1.3. LAS FUERZAS ARMADAS

Las decisiones políticas, estratégicas y operacionales relativas a la participación de las Fuerzas Armadas durante la guerra contrasubversiva en el período 1980 a 2000 son el tema del presente estudio. Se trata de establecer cuáles fueron los efectos e implicancias del empleo de las Fuerzas Armadas a lo largo del conflicto y de evaluar por períodos y casos, de acuerdo con el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, si este empleo fue responsable y acertado o no. Nuestro trabajo aspira a hacer patente hoy la enorme dificultad de las decisiones que tuvieron que tomar los responsables de la defensa. No emplear la fuerza militar cuando el país se encuentra bajo ataque es una responsabilidad muy grave, pero ordenar su empleo lo es también, porque la acción militar implica un estado de excepción en el cual la población pierde la mayor parte de sus derechos y la violencia suele desbordarse.

Las decisiones sobre el empleo de la fuerza militar son especialmente graves cuando se trata de un conflicto interno. Si los insurrectos – como en el caso del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso – tienen por objetivo la supresión de los derechos humanos y por método la violación de los mismos, entonces la inacción del Estado contribuye a que esa violación se cometa sistemática y masivamente. Pero las operaciones militares para vencer a un enemigo difícil de identificar – lo que es también distintivo del PCP-SL – acarrean inevitablemente múltiples actos de violencia contra personas inocentes, quienes, además, son compatriotas de los soldados, son precisamente las personas que ellos vienen a salvar. El problema moral que esto entraña no se resuelve con registrar las víctimas inocentes como contingencias explicables dentro de un cierto margen de error. Sostener que estos hechos tienen que producirse "normalmente" como parte de una rutina de combate implica daños morales para los combatientes, deterioro de su ética institucional y desconfianza entre los militares y las fuerzas armadas¹. Todos estos costos y riesgos morales son ocasionados por la decisión estatal de emplear la fuerza militar en el conflicto interno, aunque el causante y responsable principal sea, sin duda, el grupo subversivo que emprendió una lucha armada injusta contra el Estado democrático.

El PCP-SL inició la ejecución de su plan llamado "Inicio de la Lucha Armada" (ILA) contra el Estado peruano el 17-05-1980, día de elecciones generales, las primeras después de 14 años. Con ello expresó su rechazo al sistema político democrático que estaba por reinstaurarse en el Perú. Durante los últimos años del gobierno militar prepararon cuidadosamente esta guerra como un plan político y militar de largo plazo, cuya aplicación comenzaría el día que el país regresara a la democracia. No se proponían, pues, corregir algunas prácticas, leyes o instituciones, sino abolir por la fuerza todo el horizonte político dentro del cual los peruanos buscaban nuevas perspectivas. No era su propósito principal vencer a las Fuerzas Armadas. Su objetivo era destruir y reemplazar el sistema político democrático que estaba por retornar.

El PCP-SL interpretaba el regreso de la democracia como un incremento de las contradicciones entre los distintos componentes de la sociedad peruana. La conflictividad propia de la sociedad peruana afloraba por la brecha abierta entre, por un lado, las fuerzas corporativas y burocráticas que dirigieron al país durante las dos fases del gobierno militar anterior y, por otro, las fuerzas políticas y movimientos sociales que estaban accediendo a cuotas de poder mediante las elecciones. El PCP-SL se propuso explotar la vulnerabilidad de una sociedad que sacaba sus conflictos a la luz pública. El proceso democrático trae consigo además una complicación de los procedimientos para tomar decisiones políticas, un sistema de controles y balances internos que vuelve más lentas las reacciones del Estado ante las amenazas, pero al mismo tiempo garantiza la estabilidad de largo plazo que sólo puede conseguirse mediante la validación pública de las políticas de Estado, el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos de las minorías políticas y sociales. El PCP-SL aprovechó de inmediato la falta de conexión entre, por un lado, las concepciones sobre política de seguridad nacional que tenían los sectores democráticos y, por otro, la concepción estratégica que tenían las Fuerzas Armadas sobre el mismo asunto.

De hecho, en esa democracia restaurada no había nexo claro entre política nacional y estrategia militar. Por un lado, las ideas sobre seguridad de los políticos y de la incipiente sociedad civil de ese momento eran principistas, abstractas, inconexas y descontextualizadas. Por el otro, las doctrinas y las capacidades profesionales de los militares no estaban orientadas a contribuir a la superación de este problema. La brecha había sido revelada por el retorno a la democracia y el PCP-SL planeó aprovechar esta oportunidad para destruir al Estado peruano.

Respecto a la forma de combatir, el PCP-SL se mostró decidido a violar todas las leyes de la guerra desde el inicio de sus acciones. Por no hacer identificables a sus combatientes mediante un uniforme, no designar líderes públicos ni personeros para posibles negociaciones ni dejar abierta ninguna perspectiva de negociación de paz, llevó adelante una guerra sin respeto a la población civil ni cuartel para los policías o militares que eventualmente quedasen bajo su poder, una guerra que tenía por único objeto la derrota incondicional, la sumisión total o el exterminio de quienes se les opusieran, según el lema "salvo el poder, todo es ilusión". En efecto, realizó sistemáticamente actos infames como asesinatos, masacres y atentados terroristas. Por estas razones, no es posible reconocer al PCP-SL como "guerrilla" en el sentido de fuerza beligerante que dan a esta palabra las instituciones internacionales.

La razón principal para condenar la acción armada del PCP-SL como un acto criminal contra todos los peruanos está en que usó las armas con el fin de instaurar un régimen totalitario y de potencial genocida, basado no en el respeto a los derechos básicos de las personas sino en la visión de una sociedad supuestamente perfecta que construirían mediante la violencia. Una segunda razón para señalar la "guerra popular" del PCP-SL como acto criminal deriva del tipo de sociedad que el Estado peruano defendía – una sociedad que respetaba de modo significativo las libertades y derechos básicos de los individuos, en especial el principio de autodeterminación política.

Es cierto que el sistema democrático peruano nunca funcionó adecuadamente. Muchas autoridades eran abusivas y corruptas, grandes sectores de la población del país se veían excluidos de la vida política, y las condiciones económicas y sociales impedían que muchos ciudadanos tuviesen acceso a los bienes primarios necesarios para hacer un uso apropiado de sus libertades. Pero a pesar de todas estas imperfecciones, el sistema político peruano permitía que los ciudadanos tuviesen la oportunidad y los medios suficientes para reivindicar sus intereses por medios no-violentos. Prueba de esto fue el éxito político de la izquierda legal durante los años 80, así como los numerosos paros y huelgas organizados por los movimientos sindicales durante el mismo período. Y aunque la legitimidad del Estado peruano se vio seriamente afectada durante los años 90, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ello no le dio tampoco entonces derecho alguno al PCP-SL a hacer su guerra contraria a los derechos básicos de la población.

El MRTA emprendió la lucha armada contra el Estado peruano al ver que el PCP-SL había conseguido desencadenar una guerra interna, con lo cual ellos creyeron llegado el momento para emprender su propio proyecto violento. Sus fines políticos fueron algo más abiertos que los del PCP-SL e intentaron demostrarlo respetando inicialmente las leyes de la guerra, vistiendo uniforme y dando repetidas señales de estar dispuestos a negociaciones de paz, pero cayeron pronto en graves contradicciones, pues trataron como enemigos a gobiernos que hacían respetar los derechos básicos y terminaron uniendo fuerzas a las de los criminales. El MRTA se ofreció como el brazo armado de la izquierda legal, pero tal pretensión fue rechazada por la izquierda legal misma, ya que el sistema democrático ofrecía las condiciones básicas para impulsar planes políticos dentro de la legalidad. En cuanto al modo de combatir, el MRTA, a diferencia del PCP-SL, intentó ceñirse inicialmente a los requerimientos de las leyes de la guerra, se abstuvo de atacar a la población inerme y concentró sus ataques en las fuerzas del orden. Sin embargo, en los últimos años del conflicto incurrió también en acciones criminales.

En resumen, la "guerra popular" declarada por el PCP-SL, así como la que emprendió poco después el MRTA, fueron ataques contra la paz, la autodeterminación democrática y los derechos fundamentales de los peruanos. Por ello, el Estado democrático, aunque quedó enfrentado a un enemigo interno, surgido de la propia población, tuvo en todo momento derecho a defenderse con la fuerza de las armas, porque es justo que un Gobierno legítimo se defienda de insurrecciones injustas.

Aquí se abren sin embargo dos cuestiones que serán abordadas a lo largo del presente estudio. Primero, debemos intentar establecer hasta qué punto las violaciones de derechos básicos de la población cometidas durante el conflicto por miembros de las Fuerzas Armadas responden a políticas y estrategias generales que las propiciaran. Segundo, debemos evaluar los daños que les hizo a las instituciones de la seguridad y la defensa del país el régimen de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, iniciado en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Este régimen abusó de la circunstancia de que la población se hallaba necesitada de mayor protección frente a los avances del PCP-SL. Procedió a violar sistemáticamente los derechos básicos de la población, aprovechando el hecho de que ésta se encontraba bajo fuego de los subversivos y que, por lo tanto, las fuerzas democráticas no podían llamar a resistir al gobierno golpista, pues éste al menos combatía al enemigo mayor, es decir, al terrorismo del PCP-SL. Los peruanos quedaron entre dos fuegos. Ello explica que hayan aceptado el régimen de Fujimori, pues nadie está obligado a resistir a quien atenta contra sus derechos si es que resistir implica poner en riesgo la existencia misma.

1.3.1. 1983-1985: guerra interna no asumida

Desde que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso inició su guerra revolucionaria contra el Estado peruano, el 17 de mayo de 1980, transcurrieron dos años y 7 meses hasta que el Gobierno de Fernando Belaunde Terry ordenó la respuesta militar. Este plazo parece una dilación si se juzga que se trataba de un enemigo interno que se había declarado en campaña militar contra el Estado y además se propalaba con virulencia en los Andes centrales usando el terror y la propaganda armada. Pero la decisión de ordenar un esfuerzo nacional de defensa militar es por lo general muy complicada, no es una consecuencia automática de cualquier declaración o acción de un oponente, por más agresivo que sea su comportamiento. Especialmente difícil es tomar tal decisión cuando se trata de una guerra interna. El Presidente Belaunde tenía que considerar las posibles consecuencias políticas, sociales y humanitarias. En la decisión sobre cuándo es oportuno emplear la fuerza de las armas para enfrentar una amenaza no sólo pesa el comportamiento del enemigo, sino también otros asuntos como qué sacrificios, esfuerzos, trastornos o cambios en la vida del país están implicados en la estrategia que se adopta, y cuál es el objetivo estratégico al que se dirigen los esfuerzos nacionales. Ninguna de estas preguntas tenía respuesta clara en ese momento.

Cuando tomó la decisión, Belaunde aprobó un plan de campaña para combatir militarmente a las "guerrillas" pero no convocó un esfuerzo integral de todos los sectores del Estado y la sociedad. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio las órdenes correspondientes, pero su estrategia no respondió a la verdadera estrategia del PCP-SL, que consistía en aislar del resto del país a la población local y enfrentarla a las Fuerzas Armadas. El resultado fue que se intentó pelear y ganar una guerra al margen del país, una guerra sólo reconocida a medias, sin el amplio apoyo del Poder Legislativo que corresponde a estos casos, sin adecuada política de imagen, sin plan político alguno para ganar el apoyo de la población de las zonas afectadas y sin medidas ciertas para evitar violaciones a los derechos humanos. La explicación de estos errores está en las contradicciones internas del Estado peruano y en la indiferencia irresponsable de la sociedad peruana ante el sufrimiento de los pobladores de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Éstos, así como soportaron pobreza y abandono por siglos, así tuvieron que soportar que se peleara en sus pueblos y campos una guerra que, según los planes oficiales, debía acabar sin mayores consecuencias para el país.

