el gobierno declara en estado de emergencia la actividad del sector, militariza los campamentos mineros y autoriza el despido de los trabajadores que la acataban. Cuatro días después, las fuerzas del orden allanaron el local de la federación. La movilización empresarial contra el pliego de reclamos fue algo que, según analistas laborales de la época, sólo era «comparable a sus esfuerzos contra la estatización del sistema financiero». |6| Para la SNMP, el pliego nacional duplicaba el sistema de negociación colectiva y era anticonstitucional. Afirmaban que la FNTMMSP no era «representativa», que la «infiltración terrorista» pretendía «desarticular la economía del país», que la Federación quería «exigir la dictadura sindical» y ello crearía «incalculables daños para la nación». Asimismo, decían que los trabajadores «perciben altos niveles de remuneraciones» y, más bien, deberán adoptar el «objetivo de mejorar mediante mayor productividad y eficiencia» (Minería y Petróleo, ediciones de agosto, octubre y noviembre de 1988). A su vez, para el empresario minero, el problema tenía también otros aspectos como bien lo remarcó Reynaldo Gubbins: |7|
En estas circunstancias, el PCP-SL asesina a Alejandro Patiño, miembro del PAP y ex dirigente del sindicato de Morococha; al día siguiente hacen lo mismo con Fidencio Coronel, dirigente del sindicato de La Oroya. Ambos se oponían a la huelga. La muerte de Coronel, militante del Partido Comunista Unidad, ocurre la noche siguiente a la asamblea de su sindicato, en la que tuvo una destacada participación en la que logró que éste no acatara la segunda huelga general minera. En efecto, los trabajadores de La Oroya trabajaban normalmente y sólo después de la muerte de Coronel se plegaron a la huelga. Desde ese momento, será evidente la actividad del PCP-SL en las bases mineras del centro y pronto esto se manifestará en importantes acciones de sabotajes. Finalizando 1988, días antes de la Navidad, corrió el rumor de la convocatoria de un paro armado en La Oroya, que finalmente no se realizó. Acto seguido, una serie de atentados afectó a una serie de instalaciones de Centromín Perú:
Pasado un momentáneo repliegue, el PCP-SL lanza una nueva arremetida que se inició en marzo de 1989. Mediante ella, buscaba generar condiciones para un próximo paro armado. Luego de que Centromín hiciera circular un comunicado entre los trabajadores, en el que decretaba un toque de queda desde las nueve de la noche, el PCP-SL dinamita el hotel de empleados, un caterpillar y otras instalaciones que esta empresa poseía en Chumpe y Yauricocha. Esta acción, realizada el 23 de marzo, costó las vidas de dos integrantes de las fuerzas policiales y de tres empleados de la empresa. Días después, el 7 de abril, el PCP-SL dinamitó una locomotora, también propiedad de Centromín, en Cerro de Pasco. El 15 de ese mes, hizo lo mismo con las oficinas de relaciones industriales y la tubería de aire de Morococha. Al día siguiente, el 16 de abril de 1989, Seferino Requis, secretario general de la base de Cerro de Pasco, es asesinado cuando se desarrollaba una asamblea en el local sindical. Fueron seis los victimarios y, en un primer momento, la FNTMMSP supuso que pertenecían al Comando Rodrigo Franco, dado el antecedente de lo ocurrido con Saúl Cantoral. Este movimiento del PCP-SL, que intentaba radicalizar la lucha de los trabajadores mineros, dio motivo para que los empresarios mineros renovaran su intransigencia. El 9 de mayo de 1989, en declaraciones ofrecidas al diario Expreso, el presidente de la SNMP, Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño, calificó la situación de «muy grave y delicada». Luego agregó: «Es muy grave, porque de concretarse un paro armado los sindicatos desaparecerían y las empresas ya no tendrían la contraparte en las juntas directivas para negociar los convenios, tal como sucede año tras año. Las reemplazarían fuerzas extralegales y subversivas». Rodríguez-Mariátegui Proaño no tocó el punto del pliego nacional minero y, de alguna manera, reafirmó la posición empresarial de que los convenios se llevaban a cabo en cada unidad productiva y no en conjunto. Era cierto que el PCP-SL buscaba debilitar a los sindicatos que no se allanaban a sus consignas políticas, pero el mismo efecto tenía la cerrada actitud de la SNMP ante el pliego minero. ¿Cómo resolver esta situación? Rodríguez-Mariátegui Proaño fue enfático en su respuesta. La forma no era mejorando los canales de negociación ni exigiéndole al Estado más eficacia y menos contradicciones en sus actos: «[...] los empresarios nacionales no estamos dispuestos a que se nos avasalle y nuestro objetivo es seguir produciendo para el beneficio del país, pero si no contamos con el debido respaldo de las Fuerzas Armadas, esto es imposible». De esta manera, reiteró que la demanda de la SNMP era la de una inmediata intervención de las Fuerzas Armadas en las unidades de producción situadas en Junín, Cerro de Pasco y Huánuco para garantizar el normal desarrollo de las actividades. Esta opinión empresarial tuvo eco en algunos medios de comunicación, como el diario Expreso, cuyo editorial del 11 de mayo de 1989, que llevó el título de «Junín: la batalla por la democracia», afirmaba:
El presidente Alan García Pérez, ante la gravedad de la situación, decidió viajar a Huancayo y estuvo allí durante 24 horas como una forma de demostrar que el Estado no había sido desplazado de esta zona. En declaraciones a los periodistas, tuvo que aceptar el acatamiento que tuvo esta convocatoria del PCP-SL y aprovechó la oportunidad para lanzar una acusación hacia no tan tácitos destinatarios: «[... ] aparte del terrorismo, existe la «subversión blanca» de quienes se llevan el dinero al extranjero y buscan que las cosas sean mejores sólo para un pequeño grupo». |8| Entre otras cosas, este es el momento en el cual Alan García Pérez decide organizar rondas campesinas armadas auspiciadas por el Estado: «Es la única alternativa clara y simple si es que no se quiere ir a un estilo de gobierno consistente en responder al terror con un contraterror [sic] mucho peor». |9| En este ambiente, se realizó la preparación del Segundo Congreso Ordinario de la FNTMMSP. Frente a ello, el gobierno decidió reforzar el control militar que ya ejercía sobre los campamentos mineros tal como lo exigían los empresarios. Esta situación sólo provocó una mayor intensidad de las quejas de los pobladores ante una presencia de las fuerzas del orden que percibían hostil y amenazante, dado los continuos patrullajes, rastrillajes, detenciones y otras acciones que realizaban. Así se realizó el Segundo Congreso Nacional Ordinario de la FNTMMSP, del 14 al 17 de junio de 1989, en San Juan de Marcona. Participaron 282 delegados plenos, 47 delegados fraternos y sesenta delegados observadores provenientes de 92 bases mineras. En términos de correlaciones de fuerzas, se pudo notar que el PAP no había podido acreditar ni un solo delegado. Por otro lado, la gran mayoría de dirigentes allí presentes respondía políticamente a organizaciones pertenecientes a IU, aunque también hubo aquellos que, como UDP-Pueblo en Marcha, eran bastantes críticas a la izquierda legal y guardaban simpatía con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Asimismo, fue notoria la presencia de los representantes de Pukallacta, «que asumieron la defensa de las posiciones de [Partido del Comunista del Perú] Sendero Luminoso en el debate de comisiones y en algunos momentos de la plenaria del Congreso». |10| Como era esperable, el evento se desarrolló bajo un ambiente radicalizado y uno de los temas cruciales, además del pliego nacional único, fue el de la subversión. Este asunto fue tratado en comisiones diversas, pero especialmente en la Comisión de Situación Nacional y en la Subcomisión de Derechos Humanos y Autodefensa de la Comisión de Situación del Sector Minero, Metalúrgico y Siderúrgico. En el debate, la mayoría de los delegados fue bastante enfática al plantear que el accionar del PCP-SL y del MRTA afectaba a las empresas, especialmente a las localizadas en el centro del país. Asimismo, la presencia de paramilitares oficialistas, los servicios de defensa empresariales y el PCP-SL no solamente amenazaban o presionaban con su ostensible presencia las acciones sindicales, asesinando a quienes consideran enemigos, sino que tenían –en el caso particular del PCP-SL– una influencia ostensible en la población y en sus organizaciones sociales. A pesar de este estado de ánimo y del hecho de que en ningún momento se coartó el derecho de expresión a una minúscula representación extremista esta posición de la mayoría de delegados no quedó plasmada en el documento final, en el que sólo se hizo referencia a una general e inocua «crítica a los grupos alzados en armas». Entonces, cumpliendo con el mandato de dicho Congreso, la tercera huelga nacional minera se inició el 14 de agosto de 1989. Previamente, el PCP-SL programó un segundo paro armado en la Región Central los días 27, 