1.2. FUERZAS POLICIALES

Las fuerzas policiales fueron las primeras organizaciones del Estado en ser atacadas sistemáticamente por el terrorismo del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL). Para apropiarse de la autoridad local, la estrategia subversiva empezó por destruir la escasa presencia del Estado en los pueblos andinos y la débil conexión de los servicios estatales, en especial de la policía, con esa sociedad. Los campesinos de la sierra central no estaban acostumbrados a hacer valer sus derechos individuales mediante el sistema legal, ni mucho menos mediante el recurso a la policía. Los ataques del PCP-SL a la policía no provocaron, pues, rechazo masivo por parte de los pobladores de las zonas de emergencia. El Estado respondió cambiando a los policías preventivos y de vigilancia por patrullas policiales contrasubversivas, entrenadas para destruir a un enemigo y amedrentar a sus colaboradores y no para proteger a la población y sus derechos. A poco de iniciada la ofensiva del PCP-SL, el rostro de la policía cambió rápidamente en la zona de emergencia y se limitó a la represión, la persecución, la captura y el interrogatorio. Asimismo, a lo largo de veinte años y conforme se expandían los Comandos Político-Militares, la policía fue sometida por el Estado a la autoridad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y reducida a la función de fuerza auxiliar. Los investigadores policiales tuvieron que ingeniarse nuevos métodos para seguir practicando su oficio con muy pocos recursos, mientras las FFAA y sus servicios de inteligencia recibían el reconocimiento. Pese a todo, el trabajo de los investigadores produjo avances centrales en la lucha contrasubversiva, los cuales —como se mostrará en este estudio— no se derivaron de la estrategia elaborada por las Fuerzas Armadas, ni mucho menos del SIN.

1.2.1. El inicio del conflicto armado interno (17 de mayo de 1980 -29 de diciembre de 1982)

1.2.1.1. El impacto de la declaración del Inicio de la Lucha Armada (ILA) en las fuerzas policiales (FFPP)

Primeramente que la subversión de Sendero [ Luminoso ] cogió de sorpresa a todo el mundo; no estuvieron preparados para acometer, enfrentarse a este problema ni los mandos militares ni los mandos policiales ni los dirigentes políticos (teniente general (r) PNP, Entrevista CVR 12.12.02).

La declaración del Inicio de la Lucha Armada (ILA) ¹ por parte del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) sorprendió a gran parte de la sociedad. Si bien incluso en años anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de algunos grupos radicales de izquierda, ² fenómeno particular iniciado por el PCP-SL desconcierta a las fuerzas policiales (FFPP). En general, las FFPP hubieran esperado más bien la repetición de un proceso guerrillero similar al ocurrido en 1965. La escasa formación contrasubversiva que habían recibido distintas unidades los preparaba únicamente para fenómenos de este tipo: movimientos guerrilleros de tipo castrista. Su intervención inicial, que significó una mera reacción, tenía como referente dicho episodio guerrillero, a pesar de que en realidad existían diferencias sustantivas en los aspectos ideológico, político, militar y estratégico (EQ. EC-PNP/ CVR 2002: 16):

Yo recuerdo [ que fue ] en los años ochenta cuando precisamente se inició en Chuschi, [ ... ] la acción terrorista de Sendero Luminoso [ ... ] Esa acción de Chuschi [ y ] más lo que vino después -el atentado en la Municipalidad de San Martín de Porres, la tumba de Velasco, la aparición de cuatro perros colgados en La Colmena-fueron los primeros datos que recogimos. Y lo cierto es que, en ese momento, no se le dio —pienso— la importancia debida [ ... ] Luego ya percibimos informaciones de Ayacucho de algunas incursiones donde el problema iba tomando una dimensión mayor. Entonces, [ ... ] era una incógnita: ¿quién estaba detrás de estos atentados? Habían varias hipótesis. Pensábamos, pensaba que los montoneros argentinos, en coordinación con elementos radicales de la izquierda, estarían realizando estas acciones. Era pues la época en la Argentina del terrorismo ¿no? Un poco por allí iba [ n ] apuntando hipótesis. Se pensaba también que podría [ n ] estar detrás de estas acciones algunos elementos recalcitrantes del velasquismo. Se pensaba que era algún movimiento, algún grupo político de la izquierda radical. El espectro de izquierda estaba fracturado, pro soviet, pro chino. Bueno, eran hipótesis de trabajo y no, no, todavía no pudimos identificar quiénes eran verdaderamente los autores. Estábamos detrás de esto (teniente general (r) PNP Vidal, Entrevista CVR 30.09.02).

Los efectivos de las FFPP no se encontraban debidamente preparados doctrinariamente ni implementados logística y operativamente para afrontar una amenaza de este tipo. En general, como se desprende de la cita anterior, tuvieron muchas dificultades para definir con claridad a qué tipo de adversario se enfrentaban.

Entre 1980 y 1982, las FFPP tuvieron a su cargo la responsabilidad de desarrollar las acciones de la lucha contrasubversiva, bajo la dirección del Ministerio del Interior, sin recibir un apoyo adecuado del gobierno para la conducción y financiamiento de éstas (EQ. EC-PNP op. cit.). Cabe destacar la subestimación inicial del fenómeno subversivo y la falta de claridad sobre cómo hacerle frente. La ausencia de una posición coherente y unívoca en la percepción de los miembros del gobierno sobre el fenómeno subversivo mostraba señales diversas y confusas a quienes, en la práctica, tenían que enfrentar dicho fenómeno.³

Sin embargo, más allá de todas estas limitaciones y dificultades, es importante precisar que las prioridades de la agenda de trabajo de las distintas unidades policiales iban más allá del proceso subversivo. Por lo menos, hasta entrado el año 1982, las acciones y atentados realizados por el PCP-SL no fueron tan impactantes y sangrientas como serían después. Las limitaciones del funcionamiento de los servicios de inteligencia, policiales ⁴ y militares no permitían tener una visión total de lo que acontecía. Esto, sumado al desconocimiento de la naturaleza del PCP-SL, provocó que se menospreciara la magnitud del fenómeno en curso. Se pensaba aun que era posible contrarrestar rápidamente este fenómeno.

Mientas tanto, estos años fueron agitados para las instituciones policiales por diversas razones. Sus preocupaciones principales no se hallaban en el control de la subversión. Es necesario recordar que las FFPP cumplieron también, a lo largo del proceso de guerra interna, sus labores normales. Los primeros años de transferencia coincidieron con una intensa movilización y agitación social de la izquierda —al mismo tiempo que el PCP-SL se desarrollaba y expandía—. Esto ofrecía señales confusas a los policías, algunos de los cuales pensaban aún que el PCP-SL no era más que el brazo armado de la izquierda, lo que los obligó a ocuparse en dar una respuesta a esta interrogante. Además, debían ocuparse de los problemas normales, tales como el control de la delincuencia. Por otro lado, una serie de factores relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones policiales incidió también en el desempeño que mostrarían en la lucha contrasubversiva. En primer lugar, los celos y rivalidades entre institutos llegaron a una situación límite con confrontaciones públicas. En lugar de favorecer a una sinergia de esfuerzos y coordinación para la lucha contrasubversiva, esto profundizó la brecha existente entre las mismas y favoreció la competencia. En segundo lugar, las pugnas dentro de cada institución por asegurar carreras policiales y el camino hacia los comandos fueron, y seguirían siendo, objeto de especial preocupación de varios sectores de oficiales. Esto les consumía mucho tiempo y provocaba que unidades de la misma institución policial —dirigidas por oficiales rivales— no coordinaran esfuerzos, sino más bien trataran de socavarse mutuamente. Finalmente, la corrupción extendida afectó el desempeño de varias unidades —especialmente dentro de la PIP— y contaminó lo que desde otras era posible hacer.

1.2.1.2. Las confrontaciones y la corrupción

Iniciada su gestión, el principal problema que tuvo el ministro del Interior De la Jara no fue el del PCP-SL, sino el de imponer su autoridad sobre los comandos policiales, en especial sobre el general Balaguer, director general de la Guardia Civil (GC). ⁵ Desde un primer momento, el general mostró animadversión contra el Ministro y el Viceministro de su sector. Balaguer tampoco hizo nada por armonizar las relaciones de su institución con las de los otros institutos policiales (Gorriti 1991: 117). Por el contrario, en todo momento trató de dejar en claro que la GC estaba sobre la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y la Guardia Republicana (GR).

En las ceremonias del aniversario institucional, el 30 de agosto, Balaguer pronunció un discurso que fue, según el viceministro del Interior López Martínez, ⁶ «insolente en el fondo y en la forma». Poco después, sin autorización, dio declaraciones públicas en las que sostenía que existía «un plan premeditado de la ultraizquierda para conmocionar al país y alterar la paz social con paros, huelgas y actos subversivos» (El Comercio, 6 de Septiembre de 1980). No se refería al PCP-SL, sino a la izquierda legal. Pronto, la izquierda parlamentaria expresaría una protesta enérgica al gobierno por las declaraciones del general Balaguer. Por todo esto, el ministro De la Jara retiró su confianza al director de la GC alegando que estaba impedido de hacer declaraciones políticas. Este hecho generó un hondo malestar entre la GC y estuvo a punto de producirse una rebelión policial.

Los miembros de la GC se agruparon en el patio del tercer piso del Ministerio del Interior, donde se encontraba el despacho del director de la GC. Los guardias civiles de todas las comisarías del país dejaron de trabajar. Este conato de sublevación fue aprovechado por la PIP y la GR. Los directores de estas instituciones reafirmaron inmediatamente sus lealtades con el Ministro del Interior y movilizaron personal para custodiarlo. La situación de tensión prosiguió por varios días. En las calles, los policías intercambiaron insultos, golpes y se mostraron mutuamente las armas. A raíz del conflicto, en las comisarías, los GC expulsaron a los investigadores (PIP) de todas las dependencias de manera definitiva. En la Prefectura de Lima, compartida por las jefaturas de región de ambas policías, hubo un intercambio de granadas lacrimógenas y disparos al aire. Las tensiones entre los institutos policiales se agravarían en los próximos años; esto sería evidente luego en la misma labor contrasubversiva. ⁷

Por otro lado, estos gestos permitieron al director general de la PIP, general Eduardo Ipinze, generar confianza en el gobierno. Sin ninguna posibilidad de contrapeso interno y luego de haber dejado fuera de carrera a oficiales rivales no vinculados a la red de corrupción, Ipinze lograría colocar a un círculo de oficiales allegados en puestos clave. Varios de ellos serían implicados en las investigaciones que al respecto se realizarían años después a la organización de Reynaldo Rodríguez López, El Padrino. ⁸ Una situación incubada por lo menos desde fines de la década del setenta ⁹ propició que en la PIP se llegase

[ ... ] a niveles tales de corrupción que no sólo distorsionaron su función, sino que la desnaturalizaron por completo. En ese proceso, lo primero que sufrió fue la eficacia policial; lo cual, en la etapa más vulnerable de Sendero, cuando su inexperiencia les hacía

aún cometer gruesos errores, y cuando una acción policial tenaz y diligente hubiera contribuido por lo menos a sofrenar su crecimiento, significó un daño mucho mayor para el país que el que la simple negligencia hubiera podido acarrear. Al desmantelar las pocas y menguadas defensas de la sociedad, la corrupción policial funcionó en los hechos en forma complementaria a la de Sendero, y facilitó tremendamente un crecimiento que de otra forma hubiera sido mucho más azaroso. (Gorriti op. cit.: 181)

Una dirección estratégica para esta mafia fue la Dirección de Inteligencia de la PIP (DIRIN). El agravamiento de la situación de violencia en el país, «creaba condiciones ideales para camuflar las operaciones de la banda dentro de toda la gama de acciones encubiertas e investigaciones secretas que se supone forman parte de la inteligencia contrainsurgente. Contando con el apoyo del comando institucional, la jefatura de inteligencia era un puesto estratégico para controlar a los jefes policiales [ ... ] que estuvieran tentados [ ... ] de lanzar una investigación por cuenta propia (ibid: 306)». Cuando en 1982, el general Teófilo Aliaga —ajeno al círculo de oficiales de Ipinze— ocupó la dirección de la DIRIN, la corrupción había paralizado ya funcionalmente a segmentos vitales de la institución. Luego de ver sus funciones completamente distorsionadas, la DIRIN no tenía casi posibilidades de una solución inmediata. No fue mucho lo que se pudo hacer para un trabajo eficaz de inteligencia contrasubversiva. Por ello, una de las unidades operativas se vería obligada a trabajar también en la recolección y análisis de información sobre la subversión.

1.2.1.3. Los Ataques a puestos policiales en Ayacucho

Hasta antes del estallido de la violencia, la Policía Nacional —especialmente la GC— era una de las caras más visibles del Estado en las zonas rurales del Perú. En varias de éstas, los policías conformaban uno de los vértices del poder local y las relaciones que establecían con la población estaban mediadas por el abuso y el autoritarismo. Por ello, cuando el PCP-SL dio inicio a su lucha armada, escogió a la policía como uno de sus blancos principales pues constituía la imagen más clara de su enemigo, el Estado, al cual deseaban destruir. El PCP-SL incluyó a los puestos policiales en su plan para «conquistar armas y medios» (ibid: 173). Al mismo tiempo, estas incursiones permitieron al partido entrenar a sus cuadros más jóvenes en situaciones de combate y aniquilamiento de personas.