1.3.1.1. La decisión política de enfrentar a la subversión con una campaña militar

Los primeros dos meses de la declarada "guerra popular prolongada del campo a la ciudad" transcurrieron antes de la transferencia del mando, bajo el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuya Junta Militar había ratificado como Presidente de la República a Francisco Morales Bermúdez. Está claro que el gobierno militar no reconoció la gravedad de la amenaza representada por el PCP-SL. En todo caso, consideró más importante la transferencia del gobierno a los civiles, proceso que se dificultaba si se emprendía al mismo tiempo una campaña militar contra un enemigo interno. Además, en los años 70 eran muchos los grupos políticos de izquierda que se planteaban la posibilidad de la lucha armada. No era fácil distinguir si alguno de ellos, y cuál, había empezado a dar pasos firmes en esa dirección. Según el relato de un alto mando militar de esa época, el gobierno militar puso al tanto de las amenazas internas a los dos principales grupos políticos de la Asamblea Constituyente, el Apra y el PPC, con cuyos líderes -Haya de la Torre y Bedoya Reyes, respectivamente -se acordó por consenso dar prioridad a la transferencia. Según esta misma fuente, a poco de iniciado el gobierno de Belaunde, el alto mando militar propuso una reunión con un grupo de ministros para presentarles las apreciaciones de inteligencia sobre las amenazas internas. Esta reunión tuvo lugar en agosto de 1980, con la participación de los ministros Osterling, de la Jara, Grados y Alarco. Estas apreciaciones, preparadas por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fueron expuestas por el Crnel. Marquesi.

La parsimonia con que se trató el asunto se explica en el contexto de las convicciones ideológicas del momento. Muchos altos oficiales de las Fuerzas Armadas se habían desempeñado como políticos durante la década del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y creían que la reforma agraria que habían hecho bastaba para eliminar, desde sus causas, la aparición de guerrillas. Recuérdese que en esos años la reforma agraria continuaba siendo un objetivo de las guerrillas de América Central. No obstante, Morales Bermúdez no se consideraba un revolucionario, pertenecía a la corriente "institucionalista" que desplazó al Gral. Velasco en 1975 y que planteó el retorno a la democracia. Dos objetivos principales guiaban a su gobierno, entregar el poder a un gobernante elegido y obtener para las Fuerzas Armadas una posición firme e influyente dentro del nuevo orden constitucional. El consenso entre los militares exgobernantes era que el cambio social más importante, la reforma agraria, ya había sido logrado, y que el regreso a la democracia permitiría sobrellevar mejor las oleadas de huelgas y nuevos movimientos populares de izquierda. La única actividad militar dirigida a la hipótesis de subversión fue la formación de una unidad contrasubversiva dentro de cada división de infantería, lo cual se hizo con los manuales y experiencia de los años 60. Durante el cambio de gobierno, los militares se aseguraron conservar un amplio margen de decisión y acción en lo que a la política de defensa se refiere. Fue muy sonada una declaración del Presidente saliente, Francisco Morales Bermúdez, quien dijo que la entrega del gobierno a manos civiles no significaba una entrega completa del poder.² Debe tenerse en cuenta también que Morales Bermúdez negoció con Belaunde la permanencia de los comandantes generales miembros de la Junta de Gobierno al frente de las Fuerzas Armadas. La responsabilidad -y la autoridad -en los asuntos de seguridad quedaba en las mismas manos. Así, los comandantes generales al inicio del Gobierno de Belaunde fueron los mismos del gobierno saliente. La señal más clara de que esta era una transferencia parcial de poder fueron las detalladas leyes secretas sobre el Sistema de Defensa Nacional que el gobierno militar dictó en junio de 1980, poco antes del ascenso de Belaunde. En ellas se establecía, entre otras muchas atribuciones, que eran instituciones militares -el Comando Conjunto, la Secretaría de Defensa, el Servicio de Inteligencia -las encargadas de definir las amenazas y ponerlas a consideración del Presidente y algunos ministros en el Consejo de Defensa Nacional. Las leyes permanecieron ocultas hasta que una consulta del Senado obligó a las Fuerzas Armadas a referirse a ellas. Cuando los senadores interesados exigieron conocer las leyes se les contestó primero que eso era imposible porque eran secretas. Sólo cuando estos amenazaron con hacer de eso una cuestión política, les fueron enviadas copias de las leyes. Las presiones por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas para que estas leyes se dieran por definitivamente establecidas tuvieron éxito. El Ejecutivo y el Legislativo se limitaron a tomar conocimiento de ellas. Como veremos más adelante, esto contribuyó a la inacción política en el campo de la defensa. La democracia de 1980 nació desautorizada por las Fuerzas Armadas en materia de defensa.

La autonomía de los altos mandos militares en política de defensa les permitió también mantener sus afinidades institucionales con sus pares de América Latina, especialmente con los argentinos. En junio, faltando unas semanas para que Belaunde asumiera la Presidencia, cinco ciudadanos argentinos, peronistas de izquierda, fueron secuestrados en Lima por un comando militar argentino y transportados a su país³. En resumen, las Fuerzas Armadas peruanas estaban devolviendo el gobierno a los civiles con la evaluación de que las izquierdas marxistas peruanas se encauzarían por las elecciones o, en caso de aparecer brotes subversivos, serían manejables como lo fueron esos montoneros argentinos en Lima. Pero el PCP-SL escapaba en verdad a este marco.

Repasemos algunos de sus antecedentes. El PCP-SL hacía proselitismo intensamente desde mediados de los años 70 en los centros educativos escolares y superiores de Ayacucho y en otras organizaciones locales con el abierto propósito de iniciar la lucha armada. Ideológica y programáticamente se distanciaba del resto de la izquierda y de las guerrillas centroamericanas y les contraponía un programa extremo inspirado en la revolución agraria y cultural china.⁴ Ni el gobierno, ni la oposición, ni los altos mandos de las Fuerzas Armadas se percataron de lo que esto podía significar.

Prueba de la ignorancia en que se encontraban tanto el Gobierno de Belaunde como las Fuerzas Armadas sobre la verdadera naturaleza del problema es la desproporción entre el presupuesto que pidieron al Legislativo para la defensa exterior y el dinero destinado a la campaña antisubversiva. En la década anterior, bajo la dictadura militar, el Perú había hecho gastos desmesurados en sistemas de armas e instalaciones militares, con el propósito de incrementar su importancia geopolítica regional y mundial. El papel protagónico del Perú en esa época en el movimiento de los países No-Alineados permite apreciar hasta qué punto los militares entendían los problemas políticos en términos internacionales. La hipótesis de guerra externa contra el Ecuador o contra Chile, y en el peor de los casos contra ambos a la vez, en una guerra de dos frentes, era política oficial del Estado. Por ello, los ministerios militares continuaron exigiendo y obtuvieron este tipo de gasto durante el segundo gobierno de Belaunde,⁵ apoyados en los eventos de la Guerra de las Malvinas (que bien puede entenderse como una maniobra de Galtieri y su Junta para coronar su guerra sucia interna con los laureles de una guerra convencional) y los choques por el "falso Paquisha" con el Ecuador. Consiguieron mantener un presupuesto militar equivalente al 26% del presupuesto nacional, recurriendo al concepto de "gastos suplementarios" debidos al conflicto con el Ecuador. En comparación con estos gastos, que simplemente ratifican prioridades estratégicas del gobierno militar, son ínfimas las sumas destinadas a la campaña contrasubversiva 83-85, incluidos los proyectos de desarrollo local y la "acción cívica." Ni siquiera avanzado el conflicto se recapacitó sobre esta desproporción entre gasto y amenaza. El incremento espectacular del gasto militar en 1985 se debió a la adquisición de una escuadra de aviones de combate Mirage, lo cual no tenía nada que ver con el conflicto interno ni tampoco guardaba relación clara con las necesidades de la defensa exterior.

Cuadro 1

El Gasto Militar (GM) en proporción al Producto Bruto Interno (PBI)

Gobierno Militar

Gobierno de AP

1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
3.2	4.1	4.8	7.0	5.2	3.7	5.0	4.2	4.6	4.8	5.6	6.5

Fuente: ACDA World Military Expediture and Arms Transfer 1971- 1980 y 1990

Otra herencia dejada por el Gobierno Militar es el Sistema de Defensa Nacional y sus leyes. El SDN, concebido principalmente para la defensa exterior, determina la concentración de fuerzas en las Regiones Militares I (norte) y III (sur), quedando la II Región, que abarcaba la sierra central donde ocurría el conflicto, con la mayor parte de su efectivo en Lima.

Pero lo peor de este legado es que el SDN establece una neta segmentación del Estado, que otorga a los militares la iniciativa y competencia en política de defensa, con la sola obligación de sustentarla ante el Presidente. Ello se refleja en la Constitución de 1979, que confiere a las Fuerzas Armadas el mandato constitucional de "garantizar" la seguridad y la defensa nacional. En vez de ser un paso hacia un rol más moderno de las Fuerzas Armadas, la Constitución de 1979 elevó al rango de norma suprema del Estado la función "tutelar" de las Fuerzas Armadas. Según esta doctrina, sólo parte del poder nacional surge del voto democrático y fluye a través de las directivas del gobierno y los ministros responsables. Otra parte sustancial reside en las Fuerzas Armadas -es decir, el cuerpo de oficiales militares, marinos y pilotos de guerra peruanos. Los oficiales reciben directamente de la Constitución un mandato que deben cumplir sea o no coincidente con la política de los Poderes elegidos, es decir, la Defensa Nacional es una función del mismo rango que la función del Poder Ejecutivo o el Legislativo, sólo que es "no deliberante", precisión que resultó muy confusa y hasta ahora nadie sabe qué significa. Esta doctrina fue elaborada por las Fuerzas Armadas e insertada en la Constitución por la vía del arreglo político para la transferencia del poder. El efecto de su constitucionalización fue que se bloqueó la posibilidad de una política integral antisubversiva elaborada conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo y los militares, pues los militares siguieron sintiéndose capaces de definir por sí solos la política de defensa y los políticos, tanto en los ministerios como en el Congreso, no asumieron en la práctica esa tarea. Añádase a esto el hecho ya mencionado de que las leyes orgánicas correspondientes a este capítulo de la Constitución, en las cuales se establecía claramente las prerrogativas políticas de las instituciones militares, fueron dictadas en secreto por el gobierno militar poco antes de la transferencia. Cuando los militares empezaron a desarrollar conceptos antisubversivos más abarcadores, que implicaban políticas generales del Estado, éstos chocaron con una profunda incomprensión por parte del gobierno y el parlamento.

Los numerosos atentados cometidos por el PCP-SL en 1980 -la mayoría de ellos petardistas, algunos ya cruentos -desencadenaron al final de ese año un debate dentro del recién instaurado gobierno democrático. El Ministro del Interior, José María de la Jara, se pronunció el 23 de diciembre en contra de que se declarasen en estado de emergencia las zonas afectadas. El gobierno militar había usado en los dos años anteriores reiteradamente la suspensión de garantías constitucionales para enfrentar las huelgas sindicales. De la Jara consideraba que el terrorismo se podía controlar sin suspender las garantías, sino con medios policiales, pues la Guardia Civil y, particularmente, la Policía de Investigaciones venían haciendo significativas capturas.⁶ Sin embargo, desde esos primeros momentos, a inicios de 1981, el gobierno calificaba los actos del PCP-SL como terrorismo, algunos sectores proponían ya el empleo de las Fuerzas Armadas y el mismo Presidente de la República declaró que, a su parecer, quienes pretendieran destruir las riquezas del país y perturbar la paz con actos de terrorismo y sabotaje debían ser considerados traidores a la Patria. En enero de 1981, José María de la Jara presentó al Consejo de Ministros un proyecto de Decreto Legislativo que tipificaba el delito de terrorismo, lo cual ocasionó expresiones públicas de rechazo de diversos sectores de izquierda. La intención del ministro era reforzar los medios legales de la lucha policial contra el terrorismo, la cual, mediante numerosas capturas, había logrado reducir notoriamente el número de atentados en los últimos meses. El Decreto Legislativo 046, que tipificó el delito de terrorismo y estableció las penas, se promulgó el 10 de marzo de 1981. Sin embargo, ante la continuación de los atentados, Javier Alva Orlandini, destacado congresista del partido gobernante, planteó que se declare el estado de emergencia en Ayacucho y se ordene a las Fuerzas Armadas combatir el terrorismo.

El 11 de octubre de 1981, unos 50 subversivos atacaron el puesto policial de Tambo, en la provincia de La Mar, Ayacucho, de donde se llevaron armas de fuego. El gobierno puso al día siguiente en estado de emergencia a cinco de las siete provincias de Ayacucho -Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo -, suspendiendo también allí por 60 días las garantías constitucionales relativas a la libertad individual. Conviene examinar aquí el artículo correspondiente de la Constitución de 1979:

Artículo 231. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando cuenta la Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este Artículo se contemplan:
a. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.
En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del Artículo 2 y en el inciso 20g del mismo Artículo 2.
En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días.
La prórroga requiere nuevo decreto.
En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente de la República.