28 y 29 de julio. De igual manera que el primero, hubo una profusa divulgación de volantes durante los días previos. Además, los profesores y directores de los distintos colegios recibieron cartas de amenaza en las que se le comunicaba que sus planteles se abstuvieran de participar en las celebraciones por el día de la Independencia. Esta nueva protesta minera fue un calco de las anteriores, salvo en el aspecto del ambiente militarizado en que se desenvolvió. El PCP-SL buscó presionar aun más a los dirigentes de base y los obligó a seguir los mandatos que de ellos emanaban bajo la amenaza de asesinarlos si no los cumplían. La SNMP, por su parte, volvió a gastar enormes cantidades de dinero en una campaña propagandística destinada a desprestigiar la medida de lucha y a los dirigentes mineros. Afirmaba que la Federación sólo buscaba obtener una mayor cuota de poder reduciendo todo el problema a su aspecto político. En ese sentido, Reynaldo Gubbins, entonces presidente de CONFIEP y ex presidente de la SNMP, afirmaba en una entrevista concedida al diario La República (21.08.89) que serían inflexibles en la negativa de negociar el pliego minero, porque «significaría darle una franja de poder enorme al PUM, que se trata de un partido extremista y la iniciativa proviene de este partido y no de los trabajadores». La tercera huelga minera tuvo que levantarse 18 días después de iniciada. Entre fuertes medidas represivas (como la militarización de los campamentos y la detención de dirigentes), pagos excepcionales para los trabajadores que no acataban la medida y una intensa campaña publicitaria en contra, la jornada de protesta fue diluyéndose y con ello desmoronándose de a pocos la ilusión del PCP-SL, que imaginaba un proletariado dispuesto a sacrificarse bajo amenazas constantes. Meses después, el 5 de abril de 1990, ingresaba a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja de la FNTMMSP en la que denunciaba acciones contra la libertad de asociación por parte del Estado peruano. |11| Además de los hechos ya descritos, la queja también alegaba sobre la detención de Víctor Taipe Zúñiga, presidente de la FNTMMSP, ocurrida el 20 de noviembre de 1989, quien, hasta esos momentos, se hallaba recluido y con signos de haber sido maltratado. Asimismo, denunciaba la detención ilegal en el cuartel de Marcavalle de los trabajadores Edgar Bujaico, Martín Mucha Aliaga, Edgar Julián Mauricio, Abdón Acuña Asto, Oscar Pariona Clemente, Santos Apolinario Núñez, Celestino Villena Blas, Braulio Zegarra García, Félix Quispe Balbín y Juan Anccasi Damián. Según el documento presentado, estas personas fueron sacadas de sus casas a la fuerza y durante la noche por miembros del Ejército Peruano, quienes, durante un tiempo indeterminado, les negaron comida y agua. También habían sufrido agresiones humillantes y torturas: sus cuerpos muestran signos de quemaduras y heridas provocadas por choques eléctricos. Se puntualizó que estas detenciones fueron realizadas en el marco de la política contrasubversiva del Estado. Todas estas personas, salvo Martín Mucha Aliaga, quien tenía una requisitoria, fueron puestos en libertad el 28 de noviembre de 1990. El epílogo de esta etapa de violencia en las minas fue catastrófico para el trabajador minero. A partir de 1989, la minería peruana entró en una etapa de crisis, que fue considerada como la más grave en las últimas dos décadas. Teniendo como telón de fondo el retraso en su modernización, las empresas mineras debieron enfrentar el grave retraso cambiario que afectó su rentabilidad a pesar de que, a fines de los 80, los precios de los metales se encontraban aún en alza. En los años siguientes, la persistencia del tipo de cambio bajo, el régimen tributario y la elevación de costos se agravaron cuando se inició un ciclo de precios internacionales bajos. En 1990, sólo cuatro empresas –de un total de 52– obtuvieron utilidades y la situación apenas mejoró en los años siguientes. En estas circunstancias, se inicia el proceso de privatización de las empresas estatales que impulsó aun más los despidos de trabajadores del sector: entre 1989 y 1993, 23,000 trabajadores estables y 10,000 trabajadores eventuales perdieron sus puestos de trabajo en la minería. |12| 3.2.1.3.3.2. La industria En mayo de 1987, finaliza la tregua social acordada entre el gobierno y las centrales sindicales, cuando la CGTP convocó un paro nacional, algo que no se realizaba desde noviembre de 1984. Esta protesta se realizó en medio de una reactivación económica que se reflejaba en tasas de crecimiento inusitadas en el sector industrial. Asimismo, también hubo una significativa recuperación del salario real (24.2% para 1986 y 45% para 1987). Producción manufacturera 1981-1989 (Tasa de crecimiento anual)
Fuente: INE La explicación era una cuestión simple: los topes salariales normados por el gobierno en momentos en que se daba un crecimiento de las utilidades de las empresas y, por otro lado, un modelo político y económico del que el sindicalismo se sentía excluido. Hacia fines de 1987, ya era evidente que la política económica implementada durante los dos primeros años de gobierno aprista era insostenible. En diciembre de ese año, se inicia una serie de devaluaciones que inciden sobre el costo de vida de la población y motivan la convocatoria de otro paro nacional, en enero de 1988. No obstante, la situación se tornó más crítica aún. A mediados de 1988, se aceleró la devaluación, lo que generó mayor inflación y la caída de los ingresos reales. Por ello, el 19 de julio, a sólo seis meses de haberse realizado el paro nacional, se realizó otro que, como era de esperarse, no tuvo la fuerza del de enero. Sobrevino luego, en septiembre, la aplicación de un conjunto de medidas económicas que llevó la inflación al 114% e hizo que los salarios reales volvieran al nivel de 1985, es decir, se perdió todo lo que se había recuperado en los dos años anteriores. Nuevamente, la CGTP convocó a un paro nacional para octubre y otro más para diciembre. El primero resultó bastante débil y el segundo fue un fracaso. La recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la hiperinflación fueron factores que incidieron en la formación de una actitud conservadora en el sector laboral, es decir, sucedió todo lo contrario a lo supuesto por los dirigentes sindicales, quienes imaginaron que esta situación impulsaría a una mayor protesta. Los trabajadores, temerosos de perderlo todo, prefirieron garantizar sus ingresos antes que verlos peligrar plegándose a una medida de la que no obtendrían nada sino manifestar simplemente su descontento. Además, era innegable que el ambiente se presentaba muy turbio y las acusaciones de subversión ante cualquier manifestación eran usuales. Durante 1989, este cuadro se agudizó, aunque pudieron verse algunos cambios en las actitudes de los dirigentes obreros. Hasta ese momento, las respuestas, de alguna manera, obedecían a un uso más intensivo de los mecanismos que los trabajadores tenían en sus manos, es decir, huelgas y tomas de instalaciones. No obstante, cada vez era más evidente que tales formas eran ineficaces y no ofrecían ninguna salida a los problemas manifestados por los trabajadores. Empezaba a primar una visión pragmática, consistente en negociar, por medio del sindicato, los efectos de la recesión, la reducción de las jornadas de trabajo o los cierres temporales de las plantas de producción. En otras palabras, había que negociar porque la situación no era favorable para una propuesta de confrontación desde los trabajadores: el despido y cese masivo de sindicalizados, su reemplazo por eventuales y personal acogidos en el PROEM, así como la sistemática reducción de los salarios reales, compusieron un escenario en el que no se vislumbraba otra alternativa. Dadas de esta manera las cosas, tampoco era ya apropiado, como lo fue en el primer quinquenio de los años 80, promover la centralización sindical buscando movilizar la solidaridad de clase para así darle mayor fuerza a sus demandas. Lo que se impuso fue, más bien, la negociación en cada empresa. La capacidad de cada sindicato dependía de su suerte. Al respecto, algunos dirigentes obreros se expresaban así del momento. Enrique Castilla, secretario de técnica de la Federación de Trabajadores Textiles del Perú y dirigente del complejo La Unión, afirmaba que: |13|
A su vez, Emilio Calla, secretario de prensa y propaganda de la FETIMP, señalaba lo siguiente:
En este escenario, el PCP-SL irrumpe en el ambiente obrero industrial. Hacia 1987, los integrantes del PCP-SL aparecen realizando una intensa labor de difusión de volantes y se les ve frecuentemente a la hora de salida de las fábricas lanzando arengas a favor de su organización. No obstante, su labor de propaganda no se redujo a estos actos. El inicio del desarrollo del «gran plan de conquistar bases» en las ciudades estuvo marcado por actos mucho más violentos: aprovechando los agudos conflictos que se suscitaban en Nylon, Bata-Rímac, Nissan y otras fábricas, a la vez que fogueaba a los obreros captados para su causa, llevaron a cabo una campaña de destrucción de infraestructura. Por otro lado, procedieron a ejecutar a funcionarios de empresas. En marzo de 1988, cuando el sindicato se aprestaba a discutir su pliego de reclamos, una mujer asesinó al gerente de relaciones industriales de COPE. Luego, al lograr el control de la situación mediante amenazas y otros métodos violentos, los miembros del PCP-SL condujeron la lucha de los trabajadores de esta fábrica, ubicada en la carretera Central. Dirigieron una huelga general indefinida con toma de las instalaciones. |14| Después de cincuenta días, fueron violentamente desalojados, los dirigentes fueron despedidos, el sindicato fue descabezado y los trabajadores no consiguieron que se les atienda ninguno de sus reclamos. De igual manera, en abril de 1988, un grupo del PCP-SL que se hallaba confundido entre los trabajadores en huelga, asesinó al gerente de la fábrica Hilados S.A. Los trabajadores intentaron detenerlos y auxiliaron a la persona herida. Días después, el 12 de abril, El Diario, vocero del PCP-SL, señaló lo correcto de la acción. Es en estas circunstancias cuando ponen de manifiesto de manera muy nítida quién era el enemigo a eliminar en la confrontación sindical: el revisionismo, tal como lo anunciara Abimael Guzmán Reinoso en la denominada «Entrevista del siglo». El paro nacional de enero de 1988, convocado por la CGTP, fue la ocasión escogida por el PCP-SL para forzar la radicalización de la medida, aislar a los dirigentes de la central y lograr avances en su intento de conducir al movimiento sindical de la capital. El día del paro, 28 de enero, miembros del PCP-SL encapuchados se infiltraron en la marcha que se realizaba en la plaza Dos de Mayo para intentar dinamitar el local de la CGTP y asesinar al líder del Partido Comunista del Perú, Jorge del Prado, lo que desencadenó una balacera en el lugar que terminó con la huída de los provocadores. Desde ese momento, se observó un cambio en la táctica del PCP-SL: empezó a crear bases propias que respondieran a situaciones más específicas. De esta manera, luego de un trabajo de infiltración, en mayo de 1988, el PCP-SL convocó a unos 100 delegados de diversas bases gremiales del cono este de Lima, quienes se reunieron en Ñaña para participar en el denominado Primer Plenario de Trabajadores Clasistas de la carretera Central y conformaron el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la carretera Central (CLOTCCC). Paralelo a ello, apareció en la zona una base del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), todo lo cual sirvió como aparato para lanzar una lucha frontal desde sindicatos que habían estado en una larga situación conflictiva con las empresas, como las ya mencionadas Nylon, COPE y Bata, además de FAM, Atlas, Tabacalera Nacional, Tejidos La Unión, Carbolán (Pelikan), entre otros. Según El Diario, |15| la constitución del CLOTCCC fue un «hito histórico [...] que se diferenció marcadamente de las [organizaciones] que acostumbran organizar los revisionistas, oportunistas de Izquierda Unida y el PAP fascista». Goyo Moscoso, de Papelera Atlas y presidente de la comisión organizadora, afirmó que «nuestro objetivo es centralizar a las masas trabajadoras dotándolas de una organización de nuevo tipo acorde a la coyuntura actual, en otras palabras, poner lo organizativo en función de la toma del poder». Al finalizar el evento, Moscoso sería ratificado como presidente de la mesa directiva. El manifiesto de fundación del CLOTCCC, publicado a toda página por El Diario en su edición del 29 de mayo de 1988 fue muy claro sobre las intenciones del PCP-SL en el sindicalismo. El texto se abría con una supuesta cita de Marx en la que se asevera que «La clase obrera es revolucionaria o no es nada. La conquista del poder político ha devenido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera». Su plataforma consistía en nueve puntos, entre los que resaltaban, en primer lugar, exigir al gobierno aprista, «fascista y corporativo, encabezado por el demagogo García [Pérez]», los pliegos renovables en lugar de los anuales. Con ello, el PCP-SL estimaba que podía garantizar una situación de enfrentamiento permanente, «teniendo en cuenta que sólo se conquistan derechos y beneficios con lucha y se defienden con lucha, ya que el problema se reduce a las fuerzas respectivas de los contendientes». En segundo lugar, presentaron una serie de demandas como el aumento de salarios a 500 intis diarios, la reducción de la jornada de trabajo, mejores condiciones laborales, mayor atención médica y el cumplimiento de pactos y convenios colectivos. Finalmente, establecieron como bandera de lucha la estabilidad laboral para los eventuales y personal de PROEM, así como «la defensa de los sindicatos de clase contra el paralelismo corporativo». También exigían mejores condiciones de trabajo para las mujeres y niños. Como se deduce, la intención era desarrollar entre los obreros la idea de que sus demandas eran imposibles de ser atendidas bajo la situación imperante y que la única salida que se les presentaba era la guerra popular que impulsaba este grupo. De otra forma, sería imposible asumir, por ejemplo, que la demanda de darle estabilidad a los eventuales pudiera ser escuchada por las autoridades de trabajo. Más aun, eso no tenía la más elemental lógica salvo que se buscara generar una situación de permanente conflicto. Por eso, las dificultades para el PCP-SL no se hicieron esperar. Al hecho de que veía a los sindicatos sólo como un engranaje para reforzar los objetivos del partido, se sumó una clamorosa ausencia de representación. Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y el mismo que fuera presidente del CLOTCCC, se quejaba en 1991 de que:
Un ejemplo palpable de cómo conducía el PCP-SL los asuntos sindicales fue Nylon S.A. Era una empresa antigua –fundada en 1961–, cuyo principal accionista fue Benjamín Sabal. Entre 1974 y 1975, se decide ampliar el negocio haciendo una cuantiosa inversión pero, al surgir problemas entre los accionistas, el proyecto se truncó y quedó como pasivo una deuda de ocho millones de dólares avalados por el Banco Industrial del Perú (BIP). Ante la insolvencia, el BIP asumió el control de la empresa y compró el 67% del capital social. Esta entidad se comprometió a reflotar la empresa y poner en marcha el proyecto inconcluso, pero una pésima gestión impidió el objetivo. En suma, hacia fines de los años 80, Nylon se encontraba sin financiamiento y reflotarla era imposible. Debía salir a remate público. Los trabajadores, alertados del peligro de lo que denominaron «sabotaje a la producción por parte de los funcionarios», acordaron les sea trasladada la propiedad de la fábrica. Así, en mayo de 1988, le manifestaron al presidente Alan García Pérez su deseo de comprar la planta y su rotundo rechazo al remate. Sin embargo, esta posición no era unánime entre los trabajadores, pues un grupo de ellos asumía que el reflote sólo estaría garantizado con una «pronta gestión privada», tal como manifestaron en un comunicado publicado en el diario El Comercio el 29 de septiembre de 1988. En el eje mismo de las diferencias estaba el asunto de la estabilidad laboral, un asunto muy sensible en la relaciones sindicato-empresa en esos años. La vía propuesta por el sindicato implicaba la defensa de ésta, algo que no se garantizaba si la empresa pasaba a otras manos privadas. Ante ello, la posición de los trabajadores del PCP-SL fue la indiferencia frente a la posible venta de MANYLSA, asumiendo que son los empresarios privados y no los trabajadores quines deben preocuparse de los problemas de la empresa para luego cambiar y proponer la lucha por la administración del centro de trabajo «siguiendo el ejemplo de los compañeros de Compañía Peruana de Envases (COPE), que han tomado la fábrica». En efecto, COPE fue otro ejemplo muy claro de la actuación del sindicalismo del PCP-SL. Al igual que Nylon, la COPE era una empresa antigua –tenía 37 años de existencia– en la que trabajaban más de 300 personas y cuyos principales accionistas eran las familias Rodríguez-Mariátegui y Ratto Divinich. El conflicto empezó a agudizarse cuando los propietarios decidieron dar vacaciones al personal ante la falta de demanda de sus productos |17| con la esperanza de que éstos recuperaran sus precios en un plazo no determinado. Ante ello, la comunidad industrial y los sindicatos de obreros y empleados conformaron un frente único y, el 11 de abril de 1988, tomaron la fábrica ante la negativa de los empresarios de negociar sus pliegos de reclamos. En ese lapso, el PCP-SL había asesinado al gerente de relaciones industriales. Los dirigentes laborales denunciaron que los propietarios de COPE estaban retirando la materia prima de los depósitos para trasladarla a otra empresa, que habían formado bajo la razón social de Envases Varios, ubicada en Chorrillos. Además, los clientes de COPE habían sido absorbidos por esta nueva empresa. Por otro lado, las utilidades de la empresa estaban siendo canalizadas hacia empresas de servicios, como ARASA, MOSA y ATUR, de los mismos dueños, y descapitalizando así a COPE. El punto de vista de los empresarios era muy diferente. En un aviso pagado, publicado en el diario El Comercio el domingo 17 de abril de 1988, argumentaban que la toma de la fábrica era la causa del incumplimiento hacia los clientes y que ésta era manejada por grupos extremistas. Ello fue reproducido luego por los semanarios Caretas y Sí. Un mes después, el 23 de mayo de 1988, en el marco de una reunión convocada por la Comisión de Pacificación del Senado de la República, el señor Luis Rodríguez-Mariátegui, quien asistía como representante de la CONFIEP, manifestaba que el tema de COPE era ilustrativo para evaluar la situación de la subversión en ese momento:
Los trabajadores intentaron formular una respuesta a las afirmaciones vertidas en El Comercio y, en un comunicado firmado por los sindicatos y la comunidad industrial, rechazaban alguna relación con el PCP-SL. |19| Asimismo, los trabajadores propusieron ante las autoridades que, dadas las dificultades de la empresa se les entregase la conducción de la empresa. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada y los miembros del PCP-SL que trataban de aprovechar políticamente el conflicto se vieron favorecidos por esta circunstancia y dieron a entender que la estaban conduciendo. Cincuenta días después de la toma de las instalaciones, los trabajadores fueron violentamente desalojados sin conseguir que se les atienda ninguno de sus reclamos. Si se intentan resumir, de alguna manera, las características que tuvieron las unidades productivas en las que el PCP-SL obtuvo una presencia importante, se podría decir lo siguiente:
Desde el otro lado, el PCP-SL continuó con sus planes y multiplicó e intensificó sus acciones. Al CLOTCC, se le unió un organismo parecido: el Comité de Lucha de Obreros Clasistas de la Avenida Argentina (CLOCAA). Con el auxilio de ambos, buscó impulsar paros armados en la capital para acrecentar su presencia tal como hizo en otros lugares del país. De esta manera, se configuró una secuencia ascendiente de hechos que empezó en 1988 y terminó en 1992. Ésta estuvo marcada por las siguientes convocatorias del PCP-SL: 1988
1989
1990
1991
1992
Una evaluación en perspectiva conduce a aseverar que estos paros no alcanzaron los objetivos deseados por sus promotores. El paro armado clasista del 20 de julio de 1989, así como el paro armado del 3 de noviembre de ese año, que tuvo la intención de boicotear las elecciones municipales, evidenciaron los escasos avances políticos del PCP-SL en Lima. En el caso del primero, los subversivos realizaron una agresiva campaña psicológica e ideológica, especialmente contra los dirigentes del gremio de transportistas (envío de cartas y, en algunos casos, presiones personales). Dos días antes del paro que convocaron en noviembre, el PCP-SL quiso realizar una marcha armada como forma de propaganda y agitación. Así, militantes de esta organización se agruparon en la plaza Manco Cápac hacia el mediodía del día primero portando coronas y lágrimas de flores, donde escondían revólveres, granadas y quesos rusos. Una patrulla policial que custodiaba el lugar –cerca de allí se hallaba el local de RBC televisión y el cuartel de Radio Patrulla– percibió movimientos sospechosos y un policía realizó un disparo al aire. Así, empezó el enfrentamiento que terminó con tres subversivos muertos, 24 personas heridas y más de 140 detenidos. |20| Ante este hecho, el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas se encarguen del orden interno en Lima y Callao en el marco del estado de emergencia. No obstante, en las siguientes convocatorias afinaron sus métodos de presión y lograron que, en varias oportunidades, los transportistas prefirieran dejar de laborar ante la eventualidad de ver dañados sus vehículos o, lo que es más, resultar muertos por no acatarla medida. Por otro lado, tal como sucedió al inicio de su presencia en las plantas fabriles, el PCP-SL continuó asesinando funcionarios como manera de resolver los conflictos laborales. Si bien este tipo de acciones no fue frecuente entre 1987 y 1989, a partir de 1990 se convirtió en una práctica habitual tal como se registra en la siguiente lista: 1987
1988
1990
1991
1992
3.2.1.4. Conclusiones 1) Las características que determinaron las relaciones entre los sindicatos y las empresas cuando se agudizó el problema de la violencia política durante los años 80 estuvieron determinadas por la experiencia organizativa, la cultura sindical y empresarial y los clivajes propios de la sociedad peruana. Por ello, resulta imposible entender las actitudes que se manifestaron en ese momento si soslayamos el proceso que condujo a la formación de posiciones radicales tanto desde el lado sindical como desde el empresarial. 2) El rol del Estado, como árbitro del conflicto laboral, fue lamentable. Una burocracia ineficiente y propensa a la corrupción, la ausencia de reglas claras, una legislación engorrosa, entre otros factores, no sólo dificultaron las negociaciones sino incluso sirvieron para que la actuación del Estado resulte un factor de agravamiento del conflicto. 3) Sobre la influencia en los aparatos públicos, es concluyente que los gremios empresariales tuvieron un posicionamiento inmensamente superior al de los sindicatos cuando se trataba de generar una respuesta del Estado. De otro lado, los intentos de concertación entre capital y trabajo que realizaron los gobiernos de la década de 1980 siempre tuvieron a la representación sindical como partes con menor capacidad que la mostrada por los propietarios y los funcionarios públicos. 4) La visión que tuvo el empresario sobre la violencia política se circunscribió a la ausencia de una adecuada represión por parte del Estado y, en ningún momento, intentó enfocar el problema como una evidencia de problemas sociales y políticos. En el mejor de los casos, la presencia de elementos subversivos en los sindicatos fue visto como una cuestión que podía resolverse con mayores flexibilidades en el ámbito laboral y con la reglamentación del derecho a la huelga. 5) Tanto los sindicatos como los gremios empresariales fueron organizaciones que presentaron muchas debilidades, manifestadas en su representatividad y legitimidad. Fue evidente que entre ellos primaron prácticas antidemocráticas que, dado el caso, servían como justificación para desprestigiarse mutuamente. 6) Finalmente, la acción del PCP-SL coadyuva a la destrucción de los sindicatos pero todo parece indicar que no fue el factor más importante para que ello ocurriese. El patrón de acumulación que empezó a imponerse en el país, en el que la industria ya no tuvo la prioridad de las décadas anteriores, y los ciclos de precios internacionales propios del sector minero, aunado a las políticas de flexibilidad laboral que exigía el modelo neoliberal, resultaron los factores determinantes. Asimismo, estas crisis sectoriales tuvieron componentes esenciales en una gestión empresarial que se caracterizó por sus métodos anacrónicos y la ausencia de reinversión en las unidades productivas. 3.2.1.5 Anexos 3.2.1.5.1 Muerte o desaparición de dirigentes y trabajadores Quejas ante la OIT
La Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) alega una serie de asesinatos, detenciones y actos de violencia contra los docentes miembros del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) a partir del inicio de la huelga del 8 de mayo de 1991, cuya represión tuvo un balance de 2,000 docentes arrestados temporalmente, veinte desapariciones y 14 asesinatos. Así, pues, el 17 de mayo de 1991, siete docentes fueron detenidos por el Ejército Peruano en la provincia de Ayacucho. Se descubrieron más tarde en una fosa común los cadáveres de cinco de ellos. En la provincia de Pucallpa (Ucayali), desaparecieron los docentes Marcelino Navarro Pezo, Leopoldo Navarro Díaz, Luis Torres Camilo y, en la provincia de Huancavelica, el docente Ardón Pariona. Los docentes Betty Panaifo, Nicolás Lavajo y Moisés Teneiro fueron lanzados desde un helicóptero (uno de los sobrevivientes que se quedó colgado de un árbol pudo denunciar estos hechos). En la provincia de Pucará (Puno), fueron asesinados Porfirio Suni (13 de mayo de 1991), Pablo Mamani Marchena y Germán Macedo (24 de mayo de 1991). El 30 de mayo, los dirigentes del SUTEP, acompañados por tres parlamentarios y otros miembros del sindicato, cruzaban la Plaza de Armas de Lima y se dirigían hacia el Palacio de Gobierno donde pensaban solicitar una audiencia a la esposa del presidente Alberto Fujimori Fujimori para pedirle que tomara posición con respecto a las demandas de los docentes. La Policía Nacional intervino y, sin negociación ni requerimiento, agredió salvajemente al cortejo pacífico de delegados docentes. Así, pues, los dirigentes nacionales del SUTEP fueron objeto de brutalidades y arrestados.