El desalojo del personal policial de algunos puestos rurales de Ayacucho había empezado antes del ILA. ¹⁰ Desde entonces, algunos grupos de la inteligencia alertaban sobre la posibilidad de que se produjeran actos de sabotaje, enfrentamientos con fuerzas del orden y atentados a locales de la GC (ibid: 83). A pesar de que se había tomado conocimiento sobre ello, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias. De esta manera, en 1981 se produjeron, entre otros, ataques a los puestos policiales de Quinua (15 agosto), Luricocha (17 septiembre) y Tambo (11 octubre). En el ataque al puesto de Quinua, fue asesinado el sargento Ramiro Flores Sulca, el primer policía que murió debido el accionar del partido.

Por otro lado, en el accionar cotidiano del puesto policial rural, los delitos con los que los policías tenían que lidiar eran casos menores relacionados con abigeato, violencia doméstica y robos de poca trascendencia. En la rutina de estos policías, no existían planes de contingencia para defender sus puestos ante la eventualidad de un ataque. Adicionalmente, otros factores contribuyeron a que los puestos policiales rurales se convirtieran en blancos fáciles del PCP-SL en estos primeros años: ¹¹ entre otros, la precariedad y aislamiento de los puestos, generalmente ubicados a varias horas de las ciudades principales y con rutas poco accesibles; el reducido número de policías, ¹² que eran guardias de formación básica, sin mayor experiencia en enfrentamientos; y, finalmente, el exceso de confianza y la subestimación del fenómeno subversivo. Por otro lado, la estrategia misma del PCP-SL desconcertaba a los policías. La inferioridad numérica a nivel estratégico y la superioridad numérica a nivel táctico ¹³ eran las pautas militares maoístas que el PCP-SL acataba rigurosamente en dichos ataques (ibid: 213). Por ello, el factor numérico estuvo siempre a favor de sus combatientes, que se confundían entre la población. A ello se añadía que el PCP-SL normalmente aprovechaba el factor sorpresa: los ataques se realizaban durante la noche o la madrugada, un día de fiesta o feria, cuando los policías se encontraban especialmente desprevenidos.

Estos factores fueron aprovechados en el ataque al puesto policial de Tambo. Esta pequeña ciudad de la provincia de La Mar, fue testigo de un feroz ataque contra las FFPP la noche del domingo 11 de octubre de 1981, día de feria durante el cual la ciudad se disponía a descansar de la agitación diaria. En el momento del ataque, tres policías estaban de guardia en el puesto policial, los otros dos se encontraban de franco. Veinte subversivos armados atacaron el puesto por 15 minutos e hirieron letalmente al guardia Jorge Vivanco Vizcarra, natural de Tambo. Dos policías con heridas de menor gravedad fueron arrastrados hasta el centro de la plaza. Pero no fueron las únicas víctimas. Elena Vivanco, comerciante que circunstancialmente se encontraba en el puesto policial en el momento del ataque, perdió a su esposo, Jesús Torres, y a su hijo de un año de edad (Caretas 699 19.10.81).

1.2.1.4. La contraofensiva policial

La magnitud del ataque al puesto policial de Tambo conmocionó a la opinión pública y determinó que, el 12 de octubre, ¹⁴ el presidente Fernando Belaunde Terry declarara por primera vez el estado de emergencia en Ayacucho comandado por las FFPP. El responsable de asumir la jefatura de la zona fue el general GC Carlos Barreto Bretoneche, quien hasta ese momento se había desempeñado como Jefe de la subregión Huancayo. El general Barreto recibió del ministro del Interior un pliego de instrucciones donde se especificaba el objetivo que se debía conseguir y el tipo de apoyo que, para tal propósito, las FFPP recibirían de las FFAA. Era responsabilidad del Ejército proveer, entonces, a la Policía Nacional de fusiles FAL y camiones de tipo Unimog para el transporte de tropa. A su vez, La Marina de Guerra del Perú tenía que proveerla de equipos de radio y la Fuerza Aérea Peruana (FAP) de helicópteros (Gorriti op. cit.). Junto con Barreto, viajó un contingente de 193 policías,¹⁵ incluyendo entre ellos a cuarenta sinchis.¹⁶

Con el arribo de Barreto se estableció en Ayacucho un estado mayor (Comando Operativo de la Zona de Emergencia) que agrupó a los tres coroneles (GC, PIP y GR) que se encontraban en el departamento. Gracias al establecimiento de este estado mayor se logró la unión operativa de los tres cuerpos de policía y se levantó la moral de sus efectivos (ibid: 222). El comando puso en práctica el Plan de Operaciones Conjunto Vivanco, que establecía la toma de la iniciativa policial en la lucha contra la subversión. Las acciones planificadas estaban a cargo de 6 grupos operativos, respaldados por uno de reserva e informados por otro de inteligencia. Cada grupo se subdividía en patrullas delimitadas territorialmente. La provincia de Huamanga tenía seis; Huanta, diez; La Mar, siete; Vilcashuamán seis; Cangallo-Víctor Fajardo, cinco (ibid: 223). El plan supuso también el establecimiento del toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. Por otro lado, evidenciando el desconocimiento del adversario —se pensaba aún que los subversivos eran guerrilleros apoyados por el comunismo internacional— y poniendo en práctica lo establecido por la doctrina, se propuso también la captura de ciudadanos extranjeros vinculados con PCP-SL.

A pesar de las limitaciones de las ideas subyacentes al diseño del plan, su ejecución permitió a la policía alcanzar sus mayores niveles de efectividad en la lucha contra la subversión en esta zona, sobre todo en Huamanga. Hacia el 23 de octubre, 400 policías habían llevado a cabo 113 incursiones en las que se incautaron cerca de 200 cartuchos de dinamita, fulminante y mecha. Durante los sesenta días del estado de emergencia, se logró la captura de importantes cuadros de PCP-SL; asimismo, no se produjo ningún atentado ni tampoco hubo víctimas mortales en Huamanga. Sin embargo, encontraron dificultades para mantener un control más efectivo de las zonas rurales por la insuficiencia de miembros de las FFPP (EQ. EC. PNP/ CVR op. cit.: 11). Por otro lado, desde entonces empezaron a conocerse procedimientos policiales bastante violentos, detenciones indebidas y casos de tortura. Un temprano reportaje da cuenta de esto:

El hecho de no haberse producido, hasta la fecha, ninguna muerte durante el estado de emergencia en un ambiente tan cargado de tensión constituía, sin duda, un mérito incuestionable. Está empañado, sin embargo, por los alegatos de torturas [...] la emergencia y las operaciones subsecuentes han significado una retracción casi completa de la organización terrorista [...] [Pero] La amplitud de casos por resolver y la presión para obtener resultados a la brevedad tiene secuelas: la detención de personas casi seguramente inocentes de vinculaciones con el terror, el trato rudo, los alegados apremios [...] de 183 detenidos el día 21, la mayoría había sido liberada dos días después (Caretas 670 26.10.81).

Asimismo, empezaron a cometerse también actos de violencia sexual. Por ejemplo, la declarante del testimonio 100255 tenía sólo 14 años cuando fue violada por un grupo de sinchis armados y encapuchados el 28 de octubre de 1981. Ellos ingresaron violentamente a su casa rompiendo puertas y ventanas. La vendaron, la subieron a un carro y la violaron entre siete. Al amanecer, la subieron a un helicóptero. En pleno vuelo, le amarraron los pies con una soga y la balancearon en el aire por algunos minutos para que confesara. La víctima era acusada de haber sido partícipe en el asalto al puesto policial de Tambo.

En diciembre de 1981, el general Barreto solicitó que el estado de emergencia se extendiera por treinta días más, pero el presidente Fernando Belaunde Terry, en vista de los resultados obtenidos, ordenó que éste se levantara. El 12 de diciembre el general abandonó Ayacucho y dejó en la zona a la mayor parte de los miembros de la FFPP que habían viajado con él.

1.2.1.5. El repliegue policial

Gracias al establecimiento del Plan Vivanco, las FFPP habían logrado capturar a cuadros bastante importantes de PCP-SL como Hildebrando Pérez Huarancca, Edith Lagos, Carlos Alcántara, Eucario Najarro Jáuregui y Vicente Amilcar Urbay Ovalle, entre otros. Todos ellos estaban en el Centro de Reclusión y Adaptación Social (CRAS) de Huamanga bajo la acusación de terrorismo. Sin embargo, estos logros iniciales en Ayacucho se vieron opacados ante las condiciones en las que los miembros policiales debían realizar su trabajo:

La represión no se acompañó con medidas económicas y sociales a favor de la población de una de las regiones más atrasadas del país. El hecho de que las fuerzas del orden no tengan prácticamente nada que ofrecer a una población que carecía a menudo de los más elementales servicios incrementó las dificultades de su misión. (EQ. EC. PNP/ CVR op. cit.: 12)

La instauración del estado de emergencia suspendía las garantías constitucionales y autorizaba a las fuerzas del orden a efectuar pesquisas y detenciones sin mandato judicial. Esto indispuso a la población de Ayacucho, sin por ello favorecer el retorno a la calma. A lo más, facilitó la detención de algunos cientos de senderistas. Pero esto no impidió que desapareciera la presencia del Estado en un número creciente de distritos, porque la Guardia Civil estaba a la defensiva por la falta de apoyo del gobierno. [...] El gobierno continuaba empeñado en tipificar las acciones de PCP-SL, como parte de una conspiración internacional. Esta visión errónea del régimen político sobre las verdaderas características del grupo subversivo contribuyó a permitir su desarrollo. (ibid: 25-26)

No obstante, los logros policiales no se circunscribieron a Ayacucho. En otras zonas del país, sobre todo urbanas, los miembros de la PIP habían logrado detener a los militantes del PCP-SL involucrados en atentados. Por esta razón, el PCP-SL planificó fugas de centros de reclusión en distintos puntos del país con el objetivo de recuperarse.¹⁷ El más recordado de ellos fue el asalto al CRAS de Huamanga el 2 de marzo. Días antes, el 28 de febrero, había habido un intento de fuga. Ese día murieron cuatro subversivos y quedaron gravemente heridos Eucario Najarro Jáuregui y Vicente Amilcar Urbay Ovalle. Ellos fueron internados en el hospital de Huamanga y quedaron bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Civil (GR). Carlos Alcántara, estudiante escolar y uno de los cuadros máximos del PCP-SL en Ayacucho, también estaba internado en el hospital porque padecía de osteomielitis.

El asalto al CRAS fue el corolario de una serie de hechos que evidenciaban que el PCP-SL estaba planeando dar un gran golpe. Una parte de la inteligencia de la GR alertó al ministro José Gagliardi sobre la posibilidad de un ataque al CRAS de Huamanga por lo que este decidió enviar un refuerzo de veinte hombres al destacamento de la GR en Ayacucho. ¹⁸ El comandante de la GR en Ayacucho tuvo conocimiento de esta alerta, pero no obedeció las directivas de redoblar la guardia del penal. Asimismo, personal de inteligencia de la GR se había comunicado con el teniente Herbert Rosemberg, quien tenía a su mando el destacamento que daba seguridad al CRAS. A pesar de todas las advertencias previas, cuando el 2 de marzo se produjo el asalto a la cárcel, sólo siete policías se encontraban cuidando sus instalaciones.

Esa noche, un grupo de aproximadamente 100 subversivos atacó la cárcel. Como producto del asalto fugaron un total de 247 reclusos¹⁹. Por lo menos 50 de estos estaban sentenciados o siendo procesados por presunto delito de terrorismo. El asalto dejó un saldo de dos policías muertos, Florencio Aronés Guillén y José Rea Conde. Antes de llevar a cabo el ataque, los atacantes habían tomado las garitas de acceso a la ciudad y apostado a grupos de francotiradores en las inmediaciones de los locales de la GR, GC y PIP, así como frente a los domicilios del Subprefecto y del Presidente de la Corte Superior (Caretas 688 8.3.82). El ataque tomó por sorpresa a la GC y a la PIP, porque no conocían la nota de inteligencia que alertaba sobre este suceso. Por ello, los policías acantonados en Ayacucho no tuvieron mayor capacidad de reacción. Sólo atinaron a parapetarse en sus comisarías y estaciones. No libraron batalla contra el PCP-SL porque imaginaron que el número de atacantes era mucho mayor. ²⁰

En vista de la magnitud del ataque, el coronel PIP Andrés Morales Vega hizo un llamado al viceministro Héctor López Martínez para que interviniera la tropa del batallón Cabitos, asentado en Huamanga. López Martínez ²¹ habló con el presidente Fernando Belaunde Terry, pero éste le dijo que el ministro de Guerra Cisneros no consideraba necesaria la participación del Ejército, porque los subversivos ya habían empezado a retirarse.