El estado de emergencia así definido abarca una gama de casos, que van desde la catástrofe natural, pasando por la perturbación de la paz, hasta las más graves circunstancias que puedan afectar el orden interno. Se entiende que según la gravedad del caso, el Presidente puede simplemente declarar el estado de emergencia, o bien puede además suspender las garantías, y llegado el momento, puede disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno.

La decisión presidencial de declarar en emergencia esas cinco provincias de Ayacucho incluyó la suspensión de garantías, pero no el ingreso de las Fuerzas Armadas. De todos modos, poco después renunció José María de la Jara, asumiendo la responsabilidad politica por un incidente asociado a la muerte de un estudiante de oposición en el Cusco. El 30 de octubre juramentó como Ministro del Interior el Gral.( r) Juan Gagliardi Schiaffino. Entró también en ese momento como Ministro de Guerra el Gral. Luis Cisneros Vizquerra. Ninguno de los dos era partidario de emplear la fuerza militar en la zona en emergencia. A lo largo de 1982 se alternaron los llamados a la prudencia con los llamados a la acción militar, y los esfuerzos policiales con los ataques del PCP-SL, en los cuales éste mostraba una capacidad militar cada vez mayor. El más claro portavoz de la posición contraria al empleo de las Fuerzas Armadas fue el propio Ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra, quien declaró al periodismo que las Fuerzas Armadas, en caso de asumir el control del orden interno en Ayacucho, "tendrían que comenzar a matar senderistas y no senderistas, porque esa es la única forma como podrían asegurarse el éxito. Matan 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas... y seguramente la policía dirá que los 60 eran senderistas. [...] Creo que sería la peor alternativa y por eso es que me opongo, hasta que no sea estrictamente necesario, a que la Fuerza Armada ingrese a esta lucha".^{7 El} tono drástico de la advertencia corresponde a dos circunstancias completamente reales en ese momento. Por un lado, una parte de la opinión pública, escandalizada por los atentados, exigía usar pronto la fuerza de las armas para erradicar el problema. Por otro, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para otra cosa que para tomar el control militar de la zona reduciendo por la fuerza toda resistencia, al igual que en una guerra convencional, lo cual hacía prever numerosas muertes de inocentes.

El PCP-SL se encargó de proyectar la imagen de que el conflicto estaba entrando a una fase militar. El 2 de marzo se produjo el asalto al Centro de Reclusión de Alta Seguridad (CRAS) de Huamanga, de donde lograron escapar 304 reclusos, de los cuales aproximadamente 70 eran senderistas. Los atacantes se distribuyeron por la ciudad, dispersando y fijando a los policías con tiroteos mientras sometían a los vigilantes de la cárcel. Los efectivos del Ejército no salieron del cuartel "Los Cabitos", pues no había orden de Lima. La fuga de los senderistas presos fue un golpe durísimo para las fuerzas policiales y, en general, para la política del Gobierno. Horas después de la fuga, en la madrugada del 3 marzo, un grupo de guardias republicanos y otros efectivos policiales extraen del hospital central de Huamanga a tres pacientes que eran también presuntos senderistas detenidos y los asesinaron con crueldad. Se supo que el Ministro del Interior Gagliardi Schiaffino se dispuso a renunciar al día siguiente, pero que fue convencido de no hacerlo por otras personalidades del gobierno.

En los meses siguientes los senderistas presos fueron trasladados a la isla penal de El Frontón, cuyas instalaciones carcelarias se reabrieron con este fin. Los atentados y ataques del PCP-SL arreciaron. Sólo en el mes de julio hubo 34 acciones terroristas y 5 incursiones armadas a pequeños poblados. Para reforzar el trabajo policial, Belaunde declaró el 20 de agosto el estado de emergencia en Lima y Callao. Pero las acciones senderistas de tipo militar se sucedieron casi a diario. El 22 de agosto es atacado el puesto policial de Vilcashuamán, donde resultan 7 policías muertos tras 5 horas de combate. El 2 de septiembre, en un enfrentamiento con la Guardia Republicana, muere la dirigente senderista Edith Lagos, quien había fugado de la cárcel de Ayacucho. Su entierro en Huamanga fue una manifestación multitudinaria.

Belaunde y algunos miembros de su Gobierno estaban seriamente preocupados tanto por las implicancias políticas del ingreso de las FFAA a la zona de emergencia, que entonces se veía difícil de evitar, como por los avances de la subversión. El Presidente se resistía a aprobar una campaña militar porque, según su experiencia, había una relación causal entre la intervención militar contra las guerrillas de los años 60 y el golpe de las FFAA que lo derrocó en 1968. No le faltaba razón, porque los mismos militares habían fundamentado aquella vez su decisión institucional de tomar el poder en la necesidad de prevenir mediante reformas los levantamientos campesinos y las guerrillas marxistas. Esa visión de las cosas seguía vigente en las Fuerzas Armadas, como se pudo comprobar poco después, cuando el Gral. Huamán Centeno asumió el comando de la zona de emergencia. Según relato de un senador de la época, Belaunde, confrontado por propios y extraños con la exigencia de que destacara las Fuerzas Armadas a Ayacucho, llegó a temer que se tratara de una conspiración contra la democracia. Entre quienes apoyaban la solución militar destacaba Javier Alva Orlandini, secretario general de Acción Popular. El primer Ministro saliente, Manuel Ulloa Elías, y el entrante, Federico Schwalb, también la apoyaban, mientras el influyente diario El Comercio editorializaba reiteradamente sobre el tema.⁸ Gagliardi, desautorizado en su iniciativa de dialogar con los líderes senderistas, insistió sin embargo en mejorar sustancialmente el rendimiento de los servicios de inteligencia y equipar adecuadamente a la policía. En las declaraciones del Gral. Luis Cisneros Vizquerra se mezclaban las advertencias a los políticos, a la sociedad civil y a los senderistas. "¿ Antes que ingrese la Fuerza Armada, no sería necesario que entre el país para que rechace no sólo de palabra sino de acción esta situación?"⁹ Advertía sobre la necesidad de que todos los grupos políticos se unieran en el rechazo al terrorismo, pero no sólo de palabra, sino que acordasen un plan nacional para resolver los problemas de la zona de emergencia, de forma que conquistasen el liderazgo político al mismo tiempo que se retomaba el control militar. El carácter indiscriminado que tendría la represión militar haría más urgente y difícil conseguir ese liderazgo democrático, y la ausencia de éste empeoraría las consecuencias de la intervención armada. Se produjo entonces una confusión en la opinión pública que fue parte de ese momento de tragedia nacional. Muchos confundieron con amenazas las terribles advertencias de Cisneros. Se le atribuyó malevolencia en vez de considerar la gravedad de lo que decía. En esos días Belaunde había tomado ya su decisión.¹⁰ El 27 de diciembre lanzó un ultimátum a los terroristas para que entregasen las armas. El 31, alrededor de 2000 efectivos del Ejército entraron en acción en la zona de emergencia.

Los hechos del año 1982 dejan ver que la estrategia terrorista del PCP-SL sorprendió completamente al gobierno de Belaunde y reveló las tensiones entre los sectores del Estado peruano. Ni el control militar del orden interno en la zona en emergencia, previsto en la Constitución como la medida adecuada a una perturbación grave, ni las capacidades militares existentes aseguraban una acción exitosa contra el PCP-SL, antes bien ponían las condiciones que el PCP-SL buscaba para pasar a una fase más avanzada de su guerra. Los asaltos a instalaciones policiales, especialmente al CRAS de Huamanga, no tuvieron como objetivo tomar el control de un territorio, ni siquiera por un momento, sino sólo infligir daños a la fuerza local, llevarse armas y eventualmente liberar prisioneros. Lo mismo vale para las incursiones armadas del PCP-SL en poblaciones rurales. Los atentados dinamiteros, ataques a personas y especialmente a policías en el resto del país, sobre todo en Lima, demostraban capacidad de acción puntual. Los subversivos abandonaban sin problemas los lugares donde habían hecho presencia y dejaban a su suerte a los pobladores que, bajo amenaza, en muchos casos los habían apoyado. En otras palabras, no buscaban el dominio militar. Ello se explica porque el PCP-SL no se proponía garantizar ningún conjunto de derechos básicos, su poder consistía únicamente en la acumulación de fuerzas para realizar su proyecto político de larguísimo plazo.

El objetivo militar clásico de establecer el dominio o el absoluto monopolio de la violencia en un determinado territorio es derivado del objetivo político de establecer un estado de derecho, lo cual es una característica esencial de los Estados modernos. Esto no interesó en ningún momento al PCP-SL. Su "justicia revolucionaria" era sumamente autoritaria y arbitraria, respondía a la finalidad de demostrar el poder del partido. Ahora bien, el sistema policial y penal del Estado no tenía suficiente presencia en las zonas donde el PCP-SL empezó sus actividades y no pudo desarticular la organización clandestina, aunque el accionar de ésta sólo producía más inestabilidad, incertidumbre y pobreza para la población. Ello se explica porque la policía y el Poder Judicial sólo pueden actuar allí donde están dadas ciertas condiciones sociales mínimas. Para que la policía pueda actuar, la sociedad tiene que estar estructurada en cierto grado según derechos iguales para todas las personas y éstas tienen que contar con el recurso a la policía y al Poder Judicial para reforzar esos derechos cuando sean desafiados. Éste es un rasgo distintivo de una sociedad civil, el predominio de las relaciones de derecho igualitario. Por eso no hay policía en una sociedad feudal, sólo milicias del gobernante. El PCP-SL logró en 1982 destruir pronto los escasos avances del estado de derecho en los Andes centrales y empezó a prosperar como un poder local pese a no ofrecer ningún estado de derecho alternativo. En esto consistía la situación gravísima que afrontaba el Estado peruano. Bajo los golpes de una agrupación terrorista colapsaron las precarias estructuras jurídicas e institucionales modernas en un amplio territorio del interior del país. No era el caso que una fuerza militar enemiga estuviera imponiendo a la población una jurisdicción distinta, como en las provincias que Chile ocupó en la Guerra del Pacífico. El PCP-SL no establecía ningún orden jurídico igualitario. Quienes estaban con el partido lo podían todo, y quienes estaban contra él, no tenían derecho a nada.

¿Qué puede hacer un ejército para convertir a la población bajo su dominio en una sociedad civil? ¿Cómo luchar contra los enemigos de los derechos civiles que se ocultan en un medio social donde el común de la gente no conoce ni ejerce esos derechos? La decisión de encargar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en la zona de emergencia se hizo sin claridad ni estudio sobre la especial dificultad de esta misión. Es obvio que no se trataba de ocupar militarmente la zona. Las bases militares existentes en la zona antes de establecido el control militar del orden interno nunca fueron atacadas por el PCP-SL, ni tampoco los transportes ni el personal militar, por más que quedaran eventualmente en situación vulnerable. Tampoco se trataba de proteger o reinstaurar un sistema policial, judicial e institucional desbordado por las acciones de una agrupación criminal pero requerido por la población, porque ese sistema ya no funcionaba como tal, si alguna vez lo hizo. De tener escasa presencia había pasado en un año a no tener ninguna y a limitarse a reprimir y perseguir las acciones del PCP-SL. La misión real de las Fuerzas Armadas era mucho más extraña y difícil, era poner las condiciones para el surgimiento de un estado de derecho allí donde no las había, es decir, posibilitar que se genere en la población la conciencia de tener derechos básicos y de pertenecer a un Estado que los garantiza, y para ello eliminar a la organización empeñada en destruir todo asomo de esa conciencia, el PCP-SL. Como se ve, las responsabilidades encargadas a las Fuerzas Armadas en el momento en que el Presidente dispone que "asuman el control del orden interno" son desmesuradas en comparación con sus prerrogativas.¹¹ Poner las condiciones para el imperio de la ley y para que pueda funcionar un sistema policial y judicial supone una acción integral del Estado, no sólo conquistar por las armas el dominio territorial. Si este gran objetivo se encarga exclusivamente a las Fuerzas Armadas, se entiende que ellas tienen que dirigir y organizar esa acción integral, la cual incluirá desarrollo económico, educativo, institucional, normativo.