Fuente: Miguel F. Canessa Montejo. Las violaciones a la libertad sindical en el Perú (1980-2002): los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Ginebra, octubre 2002. Inédito 3.2.1.5.2. Principales violaciones a la libertad sindical en 1989 según la CGTP - El 4 de enero se produjo un ataque de las fuerzas policiales contra el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos cuando se efectuaba una reunión sindical, después de haber realizado una marcha pacífica en apoyo a sus reclamos salariales. Esta acción dejó como saldo cinco heridos y un número indeterminado de detenidos entre los que se encontraban tres dirigentes del sindicato y el secretario de organización de la CGTP. - El 8 de febrero se produjeron siete heridos de bala en manifestaciones callejeras durante una huelga de los trabajadores estatales por demandas salariales. A su vez, protestaban contra la desaparición del dirigente aduanero Oscar Delgado Vera, detenido y desaparecido presuntamente por la Policía Nacional dos meses y medio antes. - El 9 de febrero, una marcha pacífica como culminación de una huelga por demandas campesinas que efectuaban 8,000 campesinos en la ciudad de Pucallpa fue reprimida por la Policía Nacional. La acción de las fuerzas del orden ocasionó la muerte de ocho personas y dejó más de treinta heridos y 400 detenidos. Entre los detenidos que sufrieron vejámenes y agresiones, se encontraban el Secretario general de la Federación Campesina de Ucayali y el Secretario de Organización de la Confederación Campesina del Perú. - El 8 de julio, la Policía Nacional intervino violentamente con armas de fuego y gases lacrimógenos una asamblea en el local de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. Dicha intervención dejó un saldo de un trabajador muerto, Manuel Maman Romeno, y cuatro heridos de bala. - El 1 de agosto, la Policía Nacional reprimió una marcha de médicos que se encontraban en huelga. Dejaron tres heridos con perdigones. La Federación Médica denunció más de cincuenta casos de trabajadores que quedaron ciegos a causa del uso de perdigones por la policía para disolver manifestaciones. - El 7 de noviembre, el gobierno declaró ilegal la convocación de huelga de la Federación Minera; al mismo tiempo, la Policía Nacional efectuó allanamientos a varias viviendas de trabajadores y dirigentes sindicales en el centro minero de La Oroya. Se suspendió el derecho de reunión en los centros mineros; - El 7 de diciembre, el gobierno ordenó el enjuiciamiento de 300 médicos por el acatamiento de la huelga que mantenía su organización gremial. (Fuente: Miguel F. Canessa Montejo. Las violaciones a la libertad sindical en el Perú (19802002): los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Ginebra, octubre 2002. Inédito.). 3.2.1.5.3. La década de 1980 en cifras |21| Sueldos
Fuente: MTPS-DGE Salarios
Fuente: MTPS-DGE Sueldo mínimo vital (*)
Fuente: MTPS-DGE (*) Lima Metropolitana hasta julio 1985. Nivel nacional desde agosto 1985. Salario mínimo vital
Fuente: MTPS-DGE Remuneraciones gobierno central
Fuente: MTPS-DGE 3.2.2. Las organizaciones de base de mujeres 3..2.2.1. Cuando la vida está en juego: una dirigencia amenazada La CVR ha comprobado que, a pesar de que el PCP-SL había tenido una experiencia de organización del movimiento femenino durante varios años en Ayacucho y en otros lugares del país, así como un diligente, aunque sectario trabajo de elaboración de una propuesta para las mujeres en su programa e ideario político, entró en abierta confrontación con las dirigentes femeninas y sus organizaciones de base. 3.2.2.1. 1. Líderes de opinión local Mientras que el gobierno y las elites ejercían su influencia desde la esfera pública oficial, el PCP-SL desarrollaba contracorrientes de opinión desde lo cotidiano y lo local. La dirigencia local, formada en gran parte por mujeres de organizaciones de supervivencia, constituyó así una autoridad legítima con la que el PCP-SL no podía coexistir. Estas dirigentes jugaban el papel de «creadores de opinión local», para usar los términos de Sartori (1991), que a través de los espacios formales organizativos y de sus redes informales en los barrios eran las que actuaban como mediadores en la circulación de ideas y en la reelaboración de los mensajes de los medios de comunicación. En nuestro medio, era usual hablar de «líderes de opinión» para referirse a los personajes de la política o de la televisión que las encuestas detectaban que influían en la opinión pública. No era usual referirse a los líderes locales. La presencia de las dirigentes en los barrios trascendía a las organizaciones de base, porque a veces ocupaban varios cargos e, incluso, llegaron a ser autoridades. Asimismo, habían impulsado niveles de centralización (distrital, departamental, nacional). Las dirigentes se encontraron en medio de una cruenta lucha política sin información y sin estrategia propia. Fueron asediadas por la «ley del más fuerte» entre el PCP-SL y las Fuerzas Armadas. Las dirigentes fueron atacadas cuando estaban en el punto más alto de su prestigio. El prestigio que habían logrado en los noventa se basaba en su trayectoria de apoyo a la economía familiar en sectores populares y, sobre todo, a su labor solidaria y voluntaria en medio de la recesión económica. Más adelante, las organizaciones se debilitaron y dejaron de ser el espacio de construcción de liderazgos que antes fueron, especialmente luego de la intervención del gobierno desde mediados de los noventa. Por otro lado, aunque las amenazas del PCP-SL eran selectivas, ellas sabían que todas corrían alto riesgo. La relación que el PCP-SL trata de establecer con las organizaciones de base de mujeres sigue las mismas pautas de infiltrar y controlar como parte de un objetivo más amplio de construir las masas que el partido requiere y de una creación de conciencia de la necesidad de la lucha armada. En el caso de estas organizaciones parece que el objetivo específico era sobre todo:
El PCP-SL no calculó la resistencia que le opusieron estas dirigentes, ni el impacto que el enfrentamiento con ellas suscitó entre los propios destinatarios de los servicios que las organizaciones brindaban y en la opinión pública en general. A las propias dirigentes les era muy difícil aceptar que ellas mismas podían ser objetivos políticos del PCP-SL. En las ciudades también hubo resistencia a colaborar con los militares, porque no les tenían confianza, pero también porque se resistían a una lógica de «estás conmigo o contra mí». En este contexto, al no existir mecanismos de autodefensa urbana ni estructuras partidarias defensivas, quedaban desprotegidas. La estrategia de desprestigio contra las dirigentes era usual, pero no siempre efectiva; daba algunos resultados cuando sembraba dudas en las bases, pero se trataba de dirigentes que estaban institucionalizando mecanismos de fiscalización y gestión democrática en sus propias organizaciones y respecto de los programas de los gobiernos. 3.2.2.1.2. La organización de las mujeres de base En los setenta, no sólo era difícil para las mujeres ser parte de la clase política sino que ser dirigente era poco habitual. A pesar de ello, desde fines de los setenta y a comienzos de los ochenta, surge una capa de dirigentes de base. La mayoría de las mujeres de los barrios populares tuvieron que superar varios escollos, la timidez, las exigencias del hogar, la actitud del esposo y de los miembros de su comunidad para desempeñarse como tales. En los ochenta, la irrupción de las mujeres a través de experiencias de organización masiva de base sorprendió a los políticos profesionales. Las dirigentes de clubes de madres, vaso de leche y comedores populares, no sólo tuvieron tensiones con los dirigentes varones de organizaciones vecinales, sino con los dirigentes políticos en sus barrios. La Iglesia y las ONG, y no los partidos políticos, fueron quienes estuvieron cerca de las organizaciones y sus dirigentes desde los inicios. Para muchas de las promotoras de ONG, ir al barrio y trabajar con las organizaciones constituía parte de un proyecto personal y no sólo profesional. Establecían con las mujeres del barrio una relación de colaboración y acompañamiento, aunque luego hubo tensiones y los estilos de la relación cambiaron. Estas experiencias vinculaban a mujeres de diferentes sectores sociales en actividades a favor de la comunidad y de la organización. Si bien había un estado de ánimo a favor del cambio y de la justicia social, no se puede adscribir la evolución del conjunto de las organizaciones de base a vínculos orgánicos con la izquierda, aunque sí hubo izquierdistas independientes y militantes entre ellas. Del mismo modo, en las ciudades una buena parte estaba en proceso de afirmación personal y, por tanto, acogían los programas de promoción de la mujer y el diálogo con el feminismo, aunque no necesariamente se declarasen parte de éste. 3.2.2.1. 3. El reto de la autonomía, la fuerza de la palabra Una de las dirigentes de la Central Nacional de Comedores, Emma Hilario, señalaba en una entrevista (Guzmán y Pinzas 1995: 64-65) que la relación entre organización popular y partidos políticos estaba marcada por el temor de las dirigentes populares a ser manipuladas; por ello, la autonomía de sus organizaciones era una preocupación central. Autonomía supone básicamente libertad frente a otras organizaciones, especialmente frente a los partidos políticos y, para Emma, esta cualidad permitía el fortalecimiento de la organización y su aporte a la democratización del país. La autonomía de la organización era más eficaz y permitía evitar, al interior del barrio, los conflictos partidarios que podrían disminuir el alcance y la legitimidad de los servicios prestados a la comunidad. En esa época, las promotoras de las ONG también consideraban que sería un error querer convertir a las dirigentes populares en líderes políticos tradicionales. En la práctica, la trayectoria y dinámica organizativa de las mujeres de base de los ochenta, que giraba en torno a la alimentación, resultó ser un espacio de resistencia contra el senderismo. Como veremos más adelante, este proceso de afirmación de la autonomía de las organizaciones de base no fue comprendido y fue objeto de las amenazas del PCP-SL y, en los noventa, barrido por las intervenciones del gobierno de Fujimori que finalmente las dividió. El proyecto que intuitivamente gestaban estas mujeres, y las redes que tejían, puede resumirse en otorgar vida institucionalizada y reconocimiento a sus organizaciones, gestión democrática, trabajo solidario, no asistencialismo, dignidad para los destinatarios y para ellas mismas. Este proyecto que se podría caracterizar como autogestionario, tendría sus gérmenes en la Central de Comedores AFEDEPROM de Comas, la FEPOMUVES de Villa El Salvador.