Durante el ataque, sólo el capitán Linares Bay, del destacamento sinchi asentado en Huamanga, logró abrirse paso con un grupo de hombres hacia el CRAS.²² El tiroteo con el grupo de sinchis convenció a los atacantes de PCP-SL de que ya era hora de emprender la retirada, pues el efecto sorpresa que había logrado tan buenos resultados había empezado a atenuarse. Por eso, evacuaron la ciudad de manera apresurada y no recogieron los cadáveres de sus compañeros caídos en combate, como acostumbraban a hacerlo (Gorriti op. cit.: 261).

Luego del asalto, en un acto de venganza ante la derrota, un grupo de guardias republicanos ingresaron al hospital y sacaron a rastras a los miembros del PCP-SL que habían resultado heridos en la cárcel días antes. Una vez en la calle, asesinaron a balazos a Carlos Alcántara Chávez, jefe de los cuatro sectores en que el PCP-SL había dividido Huamanga, a Russell Wensjoe, que ya se encontraba con la orden judicial de libertad, y a Vicente Amilcar Urbay Ovalle. También intentaron asesinar a Eucario Najarro Jáuregui, pero éste sobrevivió al estrangulamiento. Inicialmente, se trató de encubrir el hecho y se dijo que los muertos del hospital eran subversivos que habían participado en el asalto. Luego, se deslizó la posibilidad de que los autores del hecho habrían sido personas disfrazadas de policías. Finalmente, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que descartaban tales afirmaciones y prometía no escatimar esfuerzos para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esas muertes (Caretas 688 8.3.82 y López Martínez). ²³

El asalto a la cárcel de Huamanga se produjo exactamente una semana después que el Ministro del Interior declarara ante la Comisión Permanente del Congreso de la República que todo estaba en calma (Caretas 688 8.3.82: 16). El asalto fue un caso de resonancia nacional que puso en evidencia la capacidad operativa del PCP-SL e provocó que el gobierno, las FFPP y las FFAA lo vieran como un peligro de una dimensión mayor de la que habían imaginado. En efecto, contribuyó a crear la apariencia de que su accionar estaba pasando a una fase militar y de control territorial y político.²⁴ Mostró los errores policiales producidos por la subestimación del fenómeno subversivo y quedó claro también que el PCP-SL pudo llevar a cabo una operación militar exitosa debido a los problemas de coordinación en el Estado, que no fue capaz de asegurar la intervención de las fuerzas del Ejército de la ciudad de Huamanga en ayuda de los efectivos de la GR que custodiaban el CRAS. A consecuencia del ataque, el 3 de marzo de 1982 fue reestablecido el estado de emergencia en Huamanga por decreto supremo 04-82-IN.

Después del ataque al CRAS, el PCP-SL hostigó y atacó especialmente los destacamentos policiales de los distritos que le interesaba controlar. Como la situación se fue agravando, hacia fines de marzo el general Catter, director general de la GC, dio la orden de que se replegaran los puestos más grandes por razones de seguridad. Con el repliegue se dejó el campo libre al PCP-SL y la situación en las ciudades como Huanta y Huamanga se tornó más convulsionada con atentados en ascenso. Este repliegue fue un grave error que apoyaría la imagen de unas FFPP derrotadas e incapaces de enfrentarse al problema.

Hacia fines de marzo, el PCP-SL intensificó su campaña de batir el campo y empezó a cercar el distrito de Vilcashumán. El 26 de marzo atacaron el fundo Ayzarca, cerca de Parcco y Pomatambo, incendiaron la casa y la capilla, y se llevaron a Andrés Gutiérrez, dueño del fundo. Semanas después se encontró su cuerpo. El 31 de marzo se produjo un ataque a la Jefatura de Línea ²⁵ de Vilcashuamán. Al ser hostigados por francotiradores en la noche, los policías temieron que pudiera producirse un hecho similar al ocurrido en el CRAS. El jefe de línea se comunicó con Ayacucho y pidió auxilio. El general GC Jorge Monge Llanos, jefe de la II Región Policial, llenó un camión militar con guardias y se dirigió a Vilcashuamán a brindarle ayuda al puesto. Mientras tanto, el Ministro del Interior se mantuvo al tanto de la comunicación entre el general Monge y el jefe del puesto de Vilcashuamán hasta que se cortó (Gorriti op. cit.: 325).

Al día siguiente, el presidente Fernando Belaunde Terry, el Ministro del Interior José Gagliardi, el comandante general del Ejército Francisco Miranda y el ministro de Aeronáutica José García Calderón llegaron a la zona para dar su apoyo moral a los efectivos policiales. En el ataque sólo un policía había resultado herido, pero el temor por un suceso más violento había cundido entre los miembros de la FFPP. En el discurso pronunciado en Vilcashuamán, el presidente Belaunde fue enérgico con ellos: les pidió determinación y una actitud ofensiva contra los «enemigos» de la Constitución y la paz. Después del ataque, el gobierno trató de mejorar el equipamiento con el que contaban las FFPP.

1.2.1.6. Los contingentes contrasubversivos en Ayacucho

A medida que el PCP-SL fue extendiendo su accionar en Ayacucho, se fue incrementando el número de policías en el departamento. En un inicio, los envíos de personal a la zona en emergencia eran improvisados: la mayoría era parte del personal policial básico que no tenía formación contrasubversiva.

Iban a las comisarías de Lima y les decían: «Ya, suban»; de repente estaban en un avión y al llegar a Ayacucho les decían: «Señores, han venido a prestar servicio tres meses, les vamos a dar sus viáticos». Se los llevaban así a la guerra [...] (EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.02.03).

También había personal voluntario que había solicitado su destacamento a zona de emergencia, ya que los viáticos constituían un importante estímulo (ibid). Se enviaba también a policías que habían cometido algún tipo de falta como una forma de sancionarlos. No separar de la institución a los malos elementos y enviarlos lejos era una antigua práctica institucional, a pesar de lo riesgos que esto implicaba para la población. Las condiciones en las que las FFPP tuvieron que hacerle frente a la subversión fueron bastante duras pues no contaban con medios adecuados. El armamento que usaban²⁶ era antiguo y poco efectivo. La munición era limitada; por lo que, en ocasiones, ellos mismos tenían que comprarla. Por otro lado, la falta de coordinación entre el comando policial y los puestos o líneas y el mal equipamiento dieron como resultado el deterioro de la moral combativa de los miembros de la FFPP en zona. La cita siguiente relata la forma en que vivían los policías de un destacamento contrasubversivo:

Entramos al destacamento; era una casa, una casa igual a las casas de barrio de la zona y donde duerme el personal… sobre pedazos de papel. No había catre, no había cama, no había nada, no había colchones y ahí dormía el personal…¿ Cómo se cocinaban? Ellos mismos se cocinaban ahí con lo que podían, con un fogón. Es decir, igualito como vivía el campesino del lugar (general GC (r), ex sinchi, Entrevista CVR 9.9.02).

De todos los policías enviados a la zona durante ese período, los que generaron mayor impacto entre la población fueron los sinchis. Su misión fue reforzar los destacamentos policiales que se encontraban en Ayacucho. El personal sinchi fue enviado a la zona en calidad de comisión de servicio.²⁷ Estuvieron acantonados en la ciudad de Huamanga, desde donde se trasladaban en helicóptero a distintos pueblos y comunidades. Aunque nunca hubo más de 120 sinchis en la zona de emergencia, al poder desplazarse rápidamente de un lado a otro en un radio de acción bastante extenso, crearon la sensación de que estaban casi en todas partes y que eran un número mayor. Cuando los sinchis llegaban a un poblado o llevaban a cabo una incursión, siempre lo hacían en grupos pequeños, no más de ocho ó nueve hombres armados, además del piloto del helicóptero. ²⁸

Como la mayor parte de sinchis eran costeños, para ellos llegar a Ayacucho significó un encuentro con un otro —el poblador andino y quechuahablante— con una trayectoria cultural distinta. Del mismo modo, la población local vio a estos efectivos policiales como extranjeros. En su descripción, cuentan que «eran altos y blancos; parecían americanos y estaban uniformados, camuflados. A ellos les decían los sinchis» (Testimonio CVR 100255). A medida que la situación se fue agravando, se envió un mayor número de sinchis a la zona. El personal provenía directamente de la base de Mazamari y de algunas comandancias de Lima. En la práctica, los miembros de las FFPP se quedaban más tiempo del previsto inicialmente (tres meses) por insuficiencia de personal (general GC (r) op. cit.). ²⁹

Con esta situación se produjo una sobreexposición del personal —predominantemente costeño y mestizo— a un entorno que sentían bastante hostil y ajeno. Por su formación contrasubversiva, el accionar del PCP-SL les resultó totalmente ajeno a lo que ellos esperaban de un grupo subversivo. El PCP-SL atacaba a traición, de manera inesperada; no tenía campamentos ni se desplazaba en columnas. «Era diferente la forma como Sendero [Luminoso] se manifestaba, [...] una cosa atípica, novedosa podemos decir. Los procedimientos, las técnicas, su trabajo con la población era diferente. El guerrillero del [Movimiento de Izquierda Revolucionaria] MIR es un guerrillero; yo lo considero un guerrillero romántico»( ibid).

Tampoco se podía diferenciar a los miembros del PCP-SL del resto de la población, porque no usaban uniforme. Esto último implicó un cambio en la relación entre los policías y la sociedad; pues al no poder diferenciar a unos de otros, todos se convirtieron en sospechosos y potenciales terroristas. Si ya existían distancias entre los policías y la población, éstas se acentuaron con el proceso de violencia:

Eso es lo que genera el cambio de actitud de la policía frente a la población. La policía se vuelve desconfiada, se vuelve temerosa; porque no sabe si esta hablando con alguien y ése es un terrorista que lo está observando, que lo está viendo y lo está conociendo; en fin, [si está] averiguando algo y que después lo va a atacar. Entonces, esa es una de las consecuencias fatales —podemos decir— que estamos viviendo actualmente y que todavía no logra superarse de que la policía se haya aislado, se haya retirado de la población. (ibid)

En sus visitas a los poblados, que podían ser de horas o días, desplegaban toda una parafernalia de poder y desarrollaban una serie de rutinas físicas de carácter disuasivo. Vistiendo sus uniformes camuflados con una insignia en forma de ala en el pecho (emblema de los paracaidistas) y cargando un fusil M1, salían a correr por los alrededores. Durante la calistenia hacían vivas y entonaban canciones de guerra, cuyo propósito era amedrentar a los militantes del PCP-SL y a la población civil, a la que veían como cómplice de esta agrupación subversiva.³⁰ De una presentación inicial amistosa, pasaron con frecuencia a los abusos y violaciones a los derechos humanos. En la base de datos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), abundan testimonios que dan cuenta de esto. Por ejemplo, una testigo cuenta que en septiembre de 1982 los sinchis llegaron a Chalcos (Sucre, Ayacucho) en dos helicópteros. Estos se presentaron a la población como protectores. «Dijeron que no les tengamos miedo que habían venido a resguardarnos, a cuidarnos, que confiemos en ellos»( testimonio 100483). Organizaron campeonatos deportivos. «Parecían un protector, un amigo para nosotros»( ibid). Pero al término de dos semanas empezaron a emborracharse con los licores disponibles en el pueblo y capturaron a un grupo de profesores, a los que sin ninguna prueba acusaron de ser terroristas. Luego de detenerlos y golpearlos por varias horas les dijeron: «Si quieren irse, corran, escápense por donde puedan»( ibid). Los profesores corrieron y los sinchis les dispararon a mansalva; todos murieron.

Acciones de este tipo rápidamente provocaron que en torno a estos personajes se desarrollara un imaginario terrible. El sinchi fue visto por muchos como el abusivo, el torturador, el violador, el asesino, a quien la población aprendió a temer. Fue el primer contingente del Estado que llevó a cabo acciones de guerra sucia. Para muchos pobladores rurales y urbanos de Ayacucho la primera experiencia con los sinchis fue traumática. Por ejemplo, el testimonio 200864 señala que la gente empezó a tomar sus precauciones para no encontrarse con las fuerzas del orden. Una opinión similar ofrece un testigo natural de Mayocc, Churcampa: «Los sinchis mataban a quienes encontraban»( testimonio 201137).