Belaunde tenía temores fundados sobre la tendencia a reconstruir el poder político de los militares que esta decisión reanudaba. Que las Fuerzas Armadas fueran a promover el desarrollo económico, a educar y a dar derechos a las personas era en ese momento tan falso como lo fue durante toda la década pasada. Iban a patrullar, encañonar y disparar, iban a matar en nombre de la Patria, tal como lo había advertido Cisneros. Belaunde asumió la responsabilidad de mantener la misión de las Fuerzas Armadas limitada estrictamente al plano bélico, esperando así que no se repitiera la ilusión militarista de la década anterior. De hecho, el retraso de las capacidades civiles, especialmente de los partidos políticos, podía atribuirse en ese momento a la misma dictadura militar, la cual tuvo a Belaunde doce años desterrado. El movimiento Cooperación Popular promovido por su partido y su gobierno en los años 60 había surgido para encarar estas tareas y no había logrado sus objetivos debido tanto a la fragmentación política del país como al golpe militar. También hay que tomar en cuenta que el PCP-SL creció y se organizó durante los últimos años del gobierno militar, alimentado por la pobreza extrema de una región a la cual la Reforma Agraria no le había traído beneficios. No podían presentarse pues las Fuerzas Armadas como autoridades en desarrollo económico y político, ni exigir tener de nuevo las prerrogativas que tuvieron plenamente durante los años 70, por más que ello hiciera terriblemente difícil la nueva campaña antiguerrillas.

Como la orden a las Fuerzas Armadas de asumir el control del orden interno en Ayacucho fue entendida por Belaunde en el sentido restringido de enfrentar militarmente a los enemigos del Estado, quedaba implícito que el Estado asumiría el conjunto de tareas no militares necesarias para restablecer allí efectivamente el estado de derecho. Si había limitación de funciones militares, eso quería decir que debía haber división del trabajo con los civiles. Sólo una audaz combinación de esfuerzo militar y esfuerzo de promoción social y servicios públicos hubiera podido reducir la violencia del enfrentamiento y aislar al PCP-SL antes de que reuniera fuerzas para propagarse por el resto del país. Ello no sucedió por dos razones: por un lado, el nuevo equipo político que rodeaba a Belaunde no se inclinaba a liderar ese tipo de acciones de desarrollo, y por otro, la estrategia del PCP-SL incluía asesinar a los funcionarios públicos y, en general, a los agentes de desarrollo, sean estatales o no. Antes de empezar las acciones ya existía la lógica de enfrentar a la subversión con una estrategia meramente militar y sin involucrar a la autoridad civil en el liderazgo del componente político de la lucha.

Así quedó planteada una campaña militar antisubversiva con un objetivo extremadamente complejo y un apoyo mínimo por parte del resto del Estado y de la sociedad. Belaunde no quiso dar esta guerra, dio la orden lleno de escrúpulos cuando ello se le presentó como absolutamente inevitable. No hubo en las Fuerzas Armadas tampoco nadie que propiciara esta entrada. Sólo el PCP-SL pudo ver el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho como un paso importante dentro de su plan largamente premeditado¹².

1.3.1.2. Estrategia inadecuada

Las Fuerzas Armadas elaboraron a pedido del Presidente, y sustentaron ante él en sesión del Consejo de Defensa Nacional, un plan de campaña basado en una evaluación de la estrategia del PCP-SL y de su organización militar y política como una guerrilla semejante a las anteriores, inserta en el movimiento comunista internacional y por ello dependiente del apoyo externo. Las operaciones se prepararon y ejecutaron según el manual NE-41-1, el cual había servido diecisiete años antes en la campaña antiguerrillera de 1965. Las experiencias de los años 60 y la instrucción de la Escuela de las Américas de los años 70 en guerra no convencional determinan ampliamente la estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas peruanas a inicios de los años 80. En el curso de Guerra Revolucionaria de la Escuela de Guerra del Ejército no se estudia el maoísmo como estrategia militar revolucionaria, sólo se lo identifica como tendencia ideológica. La atención se centra sobre las guerrillas guevaristas y la estrategia revolucionaria de focos guerrilleros. Aunque la estrategia de los años 60 ya chocaba con serias dificultades en América Central, y aunque se sabía que el PCP-SL no era una guerrilla del tipo anterior, no se sabía positivamente qué tipo de estrategia estaba usando.

En los primeros años del conflicto, las Fuerzas Armadas carecían de adecuada inteligencia sobre la organización y las formas de operar del PCP-SL. Tanto las Fuerzas Armadas como el Gobierno ignoraban que el PCP-SL no dependía de apoyo ni de directivas foráneas, que no establecía campamentos ni mantenía columnas y que acumulaba poder político y militar mediante una estrategia sin precedentes en América Latina.¹³ El Ejército dedujo el carácter de su misión de la Directiva de Gobierno Nº 02 SDN/ 81. No contaban con un marco estratégico integral y duradero asumido por el gobierno. Sin embargo, en dicha directiva se afirmaba que la tarea era "reducir las motivaciones que condicionan la subversión mediante la aplicación de medidas preventivas destinadas a mantener y/ o establecer el régimen constitucional." En ello estaba implícito que la acción militar debía enmarcarse en un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales. En los hechos debía entenderse también que este conjunto de medidas tendrían que seguir de inmediato a la recuperación del dominio militar de la zona, porque es evidente que ellas no podrían ponerse en práctica donde los elementos armados del PCP-SL estuvieran activos. Pero la rápida aplicación de las medidas políticas, sociales y económicas para consolidar los avances del control militar no fue siquiera planeada por el gobierno. Al parecer, lo ganado militarmente pueblo por pueblo debía consolidarse también militarmente.

La estrategia del PCP-SL apuntaba a involucrar en el conflicto a la población, practicando sistemáticamente el terror y el asesinato, el reclutamiento forzado y el uso de las poblaciones como escudos humanos, violando las más elementales leyes de la guerra con la finalidad de obtener un poder político totalitario. Además, no establecía en general campamentos ni se proponía establecer columnas permanentes. La concepción de larguísimo plazo, de inspiración maoísta, permitía al PCP-SL acumular poder mediante violencia permanente, selectiva y difusa contra la población civil. El PCP-SL dirigía sus acciones primero contra las personas que representaban al Estado o mantenían relaciones con instituciones públicas, pero también contra quienes tenían actividades comerciales o agropecuarias que implicasen integración al mercado nacional, al crédito o a ayuda técnica. O bien conseguían el total sometimiento y colaboración de estas personalidades locales, como el maestro de escuela o el juez de paz, o los asesinaban con crueldad tras infames "juicios populares". "Batir el campo" implicaba también destruir los intereses económicos organizados, es decir, descapitalizar el área, por lo cual mataban el ganado seleccionado, destruían los pocos tractores y bombas de agua, en ocasiones hasta los puentes y carreteras. Más que movilizar a la mayoría de la población, el PCP-SL buscaba paralizarla, y en términos políticos y militares, reducirla a la neutralidad, de forma que se convirtiera en un reservorio de material humano a disposición del PCP-SL.

El núcleo de simpatizantes que el PCP-SL establecía en cada localidad servía de base logística e inteligencia a los militantes del partido, quienes hacían su aparición armada ocasionalmente para ajusticiar a los denunciados por el núcleo y ejecutar las medidas de expropiación, extorsión o leva forzada. Si flameaban banderas rojas no era porque la población fuera mayoritariamente senderista, ni mucho menos, sino porque estaba aleccionada por el PCP-SL de que nadie debía atreverse a retirar las banderas rojas que pusieran sus agentes locales.

Otra peculiaridad del PCP-SL ignorada por la estrategia antisubversiva de inicios de los 80 es que no dependía en absoluto de apoyo externo. Equivocadamente, se creía importante aislar el territorio donde operan los subversivos, para impedir la llegada de directivas y apoyo desde el extranjero. El Gral. Clemente Noel, jefe militar de la zona, habla de "ramificaciones externas" del PCP-SL que "posiblemente lo conducen".¹⁴

La estrategia adoptada por las Fuerzas Armadas suponía que la población se dividía en poblados subversivos y poblados leales al Estado Peruano. El PCP-SL en realidad segmentaba cada colectividad rural y, usando su base de apoyo en un segmento, lograba atraer la respuesta militar contra toda ella. Así se explica el elevado número de víctimas inocentes. La respuesta militar consistía en tomar el control de poblados y zonas rurales, durante lo cual se esperaba destruir los elementos armados o fuerzas enemigas. Pero el PCP-SL, a diferencia de las anteriores guerrillas comunistas, practicaba una guerra irregular en la que sus combatientes no usaban uniformes, se confundían entre la población y no se proponían adquirir el dominio militar de las zonas donde desarrollaban su poder. Al menos durante el primer año, el comando militar de la zona de emergencia creyó incluso que el PCP-SL preparaba ataques masivos y simultáneos a todas las bases contrasubversivas para tomar el control territorial.¹⁵ En ello se equivocaron totalmente.

La misión de la campaña contrasubversiva se definió como recuperación del dominio territorial. Las operaciones militares empezaron el 30 de diciembre de 1982, cuando el gobierno dispuso la intervención de las FFAA en la lucha antisubversiva. Bajo el mando del Gral. Clemente Noel Moral se reorganizó la subzona de seguridad nacional E, que abarca 5 provincias de Ayacucho y todo Huancavelica, extendiendo la subzona a la provincia de Andahuaylas. El planeamiento se realiza en las instancias militares locales, con aprobación del Comando de la Zona de Seguridad Nacional del Centro.

Se determinaron y ocuparon Zonas, Subzonas y Áreas de Seguridad Nacional, en las cuales se desplegaron Fuerzas de Control Territorial y algunas Unidades de Reserva Móviles. Las prioridades estratégicas fueron las siguientes. Primero, proteger a las poblaciones amenzadas por el terrorismo, a las autoridades locales y los servicios públicos esenciales; segundo, controlar la posesión de armas, municiones y explosivos, hacer patrullajes de reconocimiento y búsqueda de información y tomar medias de control de la población, como hacer registro de datos, controlar el tránsito de vehículos y personas, establecer el toque de queda; tercero, establecer redes de colaboradores para obtener información que permitiera identificar a los terroristas. Este último aspecto tomó mucho tiempo y se aplicó muy accidentadamente, de forma que el objetivo final de introducir una separación entre la población y los elementos políticos y armados del PCP-SL sólo fue encarado y trabajado al final de este período, sobre la base de la dura experiencia de un control territorial y unos patrullajes que produjeron numerosas situaciones de violencia y permitieron el accionar del PCP-SL.

Luego de las primeras inspecciones del terreno y una evaluación preliminar de la distribución de la presencia subversiva se resolvió reforzar el dispositivo militar. Se incrementó el contingente de la 2da División de Infantería de Ayacucho y se la reforzó con una unidad aerotransportada. Los tres batallones de esa división no tenían antes de esto su efectivo completo. Se incrementaron con compañías de material de guerra, de comando de operaciones, ingeniería militar y un agrupamiento aerotransportado. Los batallones así reforzados, antes acuartelados en Pampas, Huamanga y Huanta, se desplegaron en bases contrasubversivas distribuidas por toda la zona de emergencia.

La medida más original fue destacar dos compañías de la Infantería de Marina a un área que abarcaba desde Huanta hasta el valle del Apurímac, en la zona selvática de San Francisco. Se trata de un corredor que une zonas muy difíciles de controlar, pues conecta desde altiplanicies frías, "punas", hasta bosque tropical montañoso, "selva alta". Además, el abra controlada por la Marina era usada por avionetas particulares para pasar de Huamanga a San Francisco, a orillas del río Ene, que es una zona cocalera. Como precedente para esta decisión sirvió la operación antinarcóticos "Mar verde" de 1979.

Se establecieron bases contrasubversivas en todas las capitales de provincia y en puntos que permitían el control de los valles, como la hacienda Luisiana en San Francisco. La táctica principal fueron los patrullajes en fuerza a partir de las bases. Pronto fue notorio que no era cuestión de reunir mayor capacidad de fuego en determinados puntos, pues los subversivos no daban batalla, se limitaban a incursionar en las poblaciones inermes, a atacar puestos policiales y, eventualmente, hostigar a alguna patrulla militar. La experiencia obligó entonces a aumentar el número de bases, que llegaron a ser en 1984 más de 60 en los tres departamentos que formaban la zona de emergencia. Mayor densidad de la presencia militar y mayor número de patrullajes fueron la respuesta a las apariciones siempre difusas y repentinas de los subversivos. En los lugares de mayor presencia subversiva, la conservación de condiciones mínimas de seguridad y presencia del Estado pasó a depender crónicamente de la presencia de las bases militares.