Aunque en el interior del país se habían producido varias muertes y desapariciones de dirigentes sociales y políticos, se conocía poco lo acontecido con la dirigencia femenina. Además, Lima lideraba la experiencia organizativa de base y había establecido niveles de centralización y gran reconocimiento por su papel frente al ajuste y a las duras medidas económicas impuestas por el presidente Fujimori al inicio de su primer mandato. Por ello, cuando se iniciaron los atentados y amenazas contra la dirigencia femenina, éstos lograron cierta cobertura en medios pero un respaldo poco eficaz a sus problemas de seguridad. Asimismo, si bien tuvieron una reacción aglutinadora y movilizadora, progresivamente se fueron debilitando y entraron en repliegue por varios meses, algunas dirigentes incluso tuvieron que abandonar el país.
3.2.2.1.4. La ofensiva del PCP-SL contra las dirigentes Sobre la base de la información recopilada por la CVR, podemos establecer que la ofensiva del PCP-SL contra las dirigentes ha sido más amplia de lo inicialmente imaginado y que, en otras regiones, ha pasado por el mismo ciclo de amenazas y asesinatos, aunque los niveles de debate político o confrontación se conocen menos.
3.2.2.1.5. La dirigencia amenazada en Lima, cuando la vida está en juego Hacia mediados de 1991, las dirigentes de organizaciones de base comenzaron a recibir amenazas y fueron objeto de atentados por parte del PCP-SL. En el Callao asesinaron a Juana López en el mes de agosto y, en San Juan de Lurigancho a Doraliza Espejo en el mes de septiembre. En noviembre, se realiza la Marcha «Contra el hambre y el terror» que lideran María Elena Moyano y Emma Hilario, entre otras. En diciembre del mismo año se produjo el atentado contra Emma Hilario y, en febrero de 1992, el asesinato de María Elena Moyano luego de su protesta en Villa El Salvador contra el paro armado decretado por el PCP-SL. Este período crítico confirma la vulnerabilidad en que se encontraban y, aunque muchas dirigentes se replegaron, también hubo intentos de sobreponerse al miedo y a la adversidad. La Federación de Comedores trató de mantener sus bases movilizadas y convocó a otros sectores, pero no logró continuidad. 3.2.2.1.5.1. El caso de Emma Hilario y sus redes Emma Hilario era reconocida por su trayectoria y capacidad de amplia convocatoria incluyendo a los jóvenes de su barrio. Tenía diversos cargos y supo mantener vínculos con diversos sectores y organizaciones. A continuación, algunos fragmentos de su biografía que da cuenta de las amenazas que antecedieron el atentado que sufrió por parte de PCP-SL:
Emma había recibido amenazas, había notado que un auto la seguía y le había parecido reconocer a «tres mujeres del sector, que defienden posiciones cercanas a Sendero», tuvo que dormir en varios locales. Un día, dos mujeres senderistas entraron a su casa, se encontraba sola con su hija pequeña. Las mujeres le pegaron hasta fracturarle una costilla acusándola de corrupción en los comedores del cono. Un poblador, al referirse a estos hechos, considera que el PCP-SL se equivocó ya que sí habían existido algunas inmoralidades en clubes de madres, pero no en comedores autogestionados. Emma Hilario, al hablar del PCP-SL decía que «éste quiere evaluarla, que todavía no la va a matar». Ella pensaba que aparentemente no todo el PCP-SL estaría de acuerdo con que la castiguen. Según los rumores que le llegaron, existían discrepancias entre los grupos de los diferentes distritos. Los miembros del PCP-SL no eran gente ajena al barrio, al contrario, muchos eran jóvenes que vio crecer, hijos o familiares de personas que se conocían, que enfrentaron los mismos problemas que los demás pobladores y con los que no fue fácil demarcarse. En cierto sentido, si formaban parte de la población, tenían derecho de evaluar y juzgar a los dirigentes (Guzmán y Pinzas 1999: 114). A fines de diciembre, temprano por la mañana, cinco senderistas entraron a su casa cuando todavía estaba descansando, dejando heridos a su cuñado y a su esposo. A ella le dispararon a la cabeza, pero tenía el brazo levantado y quedó herida; ella y su familia se vieron obligados a esconderse y salir del país. Días antes del atentado, las organizaciones de comedores autogestionados a los que pertenecía Emma Hilario habían recibido una distinción de manos de Pilar Coll en nombre de la Coordinadora de Derechos Humanos. La Coordinadora había destacado el papel de estas organizaciones a favor de los derechos humanos y de la defensa de la vida a pesar de las amenazas. Una revista de circulación nacional comentaba estos hechos en los siguientes términos:
3..2.2.1.5.2. El caso de María Elena Moyano y el poder de la palabra Las pintas que aparecieron en diversos lugares de Lima hacían referencia explícita a las organizaciones de base por la supervivencia como «colchones» del gobierno. La campaña estaba dirigida tanto contra los programas como contra las madres participantes y sus dirigentes, pero sus acciones de intimidación y descrédito se centraron en estas últimas. Entre ellas, María Elena Moyano, militante de izquierda y dirigente de la Federación Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES) que fue elegida teniente alcaldesa para ese distrito. Además, se distribuyeron volantes en Villa El Salvador tratando de desacreditarla, a lo que ella respondió públicamente en varias ocasiones. Respecto de los programas de alimentos, el PCP-SL afirmaba que eran impulsados por los revisionistas de IU y que se trataba de donaciones de las potencias imperialistas, que las madres se convertían así en mendigos del imperialismo. Asimismo, refiriéndose a Alfonso Barrantes, Violeta Correa y Pilar Nores señalaban que «los reaccionarios mueven a la masa empobrecida aprovechándose del hambre del pueblo con fines partidarios y electoreros» agregando que éstos programas son también una humillación para el pueblo (El Diario, agosto 1989). En 1991, María Elena contesta las críticas que le hacían a ella y a la Federación de Mujeres (Miloslavich 1993: 49-51) a la vez que hacía referencia a las acciones terroristas del PCP-SL:
María Elena había sido declarada Personaje del año por un diario nacional, pocas semanas antes de su asesinato y, por su labor y su carismática personalidad, recibía frecuente atención de los medios de comunicación. A los pocos meses, en medios de comunicación internacionales, el PCP-SL difundía un video refiriéndose a María Elena como «el zapato roto que había que desechar». Esther Flores, quien ejercía la Presidencia de la FEPOMUVES cuando asesinaron a María Elena reiteró ante la CVR la dedicación de María Elena a su pueblo. 