Durante esta primera etapa, la tortura y detenciones arbitrarias fueron prácticas bastante comunes entre los sinchis. Del mismo modo, lo fue la violación sexual no sólo de mujeres adultas, sino también de adolescentes. Uno de los casos más tempranos que impactaron a la opinión pública fue el de Georgina Gamboa, acontecido el 2 de enero de 1981.³¹ Ejercer violencia de manera indiscriminada y sin razones válidas fue muy frecuente entre los sinchis en este período. Un miembro de las FFPP que estuvo en la zona corrobora este tipo de hechos:

Esa era una costumbre allá. El que bebía —si no le quería vender la tienda— pateaba la puerta, la tumbaba y se tomaban el trago que le daba la gana, inclusive la violaba a la hija y en venganza: más borracho, peor pierde la cabeza. Era una costumbre allá. (testimonio 100166)

Cuando cometían excesos contra una comunidad presuntamente allegada al PCP-SL, los sinchis desaparecían. Esto se facilitaba porque contaban con el helicóptero. Esta nave no sólo fue el espacio en el cual se perpetraron abusos y torturas —como balancear a los detenidos en el aire para obtener una confesión—, sino también desde el cual se habrían perpetrado homicidios. Algunos testimonios señalan que encostalaban a los detenidos y los arrojaban desde lo alto en la zona del río Apurímac. Como sostiene un suboficial en retiro, el grupo de sinchis «era un cuerpo más represivo, formado para aniquilar, para matar. Asesinos cuando iban a matar. No creen en nadie. Claro que hay reglas, pero a veces las reglas no las respetan, no son limpios.» (sargento GC (r ), Entrevista 2003)

Un hecho que se debe resaltar es que desde el inicio de la guerra interna se trató de justificar las violaciones de los derechos humanos realizadas por los contingentes contrasubversivos. Las justificaciones indicaban que estos hechos se producían por una sobreexposición de los elementos policiales en un entorno hostil que, sumados a la presión de convertirse en víctima de un ataque del PCP-SL en cualquier momento, reaccionaron con una violencia sobredimensionada. Así, cometer estas violaciones —calificadas de excesos— era también una manera de tomar venganza por la violencia de la que la policía era víctima. En palabras de un ex policía: «En esa época en realidad todos los días había enfrentamientos, todos los días morían policías también. No había un día en que no se produjera un ataque y, si por decir, habían atacado un puesto y había un detenido, él pagaba pato. Los torturaban; era una manera de desquitarse» (testimonio 100166).

Las tempranas declaraciones concedidas por el general Barreto Bretoneche, primer jefe policial de la zona de emergencia, dieron cuenta de los escasos niveles de control sobre oficiales de menor rango:

Tengo instrucciones muy claras: si yo agarro a alguien maltratando o torturando algún preso, lo pongo inmediatamente bajo proceso. Yo no contemporizo, y mi gente lo sabe. Pero, de otro lado, yo no puedo estar en todaspartes. Los sinchis son recios. Y en cuánto a la PIP, ya sabe cómo son. (Gorriti op. cit.: 230) ³²

Se desprende de estas declaraciones que el cuerpo de sinchis estaba conformado por un grupo de policías que tenían una serie de atributos masculinos difíciles de ser «controlados»: como la fiereza, la agresividad, entre otros. En estas mismas declaraciones, también se expone un hecho bastante conocido: los agentes de la PIP brindaban malos tratos a los detenidos durante sus interrogatorios, incluso torturaban. Estas prácticas, que habían formado parte del accionar policial cotidiano, empezaron a ser sobreutilizadas durante el período de la guerra interna.

El otro batallón enviado a la zona durante esta primera etapa de la lucha contrasubversiva fueron los Llapan Atic, de la Guardia Republicana. En un inicio fueron aproximadamente sesenta hombres, cuya misión era cuidar torres eléctricas, tomas de agua, brindar resguardo a autoridades locales, otorgar seguridad estratégica, etc. El armamento que llevaban estos efectivos era diferente al de los sinchis, que usaban el HKG3. Cuando fueron enviados a la zona, estos hombres tampoco tenían claro cuál era el tipo de misión. Un oficial Llapan Atic que estuvo en Ayacucho entre septiembre de 1981 y febrero de 1982 refiere:

El hecho es que me ordenan a ese grupo y a mí acompañar a unos congresistas a Ayacucho por tres días, para visitar no sé qué parte de Ayacucho [donde] habían matado a varios campesinos. Yo dije: «Serán pues tres días» —como me habían ordenado—; pero me quedé seis meses —¡ Seis meses!— con mi gente a dar seguridad a la Bocatoma de Agua, al Cerro Acuchimay donde había un pozo de agua [...]( coronel PNP, Entrevista CVR 2.9.02)

Ya sean los grupos de Sinchis, Llapan Atic, PIP ó guardias con o sin formación contrasubversivo, el hecho es que hacia 1982 Huamanga y todo el departamento de Ayacucho estaba invadido de policías que se comportaban como una verdadera fuerza de ocupación y las disputas y peleas eran acontecimientos de todos los días. El origen de estos abiertos desafíos se encontraba principalmente en las identidades institucionales, líos de faldas³³ y algunos aspectos étnicos; pues los GC, tradicionalmente los más «blancos» de las FFPP, veían con desdén a los miembros de la GR por ser estos más «cholos». ³⁴

1.2.1.7. La pérdida de efectividad policial en Ayacucho

Debido a la falta de cautela y vigilancia de los policías, las violaciones y abusos que cometían, así como por sus problemas de comando y disciplina, la imagen de las FFPP se fue deteriorando cada vez más en Ayacucho. Una pequeña nota aparecida en la revista Caretas en marzo de 1982 sintetiza el panorama de entonces:

[...] desde que se estableció el estado de emergencia en octubre de 1981 y llegaron nuevos efectivos policiales, las discotecas han proliferado. Buena parte de su clientela está constituida por jóvenes oficiales, sinchis, boinas azules. Los lugareños se quejan de cierta prepotencia alcohólica, de asedios amorosos excesivos y también de algunas preferencias femeninas por los uniformes. Por otro lado, en el campo, se dan casos en que las unidades en patrullas simplemente disponen de los animales domésticos de los campesinos (Gorriti 1982).

El 3 de septiembre, Edith Lagos, una de las militantes del PCP-SL más conocidas por su juventud (tenía 19 años), murió en Umaca, Andahuaylas, en un enfrentamiento con efectivos de la GR. Cuando su cadáver llegó a Ayacucho, la respuesta de la población fue desbordante. El ataúd salió a la calle en procesión y se calcula que fue acompañado por aproximadamente treinta mil personas. El mismo arzobispo de Huamanga, conocido por ser un acérrimo anticomunista, celebró una misa de cuerpo presente. A pesar de que sobre el ataúd estaba extendida una bandera del PCP-SL y a medida que pasaba el cortejo era saludado con aplausos, el coronel Delgado Matallana tuvo que replegar a toda la policía para prevenir confrontaciones con la población. La forma en la que la población expresó su pesar por la muerte de Edith Lagos y en la que se corearon consignas del partido a viva voz durante las exequias del cuadro del PCP-SL Carlos Alcántara, dejaban claro para los policías con quién se encontraban las lealtades y simpatías de la población ayacuchana. La distancia y desconfianza de los policías hacia la población rural y urbana de Ayacucho se fue incrementando con los meses.

A partir del segundo semestre de 1982, se fue tornando cada vez más evidente que a las FFPP se les dificultaba el control de la subversión. El principal problema que enfrentaban hasta entonces y que los empujaba a cometer graves errores, era el desconocimiento del adversario, en especial de su organización y formas de operar (inteligencia inadecuada e insuficiente). Los policías no estaban preparados adecuadamente para enfrentar a una organización particular como la del PCP-SL, pero tampoco las FFAA.³⁵

Un grave error de parte de las FFPP fue haber desprotegido el campo al ordenar el repliegue de puestos.

Tras una serie de acciones del PCP-SL durante esos meses, el 11 de diciembre un grupo de aniquilamiento atacó al alcalde de Huamanga, Víctor Jáuregui, luego de que éste inaugurara una posta en las afueras de Ayacucho. Tras este atentado, el gobierno envió un mayor número de policías y intentó abastecer a las FFPP de un mejor equipamiento.³⁶ A pesar de ello, el PCP-SL continuó sus acciones. El 20 de diciembre atentaron contra el subprefecto de Huamanga, César del Solar, quien recibió cuatro balazos a sólo dos cuadras de la Novena Comandancia de la GC. Finalmente, el martes 21 de diciembre un comando de aniquilamiento ingresó a la sede del Instituto Nacional de Cultura en Huamanga y disparó a quemarropa a su jefe Walter Wong. Los subversivos actuaron con frialdad, ya que ni siquiera se cubrieron el rostro y se alejaron caminando del local con total tranquilidad. Wong murió en el aeropuerto de Huamanga cuando estaba a punto de ser evacuado a Lima.

Los hechos sucedidos desde el asalto al CRAS, como el ataque a Vilcashuamán, el repliegue de las fuerzas del orden, el multitudinario cortejo fúnebre de Edith Lagos, la moral alicaída de las FFPP que sólo se preocupaban por su propia seguridad —Gorriti (op. cit.) señala que para ese momento los únicos que realizaban incursiones eran los sinchis—, así como la serie de ataques que habían empezado a producirse en Lima y en otras partes del país fueron acrecentando paulatinamente la sensación de que la situación en Ayacucho se había tornado inmanejable para los policías y que tendría que enfrentarse el problema de la subversión por medio del ingreso de las Fuerzas Armadas. Hacia fines de diciembre de 1982, los policías de formación básica y los cuerpos policiales de elite estuvieron obligados a subordinarse —como lo establecía la ley— ³⁷ a las tropas del Ejército y a los infantes de marina.

1.2.1.8. El cómo se aprende en la cancha: ³⁸ la primera división de lucha contra el terrorismo en la PIP

Las FFPP carecieron de la adecuada inteligencia sobre la organización y las formas de operar del PCP-SL en los primeros años de la violencia. Esto hizo que el PCP-SL ganara tiempo y capitalizara los errores sucesivos, mientras las FFPP actuaban a la defensiva cometiendo una serie de violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Ayacucho. A pesar de todos estos problemas en las FFPP, existió una división perteneciente a la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEG) de la PIP que, en estos primeros años y, sobre todo, en los siguientes, lograría resultados constantes en la lucha contra el PCP-SL.

Aproximadamente en febrero de 1981, el comando de la PIP reunió a un grupo de 14 detectives de la especialidad de Seguridad del Estado, a quienes les encomendaron la labor de dedicarse exclusivamente a trabajar en el recojo de información sobre el problema subversivo en desarrollo y la detención de los responsables. Entre los oficiales convocados se encontraba el mayor Javier Palacios Ortiz, a quien le encargaron la jefatura del grupo por su experiencia en el debelamiento de la guerrilla del MIR en 1965. Después de dos meses de trabajo, evaluó que la situación merecía un trabajo más consistente, que requería más personal y un oficial de mayor rango a cargo (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Luego de la remisión del informe, se decide conformar una división especializada. La promulgación del decreto legislativo 046, el 10 de marzo de 1981, que tipificaba por primera vez el delito de terrorismo, daría el marco legal a la misma, que fue bautizada como División Contra el Terrorismo (DICOTE).³⁹

La DICOTE fue creada como una unidad de tipo operativo (de investigación) dependiente de la DIRSEG. Entonces, no fue concebida propiamente como una unidad de inteligencia. Más bien, seguiría el tipo de desempeño profesional realizado por los policías de la especialidad, aunque dedicados exclusivamente a la labor contrasubversiva. La DICOTE inició sus labores en abril de 1981 con aproximadamente treinta miembros, entre oficiales y subalternos, a cargo del coronel PIP René Jaime Llamosas. Entre estos se encontraban los comandantes Limo Urmaneta y La Torre Santillán. Asimismo, los mayores Javier Palacios Ortiz, Mario Luque Luque y Huber Sánchez, éste último primer encargado del I2 (trabajo de inteligencia de la unidad) (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 20.3.03). La unidad fue dividida en dos grupos operativos, bautizados como Alfa y Beta. Se les encomendó iniciar inmediatamente las labores. Sin embargo, no recibieron de parte de sus superiores un diagnóstico acerca del problema ni directivas mínimas sobre cómo hacerle frente al mismo:

El comando de la PIP nos dijo, una vez, que nos [sacó] a ese grupo de Seguridad del Estado: «Ustedes se encargan; van a ver qué problema hay y ustedes van a ver y ven cómo resuelven». Entonces, normalmente, eso sucedía que nosotros mismos teníamos que hacer nuestros planes. (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02)

Esta división no recibió tampoco una adecuada implementación en términos financieros ni logísticos. Su primera sede de trabajo fue ubicada en la Escuela de Instrucción PIP en Chorrillos. Irrisoriamente, iniciaron este importante trabajo con tres escritorios, dos máquinas de escribir, cuatro sillas, seis cajas de cartón y algunos pliegos de cartulina para las tarjetas, con los que el mayor Huber Sánchez ⁴⁰ iría organizando el primer archivo de la unidad —la DICOTE empezó a llenar tarjetas individuales de los sospechosos (ibid)—.⁴¹

A pocos meses de iniciado el trabajo, intempestivamente, el jefe de la división fue cambiado. En su lugar fue nombrado el coronel Héctor Agurto Cisneros. Con el cambio de jefe la división fue rebautizada y mudada de local (ibid). Pasaría a ser llamada División de Policía Antisubversiva (DIPAS) y sus miembros serían trasladados a la estación PIP ubicada en la Calle Porta, en el distrito de Miraflores. Las condiciones de trabajo en este nuevo local no cambiarían mucho.