La Infantería de Marina debió abandonar los usuales pelotones y escuadras para formar patrullas de combate, las cuales se alternaban también en los servicios de la base. Esta transformación fue resultado de las experiencias de combate, las patrullas pequeñas se generalizaron recién en 1984. En la zona de emergencia operaban alrededor de 250 infantes de marina, el equivalente a dos compañías, los que eran relevados cada dos meses, se preparaban y descansaban en la base naval de Ancón. En total, la Infantería de Marina peruana contaba entonces con unos 2000 efectivos, de manera que sólo 1/ 8 de ellos permanecían desplegados simultáneamente en la zona de emergencia en este período. Sumando Ejército y Marina, el personal de combate desplegado simultáneamente en la zona de emergencia en este período fue de alrededor de 2000 hombres, a lo cual debe sumarse el personal policial. Si estimamos los efectivos militares peruanos totales en esos años, como mínimo, en 90000 hombres, resulta que sólo un 3% participaba simultáneamente en las acciones antisubversivas.

Las patrullas del Ejército y la Marina salían de las bases para realizar incursiones violentas en los pueblos o perseguir columnas senderistas. El PCP-SL irrumpe en los pueblos y se repliega ágilmente para que el esfuerzo militar se pierda en el vacío o repercuta sobre la población. El vacío de autoridad producido por las incursiones del PCP-SL no es subsanado por las incursiones militares. La inteligencia era escasa y el margen de error amplio, de forma que las patrullas militares practicaron frecuentemente la violencia indiscriminada.

Pronto fue evidente que el objetivo de restablecer el orden interno no podía cumplirse sin hallar al enemigo oculto entre la población. Pocos, más bien excepcionales, fueron los combates contra elementos armados o "fortines" del PCP-SL.¹⁶ Más frecuente fue el uso de las armas para tomar control de poblaciones inermes y también se practicaron interrogatorios para obtener inteligencia predictiva en el mismo escenario de las operaciones militares. Operación corriente era cercar un pueblo, sacar a toda la población de sus casas e identificar, por lista negra de "inteligencia", a supuestos terroristas.¹⁷ Observaciones sobre la conducta de los pobladores, como cuántos y quiénes acudían al izamiento de la bandera en la plaza, proveían referencias iniciales.¹⁸ Con frecuencia eran tomados como sospechosos quienes no asistían a las asambleas de pobladores convocadas por la patrulla militar.

No era extraño que una patrulla llegase a un lugar donde en muchos años no había habido ninguna presencia del Estado. Los caseríos que ya habían sido intervenidos por el PCP-SL reaccionaban de muy diversas maneras cuando llegaba una patrulla militar. En el caso más favorable, los pobladores acogían a la patrulla y compartían con ellos sus pocos víveres, relataban la incursión de los subversivos, eventualmente denunciaban a los elementos locales del PCP-SL y asumían un compromiso con las Fuerzas Armadas. Los efectivos militares compartían también sus alimentos y, sobre todo, su botiquín. Entre tanto sucedía a veces que los militares identificaban como elemento subversivo a una o varias personas. En el primer año del conflicto lo usual era llevarse detenidos a los sospechosos. Al atardecer, cuando partía la patrulla, el pueblo quedaba inerme. Luego venían las represalias del PCP-SL. Los pueblos ya visitados por las Fuerzas Armadas recibían el peor trato. Con apoyo de sus informantes locales, los subversivos vejaban, mutilaban o ejecutaban delante de todo el pueblo a quienes colaboraron con la patrulla militar en lo que llamaban un "juicio popular".

Hubo lugares donde la fuerza armada logró un "restablecimiento" de las autoridades locales y recuperó el dominio militar con apoyo de la población, cuando los pobladores eran capaces de romper la segmentación y deshacerse del terror que protegía a los elementos locales del PCP-SL. Pero el PCP-SL atacó de nuevo en muchos sitios hasta lograr el "contrarrestablecimiento" de sus comités populares. Mientras las FFAA buscaban el difícil objetivo de conseguir un apoyo unitario de toda la población al Estado peruano y un rechazo unitario al terrorismo, el PCP-SL concentraba sus esfuerzos en conseguir la división, o sea la existencia de un sector senderista en cada pueblo, capaz de desarrollar paulatinamente poder político y militar en medio de la neutralidad de la amedrentada mayoría de la población. Ello explica los avances del PCP-SL durante 1983.

Los brutales "contrarrestablecimientos" del PCP-SL desencadenaron una escalada. Como ya se ha dicho, los elementos armados del PCP-SL no eran estables, tomaban las armas de lugares donde las mantenían ocultas -cuevas, refugios de pastores, viviendas campesinas -sólo al momento de dirigirse a una acción determinada, para lo cual también movilizaban a su personal de apoyo, que de otro modo permanecía disperso en pueblos y campos. Los jefes de las bases contrasubversivas, al comprobar que no conseguían estabilizar el control militar de las zonas que patrullaban, quedaron conminados de hecho a incrementar con sus propios medios la obtención de inteligencia y a intentar la eliminación selectiva de las bases de apoyo del PCP-SL. El agotamiento físico y los efectos psicológicos de la guerra explican -pero no disculpan -que se haya incurrido en errores y excesos. De esto no sólo son responsables quienes combatieron, sino también quienes debieron haber prestado el apoyo político, económico e institucional para estabilizar los resultados de la presencia militar con medidas en los campos no militares.

1.3.1.3. Repercusiones de la violencia y desunión política

Debido a la magnitud de la contraofensiva militar, el PCP-SL resultó afectado, al modo advertido por Cisneros: los senderistas habían muerto pero, para matarlos, se había victimizado a poblaciones en una forma masiva. Debido a la pérdida de cuadros y simpatizantes, el número de atentados disminuyó notoriamente hacia 1985.^Las Fuerzas Armadas y Policiales, entre tanto, registran un número reducido de bajas en comparación con períodos posteriores.

Cuadro 2

Miembros de las FFPP Fallecidos por años

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
2	12	9	10	13	30	29	37	48	44	72	111

Fuente: Ministerio del Interior

Cuadro 3

Oficiales EP Fallecidos por años [Cifras Aproximadas]

1983	1984	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	4	3	5	11	13	15	13	18

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

Cuadro 4

Técnicos y Suboficiales EP Fallecidos por años [Cifras Aproximadas]

1984	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	2	2	5	14	3	4	16

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

Cuadro 5

Tropa SM Fallecida por años [Cifras Aproximadas]

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
3	9	18	21	83	70	60	83	160

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

El número de ejecuciones extrajudiciales y violaciones diversas a los derechos humanos alcanzó dimensiones catastróficas en proporción al tamaño de la población de la zona y hablan del tipo de estrategia aplicada. Las cifras oficiales arriba mencionadas sobre el número de bajas en comparación con las altísimas cifras de civiles y presuntos subversivos muertos, que llegan a miles, así como el hecho de no reportarse heridos, capturas o incautación de material subversivo, hablan de una enorme desproporción en el campo²⁰. La dificultad para obtener inteligencia sobre el PCP-SL y para estabilizar el control de las áreas rurales provocó no sólo casos muy graves de excesos, sino también la aparición de centros de reclusión y tortura clandestinos en algunas bases militares. Tristemente célebre es el Estadio de Huanta, base principal de la Infantería de Marina en esa provincia, el cual alojó temporalmente un centro de clandestino de reclusión donde se practicó la desaparición y la tortura. Otros lugares de interrogatorio fueron la chanchería situada en las inmediaciones del cuartel "Los Cabitos" de Huamanga y la llamada "casa rosada" en esta misma ciudad.

La situación de los Derechos Humanos se agravó porque el Comando Político-Militar de la zona de emergencia, dentro de su estrategia de aislamiento de la zona, prohibió el ingreso de la Cruz Roja, de las organizaciones humanitarias y del periodismo en general, reservándose el derecho de autorizar determinados reportajes o entrevistas. Las pocas noticias que escapaban eran tomadas luego por ciertos sectores del público nacional e internacional como indicadores de una situación fuera de control y al mismo tiempo desacreditas por las autoridades del país. A los pocos meses de iniciado este bloqueo informativo se produjo la muerte de ocho periodistas a manos de los comuneros de Uchuraccay, quienes los confundieron con subversivos. La prensa y los políticos de oposición dieron al hecho de inmediato las interpretaciones más negativas, pues primaba la idea de que habían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas o por órdenes de éstas. Nada perjudicó tanto la imagen del Jefe del Comando Político Militar, Gral. Clemente Noel Moral, como la ola de rechazo que produjo este hecho. Ante la gravedad de la situación, el gobierno constituyó una comisión investigadora presidida por el novelista Mario Vargas Llosa. El informe no fue creído por ese público de oposición para quien los periodistas habían muerto como mártires de la lucha democrática contra la guerra sucia o, peor aún, como víctimas directas de esos mismos métodos. Pero lo más grave de este episodio es que el informe de la Comisión Uchuraccay no logró aclarar la naturaleza del conflicto ni alertar a la ciudadanía sobre los peligros reales que amenazaban al país. La esfera oficial volvió a cerrar el tema y a apostar por una victoria rápida sin importar los costos, sin mayor alteración de la agenda política y los planes económicos.

El Gral. Clemente Noel fue denunciado públicamente por algunos medios de prensa como responsable de la muerte de los periodistas y más tarde fue denunciado penalmente por parlamentarios de oposición. Él respondió haciendo declaraciones en que se refería a esa prensa, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y a esos políticos como colaboradores voluntarios o involuntarios del PCP-SL. Semejante fue la reacción del Presidente Beláunde al recibir una serie de cartas de Amnistía Internacional que denunciaban los excesos de la lucha contrasubversiva y las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo. Su expresión fue que él echaría las cartas "directamente al tacho de basura".²¹

Mientras el oficialismo negaba que hubiera violaciones de los Derechos Humanos o simplemente, en algunos casos, restaba importancia a las denuncias, la oposición le daba al asunto la mayor relevancia política. Esta desunión política del país fue el mayor obstáculo para que el esfuerzo de defensa interior fuera complementado, como era urgente, por esfuerzos económicos, administrativos y políticos para incrementar la presencia del Estado en la zona de emergencia. Los opositores de izquierda veían en la guerra contra el PCP-SL una versión peruana de la "guerra sucia" argentina. Aunque la izquierda parlamentaria marcó distancias con el PCP-SL, en muchas actividades políticas de izquierda se mantenía una posición ambigua con respecto a la lucha armada, dando a entender que no se había renunciado a ella y que se comprendía perfectamente el carácter violento que estaba adquiriendo el conflicto social. El hecho general fue que no hubo un acuerdo nacional activo contra el PCP-SL.

Las posiciones políticas se polarizaron, pues, sobre este tema. Los altos mandos militares - que eran entonces un actor político -interpretaban esta falta de apoyo unitario al esfuerzo de defensa como una debilidad del nuevo sistema. Tanto el oficialismo como la oposición confundían al PCP-SL con un fenómeno más de la Guerra Fría, una guerrilla nacional alentada por el comunismo internacional. Imperaba también la percepción confusa de que todas las organizaciones de izquierda, incluido el PCP-SL, eran vástagos radicales del APRA, de forma que incluso este antiguo partido centrado en la idea de una revolución social no comunista quedó enredado en el intercambio de acusaciones. La confusión aumentó cuando el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) anunció su ingreso a la lucha armada. Como en este caso sí se trataba de una guerrilla regular, vinculada al comunismo internacional y heredera de las ramas radicalizadas del APRA que emprendieron las efímeras guerrillas de 1965, entonces se reforzó la creencia de que detrás del PCP-SL, el MRTA y las izquierdas parlamentarias había un solo actor político, el comunismo internacional. Al menos hasta 1986, las apreciaciones estratégicas sobre la actividad subversiva para el planeamiento de la defensa interior veían a los demás grupos de izquierda marxista, inclusive la parlamentaria, como aliados del PCP-SL y potenciales subversivos.²² Este engaño colectivo -originado en la confusión que tenían las izquierdas sobre sí mismas -impidió en los primeros años del conflicto reconocer las fuertes diferencias entre las agrupaciones de izquierda, el MRTA y el PCP-SL. Ello no sólo frustró la necesaria unidad política para enfrentar al PCP-SL, sino que permitió que amplios sectores subestimaran su peligrosidad y se contentaran con interpretar al PCP-SL como una explosión del comprensible descontento de los campesinos pobres.