3.2.2.1.5.3. El caso de Pascuala Rosado y la inseguridad prolongada En julio de 1992 se estableció la primera Comisaría en Huaycán, cuando era dirigente Pascuala Rosado. Esta decisión creó inseguridad y fue criticada por la población. En los meses siguientes, varios dirigentes fueron asesinados sin que sus muertes estuvieran debidamente esclarecidas. Pascuala se fue del país y a su regreso en 1996 fue asesinada. Pascuala Rosado se inscribió en Huaycán para lograr casa propia y se trasladó con su familia. Ella, con sólo instrucción primaria tenía un gran sentido de la participación: se vinculó a otros contingentes de mujeres para la ayuda mutua, participó como promotora de salud y destacó. Luego de ejercer diversos cargos, salió elegida como Secretaria General de la Zona A, reemplazando nada menos que a Arturo, el conocido dirigente visible que el PCP-SL tenía en Huaycán. Al poco tiempo, fue elegida Secretaria General de la Comunidad Urbana Autogestionaria Huaycán. A diferencia de otros dirigentes, no tenía mayor experiencia política. Según el Informe de la CVR sobre Huaycán, en 1991, cuando el PCP-SL aumentó su presencia en la carretera central, Pascuala Rosado fue amenazada. Frente a esta situación extrema, no le quedó otra opción que aliarse con el gobierno. Llegó a la decisión de instalar la primera Comisaría en Huaycán y luego una base militar. Estas decisiones, que hicieron efectivas en julio de 1992, encontraron resistencia, pues la población estaba acostumbrada a sus sistemas locales de autodefensa que en la zona existían para la seguridad ciudadana. En general, la población experimentaba estas decisiones como una pérdida de autonomía, lo que significaba también una pérdida de su capacidad de autogestión, con lo que el pueblo sentía que el PCP-SL era algo que formaba parte de ellos, pero que se debía combatir A pesar de esta resistencia mayoritaria, también hubo otras posiciones como la de una pobladora que al respecto señala:
Al ponerse en marcha la reestructuración de sistema de autodefensa se intensificó la violencia y se produjeron asesinatos de varios dirigentes. El miedo y la inseguridad persistieron en la población. Cuando se les interrogó sobre dichos asesinatos, se señaló «por algo habrá sido». En la actualidad, persiste también el miedo de decir algo «que pueda ser mal entendido o mal dicho» y que lo crean subversivo (CVR 2003). |23| 3.2.2.1.6. Organización de las mujeres en tiempos difíciles Dirigentes mujeres por tipo de organización
Elaboración propia sobre la base de información confidencial. Base de Datos CVR (07.02.03) Las organizaciones de mujeres se expandían en el país, tanto aquéllas vinculadas a gremios campesinos como a las organizaciones para la subsistencia. En muchas zonas rurales, poner en marcha organizaciones de apoyo alimentario no parecía una solución adecuada ya que las propias mujeres campesinas ansiaban más bien apoyo para la producción. La expansión, en los ochenta, se debió principalmente a las sequías y otros desastres naturales, así como a las repercusiones del ajuste en un agro estancado. Posteriormente, nuevos esfuerzos de organización surgen debido a la incidencia del conflicto armado que obligó a muchas familias a desplazarse a las ciudades y a buscar los medios para subsistir. Cuando el conflicto armado se desencadenó y sus pueblos y comunidades se volvieron escenarios de acciones armadas, el espacio para el desenvolvimiento de estas organizaciones se redujo. Se produjeron atentados contra los locales, las dirigentes sufrieron amenazas directas o se vieron atrapadas en enfrentamientos. Fueron las acciones del PCP-SL la principal fuente de inseguridad y de riesgo para estas dirigentes; a ello se sumó, en un segundo momento, la desconfianza que suscitaron las intervenciones militares y las acciones de los grupos paramilitares. La información de la CVR sacó del anonimato y del olvido a muchas de estas dirigentes. Desde los primeros años del conflicto hubo asesinatos y amenazas, principalmente en Ayacucho; pero también en Junín, Huanuco y Puno. Éste es el caso de Elba Barrientes, presidenta del Club de madres de Acos Vinchos (Huamanga), y su hijo asesinados en 1984 en una incursión del PCP-SL. Es también el caso de Rosa del Águila García, presidenta del Comité Central de Madres del Distrito de Amarilis (Tingo María 1993), asesinada presuntamente por miembros del "PCP-SL, según su hijo José Soto del Águila, quien considera que su muerte originó la desactivación de la Central del Club de Madres, así como de otras organizaciones en Huanuco. |24| Frente a estos hechos, algunas reconocieron abiertamente que no querían arriesgar sus vidas, otras trataron de continuar y también sufrieron amenazas y atentados. En algunos lugares hubo repliegue de la organización; en otros, desactivación. A pesar de esta situación de tensión, las organizaciones de mujeres no se desmontaron por completo, sino que poco a poco se reactivaron e incluso nuevas organizaciones y federaciones surgieron en medio del conflicto armado. Éste es el caso de la FEDECMA y de ANFASEP en Ayacucho. Una señora de Huambalpa (Ayacucho) relata:
Otra señora de Huamanga dice: «En esos tiempos difíciles querían que yo sea presidenta del Club de Madres pero no quise porque era peligroso, así sea mujer o varón igual tenías el riesgo de morir». |25| En Ayacucho, las mujeres se organizaron en torno a la FEDECMA logrando incidir en la política regional; participando en marchas por la paz; actuando ante el comando político militar; promoviendo la defensa de los derechos humanos, así como su participación en el comité de gestión para la emergencia departamental; buscando canales de participación en el gobierno regional; aportando a la centralización departamental de las organizaciones femeninas. A pesar de todo ello, se les acusaba de yanahumas (sirvientes del ejército y del PCP-SL), señala Coral. Actualmente en Ayacucho, Satipo y Puno las mujeres siguen en sus clubes de madres y otras organizaciones apoyando a viudas y huérfanos, haciendo frente a nuevos problemas. Asimismo, se han incorporado a las actividades de desarrollo. Ellas consideran que tienen que seguir organizándose, pero a la vez temen que vuelva la violencia. En Puno, la organización de las mujeres había comenzado con la sequía de 1983 y con el apoyo de la Iglesia; en otros lugares, venía el impulso desde antes. Aunque se trata de una zona donde la violencia era menos intensa, se desconfiaba de la actuación de los militares. Por ello, cuando se produjeron amenazas contra las dirigentes o sus colaboradores, la población ponía en duda el origen de dichas amenazas. En Puno, una dirigente de organizaciones campesinas declara:
3.2.2.1.7. Razones y sinrazones El PCP-SL irrumpió en la vida de las organizaciones con un esquema destinado a una vanguardia concientizada políticamente, en tanto que las mujeres dirigentes de base se sienten distantes de este discurso. Éstas constituyen una vanguardia de acción cívica y solidaria que se desempeña en un mundo de relaciones primarias para la supervivencia, que aspira a la gestión solidaria de los recursos y que expresa una vocación de servicio. Lo que se confrontaron, en la práctica, fueron dos tipos de relación con la política y de relación entre dirigencia y base. Las críticas del PCP-SL lograron cierta efectividad al sembrar dudas en las bases, alimentaron envidias, minaron la solidaridad. Esta desconfianza respecto de los que sobresalen fue alimentada por el PCP-SL. A la vez que desplegó su campaña de desprestigio, buscó legitimar su autoridad con críticas o castigos ejemplares. De este modo, logró una efectividad en su reclamo: ser parte del pueblo y poder criticar, aunque la crítica, real o fabricada, venga acompañada de atentados y asesinatos.