En términos generales, durante los primeros meses de trabajo, la división sufrió una serie de dificultades pues no contaban con información suficiente sobre el tipo de organización que era el PCP-SL y las estrategias que utilizaba. En el fenómeno subversivo desatado, el PCP-SL utilizaba tácticas y estrategias desconocidas para las FFPP, que solamente tenían alguna correspondencia con la experiencia en la lucha contra las guerrillas. El trabajo convencional de la DIRSEG-PIP, que consistía en el seguimiento de líderes políticos y sindicales no se podía imitar con este fenómeno:

Lo mismo no se pudo hacer con Sendero, porque ¿dónde estaban y quiénes eran? ¿Cómo trabajaban? ¿Cuáles eran sus territorios? Entonces, nada de eso se conocía. Y sobre todo la clandestinidad en que trabajaban ellos. Ahora Sendero tenía pues una organización, por un lado, digamos, lo hemos dicho, [de tipo] molecular; y, por otro, el mismo comportamiento de sus elementos, de sus militantes era pues de una convicción acerada, de tal manera de que cuando a veces eran intervenidos por la policía, que estaba acostumbrada a utilizar el interrogatorio, de diversas maneras, ⁴² no les surtía efecto, porque no hablaban absolutamente (teniente general PNP (r) Vidal, Entrevista CVR 30.9.02).

Sin un diagnóstico claro al respecto resultaba muy difícil planificar el trabajo. Empujados por las circunstancias la estrategia principal de la división consistió, desde el inicio, en «aprender del enemigo» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Los primeros meses fueron críticos pues actuaban casi a ciegas. A pesar de todo, con el tiempo lograron contar con algunos miembros del PCP-SL que aceptaron ser informantes o de los cuales pudieron obtener información.

El primero en importancia fue un obrero de la zapatería Rossi, en El Rímac, conocido como Carmelón. Una vez detenido, les contó detalladamente cómo se organizaba y operaba el PCP-SL. Apoyados por efectivos experimentados como el suboficial Lázaro Molina,⁴³ empezaron a «diseñar, comenzamos hacer los cuadritos [...] a saber que habían zonales, sectores, subsectores, células, responsables políticos, responsable militar, activistas, militantes, cuadros, dirigentes [...] recién comenzamos a focalizar cómo realmente era la organización»( ibid). Más adelante las conversaciones con Luis Kawata, ex militante del PCP-SL,⁴⁴ permitieron a la DIPAS profundizar el nivel de conocimiento sobre la forma de organización de PCP-SL (ibid).

La obtención de información se restringía casi exclusivamente a la que pudiesen obtener mediante los detenidos y la documentación que requisaban, con las limitaciones propias de un trabajo institucional que no enfatizaba la coordinación y retroalimentación de fuentes de información. Dentro de la PIP los celos entre direcciones —comandadas por oficiales rivales— no aseguraban una complementariedad adecuada en el trabajo de recojo de información sobre la subversión. La DIRIN —preocupada en extender su red de corrupción— y la DIRSEG no trabajaron juntos en una situación particular como ésta⁴⁵. Menos aún se preocuparon por apoyar la labor de la naciente división, ubicada en una sede aislada.

A pesar de algunos problemas de relaciones con otras unidades PIP, el personal de la DIPAS apoyaría, desde un inicio, la labor de los departamentos de seguridad del estado en investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo. Por ejemplo, en septiembre de 1981, efectivos de la DIPAS viajarían a la ciudad de Huamanga en Ayacucho para apoyar las investigaciones en torno al caso del ataque del PCP-SL contra la tienda de abarrotes La Pequeñita el día 16, durante el cual fue asesinada su propietaria.

La situación de la nueva unidad mejoraría sobre todo a partir de 1982 con los cambios de oficiales en la PIP. Mientras el comando institucional era asumido por el teniente general Rómulo Alayza, la jefatura de la DIRSEG fue asumida por el general Guillermo Rivarola. El coronel Agurto, jefe de la DIPAS, fue pasado al retiro. En su reemplazo, Rivarola nombró como nuevo jefe al Coronel Víctor Gastelú. La DIPAS sería rebautizada nuevamente como División Contra el Terrorismo (DICOTE) y, finalmente, se trasladaría a trabajar a la sede de la DIRSEG, en las instalaciones de la Prefectura en la Avenida España. No obstante, la mudanza de local no aseguró una mejora en las condiciones de trabajo para el personal. Para la DICOTE fue asignado un sector del edificio que constaba de tres ambientes, conocido popularmente entre los policías como «el gallinero». Durante varios meses tuvieron un solo anexo telefónico y ninguna radio. No contaron ni siquiera con un vehículo; menos aún, aunque parezca increíble, con un calabozo. Estas condiciones —como señala Gorriti— constituían en sí mismas un abuso no sólo para el personal de la unidad, sino también para sus detenidos pues hacía difícil prevenir otro tipo de atropellos comunes a la labor policial normal (op. cit.: 312).

A pesar de sus condiciones de trabajo y utilización, sin duda, de algunos métodos de interrogatorio ilegales —que al ser parte de las prácticas institucionalizadas de nuestras FFPP eran vistos como normales—⁴⁶ durante los meses siguientes, la DICOTE se convertiría en la única unidad de defensa del Estado que logró resultados constantes y consistentes en la lucha contra el PCP-SL (ibid: 309). El personal de la DICOTE no contaba con alicientes para un trabajo arduo y que ponía en riesgo sus vidas. A pesar de ello, darían muestras de su vocación y capacidad profesional. Sin mayores incentivos y bajos sueldos, los oficiales y parte del personal subalterno trabajaban con frecuencia jornadas sucesivas de más de 12 horas diarias. «Oficiales como el entonces comandante Javier Palacios tenían simultáneamente a varios dibujantes haciendo diagramas de la organización y funcionamiento de Sendero, dirigían a los que leían y trataban de analizar los manuscritos capturados, tomaban exámenes a los oficiales sobre el significado preciso de la terminología senderista, y participaban en la planificación de nuevos operativos» (ibid: 313). Poco a poco, con tenacidad, irían progresando en su trabajo.

El trabajo de la DINCOTE fue sacrificado. Desde el inicio mismo de la violencia, fue considerada por muchos policías como una unidad de castigo, por lo que «desplazaban personal que de una u otra manera tenía problemas o porque sus servicios no eran requeridos en otras unidades»( DIRCOTE 2003). ⁴⁷ Efectivamente, además del riesgo que suponía dicho trabajo, servir en Seguridad del Estado fue uno de los destinos menos favorecidos en la PIP desde el inicio de la violencia. «La razón era simple: nadie se hacía rico en seguridad. [...] Por eso, los oficiales que permanecían en el área de seguridad año tras año debían sus destinos a tener enemigos muy poderosos o a una real vocación por su trabajo. Estos últimos, con pocas variaciones, estaban entre los oficiales más inteligentes de su institución, y uno de los aciertos de Gastelú fue rodearse de un buen número de ellos» (Gorriti op. cit.: 312).

1.2.2. La militarización del conflicto (29 de diciembre de 1982 -18/ 19 junio de 1986)

1.2.2.1. El ingreso de las FFAA a la zona de emergencia

Históricamente, sin entender la especificidad de la profesión policial, los militares peruanos han considerado a los policías como un cuerpo subordinado, en un plano inferior. Los desaciertos en la conducción de la lucha contra la subversión en los meses previos, la falta de respeto a sus reglamentos internos al protagonizar escándalos en las calles de Huamanga y la baja moral de sus miembros en la zona, generaron que las FFAA miraran aún con mayor desprecio la labor policial. Por ello, cuando el presidente Fernando Belaunde Terry decretó su ingreso a la zona de emergencia en diciembre de 1982, existía entre los militares un cierto halo de autosuficiencia y exceso de confianza, pues estaban seguros que acabarían con el problema en poco tiempo. ⁴⁸ El primer jefe militar de Ayacucho veía, en su diagnóstico inicial, a unas FFPP «disminuidas en su capacidad operacional, [que] sufrían la pérdida progresiva del control territorial y del principio de autoridad y acusaban un desgaste moral en límites que las colocaba al borde de la desmoralización. En resumen, [...] se daba un continuo incremento del accionar subversivo y una falta de capacidad operacional de las fuerzas policiales en la lucha contrasubversiva» (Noel, 1989: 37). No se anotaba nada, sin embargo, respecto al desarrollo de inteligencia.

El 23 de diciembre de 1982, ingresaron los primeros 450 efectivos de refuerzo del Ejército a Ayacucho y se desplegaron los tres batallones que estaban acuartelados. Recién el día 29 de diciembre se hizo oficial el ingreso de las FFAA en la lucha contra la subversión. También ingresó la Infantería de Marina. El Ejército se estableció por toda la región y la Marina tuvo que reemplazar a los sinchis en Huanta y La Mar, zonas difíciles donde el PCP-SL estaba desde 1980. ⁴⁹ Con el establecimiento del Comando Político Militar (CPM) el accionar de la policía se subordinó de manera definitiva al poder de los militares, tal como la ley lo contemplaba⁵⁰. De otro lado, en cierta forma, pudieron eliminarse algunas deficiencias derivadas de las limitaciones del equipamiento de las FFPP (ibid: 37).

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por Noel fueron reuniones de trabajo con los mandos de las FFPP de cada área para que extremaran el celo en la función preventiva y realizaran tareas específicas para mejorar el desempeño policial (ibid: 35). Asimismo, se obligó a los institutos policiales a que compartieran sus informaciones de inteligencia y se organizaran patrullas mixtas de militares y policías, siempre al mando de un oficial del Ejército. ⁵¹ Se llevaban a cabo acciones de patrullaje en centros urbanos y en las rutas de acceso a las principales ciudades del departamento. Las patrullas ingresaban a las comunidades, reunían a la población, procedían al izamiento del pabellón nacional y la azuzaban contra PCP-SL. ⁵² De esta manera se trataba de recuperar el campo.

A pesar de los operativos mixtos, durante los primeros meses del ingreso de las FFAA, la policía fue la responsable del desarrollo de la mayor parte de acciones armadas, pues seguía siendo la mayor fuerza operacional en la zona. Las operaciones de búsqueda y arresto de militantes del PCP-SL constituían su labor principal, en tanto que el Ejército tenía que realizar las tareas de defensa pasiva y apoyar la planificación operacional y en aspectos logísticos (ibid: 53; Caretas 731 17.1.83).

En vista que uno de los principales objetivos del CPM era recuperar el terreno perdido ante el PCP-SL, consideró necesario reactivar algunos de los puestos policiales abandonados. Por ello, grupos de aproximadamente diez sinchis fueron enviados a algunos de estos puestos para reestablecer la presencia del Estado. Estos daban cuenta de lo que hacían directamente a su comando. Éste a su vez, a excepción de la jefatura departamental o regional, daba cuenta al jefe político militar de las acciones que realizaban. Por otro lado, miembros de la GR redoblaron la seguridad de las torres de alta tensión, los pozos de agua y, sobre todo los puentes, pues se habían convertido en blancos favoritos del PCP-SL.⁵³

Un corto período mostró resultados favorables para la FFPP. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo el PCP-SL empezó a desplegar oleadas de violencia cada vez más intensas no sólo en Ayacucho, sino también en otras zonas del país, como Andahuaylas, Puno, Cañete y Lima. Por ejemplo, el 20 de mayo de 1983 se interrumpió la energía eléctrica en Huamanga, se produjo un severo ataque a la Novena Comandancia de la GC y se llevaron a cabo ataques en otras zonas de la ciudad.⁵⁴ Hechos como éste llevaron al CPM a disponer la ejecución de un plan de operaciones para la protección de la población y auxilio de las FFPP (ibid: 69).

A medida que el conflicto se fue agudizando, la responsabilidad directa de la lucha contra la subversión se fue transfiriendo paulatinamente a las FFAA. ⁵⁵ Más tropas fueron enviadas a las zonas de emergencia y se incrementó el compromiso de la institución militar en la lucha contra la subversión (Mauceri 1988: 48). Los militares empezaron a realizar con mayor frecuencia capturas de presuntos subversivos. Cuando un sospechoso de terrorismo era detenido por miembros de la GC o de la GR, estos tenían que conducirlo a la Jefatura Departamental de la PIP para que se encargara de las pesquisas correspondientes. Como diversos testimonios de la CVR señalan, cuando las detenciones eran realizadas por efectivos de las FFAA, con frecuencia los detenidos eran llevados a cuarteles como Cabitos, donde eran interrogados. Para ello, el CPM solicitó muchas veces el apoyo de miembros de la PIP de la zona.⁵⁶ Estos también habrían procedido a interrogar a los presuntos subversivos detenidos en centros de tortura como la Casa Rosada, ⁵⁷ ubicada en las afueras de Huamanga.

1.2.2.2. La formación contrasubversiva y violaciones a los derechos humanos

Durante esta etapa del conflicto, se prestó especial énfasis a la formación contrasubversiva de los policías que iban a ser enviados a la zona de emergencia, porque se había demostrado que los policías de formación básica no tenían mayores posibilidades de reacción ante los súbitos ataques senderistas. El entrenamiento se concentró principalmente en los batallones de personal subalterno recientemente egresados de las escuelas.