La interpretación de las causas sociales de la violencia política manejada en los años 80 tanto por los militares como por los políticos estaba concentrada en el problema de la pobreza. No se percibían los problemas políticos, como el comportamiento autoritario de los partidos y de los líderes y organizaciones del "movimiento popular", ni la falta de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales, reflejados en la corrupción, la exclusión, el burocratismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Belaunde mismo se limita a devolver los diarios expropiados a sus antiguos dueños, a celebrar elecciones municipales, construir viviendas y fomentar el crecimiento económico. Sus recursos para reformar el sistema político son tan escasos que no tiene elementos para hacer un aporte civil significativo a la pacificación de la zona de emergencia.

En resumen, el carácter marginal de la guerra 1983-85 estuvo determinado por la decisión política implícita y (ésta sí) unánime, de buscar que el esfuerzo de defensa, protagonizado por los militares, no tuviera consecuencias para otros campos de la vida nacional. Ello ocurrió en dos direcciones. Desde el oficialismo, porque veían en eso un retorno de los militares al poder y por una lógica de delegación de funciones a las fuerzas armadas en lo que se suponía debía ser una campaña estrictamente limitada al campo militar. Y desde la oposición, para evitar una ampliación del concepto de lucha contrasubversiva que pudiera volverse contra ellos mismos. La posición política del gobierno, que oficialmente no reconocía la existencia de un conflicto interno con carácter de guerra subversiva, sino sólo brotes terroristas, coincidió con la estrategia de incomunicación de la zona de conflicto establecida por las FFAA. El resultado fue que se estaba peleando una guerra oficialmente inexistente, la cual debía acabarse rápido, a cualquier precio y sin dejar huellas de lo ocurrido.

1.3.1.4. Primeros intentos de corregir la estrategia

Al comenzar el año 1984, el Gral. Clemente Noel Moral fue relevado de su cargo por el Gral. Adrián Huamán Centeno. Natural de la zona y hablante de la lengua quechua, el Gral. Huamán parecía mostrar disposición para tomar en sus propias manos las medidas políticas y económicas necesarias para conquistar el apoyo de la población. Aunque dio pasos para este fin, el número de testimonios de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones producidas por las fuerzas del orden durante su período es el más elevado de toda la historia del conflicto. También lo es el número de crímenes perpetrados ese año por el PCP-SL. En este período se descubren las primeras fosas comunes, Huamanguilla y Pucayacu. También está claro que el ambivalente apoyo que Huamán dio a la organización de autodefensas campesinas, propiciando el levantamiento de pueblos enteros contra las amenazas del PCP-SL, pero sin darles ningún armamento ni entrenamiento adecuado, hicieron que aumentara la violencia por parte del PCP-SL y también por parte de las mismas autodefensas.

Convencido de que tenía que vincular las acciones de desarrollo con las acciones militares, Huamán, en su calidad de Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia, interpretó que este cargo le confería la atribución de dirigir el presupuesto de inversión pública de la Corporación Departamental de Desarrollo de Ayacucho. Emitió entonces la Directiva Nº 001- SAS/ SZSN "E", el 27 de abril de 1984, con la finalidad de "reorientar cualitativa, cuantitativa y estratégicamente la inversión pública 1984 del Departamento de Ayacucho al desarrollo de las actividades productivas agropecuarias que beneficien prioritariamente a la población campesina afectada por los actos de terrorismo, generando el máximo de ocupación y autoabastecimiento de alimentos en la zona de emergencia". Con esto se anticipó a los planes de inversión pública y fomento que ya estaban en trámite por el largo camino de los ministerios y corrigió todo lo que le pareció necesario, desautorizando a los funcionarios y parlamentarios que hasta ese momento habían intervenido en los planes de desarrollo. Sin embargo, su idea de aprobar los planes de gasto público en reuniones con participación popular, y en respuesta a petitorios presentados por los vecinos de cada distrito, sólo se materializó en el distrito de Sacsamarca, donde él tenía un liderazgo personal por razones de historia familiar. Optimistamente, él percibió que la noticia de su forma de actuar en Sacsamarca "corrió como un reguero de pólvora"²³.

Es notorio que sus acciones en el campo del desarrollo agropecuario apenas si tenían asesoría especializada y estaban lejos de ser un modelo de desarrollo sustentable, pero también es evidente que eso no era lo que le interesaba, sino el efecto psicosocial de estas medidas en el curso de la lucha contra el PCP-SL. En realidad, muchas de sus acciones, más que responder a un auténtico plan parecían reproducir esquemas paternalistas conocidos en el campo ayacuchano mucho antes de la Reforma Agraria: a donde llegaba con su helicóptero repartía pan, porque en esa región el pan es un regalo tradicional que llevan los viajeros a los pueblos alejados en el campo. No perdía ocasión de demostrar a los campesinos que entendía y apreciaba su trabajo y su cultura. De todos modos, su plan tampoco estaba bien hecho desde el punto de vista psicosocial, porque no iba acompañado de la emisión de mensajes que aseguraran que la población, dispersa por ese enorme territorio, recibiría esas señales y les daría el significado que él esperaba. Llegó a aplicar su plan de inversiones en 27 pueblos, es decir, en menos del 1% de los centros poblados de la zona de emergencia. Además, Huamán subestimó la capacidad política del PCP-SL para hacer aparecer ese gasto social como conquista de la "guerra popular".²⁴ Como los pueblos de la zona de emergencia habían sido visitados por el PCP-SL desde tiempos de la Reforma Agraria y no habían visto aparecer inversión publica alguna hasta la llegada del Gral. Huamán, no era difícil para el PCP-SL hacer creer a la gente que, si no fuera por la guerra popular, jamás habrían llegado esas inversiones.

Si las medidas económicas de Huamán ya habían puesto muy tirantes sus relaciones con el gobierno, éstas terminaron por romperse cuando declaró a la prensa que el mando militar de la zona debería tener atribuciones políticas, particularmente nombrar y remover autoridades locales, para hacer frente al PCP-SL. El gobierno vio así confirmadas sus sospechas de que las Fuerzas Armadas querían usar la campaña militar como un medio para recuperar el poder político y que Huamán quería ser un dictador en Ayacucho. Al día siguiente de esas declaraciones fue removido de su cargo, el 28 de agosto de 1984.

El informe sobre las experiencias adquiridas en ese cargo que Huamán elevó a sus superiores después de ser destituido contiene pasajes reveladores de su posición ideológica reformista y desarrollista, seguramente compartida por muchos altos mandos del Ejército, pero al mismo tiempo incompatible con la política económica del gobierno y con las recomendaciones de la administración Reagan.²⁷ Según Huamán:

a. Ayacucho fue escogido por los mentores intelectuales de la subversión no por casualidad [...] sino por la extrema corrupción de los funcionarios del Estado que empujó al pueblo a una desesperación intolerable, situación que fue aprovechada para convencer a las masas de que la única solución era DESTRUIR a los causantes y crear un nuevo sistema más soportable.
b. Aplicando el simple principio de causa y efecto, o también de que la REACCIÓN es producido por la ACCIÓN, AYACUCHO constituye la RESPUESTA a la violencia estructural, es reacción del pueblo, es la máquina social que se alza en rebelión contra la administración político-burocrática tan peligrosamente anacrónica, y que puede degenerar en la destrucción del sistema de vida y orden actual, si no se adopta como estrategia, la reducción de los agravios, de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, el descenso de moralidad, la violencia política, pérdida de autoridad de las instituciones democráticas, el ciego intento de defender estructuras que han devenido en obsoletos por haber quedado al margen de la realidad social que se vive, y la situación de despojo en que se halla la población de las comunidades indígenas.
c. En AYACUCHO el pueblo conoce muy bien a los petardistas, ayuda a esconderlos y coopera con su alimentación, sea por el terror a ser eliminados o por simpatía. Mientras el pueblo no cambie de actitud, subsistirá la subversión y la única forma de reconquistar su apoyo es cambiando la situación cuyas condiciones objetivas se van agravando aún más día a día, debido al incremento en el precio de los artículos de primera necesidad.
Jamás, los especialistas en Contrasubversión han atribuido como causa de la subversión a la miseria, a la pobreza de los pueblos; pero no debe olvidarse que es el entorno que lo favorece, y que sus Directores intelectuales los requieren como detonante para utilizar a las masas ignorantes como su Fuerza de Combate.²⁸

A partir del año 1984 la Infantería de Marina organizó los primeros comités de autodefensa. Pero esas autodefensas campesinas (valle del Apurímac)²⁹ y los reagrupamientos de población (" aldeas estratégicas" alrededor de Huanta)³⁰ no contribuyeron en este período a reducir el carácter indiscriminado de las acciones de armas, aunque proveyeron experiencias que resultarían útiles más adelante. Estas estrategias experimentales se ejecutaron al margen de la política oficial, la cual estaba en contra de movilizar a los campesinos y de dar autoridad política a los militares. La estrategia de seguridad nacional del partido del gobierno era, al parecer, ejercer presión militar sobre el campo y trabajar para la captura policial de los mandos subversivos.³¹ En las áreas a cargo de la Marina, se formó un Comité de Defensa Civil que empezó a controlar y agrupar las autodefensas de los pagos de ambas márgenes del río Apurímac. La sede central del Comité se estableció en Pichiwillca. Una patrulla militar recorre el valle acompañada de más de 200 hombres de apoyo, requisando los pueblos casa por casa. "Esta gente, con gran operatividad y autonomía, fue alentada por los respectivos comandos militares".³²

El Gobierno urge a los mandos militares y policiales a eliminar los brotes subversivos y al mismo tiempo mantiene el tema sin mayores consecuencias políticas. En 1983, la sección de la Policía de Investigaciones dedicada a investigar las actividades terroristas fue elevada al rango de Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) por el Ministro del Interior Luis Pércovich Roca. Encargada a personal formado en investigaciones policiales -Javier Palacios, entre otros -esta Dirección debía subsanar la grave carencia de inteligencia antiterrorista, a fin de complementar el esfuerzo militar en el campo. Éste fue empero el inicio de otro problema mayor que se agigantó con el paso de los años: las capacidades de investigación policial se pusieron al servicio de la inteligencia de guerra, abandonando su razón de ser, que es permitir capturas legales sobre la base de pruebas objetivas. En vez de realizar las investigaciones con todas las exigencias de ley con la finalidad de llevar ante tribunales al delincuente terrorista con un expediente sustentado en medios probatorios, las habilidades de los policías de investigaciones, entrenados para la observación y la escucha clandestina, la infiltración de las organizaciones criminales y la captación de colaboradores, se convirtieron paulatinamente en medios auxiliares de la acción militar contrasubversiva.

En la zona de Huanta se realizó un experimento de otro tipo en 1984 con resultados desastrosos para la población involucrada. Se trata de las llamadas "Aldeas estratégicas". Consistía en concentrar la población de varios pueblos en un solo centro poblado bajo control militar. Se instalaba entonces un Comité de Defensa Civil con brevísimo entrenamiento -en el caso de Pampacancha fue de sólo una semana -y se obligaba a habitar el lugar a gentes que tenían sus tierras de trabajo en lugares muy alejados, sin tomar en cuenta tampoco los ciclos de labores agropecuarias ni las tensiones o rivalidades entre pobladores de distinta proveniencia. El resultado fue que Sendero Luminoso infiltró, dividió y derrotó en poco tiempo estas autodefensas, tras lo cual castigó duramente a las poblaciones.

Independientemente de su éxito o fracaso, lo cierto es que estas iniciativas de las Fuerzas Armadas para organizar la autodefensa de la población estaban completamente al margen de la estrategia oficial. El gobierno, la oposición, muchos altos mandos militares y la opinión pública predominante estaban en contra de armar a la población. Esto, sumado a las iniciativas del Gral. Huamán Centeno, muestra que desde los primeros años del conflicto las Fuerzas Armadas adoptaron estrategias que se apartaron del mandato dado por la política de seguridad y defensa del gobierno elegido.

1.3.2. 1985-1988: intento de control civil y generalización de la guerra interna

La violencia disminuye en el Perú engañosamente en los años 1985 y 1986. El PCP-SL, golpeado por la contraofensiva militar, se recompone y desplaza, activando células en otros departamentos. Las fuerzas del orden, criticadas por el nuevo Presidente, reducen sus operaciones mientras el gobierno mantiene la pretensión de ejercer sobre ellas control democrático. El sangriento desenlace del motín de los presos del PCP-SL en las cárceles de Lima terminó con esas pretensiones y dio comienzo a un lento proceso de recuperación de la iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas, mientras se desvanecía el control del gobierno sobre sus planes y operaciones. Así las cosas, la creación del Ministerio de Defensa no tiene mayor efecto para mejorar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. La expansión del PCP-SL llega a su apogeo en 1988.