Son varios cientos los dirigentes, varones y mujeres que fueron asesinados por el PCP-SL, entre ellos, casi un ciento de mujeres que, en cierto modo, actuaban como mediadores en una sociedad desarticulada y en un sistema político excluyente, aunque también hubo asesinatos atribuidos a militares y grupos paramilitares (véase relación parcial adjunta). Mujeres dirigentes, muertas y/o desaparecidas registradas en la base de datos de la CVR
Treinta y cinco mujeres de un total de 558 dirigentes registrados hasta el 06 de marzo de 2003. 3.2.2.1.8. Balance Las dirigentes en Lima se ubicaron en el estrecho resquicio del debate político, apelando al poder de la palabra y de la movilización como parte de la resistencia al PCP-SL y de la defensa de sus organizaciones. Trataron de abrir un espacio, una tercera posición, entre el PCP-SL y el Ejército; pero el PCP-SL no hizo concesiones. Los reclamos de autogestión y autovaloración rompieron los esquemas partidarios ortodoxos, mientras la nueva izquierda se esforzaba por establecer una relación diferente con estos sectores. Asimismo, las labores de promoción de la mujer, de algunas ONG y del feminismo resultaron un apoyo a las aspiraciones de afirmación personal y de fortalecimiento de sus organizaciones. Las dirigentes, sin una comprensión del proceso político, se volvieron un objetivo político para el PCP-SL y portavoces incómodas para los militares, porque tampoco quisieron establecer vínculos con estos últimos. Mientras la organización se masificaba, los núcleos de dirigentes, que representaban este incipiente proyecto autogestionario, se desarticulaban como resultado del período de violencia. La masificación de las organizaciones de apoyo alimentario luego del miedo, de la inseguridad frente a acciones armadas y del debilitamiento de estos núcleos de liderazgo, abrió las posibilidades para la manipulación política de estas organizaciones y su alianza de conveniencia con el gobierno del presidente Fujimori. En las comunidades campesinas y pequeños pueblos con menos margen de acción, el funcionamiento de las organizaciones se interrumpió y muchas de sus asociadas tuvieron que apoyar las tareas de autodefensa o desplazarse a otros lugares. Durante el período de violencia se produjo un debilitamiento de las redes y vínculos construidos entre mujeres de distintos sectores sociales. Asimismo, se agudizaron las distancias entre dirigencia y bases. Aunque ya se ha iniciado la recuperación de estos vínculos, el contexto y el compromiso con la organización ha cambiado. La organización valorada como espacio solidario se vuelve un espacio de movilización de recursos. En este proceso están también las mujeres de la sierra de habla quechua, así como las de las comunidades nativas de la selva; por tanto, la experiencia organizativa de base no es más un fenómeno urbano. Se trata, sin embargo, de esfuerzos localizados o de trayectorias individuales; no avizoramos un nuevo esquema de esfuerzo colectivo solidario. Se ha abierto un nuevo canal para estas potencialidades en la participación de la gestión local y en las elecciones municipales. Luego de los años de esfuerzos organizativos por la supervivencia y de resistencia a la violencia, poco ha cambiado en la vida de estas personas cuyos hijos, y sobre todo hijas, no quieren seguir las mismas rutas y buscan nuevos horizontes. Sin embargo, al lado de la pérdida del valor simbólico de estos esfuerzos, no se vislumbran nuevas oportunidades. No se han abierto nuevas perspectivas para el colectivo de mujeres de estos sectores. En lo individual y familiar sí hay otras aspiraciones: la microempresa y la candidatura en elecciones municipales. 3.2.2.2. Derechos humanos: un nuevo escenario Las organizaciones de derechos humanos fueron un agente incómodo a lo largo del período de violencia en el Perú: incomprendidas en sus labores, fueron desestimadas por los involucrados en el conflicto y asediadas por los agentes del Estado. Esto ocurría principalmente con los activistas de las comunidades locales que señalan que eran mirados con recelo por sus lugares de procedencia o por el color de su piel. Un especialista, Carlos Basombrío (citado por Coletta Youngers 2002) atribuye haber podido desempeñar esta difícil labor a que el liderazgo del movimiento era de clase media y de procedencia urbana; en cierto modo, tenían una suerte de protección social y defendían los derechos de otros. Si bien también fueron objeto de amenazas y atentados en todo el país, la red que construyeron nacional e internacionalmente se fue legitimando. Un respaldo importante fue también el que prestaron sectores de la Iglesia católica y evangélica en provincias. Quienes encabezaron esta labor como coordinadoras de las organizaciones agrupadas en una instancia centralizada desde 1984 fueron destacadas defensoras de los derechos humanos. |27| Aunque ellas han sido discretas respecto de su presencia y de su condición de mujeres, no podemos dejar de preguntarnos cómo explicar esta presencia femenina. Acaso se trataba de que como mujeres podían ser consideradas menos competitivas y con mayor convocatoria, o es que en correspondencia con el imaginario colectivo de que las mujeres son defensoras de la vida era de suponer que recibirían mejor trato de parte de los militares. Otros dos contingentes confluyeron en la defensa de los derechos humanos: las organizaciones de derechos de las mujeres que habían tenido una evolución propia y paralela a la de los derechos humanos a comienzos de los ochenta y las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos que surgieron en Ayacucho. En 1983, una veintena de mujeres familiares de desaparecidos, hijos, esposos, padres, hermanos decidieron crear la Asociación Nacional de Familiares Detenidos, Desparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP) con sede en Ayacucho. Durante muchos años sólo estuvo integrada por mujeres en el intento de no seguir exponiendo a los varones, que en la época parecían la población más vulnerable. Un Informe de la Defensoría del Pueblo (2000) señala que sus miembros fueron estigmatizados como familiares de ferrucos |28| y sus demandas fueron silenciadas. En la medida en que las denuncias aumentaron y se diversificaron, surgieron otras organizaciones con sede en Lima destinadas también a la búsqueda de familiares y a dar apoyo a las familias desplazadas. Desde mediados de los noventa, las iniciativas cívicas crecieron en importancia agrupando mujeres y jóvenes. A la vez, destacadas profesionales en el Poder Judicial |29| actuaron en nombre del estado de derecho para oponerse a la arbitrariedad del gobierno de Fujimori y a su mayoría parlamentaria. En medio del conflicto armado, los organismos de derechos humanos cobraron gran protagonismo en el escenario político, primero desempeñando una difícil tarea de defensa contra las violaciones de derechos humanos y, luego, en las luchas democráticas contra las tendencias autoritarias del gobierno del presidente Fujimori. La labor de estas organizaciones constituye un referente ético para las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Notas: 1. Martin Scurrah y Raquel Núñez. Ascendencia de ejecutivos peruanos. Aspectos étnicos-culturales y algunas actitudes administrativas. Documento de trabajo N.° 12. Lima: ESAN, 1975. [Volver] 2. Peri Paredes. Las estrategias de contratación laboral. La experiencia del PROEM y sus alternativas. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1987 [mimeografiado]. [Volver] 3. Ricardo Infante. Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus efectos sociales: evolución y políticas. Lima: Oficina Regional de la OIT para América Latina y El Caribe, 1995. [Volver] 4. Francisco Durand. «Alan García y los empresarios: alianza y conflicto». Francisco Durand. La burguesía peruana: los primeros industriales. Alan García y los empresarios. Lima: Desco, 1988. [Volver] 5. CONFIEP. El Perú de mañana, empresa de hoy. Tercer Congreso Nacional de la Empresa Privada. Lima: CONFIEP, 1989. [Volver] 6. Jorge Bernedo Alvarado. «Mineros cercados por la violencia». Cuadernos Laborales 53, junio-julio, 1989. [Volver] 7. Senado de la República. Comisión especial sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación. Violencia y pacificación. Actas. Anexo II. Lima: Senado de la República, 1988. [Volver] 8. «Alan anuncia «subversión blanca» contra Perú». El Nacional. Lima, 13 de mayo de 1989. [Volver] 9. «Organizarán al pueblo y le darán armas para combatir la subversión». La República. Lima, 13 de mayo de 1989. [Volver] 10. Jorge Bernedo Alvarado. op. cit. [Volver] 11. Complaint against the Government of Peru presented by National Federation of Miners, Metalworkers and Steelworkers of Peru - FNTMMSP. DESCRIPTION: Case on Freedom of Association. COUNTRY: Peru. REPORT: 278. CASE: 1527. CLASSIFICATION: Freedom of Association. DOCUMENT: Vol. LXXIV, 1991, Series B, N." 2. SESSION: 2. YEAR: 1991. TYPE: Single. STAGE: Interim conclusions. [Volver] 12. Carlos Portugal Mendoza. «La reestructuración y privatización de la minería peruana y los retos para el sindicalismo». Red Peruana del Trabajo y Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). Los desafíos sindicales de la reestructuración empresarial. Lima: RPT y PLADES, 1996. [Volver] 13. «Entrevista con Enrique Castilla». Quehacer, n.° 59, junio-julio, 1989. [Volver] 14. Los trabajadores de COPE tomaron la fábrica en lucha por su pliego de reclamos y por el nombramiento de los contratados. Como podrá notarse, el planteamiento era similar al propuesto por la CLOTCCC. [Volver] 15. «Preparar a las masas para la toma del poder». El Diario, 27 de marzo de 1988. [Volver] 16. «En el filo de la navaja; habla Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas». Quehacer, 68, diciembre 1990-enero 1991. [Volver] 17. COPE producía tubos colapsables para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan alta como la de las cervecerías Cristal y Pilsen. [Volver] 18. Senado de la República. op.cit. [Volver] 19. «En forma indignante algunos medios de comunicación distorsionan lucha de trabajadores de COPE». Kausachum, n° 312, 30 de mayo de 1988. [Volver] 20. «Sangriento enfrentamiento de policías y terroristas». Expreso, 2 de noviembre de 1989. [Volver] 21. José Reyes. «La década en cifras». Cuadernos Laborales, n.° 57, , febrero-marzo de 1990. [Volver] 22. Pobladora en grupo focal realizado en Huaycán. Base interpretativa P234: Hyfocusmuj.txt. [Volver] 23. El caso de la comunidad urbana de Huaycan, CVR 2003 [Volver] 24. CVR, Audiencia pública de casos en Tingo María. Caso n.° 6. Primera Sesión, 8 de agosto de 2002. Testimonio de José Soto del Águila [Volver] 25. (Véase la base de datos de Historias representativas de la violencia) [Volver] 26. (Grupo focal realizado por el Área de Estudios en Profundidad). [Volver] 27. Estuvieron a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos, durante el período estudiado, Pilar Coll, Susana Villarán, Rosa Villarán y Sofía Macher. [Volver] 28. Así se denominaba a los integrantes de los grupos subversivos. [Volver] 29. Surgen Mujeres por la democracia y Movimiento Amplio de Mujeres. Por otro lado, la jueza A.
Saquicuray declaró inaplicable ley de Amnistía a los crímenes de Barrios Altos. [Volver]
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