Hasta antes de 1980, el tiempo de preparación de estos policías oscilaba entre los diez y doce meses. Sin embargo, durante los años de la guerra interna se formó a miembros subalternos en lapsos menores, a veces de sólo seis meses, pues existía una gran demanda de personal. Una vez graduados, recibían un curso básico de instrucción contrasubversiva que duraba alrededor de dos meses. El buen estado físico y la rapidez de reflejos eran altamente considerados en el grupo. Se brindaba formación ideológica básica. Pero, sin duda, el aspecto más importante de este tipo de entrenamiento era la exposición de los jóvenes policías a situaciones límite para endurecerlos y pudieran reprimir su lado más sensible y humano:

Una vez, creo que ya tenía tres semanas en el curso y nos dijeron que cada grupo de dos teníamos que llevar un perro de dónde sea. Y por ahí por las inmediaciones encontrábamos y nos decían: «Acaricien al perro». Y luego nos daban un cuchillo que no tiene punta y nos decían: «Mate el perro, sáqueme alguna pieza de su interior con los dientes». Y eso tenías que llevar al momento del almuerzo y ponerlo al costado de la gamela [charola] y comer viéndolo, para ver si a alguien le regresa la comida... nos hacían comer perros vivos, nos hacían ir a la morgue y comer junto a los cadáveres. (testimonio 100166)

Matar animales y arrancar sus entrañas con los dientes, así como lacerar el propio cuerpo y resistir el dolor sin chistar, llevar el registro fotográfico y fílmico de ello eran parte del entrenamiento impartido en la Escuela de las Américas (Panamá) y en otras bases norteamericanas. Estas prácticas eran reproducidas en las escuelas peruanas de formación militar y policial.

En la formación militarizada de las FFPP peruanas se concede mucho valor a ciertas prácticas rituales, pues éstas aseguran la cohesión del grupo afirmando un vínculo común. Adaptaciones y deformaciones de éstas se habrían llevado a cabo entre algunos cuerpos contrasubversivos enviados a las zonas de emergencia. Una de los más escalofriantes habría sido el bautizo de los novatos recién llegados y que no habían tenido ningún tipo de experiencia de lucha. El bautizo consistía en ejecutar de manera extrajudicial a un sospechoso de terrorismo con un puñal que no tenía filo (ibid). En el desarrollo de tales rituales habrían entrado en juego una serie de criterios y estereotipos de clase, raza y etnia, así como un perfil preestablecido del terrorista. Los encargados de conducir este tipo de iniciaciones de sangre habrían sido los sinchis, que tenían mucho más tiempo en la zona y mayor experiencia en el ejercicio de violencia. Refiriéndose a la situación de los efectivos policiales que llegaban a Ayacucho, este policía señala que era: «De lo más desastrosa, porque llegaba personal de Mazamari. Ellos siempre salían a operativos. A nosotros como novatos nos tenían allí [en el cuartel] metidos y decían: "Ya va a tener su bautizo". Cada vez que venían y traían un detenido, ya (ibid)».

Pasar por este tipo de pruebas habría sido necesario también para fortalecer el carácter de los recién llegados en las difíciles condiciones de lucha y una manera de ser aceptado por el grupo. Si consideramos que para enrolarse como personal subalterno de las FFPP los postulantes deberían estar entre los 17 y los 26 años de edad y que el entrenamiento rara vez llegaba al año, estaríamos hablando de un número bastante elevado de hombres jóvenes que fueron enviados a la zona de emergencia y tuvieron experiencia de guerra sin haber tenido mayor tiempo en la institución policial. Asimismo eran foráneos a la zona y que fueron expuestos a una formación contrasubversiva deformante y sádica. Este factor generacional es sumamente importante pues también da cuenta de las características de los participantes que tomaron parte en el conflicto. «Nosotros prácticamente salimos del seno materno, de 18 años, y nos llevan a la puna, en un lugar inhóspito, lejos, y en esas zonas uno ve a los compañeros como hermanos, porque compartimos cuarto, jugamos fulbito, todo compartimos y se llega a establecer una amistad» (ibid).

Las amistades y las relaciones establecidas en el contexto de esta guerra fueron mucho más estrechas que aquellas surgidas en situaciones normales pues, ante la eventualidad de un ataque de PCP-SL, la sobrevivencia dependía del cuidado y las precauciones que tomaran todos los miembros acantonados en un puesto o comisaría. El sentimiento de camaradería, incentivado desde los primeros días de formación en la escuela, era muy fuerte. Por esta razón, fue muy frecuente que la muerte de uno o varios de ellos en una emboscada o un ataque originara una serie de violaciones a los derechos humanos en represalia.⁵⁸

Pero además de asesinatos extrajudiciales y desapariciones llevados a cabo por personal con formación contrasubversiva y policías de formación básica, se acrecentaron la tortura y la violencia sexual. Desde la perspectiva de algunos efectivos policiales, las violaciones sexuales eran una consecuencia de la irracionalidad de los varones y la lejanía de sus parejas, así como la soledad de los lugares en los que tenían que llevar a cabo sus labores cotidianas:

El hombre es un animal y en esas épocas es irracional, y lo toman como parte, pero hasta donde yo sé, [la violación] no figura [como tortura]. La tortura es otra cosa, la tortura es para sacarle información, esa es la finalidad y no creo que violando a una persona lo van a conseguir. Hay otras maneras de tortura, como sacarle una oreja. La finalidad de la tortura es sacarle información, no es otra. (ibid)

En general, el maltrato hacia la población local por parte de los sinchis fue mucho mayor durante esta etapa. Las víctimas no sólo eran adultos, sino también niños.⁵⁹ Los excesos perpetrados por los sinchis dieron lugar a que en mayo de 1983 el ministro del Interior Luis Pércovich Roca hablara de un posible retiro de estos combatientes de la zona (DESCO, Resumen Semanal n.º 218 20-26 de mayo 1983).

Durante la lucha contra la subversión existió —aunque en diferentes grados—, una cultura institucional de encubrimiento de este tipo de hechos, debido al mal entendido espíritu de cuerpo institucional. Al proteger a ladrones, violadores, torturadores y homicidas, y evitar que fueran acusados y juzgados se trataba de evitar una mella mayor al prestigio de la institución. Si hubiera existido una posición enérgica del comando policial, así como del gobierno y de instancias de la administración de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) para sancionar este tipo de crímenes, el número de víctimas habría sido mucho menor.

Uno de los hechos perpetrados por la policía que más repercusión pública tuvo fue la masacre de Socos, comunidad ubicada en la provincia de Huamanga. ⁶⁰ El 13 de noviembre de 1983, un grupo de sinchis asesinó a 34 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Al descubrirse el hecho, el jefe del CPM apoyó la investigación de la Fiscalía en Ayacucho. Esto provocó grandes incomodidades y fastidios entre la policía. Masacres como la de Socos y otras violaciones de los derechos humanos trataron de justificarse desde el inicio. Entre los argumentos esgrimidos, se señalaba el entorno hostil de la lucha, la posibilidad de que la población local estuviera a favor del PCP-SL, la tensión de una guerra con un enemigo sin rostro, entre otros. Por ejemplo, un oficial sinchi que fue comandante en Ayacucho en esa época comenta sobre Socos:

Lamentablemente un sinchi, un chico de primera, número uno, número dos de su promoción [fue el responsable]. Yo no sé en realidad, parece que les entró una especie de psicosis (…) por mucho tiempo tal vez de [estar] en la zona de emergencia, mucha presión psicológica y actuaron como actuaron. Al menos eso era lo que salió en ese momento (…) bueno eso fue terrible. (general PNP (r), Entrevista CVR 9.9.02)

Aunque argumentos como estos no son válidos en lo absoluto para justificar el crimen y el homicidio en sus extremos más crueles, es cierto que la labor policial se llevó a cabo en condiciones difíciles. Como los presupuestos eran reducidos, los policías tenían carencias logísticas y a veces ni siquiera tenían comida suficiente. Por ello, recurrían con frecuencia al hurto para aprovisionarse de alimentos. Tampoco podían comunicarse entre ellos por ausencia de equipos y mucho menos con sus familias. Además, la vida de esta gente transcurría entre la soledad y la lejanía de los puestos o de las torres de alta tensión que tenían que cuidar. La desconfianza hacia la población local, mezclada con el desprecio por los prejuicios racistas que traían consigo y la incertidumbre cotidiana de contar con un enemigo al acecho, a quien nunca veían pues sólo daba cara en el instante final del asalto, generaban una tensión y una ansiedad casi permanentes. En esta época empezaron a incrementarse los índices de alcoholismo y fármacodependencia (especialmente de pasta básica de cocaína) entre los efectivos acantonados en la zona de emergencia. A medida que fueron pasando los años, la curva se hizo mucho mayor,⁶¹ pues la ingesta de este tipo de sustancias era un paliativo para las condiciones en las cuales los policías llevaban a cabo su labor.

Por otro lado, la rotación de efectivos, medio necesario para que estuvieran descansados y en alerta, no se daba a tiempo. Es evidente que se sobreexpuso, entonces, al personal policial. Los policías estaban desgastados física, pero sobre todo anímicamente (psiquiatra PNP (r), Entrevista CVR 5.3.03). Los conatos de huelga de los miembros de las FFPP en la zona de emergencia son pruebas de las malas condiciones en las que llevaban a cabo su trabajo. Por ejemplo, el 15 de enero de 1983, hubo un conato de paro del personal subalterno de la GR en Ayacucho, que fue solucionado el martes 18 de enero cuando arribaron a Ayacucho tropas de relevo (Caretas 732 24.1.83). En abril, los mismos protagonizarían una intentona de mayor repercusión pública. ⁶²

1.2.2.3. Los conflictos entre institutos policiales

El 2 de julio [de 1983] tres guardias republicanos balearon el local de la comisaría de la Guardia Civil en la ciudad de Puno, luego de arrebatarle una metralleta a [un guardia civil] que hacía ronda en las inmediaciones. (DESCO, Resumen Semanal 1-7 julio 1983: 4)

Hechos como éste, producidos por la indisciplina policial ⁶³ y las rencillas interinstitucionales entre las FFPP, no eran extraños a inicios de la década del ochenta. Por el contrario, se tornaron muy frecuentes no sólo en Lima, sino también en el resto del país. ⁶⁴ El nivel de tensión e indisciplina llegó a tal punto que se produjeron muchas agresiones contra los miembros de los otros cuerpos policiales. Como la situación fue demasiado notoria, el presidente Fernando Belaunde Terry tuvo que exigir a los comandos de las FFPP mayor severidad para aquellos que infringieran los reglamentos, «sobre todo cuando ello resulte en agravio o cause pérdidas de vidas de hermanos de las distintas FFPP» (ibid). Este mal comportamiento tenía efectos muy negativos en la opinión pública, para quien las FFPP —además de haber sido derrotadas por la subversión en Ayacucho— eran instituciones indisciplinadas, corruptas e incapaces de trabajar juntas.

La rivalidad y la competencia llevaron también a la duplicidad de las funciones en los tres cuerpos durante buena parte de la década de los ochenta. A medida que fue avanzando la subversión, fueron creando sus propias unidades especializadas, por ejemplo, la de desactivación de explosivos. En lugar de que los institutos llevaran a cabo actividades coordinadas, desarrollaban una competencia absurda. Obviamente, esto le ofrecía grandes ventajas al PCP-SL.

1.2.2.4. Los primeros años de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE-PIP)

Mientras los militares ingresaban a Ayacucho, la DICOTE proseguía sus labores normales en Lima sin estar ajena a los conflictos interinstitucionales. Una vez más, el cambio anual de oficiales determinaría modificaciones en la situación de esta unidad policial. En enero de 1983, la dirección de la PIP sería asumida por el general Rodolfo Ballesteros. Ballesteros conocía ya de la reputación que la DICOTE había ganado en el año previo y que se había traducido en réditos para el director de la DIRSEG, Guillermo Rivalora. Éste «se había transformado en el único mensajero de buenas nuevas con que contaba el gobierno y tanto José Gagliardi [ministro del Interior] como, sobre todo, López Martínez empezaron a tener contacto directo cada vez más frecuentemente con él soslayando de hecho al jefe de la PIP.»( Gorriti op. cit.: 313). Por esta razón, Ballesteros consideró prudente iniciar un trámite para ascender a la división al mismo nivel que DIRSEG, ya que temía ser menoscabado frente al gobierno por su director. Por la resolución ministerial N.° 140-83-IN/ PI del 5 de julio de 1983, se establece que la DICOTE (también llamada aún DIPAS) adoptaría la categoría y denominación de Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Ésta funcionaría como «[ un] organismo especializado de ejecución de la Policía de Investigaciones del Perú, con la misión de investigar y denunciar los delitos de terrorismo y toda forma de acción subversiva, de acuerdo a ley.» (DIRCOTE op. cit.) El primer jefe de esta dirección fue el general PIP Augurio Saldívar Campos, quien la comandó hasta diciembre del mismo año.