1.3.2.1. Intento de establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas

En los primeros meses de su gobierno, el Presidente de Alan García no desperdició una sola oportunidad de incrementar su legitimidad y su popularidad. Con discursos y medidas radicales intentaba disipar la atmósfera opresiva de la guerra interna y la recesión económica. Pero desde el primer momento tuvo que asimilar condiciones muy duras que lo obligaron a claudicar en la práctica al mismo tiempo que proclamaba sus programas de cambios.

El 5 de junio de 1985, el saliente gobierno de Belaunde dio la ley 24150 que regula las atribuciones del Comando Político Militar en una zona declarada en estado de emergencia, otorgándole la "potestad de solicitar el cese, nombramiento o traslado de las autoridades..." La misma ley -vigente a la fecha -establece la sujeción exclusiva de "los miembros de las FFAA o Fuerzas Policiales... a la aplicación del Código de Justicia Militar". Este legado del gobierno saliente, introducido por presión de las Fuerzas Armadas y sectores afines, no fue rechazado por Alan García, quien aprovechó su luna de miel electoral para desviar la atención del tema y no derogar dicha ley, aunque tenía mayoría absoluta en el Parlamento. La táctica política de los militares es en este caso análoga a la que usaron para introducir las leyes del Sistema de Defensa Nacional, las que Belaunde encontró recién promulgadas cuando asumió el poder en 1980. Con esta ley sobre los Comandos Político-Militares se satisfacían en parte los reclamos de las Fuerzas Armadas, pero por la vía de la claudicación del gobierno a sus competencias y la entrega de competencias políticas y judiciales a las mismas. La ley 24150 no hace más que conceder en parte lo que pedía el Gral. Adrián Huamán o, más precisamente, oficializar como política del Estado los cambios que implicaban las estrategias adoptadas de hecho en la zona de emergencia.

En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente Alan García expresó un rotundo rechazo a la "barbarie" militar como forma de enfrentar a la subversión. Las Fuerzas Armadas detuvieron inmediatamente la ofensiva, para darle a entender al Presidente que no estaban dispuestas a luchar sin el amplio respaldo y las prerrogativas que les corresponden. Parte del descontento en las filas de los militares provenía de la suspensión parcial de la multimillonaria compra de aviones de guerra que se venía negociando con Francia desde el gobierno anterior, cosa que no tenía nada que ver con la guerra contrasubversiva, sino directamente con los planes y prioridades de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, García daba señales de disposición a apoyar soluciones políticas y sociales a la violencia, como recibir en el Palacio de Gobierno a una delegación de la guerrilla salvadoreña Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Centroamérica se encontraba en un momento de equilibrio estratégico. La política de Estados Unidos para América Central, en vista del desastre producido por la aplicación de estrategias todavía muy parecidas a la de Vietnam, había empezado a girar hacia un nuevo concepto llamado "conflicto de baja intensidad". Ello suponía restringir el uso de la fuerza a fin de no afectar a la mayoría de la población y preparar una salida política. En Nicaragua, el gobierno sandinista combatía a una organización militar de derecha conformada por antiguos miembros del sistema de seguridad de Somoza, los llamados "Contras". En El Salvador, el gobierno enfrentaba una insurgencia revolucionaria liderada por el frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). En Colombia, las guerrillas habían entrado en negociaciones con el presidente Belisario Betancur y sus brazos legales se habían unido, conformando una sola fuerza política que adquirió de inmediato importancia nacional. Eran, pues, momentos en que las salidas políticas a los conflictos violentos internos se hacían creíbles en América Latina. Pero creer que eso podía aplicarse al conflicto peruano fue un grave error.

En lo referente al MRTA la posición de Alan García no quedó sólo en palabras. Al comienzo de su gobierno nombró una Comisión de Paz, uno de cuyos objetivos era entablar diálogo con los subversivos. Ese mismo año, el II Comité Central del MRTA otorgó unilateralmente una tregua de un año al gobierno de Alan García, a fin de iniciar negociaciones.

La idea que respaldaba esta actitud de García era que la llegada del APRA al poder representaría una revolución social que permitiría una distribución más justa de la riqueza, la reducción del número de pobres y con ello, la derrota política del PCP-SL. La crueldad del enfrentamiento entre el PCP-SL y las fuerzas del orden en la sierra central era atribuida erróneamente por el nuevo gobierno a la polarización del país producida en los años anteriores por la política económica liberal de Belaunde. Como en el primer año del gobierno de Alan García disminuyó el número de huelgas al paso que las medidas proteccionistas y subsidiarias creaban una aparente bonanza económica, se esperaba que también el PCP-SL perdería apoyo social. Para apoyar políticamente la llegada de la esperada recuperación, Alan García organizó los Rimanacuy, grandes eventos de concertación con los campesinos, y lanzó un programa de crédito rural sin intereses que resultó una entrega de dinero a fondo perdido. Como es sabido, los efectos de las medidas populistas de García aparecieron masivamente un año después, cuando se desató una hiperinflación y se interrumpió el crédito internacional en respuesta a la decisión unilateral peruana de reducir el pago de la deuda externa. Estos efectos hundieron al país en la incertidumbre y la recesión, aumentando dramáticamente los índices de pobreza y desempleo.

Quienes no se dieron tregua ni cuartel en ningún momento fueron los actores principales del conflicto, el PCP-SL y las Fuerzas Armadas. En agosto de 1985, apenas asumido el poder por Alan García, fueron perpetradas por personal de las Fuerzas Armadas las matanzas de Pucayacu, Accomarca, Umaro y Bellavista, las cuales se intercalaron con feroces acciones del PCP-SL. En setiembre una comisión del Congreso descubrió las fosas comunes en que fueron ocultadas las víctimas de las mencionadas matanzas. Alan García apoyó la investigación y destituyó de inmediato a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, responsabilizándolos del hecho. Esta fue la única investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos en el período de Alan García que contó con su apoyo y tuvo consecuencias. El escenario se complicó cuando, en los meses siguientes, el PCP-SL realizó una serie de atentados contra personal de la Marina de Guerra en Lima. El 16 de Agosto de 1985, "varias decenas de miembros de la" La Marina "uniformados y civiles" que "esperaban el ómnibus que los transportaría a sus centros de trabajo" fueron "atacados en el distrito de Villa María del Triunfo". El 14 de Marzo de 1986, SL asesinó "al Capitán de Corbeta Jorge Alzamora Bustamante, quien había servido en la Fuerza de Tarea 90 en Ayacucho."³³ Asimismo, el 4 de Mayo de 1986, senderistas asesinaron al Contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de Guerra. Frente a este último hecho, el ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha, advertiría los subversivos que "han herido profundamente a la institución y al país entero" y "despertado al león."³⁴ La serie de asesinatos selectivos, sin embargo, no terminaría ahí. El día 14 de Octubre cobraría una nueva víctima: el Almirante Gerónimo Cafferatta Marazzi, que hasta hace poco había sido Comandante General de la Marina.³⁵

Obligado por el embate de los crímenes y atentados del PCP-SL, Alan García impuso el estado de emergencia en Lima, suspendiendo las garantías constitucionales en su propio centro de gobierno. A ello sumó el establecimiento del toque de queda en la capital, medida que impactó fuertemente en el ánimo de la población. A inicios de 1986 renunciaron la mayoría de los integrantes de la Comisión de Paz, porque no hallaron en el gobierno ni en los militares el apoyo imprescindible para cumplir su misión.

En medio de esta notoria indefinición, el gobierno de Alan García empezó a desarrollar desde los primeros meses una política de seguridad interior. Consistió, por un lado, en adquirir el control civil sobre las Fuerzas Armadas y Policiales y, por otro, en hacer esfuerzos de mediación del conflicto e impulsar el desarrollo agrario de las regiones andinas más pobres. Ya hemos mencionado las dificultades que enfrentaron la mediación, encargada a la Comisión de Paz, y la política agraria, apoyada en los Rimanacuy y el crédito agrario. El control civil debía alcanzarse mediante tres recursos: 1. la unificación de los institutos policiales en la Policía Nacional del Perú y su fortalecimiento; 2. la unificación de los ministerios militares en un Ministerio de Defensa; y 3. el aseguramiento de la lealtad de los militares al gobierno mediante una política de ascensos y de comunicación del Presidente con las Fuerzas Armadas. Nos detendremos un poco en estos puntos.

La conciencia de los problemas nacionales contenidos en las relaciones cívico-militares surgió, como ya lo hemos visto, durante el debate interno del gobierno de Belaunde sobre si emplear o no a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el PCP-SL. Ahora encontramos en el primer gabinete de Alan García un claro propósito de incrementar el control civil sobre la seguridad y la defensa. Dentro de ese común propósito se distinguen, sin embargo dos tendencias, una más programática y política, liderada por el Ministro del Interior, Abel Salinas, y otra más pragmática, personificada en el Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, dirigida a hacer de la policía una fuerza leal al Presidente para contrabalancear el peso de las Fuerzas Armadas. En general se tenía el diagnóstico de que una mejor coordinación de todas las acciones antisubversivas, sumada al esperado crecimiento económico, dejarían sin espacio de acción a los subversivos. Los constantes conflictos entre las tres instituciones policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones) y el aumento de los delitos comunes hacían urgentes los cambios en la policía. Estos objetivos inmediatos, más el objetivo político de dificultar un posible golpe militar mediante el liderazgo del gobierno sobre la policía, opacaron a la tarea de fondo que debió haber sido reencauzar la lucha contra el terrorismo dentro del sistema policial y penal.

Alan García multiplicó las zonas del país bajo control de Comandos Político-Militares. Eso implicaba que la policía quedara en esas zonas bajo la autoridad militar, como fuerza auxiliar, y que la supresión de las garantías constitucionales hiciera perder sentido al trabajo policial propiamente dicho. La política declarada de García y de Salinas era elevar la exigencia de respeto a los Derechos Humanos en la lucha contra la subversión. Pero ante el motín de los penales organizado por el PCP-SL, Alan García ordenó emplear la fuerza armada para recuperar el control de los penales en el más breve tiempo posible y a cualquier precio. E ese tiempo también se trabajó para crear el Ministerio de Defensa. Pero Alan García y su mayoría parlamentaria mantuvieron acalladas las consecuencias constitucionales que debía tener este cambio. Al crear el nuevo ministerio, el Presidente no admitió recorte alguno de la autoridad directa que le reconocían las Fuerzas Armadas como Jefe de Estado ni redujo en nada el poder efectivo del Comando Conjunto. Antes bien se entregó a la ilusión -o a la farsa -de estar captando las voluntades de los altos mandos mediante el trato personal. De todo esto resultó un Ministro de Defensa cuya función se limita a facilitar las relaciones entre el Comando Conjunto y el Consejo de Ministros. Aunque la ley del Sistema de Defensa Nacional fue modificada para dar al Consejo de Ministros la autoridad directa en estas materias, ello no alcanzó para cambiar el modelo de relaciones civil-militares establecido por el gobierno militar en 1979.

El impulso inicial de Alan García duró 8 meses, hasta su final abrupto en la matanza de los penales. En 1987, cuando se aprobó la ley del Ministerio de Defensa, este proyecto ya no tenía el significado inicial. Nació por inercia y el primer ministro fue un militar en retiro. Durante los cuatro años restantes de su gobierno, García se dedicó a convalidar lo que hicieran las Fuerzas Armadas, aceptando incluso papeles confusos y menores con tal de aparentar iniciativa. La hiperinflación, el apogeo del terrorismo del PCP-SL en 1988 y la total fragmentación política del país provocada por el intento de privatizar la banca, dejaron a García sin liderazgo.

1.3.2.2. El motín del PCP-SL en las cárceles³⁶

El 18 de junio de 1986, estando reunida en Lima la Internacional Socialista, los reclusos del PCP-SL protagonizan en las cárceles un motín armado. Las Fuerzas Armadas reciben del Presidente de la República, y con acuerdo del Consejo de Ministros, la orden de tomar el control de los penales. En Lurigancho, el Ejército rodea las instalaciones amotinadas, abre boquetes y pone las condiciones para el asalto. Pero es la Guardia Republicana, formalmente bajo las órdenes del Ministerio del Interior, pero en el marco de una operación comandada por un general del Ejército, la que ingresa, se enfrenta a los elementos armados de SL y ejecuta extrajudicialmente a los internos que no habían muerto en el combate. El 19, en la isla penal de El Frontón, un fuerte destacamento de Guardias Republicanos se preparaba desde primera hora a intervenir, luego llegó el Viceministro del Interior Agustín mantilla con miembros, luego se retiraron tanto la Guardia Republicana como Mantilla y se dio órdenes a la Marina de Guerra para que rodeara la isla y abriera los boquetes. Toda la operación quedó a cargo de la Marina hasta las últimas consecuencias.