En este año, el trabajo previo de la unidad mostraría los primeros logros de trascendencia, aunque todavía en medio de dificultades. Los detectives habían alcanzado un conocimiento mayor acerca de cómo funcionaba y operaba PCP-SL, por lo menos en Lima Metropolitana. ⁶⁵ La dirección llegaría a contar en el transcurso del año con aproximadamente 150 efectivos. El trabajo esencial de la unidad estaría a cargo de cinco grupos operativos llamados Deltas, conformados cada uno con diez a quince miembros. El resto del personal estaba asignado a cumplir trabajos básicos para el funcionamiento de toda unidad: archivo, administración y apoyo técnico. Adicionalmente se organizó un grupo especial para intervenciones públicas (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02, 4.11.02 y 20.3.03).

Con un panorama un poco más claro gracias a los informantes y documentos de la evaluación sobre PCP-SL, se desprendió que el terrorismo urbano era utilizado como un instrumento para coadyuvar al desarrollo de la subversión. Concluyeron que «mientras nosotros podamos controlar el terrorismo en una ciudad va a dar la apariencia de que todo está tranquilo [...] y podremos trabajar» (coronel PIP (r) Palacios, Ent. CVR 23.8.02). Sobre esta base decidieron neutralizar los aparatos militares de Lima Metropolitana —los destacamentos especiales, zonales y los grupos de activistas, «O sea, los que llevaban bombas»( ibid)—. Lograron —insistiendo en ello— debilitar al Comité Regional Metropolitano del PCP-SL. Como conocemos ahora, el resultado de esto fue la progresiva acumulación de poder, crecimiento y militarización de Socorro Popular (antes un organismo generado por PCP-SL en Lima) frente al debilitado Comité Metropolitano. Esto fue evidente hacia el año 1985.

En 1983, la DIRCOTE capturó a los integrantes de cinco destacamentos especiales del Comité Metropolitano, incluyendo a su mando político, un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería llamado Alcibíades Chávez Díaz (ibid). Esto sucede después del atentado perpetrado por los mismos al local principal de Acción Popular el 22 de octubre, el día que se iba a realizar el Plenario general Departamental de Lima. Como consecuencia del mismo, muere un agente de seguridad y tres miembros de AP quedan heridos. Investigando lo acontecido, un alférez de la DIRCOTE logra capturar a Chávez Díaz, que tenía todas las cartas de sujeción del Metro. Éste fue un duro golpe para el Comité Metropolitano. Se prosiguió luego con las capturas de importantes cuadros de los destacamentos zonales y especiales del mismo. La DIRCOTE logró detener sus acciones por tres o cuatro meses tras haber capturado a varios de sus miembros. Sin embargo, estos fueron liberados por los jueces —a quienes se les llamaba «los pantalones mojados»— ⁶⁶ y se volvieron a reagrupar, pues no se aceptaron las cartas de sujeción como prueba fehaciente de comisión de delito (DIRCOTE op. cit.).

Pero no sólo la DIRCOTE logró avances estos años. En diciembre de 1983, la Jefatura de la PIP en Huaraz —a cargo del coronel Héctor Jhon Caro— detuvo a Antonio Díaz Martínez, alto mando del PCP-SL desde sus inicios y quien moriría como consecuencia de la represión al motín de El Frontón en 1986. Este hecho fue resaltado por el ministro del Interior que declaró públicamente que con la detención de Díaz Martínez se lograba por primera vez capturar a una figura prominente del PCP-SL. La DIRCOTE impide posteriormente su fuga del penal El Sexto, en medio del motín de presos comunes de 1984 (teniente general (r) Reyes, Entrevista CVR 10.12.02). ⁶⁷

Así, la DIRCOTE y otras unidades policiales capturaron —y seguirían capturando— a varios subversivos que serían liberados posteriormente durante el proceso judicial o gracias a beneficios penitenciarios. Entre otros, el 20 de julio de 1984, la DIRCOTE detuvo a Laura Zambrano, conocida como la camarada Meche, quien llegó luego a ser parte del Comité Central. Asimismo, en abril de 1985, miembros de la unidad detuvieron a Sybilla Arredondo y a miembros de la Asociación de Abogados Democráticos. Meses después, tras una campaña pública pidiendo la liberación de la viuda de José María Arguedas y, en opinión de los jueces, sin haber logrado pruebas fehacientes sobre su vinculación con el PCP-SL, estas personas fueron puestas en libertad. Por esa fecha aún no se sabía nada concreto sobre los cargos que tenían los detenidos y los motivos por los cuales se reunían. Se sabía de su vinculación con el PCP-SL; pero ningún policía sabía que precisamente entre ellos se encontraban los siguientes miembros del partido: Vire, el responsable de Socorro Popular; Luisa, la segunda llamada Sybilla Arredondo; Germán, cuyo nombre era Hugo Deodato Juárez Cruzatt y era jefe del departamento de propaganda del PCP-SL; Emma Rengifo Saavedra, la responsable del Comité Regional Sur; y Nancy, Margie Evelin Clavo Peralta y que usaba la identidad falsa de Lucy Aydee Aranguren Gil (Jiménez 2000: 550-551).

A pesar de que fiscales y jueces señalaban una deficiente actuación policial en la etapa de investigación prejudicial para la actuación de pruebas, ello no significó un esfuerzo adicional de su parte por ahondar en las investigaciones o llevar un mejor control del accionar policial. En realidad, el conjunto del sistema de administración de justicia soportaba una serie de inconvenientes que no fueron enfrentados a tiempo.⁶⁸ En lo que corresponde con la participación policial en la investigación prejudicial, a las dificultades que un fenómeno tan complejo suponía para el acopio de pruebas legales, se sumaron los problemas de relación con los fiscales y jueces, que impidieron por varios años crear las sinergias necesarias para mejorar la respuesta legal en la investigación prejudicial. ⁶⁹

Cuando el general Reyes asume la dirección de la unidad en 1984, la DIRCOTE mantiene la misma organización del trabajo, que había dado ya muestras de algunos resultados de interés, así como de desaciertos. Reyes asumiría temerosamente la misión encomendada. Como él mismo relata, llegó «asustado, temblando» pues «nunca había trabajado en una unidad de esa naturaleza»( teniente general (r) Reyes op. cit.) ^{70 .} Por ello, la coordinación del trabajo quedó, en la práctica, en manos de oficiales experimentados, entre los que se encontraba Javier Palacios. Éste dirigiría la labor de los grupos operativos —-los Delta—-de la DIRCOTE desde que en 1985 logró su ascenso a comandante. Como resalta actualmente la DIRCOTE, Palacios «dio empuje a la labor operativa forjando entre los integrantes de los Deltas una nueva mística de trabajo y propugnando el conocimiento del enemigo como base para la lucha contra el terrorismo. Bajo su mando se formó una nueva generación de investigadores que luego, en los inicios de la década de los 90 culminarían con éxito la captura de los líderes terroristas de SL [Sendero Luminoso] y del MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru]»( DIRCOTE op. cit.). En efecto, siguiendo con la tradición de los PIP de formar relevos capacitados para asegurar la continuidad del trabajo, Palacios tuvo entre sus alumnos destacados a miembros posteriormente conocidos en la historia pública de la DIRCOTE como Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro.⁷¹

Por ser el único policía que había terminado el curso de comando en el Ejército, Palacios encargó a Jiménez organizar el primer grupo de rescate de la DIRCOTE. Posteriormente, pasaría a trabajar en uno de los deltas y se especializaría en el análisis de documentación. En ese entonces, él leía los documentos, los transcribía en hojas y redactaba los resúmenes. «Después conversábamos [...] Entonces yo lo leía [...] reunía a los comandantes [...] y ya venía la discusión interna por su punto de vista de todos»( coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Efectivamente, la lógica del trabajo realizado por la DIRCOTE exigía fomentar un trabajo de tipo colectivo en que se enfatizase la discusión sobre los avances del PCP-SL para facilitar ir afinando las estrategias que se debían seguir o corrigiendo los errores detectados. A diferencia de la dinámica de funcionamiento más jerárquica de otras unidades policiales ⁷² o de las FFAA, su método requería poder contar con un cierto margen de horizontalidad entre las personas que trabajaban juntas, donde lo importante a considerar o destacar, más que los rangos o jerarquías existentes, fuesen las habilidades o conocimientos adquiridos en la experiencia de trabajo. En términos ideales, en esta situación los jefes debían tener la disposición y darse un tiempo para aceptar sugerencias y críticas provenientes de los oficiales bajo su mando e incluso de sus subalternos (ibid). Esto buscaba no solamente asegurar un buen funcionamiento del trabajo en términos de eficiencia, sino también contar con un ambiente más humano en medio de las precariedades en que los policías de la unidad trabajarían a lo largo de los años. Conversaciones informales de este tipo, la organización de sesiones especiales de camaradería e idear algún tipo de sistema de incentivos para el personal -como los descansos temporales por reconocimiento en la labor o algún tipo de bonificación en momentos de crisis económica-permitían también descargar tensiones propias de largas jornadas de trabajo y frecuentes amanecidas, así como reafirmar una identidad colectiva y una mística de trabajo.

1.2.2.5. La DIRCOTE: Las condiciones de trabajo y las mejoras obtenidas con el nuevo gobierno

Desde su formación y por lo menos durante buena parte de la década de los ochenta, la historia de la unidad de la PIP especializada en lucha contrasubversiva (DICOTE, DIPAS y luego DIRCOTE) estaba superada por una serie de precariedades y urgencias propias de la falta de una implementación logística y de un equipamiento adecuados para el cumplimiento de su trabajo. Si bien esto es bastante más palpable en un inicio, la situación se mantendrá con altibajos. Esto obligó a sus miembros, como veremos más adelante, a agenciarse e idear diversos mecanismos para autogestionar fondos y donaciones.

Las condiciones de trabajo resultan especialmente precarias durante los primeros años. Reyes recuerda que, en 1984, cuando llega a la DIRCOTE, solamente tenían cuatro automóviles, «dos que caminaban con las justas y dos malogrados» y que «el gobierno de Belaunde [Terry] no nos dio ni medio» (teniente general (r) Reyes op. cit.). Por ese año y algunos más, la DIRCOTE no tenía «[...] más que 1, 2, 3 camionetas viejas; 2, 3 oficinas. [...] Cuando había apagón... a los detenidos los teníamos en unos cuartos con capuchas [no tenían calabozo], ⁷³ con números, con una relación en la puerta y teníamos que sacarlos uno por uno [...] y llevarlos como trencito por todo el corredor del piso. Así hemos vivido por muchos años en una azotea, en un gallinero que tenía la DIRCOTE»( coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02).

Pero ésta no era una situación exclusiva de la DIRCOTE. Los bajos sueldos de los policías y las condiciones en las cuales estaban llevando a cabo la lucha contra la subversión desencadenaron una huelga policial el 25 de mayo de 1983. La principal demanda de los huelguistas era la exigencia de mejoras salariales. Al igual que en la huelga de 1975, se negaron a hablar con el director general de la GC y con el jefe de la II Región, considerándolos incapaces de dar solución a sus demandas El ministro del Interior tuvo que hablar con los efectivos policiales y prometer una homologación. A raíz de la paralización policial, el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao, con la suspensión de las garantías constitucionales. Tanquetas del Ejército salieron a patrullar las calles. En el resto del país, el servicio policial se desarrolló de manera normal. El Comando Conjunto aprobó la homologación de las remuneraciones del personal de las FFPP y las FFAA a partir del primero de mayo de 1983 para evitar mayores problemas (DESCO, Resumen Semanal N.° 218 20-26 mayo 1983: 7).

Por su parte, la DIRCOTE observará recién algunas mejoras e incentivos, logrados con esfuerzo y persuasión, asignados por el siguiente gobierno. ⁷⁴ Entre 1985 y 1986, el general Reyes logró que se equiparara, por el alto riesgo que se corría el trabajo, desempeñado en la DIRCOTE a los servicios policiales prestados en zonas de emergencia. Con ello consiguió una bonificación para el personal pues se les empezó a pagar el equivalente al concepto de rancho que consideraban para el personal de zona de emergencia (teniente general (r) Reyes Roca op. cit.). Asimismo, la DIRCOTE fue consideraba como zona de emergencia para el ascenso, «o sea, tenía un puntaje especial» (ibid). Si bien esto no solucionaba todos los problemas urgentes de la unidad, los incentivos permitieron aliviar en algo las necesidades del personal. Durante la gestión de Reyes se logró obtener también apoyo logístico para infraestructura, telecomunicaciones, mobiliario y máquinas de escribir (DIRCOTE op. cit.). Especialmente se percibirá desde la DIRCOTE un interés y un apoyo de parte de Mantilla —que fue varios años viceministro del Interior y luego ministro— pues «nos ha apoyado. No fue mucho, pero de una u otra forma la gente salía a trabajar. Él venía y les daba comida pues, les traía para que coman a las 2, 3, 4 de la mañana. Compró colchones. Ya por lo menos no dormíamos sobre la mesa [...] no teníamos baños, se hicieron baños ¿no? Como él vivía allí, como que entendía y comprendía la realidad. Además lo que nosotros producíamos realmente les daba dividendos políticos a ellos» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02). Estos son gestos y gestiones a los que nos referiremos posteriormente.

1.2.2.6. La organización del trabajo de la DIRCOTE

En estos años, se incrementó el número de los efectivos asignados a la DIRCOTE. Al margen del hacinamiento de sus oficinas, esto permitió la creación de más grupos operativos entre los cuales se dividió el trabajo en curso. Hacia 1985, la DIRCOTE contaba con siete Deltas, cada uno con treinta a cuarenta miembros. Los Deltas 1, 2 y 3 se encargaban del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); mientras que los Deltas 4, 5, 6 y 7, el seguimiento por zonas del PCP-SL. A partir de la lógica de aprender del enemigo, que ya mostraba resultados, se organizó el trabajo jurisdiccional de los Deltas de acuerdo a la organización territorial del PCP-SL en Lima:

Ya entonces aprendí de ellos a hacer esto del compartimentaje [...] ingresamos nosotros a la misma organización de Sendero [Luminoso], igualito, a la misma distribución y con los niveles de responsables de comandante por cada zonal y cada zonal estaba abarcada por lo que nosotros ahora conocemos como cono norte, cono sur, cono este, cono oeste y Lima que era el centro (coronel PIP (r) Palacios, 23.8.02).

Además de encargarse de la organización y ejecución de operativos, los Deltas debían recoger y analizar la información proveniente de la zona asignada en Lima Metropolitana. Esto aseguró una mayor eficiencia en el trabajo y, al contrastar información, les permitió identificar y expulsar a los subversivos infiltrados entre el personal de la unidad.

Desde 1984, luego de la captura de Díaz Martínez en Huaraz, la DIRCOTE se encargaba también de preparar semanalmente un cuadernillo en el que se daba cuenta de las actividades terroristas a escala nacional. Para ello, debían recopilar y analizar la información que, sobre el tema, remitían las Jefaturas Departamentales de la PIP. ⁷⁵ Desde 1985, esta labor quedó al mando del comandante responsable de cada Delta, según los departamentos asignados.⁷⁶ y ⁷⁷ Como los policías que trabajaban en provincias temían por su seguridad y la de sus familias, «[...] porque la gente que radicaba allá tenía temor de que le vuelen las casas y los maten, porque ya habían antecedentes de amenazas y los conocían a ellos» (ibid), la DIRCOTE organizaba también comisiones temporales hacia provincias. Así, apoyaban eventualmente la labor de los departamentos o secciones contra el terrorismo —DECOTES y SECOTES— que funcionaban en las regiones de la PIP.⁷⁸

El cambio de gobierno significó para la DIRCOTE disponer de ligeros alicientes para el personal; pero también de una mejor organización, dado que se les otorgó mayor libertad para trabajar a cambio de rendir cuentas después (ibid). Una mayor autonomía y -como veremos luego- una mejor articulación del trabajo policial no significaron, sin embargo, directivas claras para la unidad. Hubo apoyo mas no una política contrasubversiva. La DIRCOTE tampoco recibió, de parte del nuevo gobierno, un plan del cual sujetarse. Por eso, trabajaban «al vaivén de los hechos y lo que podíamos prever que iba a suceder»( ibid). La idea básica detrás del trabajo continuaba siendo concentrarse en golpear el aparto militar del PCP-SL ya que:

La segunda fase era atacar el aparato político, porque nosotros pensábamos así, quizás bien o mal. Porque otros dicen sacas la cabeza y ya el cuerpo no camina, está desorientado. Pero hasta que encontremos la cabeza, pues el cuerpo nos iba a hacer leña. Claro, entonces, en esa discusión se hace así, me dediqué única y exclusivamente a lo que era el aparato militar y desechamos inicialmente lo que era el aparato político (ibid).

1.2.2.7. ¿Fuerzas policiales como contrapeso al poder militar?

Al iniciar su período, el gobierno aprista intentó idear mecanismos que le permitiesen un mayor control civil por sobre el uso de la fuerza pública, especialmente de la fuerza armada, buscando (mas no logrando) una disminución de sus márgenes de autonomía y discrecionalidad. ⁷⁹ Al parecer, el gobierno de Alan García Pérez (al igual que el de Fernando Belaunde Terry) asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior: por un lado, la subversión y, por otro, el golpe militar.

Desde un inicio, el Partido Aprista Peruano (PAP) construye una relación privilegiada con la policía. Según opiniones de miembros de algunos policías, esto formó parte de una estrategia preventiva que buscaba el contrapeso de poderes desde una posición marcada por la desconfianza frente a las FFAA y la posibilidad de que éstas llevaran a cabo un golpe de estado. Posibilidad que hacia fines de su gobierno se tornó cada vez más inminente.⁸⁰ Su objetivo era convertir a la policía en una fuerza intermedia capaz de librar la guerra contra el PCP-SL e impedir que las FFAA tomasen el control de la seguridad interior. «Entonces comienza una política que usted recuerda para armar a la policía con un sentido, digamos, estratégico, de equilibrio, como decir no solamente dependo de la FFAA sino también la policía está aquí. [...] ese tipo de cosas que ocasiona recelos en las FFAA[...]» (general (r) Luque op. cit.). ⁸¹

En efecto, la compra de armamento para las FFPP generó conflictos entre el gobierno y las FFAA, quienes debían aprobarlas de acuerdo a ley. Otra iniciativa que fue percibida en esa dirección fue la decisión de privilegiar a civiles para la dirección de la cartera de Interior, usualmente a cargo de miembros de las FFAA:

Simplemente la respuesta para escoger a un ministro del interior era mirar hacia la Fuerza Armada y sobre todo al Ejercito [...] [Esto] sí, cambió [con el gobierno del APRA] específicamente porque puso a su gente. Había desconfianza entre ese gobierno y la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada desconfiaba del gobierno aprista. (ibid)

La apuesta del nuevo gobierno privilegia la conducción directa de la policía vía el Ministerio del Interior. Descuidará con el paso de los años una dirección global y unificada de la política de seguridad interior. Esto dará lugar al desarrollo de estrategias y acciones paralelas en la lucha contrasubversiva a la manera de compartimentos estancos (Mantilla, Entrevista CVR 24.10.02) y una autonomía cada vez mayor de las FFAA frente al gobierno y la alta dirección policial. ⁸² El acercamiento del gobierno a las FFPP llevará también posteriormente a desconfiar y a señalar la ocurrencia de un proceso de politización de las mismas.

1.2.2.8. La agudización del desprestigio de las fuerzas policiales

Desde 1980, la imagen pública de las FFPP sufre un deterioro progresivo. A esto contribuye no sólo la percepción de una aparente ineficiencia en su desempeño en la lucha contrasubversiva. Desde el inicio mismo de la violencia, una sucesión de escándalos públicos que involucraron a miembros de los tres institutos policiales abonarán una gran cuota para ello. ⁸³ Por otro lado, se irán conociendo numerosos casos de policías que se vieron involucrados en crímenes comunes (robos, asaltos y atracos) y en bandas de crimen organizado, especialmente de secuestros. Durante el último semestre del gobierno de AP, se percibió un incremento significativo de las actividades delictivas del personal subalterno de las FFPP, «caracterizado por la diversificación del delito de tipo económico, donde predomina [...] la persecución del lucro y de algún tipo de ganancia a cualquier costo: el desmantelamiento de carros de narcos realizado por miembros de la PIP, la falsificación de dólares a cargo de elementos de esa misma institución, la extorsión y asalto practicados por la GC. Esta tendencia se cristalizará, de algún modo, con la constitución de bandas de secuestradores (…)»( Sánchez León 1993: 131-132) Especialmente, el secuestro por rescates fue un delito que se incrementó significativamente entre 1984 y 1986⁸⁴. Personal de las tres instituciones serían encontrados como integrantes de bandas dedicadas a este tipo de delitos. Pero, los escándalos involucraron también a altos oficiales de las FFPP.⁸⁵

Por otro lado, las ramificaciones de corrupción policial vinculadas a narcotraficantes iban en aumento. En estos años empezaron a tener mayor notoriedad las fugas de narcotraficantes de los centros de reclusión, responsabilidad que recaía en la GR. Asimismo, a partir de 1984, se empezarían a sentir las secuelas de un proceso acelerado de implicación y desprestigio de la PIP en torno al narcotráfico. Como señala Sánchez León, lo mafioso de los delitos policiales reposaba no sólo en el carácter amplio, masivo y organizado, sino en el hecho de que las actividades fuera de la ley y el comportamiento en general eran «abierto, público y ostentoso, y permanentemente utiliza la intimidación» (ibid: 133).⁸⁶

1.2.2.9. La reorganización de las fuerzas policiales

Los niveles de corrupción entre las FFPP habían llegado a extremos vergonzosos⁸⁷ y el clamor popular exigía una moralización al interior de ellas. En su discurso inaugural del 28 de julio de 1985 —cuando era ya evidente la gravedad de esta situación—, el presidente Alan García señaló que solicitaría al Congreso las facultades a fin de reorganizar las FFPP con la finalidad de «restaurar la confianza de la gente». ⁸⁸ Como resulta evidente, la reorganización policial propuesta intentaría básicamente detener el acelerado proceso de corrupción policial a todo nivel. Pero, además de moralizar, la reforma también se consideró necesaria para acabar con las eternas disputas entre la GC, la PIP y la GR.⁸⁹

La decisión de emprender una reforma estaba en marcha. La transferencia del mando y el ingreso al Ministerio del Interior no hicieron más que confirmar la necesidad de la misma. Realmente, la situación de las FFPP en esos años era alarmante. Frente a todos los problemas mencionados, el esfuerzo policial estaba

[...] diluido, porque no había unidad de comando, porque además había cuatro instituciones [...] Cada una se manejaba por su lado, se enfrentaban unas con otras. En fin, realmente la situación era dramática. [...] Las fuerzas policiales en ese momento no tenían ningún tipo de equipamiento. [...] Y eso es lo que nosotros encontramos, de los diez [patrulleros], seis funcionaban a medias y dos ya se habían caído otra vez. Con esto es que nosotros hemos iniciado el esfuerzo. No había comunicaciones. No había informática, que era algo imprescindible en ese momento. Es decir, los sueldos eran pésimos, no había beneficios para los elementos de la policía. Esta fue la realidad en la cual nosotros iniciamos este esfuerzo, dentro de lo cual estaba el tema del terrorismo. (Mantilla, op. cit.)

A escasos días de anunciada la reorganización, un escándalo público de enormes proporciones confirmaría la necesidad de esta. El 2 de agosto se conoció que una organización de narcotraficantes encabezada por Reynaldo Rodríguez López, descubierta a raíz de la explosión de un laboratorio clandestino situado en Surco, estaba protegida por una serie de ex altos jefes de la Policía de Investigaciones del Perú, entre los que figuraban el general y ex director superior de dicha institución, Eduardo Ipinze Rebatta (DESCO, Resumen Semanal n.° 328, 2/ 8 de agosto de 1985). Finalmente, la situación de corrupción generalizada incubada por años en la PIP, a la que nos refiriéramos en un inicio, estalló.⁹⁰

Finalmente, el 14 de agosto de 1985, el gobierno dispuso la reorganización de las FFPP mediante la ley 24294. Esta otorgaba pleno poder al Ejecutivo para «reformular los cuadros de asignación de personal de empleados civiles y de efectivos, tanto del ministerio del interior como de las fuerzas policiales y reestructurar sus respectivos presupuestos analíticos, modificar y recategorizar las plazas presupuestadas, sin exceder los montos presupuestales asignados al Pliego del Ministerio del Interior»( artículo 3, ley 24294). Asimismo, establecía que el ente encargado de llevar a cabo la reforma de las FFPP sería una Comisión Organizadora presidida por el ministro del Interior, Abel Salinas. Esta comisión estuvo conformada por el general de división EP Lorenzo Cárdenas Caro, en su calidad de jefe del Estado Mayor de las FFAA , por el viceministro del Interior Agustín Mantilla y el director general de gobierno Jesús Guzmán Gallardo. Ningún miembro de la policía fue incorporado como parte de dicho comité.

Una de las medidas más relevantes y recordadas llevadas a cabo durante el proceso de reorganización fue la destitución y pase al retiro de un gran número de oficiales y personal subalterno. El artículo tres de la ley 24294 facultaba a la Comisión Organizadora a cesar de manera definitiva a cualquier miembro del personal policial en todos los rangos. Por ello, se dio de baja a un gran número de miembros de los tres institutos policiales alegando que el propósito era desburocratizar las instituciones policiales y hacerlas más efectivas. ⁹¹ El ministro del Interior Abel Salinas precisó también que algunos jefes pasados al retiro continuarían siendo investigados por la Comisión Reorganizadora y por sus propias institucione