Está claro que, en ambos casos, no se dio a conocer inteligencia previa ni análisis militar alguno que fundamentara la necesidad de acabar con el motín en unas pocas horas y con tales costos en vidas humanas. Como antecedentes debe considerarse que los pabellones ocupados por los senderistas en las cárceles estaban bajo control de ellos desde mucho tiempo antes, es decir, desde el gobierno anterior, y existía además la fundada sospecha de que los atentados en Lima, en particular los dirigidos contra personal de la Marina, fueron planeados y dirigidos desde el interior de las cárceles.

En el caso de Lurigancho no se puede hablar de un combate, pues la resistencia armada fue vencida en muy poco tiempo y lo demás fueron ejecuciones extrajudiciales a sangre fría. En el caso de El Frontón, en cambio, el retiro de los Guardias Republicanos se debió a que no tenían los medios de combate para asaltar el pabellón fortificado y se temía, por lo visto en lo primeros intentos, que en caso de un asalto fallido los amotinados se apoderaran de los fusiles automáticos de los guardias. Los Infantes de Marina asediaron durante horas las instalaciones, recibiendo disparos de armas de fuego y de ballestas de metal confeccionadas por los internos. Murieron tres infantes y doce resultaron heridos. A media tarde fue relevado el primer destacamento y el oficial que quedó a cargo fue el capitán de navío Juan Vega Llona.³⁷ Bajo su mando se produjo la explosión que demolió el edificio y probablemente la ejecución extrajudicial de un grupo de sobrevivientes. Al día siguiente los cadáveres fueron enterrados sin identificación personal en diversos cementerios.

Las causas de la decisión política de enfrentar el motín de esta manera se encuentran en: 1. el plan de motín armado de Abimael Guzmán, dirigido a quebrar la política inicial de García y demostrar que en este enfrentamiento primaba una lógica de exterminio; 2. la disposición de las Fuerzas Armadas a poner en marcha la solución más violenta posible, aún mediante la improvisación de operaciones confusas y problemáticas para su profesionalismo; 3. la iniciativa del Presidente de la República, secundado por su Consejo de Ministros, sin cuyas órdenes directas, dadas al calor de los hechos, no habrían ocurrido las dos matanzas sucesivas.

El 21, el gobierno ordenó al Comando Conjunto instruir al fuero militar para que investigue la matanza. El 24, García dio un mensaje al país en apoyo a las FFAA y condena al terrorismo. El 27 pronunció el famoso ultimátum "o se van ellos o me voy yo", refiriéndose a los autores de la matanza. Pero ya en setiembre, el premier Alva Castro, en un informe de investigación oficial, justifica el accionar militar en los penales, limita al mismo tiempo la responsabilidad del gobierno y habla de una nueva estrategia antisubversiva con "acciones integrales en los campos político-institucionales, socioeconómicos, psicosociales y militares". El gobierno de Alan García había abandonado la consigna del "no a la barbarie" y la matanza de los penales tomaba el camino de la impunidad.

Meses después, en octubre, Alan García propone, con apoyo público del Ministro de Marina, un proyecto de ley de tribunales especiales para acusados de terrorismo. La tendencia continuó, hasta culminar en el informe exculpatorio sobre la matanza de Cayara (1988)³⁸ y la indiferencia de Alan García frente a la cuestión de si hubo sobrevivientes del MRTA o cuántos fueron los civiles muertos en el enfrentamiento de Molinos.³⁹

1.3.2.3. La Policía Nacional del Perú

La unificación de las policías en la Policía Nacional del Perú respondió a la demanda pública de reorganizarlas, pues tenían rivalidades entre sí. Se trata de la profundización del mismo proceso que llevó antes a la unificación operativa de los Sinchis, cuerpo antisubversivo de la Guardia Civil, y los Llapan Atic, cuerpo antisubversivo de la Guardia Republicana, bajo una sola jefatura, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES.) El personaje central del proceso de unificación de las instituciones policiales fue Agustín Mantilla, líder aprista con larga experiencia en la seguridad del partido, quien asumió el cargo de Viceministro del Interior, siendo Ministro Abel Salinas. En esta gestión se mejoró los sueldos, se adquirió uniformes, armas de combate, y se amplió la independencia de la nueva PNP frente a las Fuerzas Armadas. Mantilla consiguió sin duda liderar a la policía. Su objetivo era convertirla en una fuerza intermedia capaz de hacer contrapeso a la fuerte tendencia a que las Fuerzas Armadas tomasen el control total de la seguridad interior.

Aunque la PNP fue fortalecida con el propósito de que retomara la responsabilidad en la lucha antisubversiva bajo liderazgo del Gobierno, la expansión de las zonas bajo Comando Político Militar en los años siguientes anuló estos esfuerzos.⁴⁰ La policía no recuperó autonomía frente a las FFAA ni logró reencauzar la lucha dentro del sistema penal y judicial.

Cuadro 6

Fuente: CCFFAA 1.3.3.4. El Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa fue creado el 31 de marzo de 1987 mediante la ley 24654. Su funcionamiento y articulación con los institutos armados fueron determinados en cambio por decretos-leyes dados por el poder ejecutivo. Estos decretos establecieron las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa (DL 434), el Ejército (DL 437), la Marina (DL 438), la Fuerza Aérea (DL 439) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (DL 440.) En otras palabras, la idea abstracta de crear un Ministerio de Defensa fue aprobada por ley en el Parlamento, pero su contenido concreto fue establecido por el Ejecutivo. El hecho es que este MINDEF resultó en dichos decretos un organismo con atribuciones mínimas, estructura y competencias ínfimas al lado de los Comandantes Generales y el Comando Conjunto. El nuevo Ministro de Defensa no controlaba los procedimientos de ascensos ni de adquisiciones, no supervisaba ni autorizaba el gasto, no tenía ingerencia en el planeamiento ni en la ejecución de operaciones militares. Todas estas atribuciones quedaban en manos de los tres Comandantes Generales, cada uno en su respectivo instituto armado, los cuales presentan sus planes y operaciones, para su aprobación política, al Comando Conjunto y a continuación al Ministro. Además, el Ministro de Defensa de Alan García no fue ningún político de carrera, sino el Gral. Enrique López Albújar, quien asumió el cargo el 14 de octubre de 1987. El sistema de relaciones cívico-militares resultante fue aproximadamente el siguiente: el Ministro sólo conocía planes y acciones aprobadas por las Fuerzas Armadas en su conjunto, y el Presidente de la República sólo recibía para su aprobación aquellos planes y operaciones que contaban con el apoyo tanto del Comando Conjunto como del Ministro. Dentro de tal sistema, el Ministro de Defensa puede hacer poco o nada sin el apoyo de los altos mandos. De hecho y de derecho es un mediador o un facilitador, no un director de la política militar. Los militares mantenían el derecho de determinarla ampliamente por sí solos y luego emplazar al Ministro, al Gabinete y al Presidente a tomarla o dejarla. El Gobierno, por su parte, contaba con influir en la conducta de los mandos militares. Los años siguientes se encargarían de demostrar que este medio de control era insuficiente e ilusorio.

La ilusión de control civil de la política militar se completaba con un elemento sacado de una concepción democrática avanzada de las relaciones cívico-militares. A partir de los decretos de García, el Consejo de Ministros es el nuevo órgano rector del Sistema de Defensa Nacional, ya no el Consejo de Defensa Nacional, órgano creado por Morales Bermúdez a finales del gobierno militar y mantenido luego por Belaunde. La característica de ese Consejo es que tiene al Presidente del Comando Conjunto como miembro nato, sentado al mismo nivel y con los mismos derechos que el Ministro de Defensa. Eliminado el Consejo (concretamente, convertido en un órgano asesor dentro del Ministerio de Defensa), parecía que los militares no podrían imponer ya más al gobierno elegido una política de defensa. Vana ilusión, pues el nuevo Ministro de Defensa no estaba en condiciones de dirigir ni supervisar la preparación de planes ni operaciones y se limitaba a aceptar o demorar los que le presentaran las Fuerzas Armadas en conjunto. Bajo condiciones de guerra interna, este poder de veto ejercido como único medio de control ponía al gobierno en el papel de un obstaculizador de la acción contrasubversiva.

El nuevo MINDEF no significó ningún avance sustantivo en el control político civil sobre las FFAA, porque el Presidente de la República y los Comandantes Generales conservaron sus amplias competencias y el Ministro de Defensa, en los hechos, fue siempre un militar en retiro, es decir, un miembro de la corporación de oficiales.⁴¹ Cuando nació, en 1987, el MINDEF ya no tenía apoyo político ni siquiera de parte de sus creadores. Según testimonio de un senador de la época, los senadores apristas presentaron el proyecto de ley con indiferencia y hasta con extrañeza.

El gobierno de Alan García intentó realizar una política de seguridad y defensa orientada a incrementar el control civil sobre las Fuerzas Armadas sin asumir la responsabilidad de una conducción unificada de la guerra. El control civil se establecería indirectamente, mediante un sistema de controles administrativos, no compartiendo la responsabilidad ejecutiva con los altos oficiales, es decir, sin que un ministro civil ni el Presidente mismo iniciasen la cadena de mando operativo. La unidad de conducción, la coherencia de los distintos esfuerzos para contribuir a la seguridad interior desde los campos militar, policial-judicial, económico y político, se esperaba más bien como un fruto del incremento del control civil administrativo. Los objetivos de la política de seguridad de Alan García, centrada en el control civil, no están muy claros en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Al parecer, el gobierno de Alan García, igual que el de Belaunde, asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior: por un lado la subversión y por otro el golpe militar.

La precaria política de control civil sobre las Fuerzas Armadas contaba con la influencia personal del Presidente sobre los altos mandos militares. Se apoyaba para esto en dos procedimientos: 1. control de ascensos por el Presidente y el Parlamento y 2. reuniones del Presidente con altos mandos y con el personal para influir en su comportamiento político. El control de ascensos partía del hecho de que el partido de gobierno tenía mayoría absoluta en el Senado. Pero en el contexto de la guerra contrasubversiva este método de control – limitado al veto o "balotaje" – no surtió efecto alguno, pues el margen de elección del Presidente y los congresistas era prácticamente nulo. Los militares presentaban regularmente su escalafón y las posibles afinidades de algunos de ellos con el Presidente o los senadores servían de anzuelo para que los políticos creyesen estar determinando la política militar del país. No es cierto que Alan García influyese en promover a los más mediocres pero leales al régimen. Ascendió casi automáticamente a los que tenían los puestos más altos en el escalafón y aceptó como señal de lealtad el comportamiento aparentemente obsecuente de los candidatos. Las reuniones políticas del Presidente con los mandos y el personal en general tuvieron con frecuencia carácter ceremonial y festivo, donde éstos se dejaron decir discursos por el Presidente y lo agasajaron de formas a veces originales y vistosas. En los hechos, Alan García no hizo más que convalidar la autonomía cada vez mayor que las Fuerzas Armadas adquirieron frente al gobierno elegido.

1.3.2.5. La oposición y la situación de conflicto interno

En materia de seguridad, la oposición parlamentaria de izquierda, se dedicó a criticar la política seguridad aprista, con la idea de evitar la "apristización" de la Policía y las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, marcar distancias con Sendero Luminoso y hacerse reconocer como alternativa nacional. En marzo de 1987, Alfonso Barrantes, líder de Izquierda Unida, negoció con Alan García una amnistía para los militantes de ese frente detenidos por participar en luchas sindicales y por estar acusados sin pruebas de apoyar a la subversión.⁴² Si bien este tipo de preocupaciones tienen, tomadas de por sí, muy buen sentido, el problema era que en verdad acaparaban la atención de los grupos de izquierda. Excepciones importantes en este panorama fueron las Comisiones Parlamentarias presididas por senadores de izquierda. El Senador Rolando Ames presentó en marzo de 1988 un extenso informe sobre lo ocurrido en los penales. Enrique Bernales presidió la Comisión del Senado que presentó en setiembre de 1988 un informe sobre la situación de violencia que atravesaba el país con propuestas para una política integral de pacifica